LA LEY DE HERODES

Por Miguel Ángel Isidro

En la entrega anterior, de manera muy general revisamos la transición de Morelos de entidad marcadamente priísta, a un estado con la experiencia de gobiernos emanados de tres distintos partidos políticos (PRI-PAN-PRD) de 1994 a 2012.

La llegada al poder de Graco Ramírez Garrido Abreu en 2012 representa la culminación de un proceso de empoderamiento de la izquierda morelense que tomó por lo menos tres sexenios.

En Morelos durante años se registró la presencia de células políticas de la izquierda que durante años desarrollaron una actividad constante en municipios como Cuautla, Jojutla y Cuernavaca. Incluso en 1988 el estado de Morelos formó parte de la llamada “franja cardenista”, cómo se denominó a las entidades y regiones donde el PRI y particularmente su candidato presidencial Carlos Salinas de Gortari sufrieron un severo golpe en las preferencias electorales.

Sin embargo, durante los siguientes años el empuje del Frente Democrático Nacional y posteriormente el nacimiento del PRD sólo alcanzaron generar algunas regidurías y diputaciones locales para esta causa, a la que posteriormente agregarían algunos municipios pequeños, como Huitzilac y Tepalcingo.

Entre 1997 y 1998 se suscitó en la entidad una ola delictiva sin precedentes, que tuvo su punto álgido en un delito de alto impacto para la sociedad: el secuestro.

Éste y otros problemas sociales comenzaron a ser el foco de atención de distintas organizaciones, lo que culminó en el surgimiento de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC), instancia que jugaría un papel clave en la caída de Jorge Carrillo Olea de la gubernatura morelense.

Como ya habíamos mencionado anteriormente, Graco Ramírez Garrido aparece en el firmamento político de Morelos en la primera mitad de los años noventa, mediante la creación de una agrupación civil denominada “Casa Ciudadana”. Político hábil, con experiencias en las lides partidistas -siempre en el ala menos radical de la izquierda- Graco no tarda en asumir un papel protagónico en la lucha de la CMMC contra la inseguridad y el secuestro.

Aprovechando sus importantes conexiones en la capital del país – donde nunca dejó de residir, a pesar de su decisión de buscar la gubernatura morelense- Graco hizo lo posible para llamar la atención de la prensa metropolitana donde Morelos comenzó a tener creciente atención. La prensa local de aquel entonces, salvo contadas excepciones, se encontraba totalmente controlada por el gobierno estatal, pero Graco tuvo la agilidad para autopromoverse como vocero del movimiento social, lo que le comenzó a dar proyección mediática.

La estrategia de asedio al poder político por parte de Graco Ramírez implicó su llegada, primero a una diputación federal (de 1994 a 1997) y posteriormente al Senado de la República (de 2006 a 2012), además de hacerse del control de la dirigencia estatal del PRD.

Desde estas posiciones, Ramírez Garrido fue un severo crítico de los gobiernos del PRI y del PAN, siguiendo una tendencia muy marcada en la izquierda contemporánea mexicana: capitalizar mediáticamente las inconformidades sociales.

Las frivolidades, excesos y falta de pericia en el ejercicio político y de la administración pública por parte de los gobiernos panistas derivó en el hartazgo social y el consecuente desprestigio de Acción Electoral como franquicia electoral en Morelos.

Como ya mencionamos en la entrega anterior, Graco tuvo la habilidad para empujar el interés de distintos actores políticos para reformar la constitución local y permitir desde 2008 que ciudadanos no nativos de la entidad morelense puedan postularse y ejercer la gobernatura.

De esta manera, en 2012 la ciudadanía morelense da su voto de confianza al PRD y a Graco Ramírez para encabezar una nueva administración sexenal.

Desde el inicio de su mandato, Ramírez Garrido -y nadie más- se encargó de echar por tierra los postulados de un gobierno de centro-izquierda como el que se ufanaba representar. Nepotismo en distintos niveles de gobierno, desapego a sus compromisos de campaña, proclividad a los negocios al amparo del poder; nula disposición a escuchar a sus críticos -misma que se transformó en desdén y persecución política y legal en algunos casos-, y un menosprecio total a la prensa y liderazgos sociales locales fueron algunos de los ominosos signos de un gobierno autoritario en Morelos.

A título personal considero que hubo dos asignaturas cuya falta de cumplimiento terminaron por pasarle la factura a Graco y su gobierno: el no someterse a un plebiscito a la mitad de su mandato para dar a los ciudadanos la posibilidad de evaluar su desempeño en la gobernatura y en su caso, proceder a la revocación de mandato y por otra parte, el no poner freno al azote delincuencial en Morelos en un plazo de 18 meses. Ambas cosas habían sido enfáticas promesas de campaña del perredista.

Las elecciones intermedias de 2015 fueron muestra patente del creciente rechazo al gobernador perredista; su partido sufrió una estrepitosa derrota en la mayor parte de las alcaldías y diputaciones locales en disputa, siendo de llamar la atención el caso de Cuernavaca, en el de ni la maquinaria electoral ni el despilfarro oficial lograron que uno de sus más cercanos colaboradores, Jorge Messeguer Guillén pudiera obtener la presidencia municipal, dando paso al triunfo de otro personaje ajeno a todo pronóstico: el ex futbolista profesional Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Pese a las adversidades, Graco Ramírez siempre encontró la vía legal -que no siempre legitima- para evadir sus responsabilidades como gobernador; recurrió a la compra de conciencias para eludir un juicio político y diversos procesos legales en su contra; y de manera insólita se lanzó en pos de una supuesta aspiración de convertirse en candidato del PRD a la Presidencia de la República para el proceso 2018; acción que muchos observadores consideraron una cortina de humo para desviar la atención de la opinión pública nacional sobre la caótica y desastrosa situación política, económica y social de Morelos.

Finalmente, la ciudadanía le hizo patente su repudio; de acuerdo con un sondeo del Gabinete de Comunicación Estratégica, Graco Ramírez cerró su mandato como el gobernador más repudiado del país, con un 84 por ciento de desaprobación a su gestión.

Nuevamente la inconformidad popular de los morelenses se hizo patente en las urnas, y en 2018 de abre un nuevo capítulo en la historia de Morelos como laboratorio político, con la llegada a la gubernatura de Cuauhtémoc Blanco Bravo, personaje de gran popularidad pero con nula formación y experiencia en la política y la administración pública.

Sin embargo, el caso del “Ídolo de Tepito” es digno de un análisis por separado.

(Continuará)

Twitter: @miguelisidro

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