Un reto para el próximo proceso electoral será el alcanzar la paridad de género en la totalidad de los ayuntamientos de la entidad, tanto para presidentas municipales, como regidoras, expuso la consejera electoral estatal y presidenta de la Comisión Ejecutiva Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política del Impepac, Xitlali Gómez Terán, en el marco de la conferencia magistral “Evolución de la Participación Política se las Mujeres a Nivel Nacional e Internacional, Avances y Retos”.

La conferencia, que fue dictada por Keila González Hilario, gerente de Programa Residente de National Democratic Institute (NDI), destacó la lucha por la igualdad y reconocimiento de los derechos de la mujer desde 1758 a la fecha, en la que se dijo que si bien se han logrado importantes alcances, aún hace falta mucho camino por transitar para consolidar la participación de las mujeres en la vida pública de los municipios, estados, el país e internacionalmente.

Por su parte, la consejera electoral estatal Xitlali Gómez Terán, en entrevista concedida a diferentes medios de comunicación, destacó que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), ha logrado dar pasos importantes a través de acciones afirmativas para empoderar a la mujer.

Entre los cuales destacó los lineamientos emitidos en el pasado proceso electoral 2014-2015, en la que se logró establecer la paridad vertical y horizontal en diferentes puestos de elección popular, y los cuales fueron tomados como modelo y reconocidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que fueran adoptados en todo el país.

También hizo énfasis en los lineamientos alcanzados en el proceso electoral 2017-2018, en los que se logró que los partidos políticos registraran en la primera posición a mujeres para acceder a una diputación plurinominal, así como establecer que las mujeres tuvieran participación tanto en los bloques de alta, media y baja votación de cada uno de los institutos políticos. Con lo que se evitó que solamente se postulara a mujeres en aquellos distritos donde históricamente cada partido tiene una baja votación y por ende pocas posibilidades de triunfo.

De tal suerte que, destacó Xitlali Gómez Terán, ahora el reto es lograr que en las próximas elecciones se cuenten con instrumentos y lineamientos que permitan tener una mayor representación de mujeres en las regidurías, así como en las alcaldías, puesto que si bien se avanzó en el Congreso de Morelos de manera histórica, donde hoy se cuenta con 14 de las 20 curules a favor de la mujer; en el caso de las alcaldías solamente hay cinco presidentas municipales, de las 33 que estuvieron en juego.

Finalmente, destacó, en el caso de las regidurías aún existe una mayor disparidad entre hombres y mujeres. Puesto que si bien hay 28 presidencias municipales en manos de hombres y cinco sólo en manos de mujeres, se logró avanzar en la segunda posición de importancia política en la integración de los ayuntamientos, al contarse con 28 mujeres síndicas contra cinco en manos de hombres. Pero en el caso de regidurías las cifras las desfavorecen, al ser 43 mujeres regidoras contra 110 regidores, puntualizó.

Los gobiernos de Morelos y de México formalizaron el convenio de colaboración del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), para ejercer 720 millones de pesos en la restauración de viviendas, unidades de salud, escuelas y otros inmuebles dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Firmaron el convenio el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y Román Guillermo Meyer Falcón, presidente suplente de la Comisión Intersecretarial de Reconstrucción, quien también es titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU).

Cuauhtémoc Blanco expresó su reconocimiento al Gobierno de México, por la suma de voluntades para atender las necesidades aún pendientes con la población y afirmó que este acuerdo “es una muestra de apoyo y cercanía del gobierno federal con nuestro estado”.

Se refirió a aquel sismo de 7.1 grados como una “terrible experiencia a la que nos enfrentó la naturaleza”, y a un casi año y medio “es tiempo de trabajar y recuperar el tiempo perdido”. Agregó que el gobierno estatal será como un “celoso guardián” y vigilará que los compromisos, tiempos y obligaciones que establece este convenio, se cumplan cabalmente.

Meyer Falcón informó que los 720 millones de pesos destinados este año por el PNR se dividen de la siguiente manera: acciones de vivienda, 460; educación, 90; salud 70, y cultura 100. La bolsa económica se compone tanto del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), como del Programa de Mejoramiento de Trabajos de Reconstrucción.

Cabe destacar que este mismo día quedó conformada la Coordinación Estatal del Programa Nacional de Reconstrucción, en la que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno.

*En su primeros 100 días superaron los asesinatos registrados con Enrique Peña y Graco Ramírez

Por José Luis Garcitapia

Durante los primeros 100 días del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo se han registrado 30 feminicidios en Morelos, muy por encima de los registrado en el mismo lapso de Graco Ramírez; además los meses de enero y febrero de 2019 han batido los records en asesinato de mujeres, informó la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, durante los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han registrado 44 feminicidios en Morelos, añadió el organismo.

“Cabe destacar que los meses de Enero y Febrero del 2019 han superado la cantidad de feminicidios ocurridos en otros años durante los mismos meses, razón por la cual los 44 feminicidios ocurridos durante los primero 100 días de su mandato han superado los 14 feminicidios ocurridos durante los primeros 100 días del Presidente Enrique Peña Nieto”.

Ante el aumento en los feminicidios en el arranque de los nuevos gobiernos del Estado y Federal la CIDH exigió:

Al Gobierno del Estado: Que se lleve a cabo la sesión de trabajo con los 8 municipios que tienen decretada la AVG para revisar la implementación de todas las medidas decretadas por la CONAVIM, para atender, prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio en Morelos.

Al Gobierno federal: Que se lleve a cabo la mesa de trabajo con la CONAVIM y Gobernación para revisar los alcances y actualización de  los índices de cumplimiento de las medidas de Alerta de Violencia de Género decretadas desde el 10 de agosto de 2015. 

Quiénes son las víctimas de la violencia

Las niñas y las mujeres asesinadas en Morelos tenían distintas edades, entre ellas hay niñas y ancianas y mujeres jóvenes y mayores y adolescentes; pertenecían a todas las clases sociales y estratos socioeconómicos, algunas fueron mujeres ricas, de clase alta y de las élites.

El abanico abarca analfabetas, con estudios básicos, otras más eran estudiantes, técnicas, universitarias, posgraduadas y con excelencia académica.

En su relación con él o los agresores eran: desconocidas, conocidas, cónyuges, parientas y amigas; había entre ellas solteras, casadas, ex esposas, unidas, novias, ex novias, hijas, hijastras, madres, hermanas, nueras, primas y suegras; vecinas, empleadas, jefas, subordinadas, estudiantes, desempleadas, prestadoras de servicios, maestras, meseras, modelos, burócratas, turistas, vacacionistas y transeúntes; la mayoría eran niñas y mujeres de esfuerzo, trabajadoras formales e informales.

También fueron asesinadas mujeres ligadas a delincuentes; ciudadanas de a pie, activistas y políticas, casi todas eran mexicanas y entre ellas, algunas indígenas nahuas y wixarika; algunas eran extranjeras: alemana; a la mayoría las asesinaron en sus casas y a otras no se sabe dónde pero sus cuerpos fueron hallados en la vía pública, en una tienda, en una construcción, en un coche, en una cueva, en un páramo, en una carretera, en un río, en una casa de secuestro.

El recuento de feminicidios en el Estado de Morelos es de 935 casos en 18 años 

Hoy constatamos que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles. Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social.

Las mujeres son doblemente victimizadas. Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural.

Es por ello que se hizo y se sigue haciendo un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de la población femenina, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables.

Uno de los primeros objetivos de ésta Alerta de Violencia de Género (AVG) ha sido que se atienda la violencia feminicida y que se preste la atención social y política que se requiere para que las medidas de prevención, atención, sanción, justicia y restitución integral del daño, sean una política pública asumida por el Estado para garantizar que éstos derechos de las mujeres estén vigentes en los hechos y no solo en las declaraciones. Es así que el procedimiento de Alerta de Violencia de Género es un buen mecanismo para examinar de cerca al Estado y detectar el procedimiento o la instancia donde se está reproduciendo la violencia feminicida y determinar las medidas a subsanar.

Pero es necesario que las Organizaciones Solicitantes del Mecanismo estén incluidas en todo el proceso, con voz y voto. Si no es así, se abre la posibilidad de que el Estado simule los cambios que tiene que realizar.

Por otro lado vemos como los recursos públicos para investigar el feminicidio no se usan como debieran, ya que aún no hay un funcionamiento adecuado del Banco Estatal de Datos sobre hechos de violencia que sufren las mujeres, que sirva para homologar la información y sistematizar las medidas que se desprendan de su análisis.

Asimismo, es necesario que la Fiscalía General de Justicia del Estado subsane la inexistencia de la Unidad de Contexto, ya que es una grave omisión por el hecho de que ya se destinaron recursos económicos para su creación sin resultado alguno, cuando es urgente realizar un análisis especial sobre violencia feminicida en la entidad, para identificar todas las causales y formas en que se presentan los casos, de tal manera que todo el personal de la dependencia cuente con éste diagnóstico al momento de integrar las carpetas de investigación, pues es urgente identificar factores de riesgo, conocer el contexto socio cultural en el que se desarrolla la violencia, así como las diferentes manifestaciones de la violencia en contra del género femenino, pues el feminicidio se debe combatir a fondo atendiendo las condiciones que favorecen su perpetración. La falta de justicia en estos casos no es sólo un asunto que afecte a las mujeres, sino que tiene como consecuencia un gran daño social.

De igual modo, la profesionalización y especialización en Derechos Humanos y Perspectiva de Género, debe ser obligatoria y permanente para la Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, a la Fiscalía General, a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, así como al Tribunal Superior de Justicia. La Restitución Integral del Daño debe incluir apoyos inmediatos para las que han sufrido de violencia de género, especialmente a las de feminicidio.

A servidores públicos que por acción u omisión hagan un mal trabajo que impida a las victimas alcanzar justicia, debe aplicarse penas que contemplen una multa, prisión e inhabilitación para ocupar cargos en la administración pública o de elección popular.

La investigación del feminicidio ha sido labor fundamentalmente de las organizaciones de la sociedad civil y por ello, mientras exista un feminicidio impune no habrá justificación legal, política y ética por parte de las autoridades para no tomar todas las medidas decretadas en la Alerta de Violencia de Género.

LA LEY DE HERODES
Por Miguel Ángel Isidro

Más allá de las naturales controversias generadas por la revisión de los primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, valdrá la pena observar con detenimiento los hechos que se presentarán rumbo al primer año de la administración y, naturalmente en torno al siguiente proceso electoral.

Hasta el momento la agenda marcada por el Ejecutivo Federal está fuertemente inclinada hacia un componente político. En el terreno de la economía, a pesar del optimismo oficial, el eco de las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación aún no logra un impacto positivo.

Especialistas, calificadoras y organismos empresariales parecieran mostrar resistencia al modelo planteado por el presidente López Obrador.

Hay quienes piensan incluso en un “castigo” por parte de los actores que mueven los hilos de la economía y los mercados.

Sin embargo hay que entender que el mundo de la economía se rige por la frialdad de los números.

Hasta el momento los indicadores más importantes de la economía muestran estabilidad: el tipo de cambio frente al dólar, la inflación, las tasas de interés.

Pero habría que advertir que en terreno de inversión y economía internacional, lo que se venden son proyectos y planes de negocio, y no sólo buenas intenciones.

Pongamos como ejemplo un dato a seguir:
De acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda, el gasto corriente del gobierno federal de México refleja una baja del 18%.

Habrá que esperar varios meses más para verificar el impacto de este indicador en los índices de eficiencia gubernamental, recaudación fiscal y reactivación del mercado interno.

Dicho en cristiano: al término del primer año de gobierno podríamos verificar si la llamada “austeridad republicana” tiene un impacto real en términos de economía interna.

O sea: tomará algún tiempo verificar si el gobierno está ahorrando tanto como presume, si está siendo eficiente en su gasto y si estas acciones tienen una respuesta positiva por parte de los contribuyentes y los inversionistas. Es decir, quienes sostienen con su dinero la operación y proyectos del gobierno y quienes arriesgan su capital en el desarrollo de negocios en el país.

Hasta el momento, las acciones aplicadas por el gobierno lopezobradorista parecen más enfocadas al fuero interno que al Mercado y las finanzas internacionales.

De ahí la reacción de especialistas y calificadoras.

En economía, no sólo es importante el “que”, sino también el “cómo”.

Quizá el verdadero impacto que se persigue es político.

Quizás.

Habrá que esperar para verificarlo.

Twitter: @miguelisidro

*El virus Betabot, además de apropiarse de la información vertida en un equipo de cómputo, tiene la finalidad de solicitar rescate para la recuperación de la información

Como resultado del monitoreo en el ciberespacio mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR) detectó un código malicioso el cual es difundido por medio del correo electrónico y cuyo contenido busca suplantar la identidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y direcciona al usuario a otra página de internet que puede robar datos personales y cifrar archivos del equipo desde el cual se ejecuta.

El virus malicioso identificado como Betabot, además de apropiarse de la información vertida en un equipo de cómputo, tiene la finalidad de solicitar rescate para la recuperación de la información, por lo que la Fiscalía General de la República trabaja, a través de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas (UICOT), para lograr su eliminación.

Ante ello, la FGR sugiere tomar las siguientes medidas preventivas:

• No responder a solicitudes de información personal, realizadas a través del correo electrónico.

• Asegurarse de que los links recibidos en los correos electrónicos provengan de sitios seguros.

• Ninguna entidad confiable solicita datos confidenciales por correo electrónico, teléfono o fax.

• Tener instalado un sistema antivirus y operativo actualizado.

Evidentemente hay carencias, no las negamos, pero lo que tenemos que hacer es combatir la corrupción, generar ahorros y mejorar la atención al derechohabiente. Estamos impulsando una estrategia para garantizar el abastecimiento de medicamentos y el servicio gratuito de urgencias a toda la población, porque el principal objetivo del Gobierno de México es brindar servicios de salud con calidad y calidez, señaló el Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda.

Durante la comparecencia ante las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social del Senado de la República, el titular del Instituto solicitó el apoyo a los legisladores para impulsar reformas como educación nutricional desde niveles básicos en las escuelas, iniciativas que garanticen el acceso a alimentos saludables, y así enfrentar los desafíos que se le presentan al ISSSTE en materia de salud, ya que el gasto para atender enfermedades crónico-degenerativas es aproximadamente de 20 mil millones de pesos.

Ramírez Pineda reconoció que hay deudas con los proveedores de medicamentos, sin embargo, se han establecido negociaciones para que continúe el abasto y no se “entorpezcan los tratamientos médicos”. De igual manera, dijo, que por instrucción del Presidente de México, no se construirán más clínicas y hospitales, sino que se dará prioridad a concluir las obras que hasta el momento están inconclusas.

Ante legisladores de todos los partidos políticos, explicó que en materia de corrupción, hasta el momento se les ha dado seguimiento a 191 observaciones derivadas de auditorías de los distintos Órganos Fiscalizadores, así como atención y apoyo a las 19 nuevas auditorías de 2018, de las cuales 16 se practicarán al ISSSTE, dos a FOVISSSTE y una a SUPERISSSTE.

Al recibir el reconocimiento a la excelencia profesional, por parte de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionales de Morelos (FECAP), Alejandro González Chévez, uno de los aspirantes más sólidos a dirigir la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), se sumó a la petición hecha hace unos días por parte del Colegio de Contadores del estado, para que la convocatoria sea abierta y transparente.

En la ceremonia de reconocimiento, misma que contó con la presencia de personalidades del Foro Nacional de Profesionistas, González Chévez consideró que es legítimo el llamado del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), para que la convocatoria para la elección del nuevo titular de la ESAF, permita que todo aquél que reúna los requisitos constitucionales y especiales de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos, tenga oportunidad de inscribirse en el proceso y no se cierre exclusivamente a las propuestas de los grupos parlamentarios.

No pude -dijo- continuar la situación de rezago, improvisación e impunidad que existe en la ESAF, pues ello genera impunidad, ya que cuando se integran los procedimientos de responsabilidades, después de varios años de fiscalización, los servidores públicos ya no están en funciones y a veces hasta las posibles sanciones penales derivadas de las irregularidades cometidas, han prescrito.

El pasado siete de marzo, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), envió un enérgico oficio de inconformidad a todos y cada uno de los diputados, para que eviten imponer por “dedazo” al Auditor General de la ESAF, exponiendo la grave problemática que enfrenta la institución a la que definieron como “elefante blanco” por su inutilidad.