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Alejandro Corona Markina

            Tres millones quinientos mil pesos, costó a los morelenses cada una de las cuatro sesiones que celebró en 2019 el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), mismas que ni siquiera fueron para atender asuntos relacionados con los fines para los que fue creada esta instancia “ciudadana”, sino para pelearse entre sus integrantes.

            Resulta que una vez que sus integrantes rindieron protesta el 2 de mayo de 2019, se aprobó un presupuesto para ese ejercicio por 14 millones de pesos, mismo que estaba listo para entregarse por parte del gobierno del estado, una vez que designaran al Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva, figura central del Sistema Anticorrupción.

            La primera Sesión fue el día 16 de agosto de 2019 y allí comenzó la primera disputa entre los cinco integrantes del mencionado comité, por establecer el mecanismo para designar al Secretario Técnico, la cual puede verse íntegramente en Yotube, donde de forma vergonzosa se agreden verbalmente los “distinguidos” consejeros.

            La segunda sesión, ocurrió el 2 de septiembre del año pasado, donde otra vez se dieron hasta con la cubeta y ni siquiera la orden del día pudieron aprobar; el 8 de octubre de 2019, volvieron a sesionar, nuevamente sin llegar a un solo acuerdo para nombrar al Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva. Es de subrayar que a éste le corresponde –entre otras muchas funciones- “bajar” los recursos del presupuesto autorizado y dispondrá de una estructura de algo así como cuarenta subordinados, que por supuesto tampoco pueden contratarse si no hay secretario técnico designado.

            En sesión del 19 de noviembre de ese mismo año, cuatro de cinco integrantes del CPC decidieron nombrar un secretario técnico interino, que terminó siendo víctima de las disputas de dicho organismo, ya que no le permitieron entrar plenamente en funciones; el gobierno del estado no le entregó un centavo y luego lo traicionó la actual presidente del CPC, Penélope Picazo Hernández, quien a pesar de haber firmado de conformidad su nombramiento temporal, luego lo denunció como usurpador ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

            Ya en este año, específicamente el 6 de marzo, se dio el desconocimiento del presidente del CPC, Roberto Coránguez Esquivel y asumió Penélope Picazo. Así, designaron a Fernando Blúmenkron Escobar como secretario Técnico, con sólo dos votos de los cinco consejeros.

            Enseguida pasaron a lo importante: ¿qué hacer con los 14 millones de pesos del ejercicio 2019? Pues resulta que, como no gastaron en personal, ni tampoco en instalaciones (las cuatro sesiones fueron en sedes “prestadas”), decidieron pagarse sus sueldos retroactivos a enero de 2019 (a pesar de que tomaron protesta el 2 de mayo de ese año), esto a razón de 79 mil 781 pesos en el caso de la presidenta y de 65 mil 299 pesos mensuales en el caso del resto de los integrantes y el dinero sobrante para “gastos” y lo que disponga el Secretario Técnico. En este caso sí hubo consenso y todos gritaron eufóricos ¡aprobado!

           Pero aún hay más: sin importar el conflicto de interés (algo que obligatoriamente deberían saber), el señor Pablo Ezequiel Picazo Hernández, hermano de la presidenta del mencionado Comité de Participación Ciudadana, recién fue designado como Comisario del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos.            

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, critica a algunos órganos autónomos, sea por ineficaces o por onerosos, inmediatamente sus detractores (y principalmente la jauría de periodistas a sueldo), se le van a la yugular, acusándolo de querer acabar con las instituciones ciudadanas, sin siquiera asomarse o constatar si dichos órganos realmente están cumpliendo o no con los fines para los cuales fueron creados…tantita madre por favor.

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