*Ramón Castro aseguró que el Covid-19 es un llamado de Dios por el aborto, la violencia, la corrupción y la homosexualidad

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) considera que los mensajes religiosos con connotaciones de odio hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgéneros, intersexuales, queer, asexuales y demás identidades y expresiones no binarias (LGBTTTIQA+), representan un ultraje a la dignidad humana toda vez que incitan a la violencia y la discriminación sistemática que se ha simbolizado a lo largo de la historia.

Los órganos garantes de la defensa y promoción de los derechos humanos que conforman a dicha Federación respaldan la investigación llevada a cabo por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), por la cual se acreditó la violación de derechos humanos a través del discurso de odio emitido por una persona pública perteneciente a la Iglesia Católica.

Cabe mencionar que el pasado 22 de marzo, durante la misa dominical, el obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Morelos, Ramón Castro Castro, aseguró que el Covid-19 es un llamado de Dios por el aborto, la violencia, la corrupción y la homosexualidad.

En su momento, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) hizo un llamado para que, en el contexto de la actual emergencia sanitaria, las personas líderes de opinión, diversas iglesias y comunidades religiosas, evitaran discursos basados en prejuicios y estereotipos que confundan y dividan a la población.

Respecto al tema de discursos de odio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una Tesis Aislada en la que señaló: “los discursos de odio van más allá de la mera expresión de una idea o una opinión y, por el contrario, resultan una acción expresiva finalista que genera un clima de discriminación y violencia hacia las víctimas entre el público receptor, creando espacios de impunidad para las conductas violentas”.

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la violencia ejercida por razones discriminatorias genera un impedimento o anulación en el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos, y puede dar lugar a crímenes de odio.

Por su parte, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, señala que “una sociedad pluralista y democrática debe respetar la identidad cultural, lingüística, religiosa, de género y sexual de toda persona, que pertenezca o no a una minoría, y crear las condiciones que le permitan expresar, preservar y desarrollar su identidad”.

Es importante mencionar que la CIDH también ha reiterado que la libertad de expresión no es derecho absoluto. Como lo argumenta la CDHEM, en el Artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa, también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho.

En este contexto, la FMOPDH condena los actos de intimidación y hostigamiento que ha recibido la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos por la emisión de su reciente Recomendación, así como los realizados en contra de la comunidad LGBTTTIQA+. La Federación respalda la ardua labor de quienes integran la CDHEM, sobre todo, por no claudicar en la lucha por el respeto a los derechos de las personas LGBTTTIQA+ en la entidad.

Las instituciones en un Estado laico deben garantizar y respetar el derecho a la libertad religiosa y la libertad de culto, así como pronunciarse cuando un acto o discurso vulnere los derechos humanos.

En ese sentido, la FMOPDH hace un enérgico llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, particularmente al Gobierno del Estado de Morelos, y sociedad para superar el clima de violencia a través de mensajes públicos; por el contrario, nuestro país necesita más que nunca discursos incluyentes a que nos reconozcamos personas sin excepción a sus particularidades, condiciones, orientaciones, identidades y demás cualidades que identifica la personería de una población.

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos: Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua; Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango; Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León; Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro; Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

*Buscan otorgar información precisa, entendible y con sustento científico a través de canales confiables

Con el fin de sumar esfuerzos para mitigar y controlar los contagios por coronavirus Covid-19 en Morelos en el proceso de ingreso a la nueva normalidad, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) pondrán en marcha una estrategia de comunicación y educación en salud.

Así lo dio a conocer Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de Salud, al resaltar la importancia de que todos los sectores de la población cuenten con información precisa, pronta, frecuente, entendible y con sustento científico, a través de canales confiables que les permita tomar decisiones en cuanto al cuidado de su salud y la de sus seres queridos.

Acotó que la nueva normalidad es la siguiente etapa de una epidemia larga, por lo que es imprescindible que la sociedad tenga presente que el desconfinamiento debe ser escalonado y sobre todo responsable, respetando en todo momento los protocolos y medidas de higiene como el uso de cubrebocas; sana distancia, metro y medio entre personas; lavado de manos con agua y jabón o alcohol gel al 70 por ciento; no tocar ojos, nariz y bocas; y evitar saludar de beso, mano y abrazo.

Por su parte, Juan Rivera Dommarco, director general del INSP, destacó la voluntad del estado de Morelos, y de sus autoridades sanitarias, para facilitar una transición ordenada y gradual a la normalidad, buscando evitar un mayor número de contagios con énfasis en los puntos de contacto de mayor afluencia, para así salvaguardar la vida de los morelenses.

Reconoció la importancia de unir esfuerzos entre las instituciones a nivel estatal y reafirmó el compromiso del instituto a su cargo en la asesoría para las autoridades de salud en la entidad.

La estrategia de comunicación incluirá diversos medios y soportes, como redes sociales, radio, videos, entrevistas, entre otros y será identificada en redes sociales con los tags #TransmiteSalud y Si puedes, #QuédateEnCasa

*A través de la Patrullas Rosa del Programa “Mujer Segura” impulsado por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública

* Son 146 las denuncias registradas por este fenómeno durante la etapa de confinamiento

El programa “Mujer Segura” del Ayuntamiento de Cuernavaca se vale de las «Patrullas Rosas”, para atender los reportes por violencia familiar física, psicológica o sexual, a fin de brindar mayor seguridad, así como también garantizar atención especializada a las víctimas de violencia familiar, en especial durante esta pandemia por el Covid-19, aseguró titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública Municipal (SECMSP), Liliana Fernández García.

La también responsable del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca, señaló que ambas instancias, además del DIF municipal, cuentan con apoyo de las patrullas de género, a disposición de las mujeres víctimas de violencia familiar a través de las áreas correspondientes las 24 horas del día.

«Ante el crecimiento de las estadísticas de la violencia que se genera en el seno del hogar, el gobierno de la ciudad está actuando para atacar esta problemática social y brindar el apoyo necesario a las personas violentadas, de manera oportuna y así prevenir sucesos aún más graves, como el feminicidio”, manifestó Fernández García.

Destacó que de mayo a la fecha se han registrado 146 denuncias por el delito de violencia familiar, por lo que llamó a las mujeres a no dejarse violentar:

“Invito a quienes lo sufren, a no quedarse calladas y a denunciar a través de los números de emergencia 911 ó 089 y contarán con la respuesta de policía de género para atenderlas, y  en caso de ser necesario, actuar jurídicamente contra los agresores, pues esa es la instrucción de nuestro presidente municipal Antonio Villalobos Adán: cero tolerancia de violencia hacia las mujeres”, destacó la titular del SECMSP.

Finalmente, la funcionaria reiteró el llamado a la población a denunciar incluso de manera anónima, cualquier delito a través de los números de emergencia 911 ó 089.

Lic. Marco A. Mastache Espinosa

“Safe Abogados Soluciones”

A través de redes sociales (Facebook), el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, dio a conocer mediante un comunicado de prensa que el Magistrado Presidente del máximo órgano de justicia en Morelos Rubén Jasso Díaz, presentó ante la Quincuagésima Cuarta Legislatura dos propuestas de reforma a diversos artículos del Código Procesal Familiar y al Código Procesal Civil, ambos del Estado de Morelos.

Con respecto al Código Procesal Familiar se solicitan reformas a diversos artículos los cuales tienen como finalidad primordial incluir las notificaciones electrónicas y poder desarrollar las convivencias entre padres e hijos de manera electrónica.

En torno al Código Procesal Civil la finalidad es concretar reformas a varios artículos que permitan la implementación de igual forma, de las notificaciones electrónicas, así como sus variables y excepciones.

En virtud de lo anterior, evidencia que sugiere un análisis a las propuestas de reforma por el órgano Jurisdiccional local.

El congreso local está impedido para legislar en materia procedimental tanto en materia civil y familiar; y eso explica por qué el artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Federal establece la facultad del Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental civil y familiar.

Cabe señalar, que dicha disposición es el resultado de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación mediante decreto de quince de septiembre de dos mil diecisiete en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares), en la cual el Poder Reformador analizó la necesidad de unificar la legislación procesal civil y familiar para establecer procedimientos homologados en todo el territorio nacional y dirimir las controversias entre particulares, lo cual permitiría procesos expeditos y uniformes en toda la República.

A partir de los artículos transitorios del Decreto de reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprenden que la enmienda constitucional entró en vigor el dieciséis de septiembre de dos mil diecisiete.

Adviértase que de conformidad con el transitorio Cuarto de la citada reforma constitucional, la legislación única en materia procesal civil y familiar que expidiera el Congreso de la Unión deberá emitirse en un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del Decreto.

Por lo tanto, las legislaturas de los Estados inclusive la Asamblea de la Ciudad de México, se encuentran impedidas para emitir disposiciones inherentes a la materia procesal civil y familiar, quedando dicha facultad reservada exclusivamente al Congreso de la Unión.

El artículo 73, fracción XXI, inciso c), constitucional establece lo siguiente:

«Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

[…]

XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar.

[…].»

De conformidad con este precepto, cuyo actual contenido se introdujo a la Constitución mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete, el Congreso de la Unión será competente para expedir la Legislación única en materia procesal civil y familiar, que regirá en la República, excluyendo de esta forma la concurrencia de los Estados para legislar al respecto.

De acuerdo con lo anterior, a partir de la fecha de entrada en vigor del citado Decreto de reforma constitucional en el que se faculta de manera exclusiva al Congreso de la Unión para legislar sobre determinada materia, los Estados ya no pueden normar al respecto, como lo venían haciendo en términos del artículo 124 constitucional; pues ya sólo podrán ejercer las facultades que en términos del régimen de concurrencia se les reconozcan.

El artículo 124, constitucional establece lo siguiente:

“Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias”.

Si bien, como se señaló, con motivo de la entrada en vigor de la reforma constitucional, los Estados han dejado de tener competencia para legislar sobre materia procedimental civil y familiar, hasta en tanto entre en vigor la legislación única, pueden seguir aplicando la legislación local expedida con anterioridad a esa fecha.

Así, se advierte que la reforma constitucional de referencia obedeció a la necesidad de establecer una misma base regulatoria que fijara los elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar la justicia civil y familiar en todo el país, sin anular las facultades que tienen las entidades federativas para establecer las normas sustantivas civiles y familiares, esto es permanecerían estas facultades como materia reservada a aquéllas.

Con todo esto, la citada reforma constitucional tiene como finalidad la unificación en el país de las normas procedimentales en materia civil y familiar para facilitar su desarrollo y el establecimiento de políticas públicas para mejorar transversalmente la impartición de justicia en esas materias.

Concluyamos este análisis con las dos propuestas de reformas que pretende el tribunal local, con la finalidad de reformar diversos artículos que permitan la implementación de las notificaciones electrónicas, así como sus variables y excepciones en materia civil; así como el procedimiento familiar en los casos de las notificaciones electrónicas y poder desarrollar las convivencias entre padres e hijos de manera electrónica; temas que son propios de la facultad del Congreso de la Unión para legislar.

En consecuencia, el Congreso del Estado de Morelos, carece de competencia para legislar en las materias civil y familiar.

Agenda Político Jurídica

Alejandro Corona Markina

En sesión de 25 de junio pasado, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió por fin la Controversia Constitucional presentada desde el año 2015, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en contra del artículo 26 TER de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, que regula el llamado “Haber de Retiro”.

La historia comenzó cuando los diputados de la entonces Quincuagésima Segunda Legislatura Local (2012-2015), se propusieron regular la figura del “Haber de Retiro”, misma que se insertó hace 12 años en las reformas al artículo 89 de la Constitución local (publicadas en el Periódico Oficial Tierra y Libertad de fecha 16 de julio de 2008).

Los legisladores analizaron cuatro propuestas relacionadas al tema: la del propio Poder Judicial y la que por separado presentaron los diputados Rosalina Mazari Espín, Lucía Meza Guzmán y Mario Arturo Arizmendi Santaolaya.

En su propuesta, los magistrados pidieron que el “Haber de Retiro” se considerara una pensión vitalicia y heredable; calculada con base a sueldos y prestaciones integradas (bonos y demás); que pudieran retirarse anticipadamente o bien al cumplir el periodo para el que fueron designados. Además, a partir de 10 años de servicio (no necesariamente como magistrado), se les debería pagar de forma vitalicia el 80 por ciento del sueldo y aumentar otro 5 por ciento por cada año adicional, entre otras ventajas, pues –a decir de ellos mismos- no son trabajadores, ya que “no tienen otro patrón más que la ley” y por ende no pueden ser medidos con la misma vara que el resto de los empleados.

La propuesta del Poder judicial se rechazó, al igual que las iniciativas de Lucía Meza y Mario Arizmendi, optándose finalmente por la de Rosalina Mazari, sólo que modificada, pues ella propuso que el haber de retiro no fuera una pensión y se integrara por un pago de una sola exhibición consistente en el equivalente a un año del salario que perciben los Magistrados, y adicionalmente se sumaría a esa cantidad un mes de salario por cada año de servicios prestados como Magistrado, mientras que finalmente se decidió que efectivamente fuera un pago único (y en una sola exhibición) a razón de tres meses del

salario actual del Magistrado, así como un mes más de salario por cada dos años que ejerció la Magistratura, y no doce como originalmente propuso la legisladora de la zona sur.

Desde hace años, el Poder Judicial del estado se ha distinguido por hacer sufrir a sus trabajadores que, obteniendo un decreto de pensión, pasan un verdadero viacrucis para hacerlo válido, esto por las impugnaciones que se interponen desde la presidencia del mismo, pero ahora los de arriba también pasarán las de Caín; por cierto: es falso que al retirarse un magistrado esté impedido de litigar y si no, pregúntenle a Humberto Garduño García, quien siendo magistrado presidente del TSJ en tiempos de Riva Palacio, regresó al litigio a sufrir el maltrato de jueces y secretarios de acuerdos quienes años atrás fueron sus subordinados.

La constitucionalidad del artículo 26 TER de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, que regulará el “Haber de Retiro”, fue lo que se analizó por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes lo declararon válido y dieron una patada en el trasero de los magistrados y su controversia.

Acostumbrados a ser ellos quienes imponen su santa voluntad en sus resoluciones, éstos reciben una sopa de su propio chocolate. ¡Machetazo a caballo de espadas! “Ya ves que no es lo mismo juzgar que ser juzgado”