Sí habrá juicio político en contra del ex gobernador Graco Ramírez, quien tiene más de un año que dejó el cargo, anunciaron, en conferencia de prensa, las diputadas Alejandra Flores Espinoza (MORENA) y Rosalina Mazari Espín (PRI), quienes estuvieron acompañadas por legisladores de Encuentro Social, Humanista y Movimiento Ciudadano.

Alejandra Flores aseguró que se dará “especial seguimiento a la solicitud de juicio político presentado en contra de ex funcionarios de la administración estatal y que están relacionados al posible desvío de recursos, que podrían haber causado consecuencias graves en detrimento de la seguridad de los ciudadanos de Morelos, y con la intención de causar una crisis para la democracia al debilitar en pleno año electoral, al Instituto encargado de organizar y vigilar las elecciones”.

Recordó que el pasado 27 de septiembre se recibieron en la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dos escritos consistentes en denuncias de juicio político, suscritos por el titular de la Consejería Jurídica, Samuel Sotelo Salgado en contra del ex gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, ex Gobernador del Estado; Jorge Michel Luna, ex Secretario de Hacienda de la entidad y Adriana Flores Garza, ex secretaria de la Contraloría del Estado.

Respecto a la primera solicitud, la legisladora explicó que se presenta ante la omisión de estos ex servidores públicos, de su responsabilidad de transferir, ministrar y entregar en tiempo y forma el recurso presupuestado y autorizado por el Congreso del Estado de Morelos al 30 de septiembre de 2018, a la Fiscalía General del Estado, situación que a criterio del denunciante afectó gravemente las funciones de la Fiscalía

En tanto, la segunda denuncia, detalló, ésta se presentó contra los mismos ex servidores públicos, por su omisión de transferir, ministrar y entregar en tiempo y forma el recurso presupuestado y autorizado por el Congreso del Estado de Morelos, al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, al 30 de septiembre de 2018, se transgredió la autonomía y operatividad de dicho instituto.

Además la diputada sostuvo que con dicha acción se violentó la constitución al no dotar de los recursos necesarios para que el órgano electoral pudiera llevar de manera óptima las funciones de organizar las elecciones y resolver jurídicamente las controversias que se suscitaron en el proceso electoral, obstaculizando la función garante del Instituto de celebrar procesos democráticos y eficientes, cuya finalidad es asegurar el derecho fundamental del sufragio, garantizar la libertad electoral y el ejercicio pleno de la participación ciudadana.

Explicó que una vez que se presentó y se ratificó la denuncia de Juicio Político ante la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado, ahora se dará cuenta al Pleno del Congreso y será turnada a la Junta Política y de Gobierno, para que procedamos a calificar la procedencia o improcedencia de la denuncia.

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