De manera virtual y ante los titulares de Unidades de Transparencia de los 179 Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia Local, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) arrancó la segunda verificación anual en materia de Obligaciones a dicho instrumento jurídico, misma que contemplará el cumplimiento del periodo del marzo a octubre del año que corre.
El propósito del proceso de verificación es comprobar que los Sujetos Obligados cumplan con la publicación de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y acaten al pie de la letra con lo que señala la ley en comento.
Durante el inicio de la sesión, la secretaria ejecutiva del IMIPE, Diana Monter Rosales, refirió que el cumplimiento a sus obligaciones es parte de un ejercicio que permite consolidar la transparencia con miras a un modelo de rendición de cuentas y gobierno abierto.
“Es de gran utilidad que los encargados de gestionar, analizar y subir la información a la PNT comprendan que son la pieza clave para el cumplimiento y para que las personas accedan a la información y conozcan lo que las instituciones realizan con los recursos públicos, así como el avance y los beneficio de sus decisiones”, apuntó Monter Rosales.
La verificación que arranca hoy será de manera aleatoria y se revisará por zonas, iniciando por la zona Sur, Sur poniente, Oriente, Norte y concluyendo con los Sujetos Obligados que se encuentre ubicados en la región Centro del Estado de Morelos.
Así pues, se concluirá la verificación a la información difundida por los Sujetos Obligados conforme a los artículos 51 y 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos (LTAIPEM) en marzo del 2021, debido a que cada uno de los Sujetos Obligados tendrán la oportunidad de resarcir su información en dos ocasiones, hasta antes del resultado final.
La LTAIPEM establece 48 obligaciones de transparencia comunes y 120 específicas que deben cumplir los Sujetos Obligados.
Entre las obligaciones de transparencia común, establecidas en el artículo 51, destaca el organigrama, los indicadores de intereses públicos, los objetivos y resultados, la nómina y la estructura organizacional.
En cuanto a las obligaciones específicas, señaladas en el artículo 52 de la mencionada ley, varía entre cada Sujetos Obligado e incluye el plan de desarrollo, presupuesto de egresos, políticas públicas, información de autoridades auxiliares, en el caso de los municipios; y, padrón de socios, convenio, directorio del Comité Ejecutivo, en el caso de los Sindicatos.
Cabe señalar que se analizará la información de los 36 Ayuntamientos, incluyendo a los nuevos municipios indígenas de Xoxocotla, Hueyapan y Coatetelco; 16 entidades del Poder Ejecutivo, 32 del Poder Ejecutivo Descentralizado, tres del Poder Judicial, dos del Poder Legislativo, nueve Organismos Autónomos, 11 Partidos Políticos, 11 Fondos y Fideicomisos y 41 Sindicatos.
Finalmente, y derivado de la primer verificación, concluida el pasado 28 de noviembre del año en curso, misma que tuvo el 71 por ciento de cumplimiento general de la información entre los Sujetos Obligados, esto como parte de la firma de Carta Compromiso por la Transparencia con los Sujetos Obligados, se espera que la optimización de la publicación de la información sea de un 90 por ciento.

En cumplimiento al artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Morelos y el artículo 76 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos, la encargada de despacho de la ESAF, América López Rodríguez entregó hoy 30 de noviembre al Congreso del Estado, el Informe General e Individuales de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Morelos.

La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, por sus siglas ESAF, es el órgano técnico de fiscalización, auditoría, control y evaluación del Congreso del Estado, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y de decisión sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.

Es así que, con base en el Programa Anual de Auditorías Programadas en 2019, se incluyó la revisión de la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos correspondiente al ejercicio fiscal de 2018; la revisión financiera del ejercicio fiscal de 2019 para el caso de los 33 ayuntamientos; seis órganos constitucionales autónomos e igual número de organismos operadores de agua potable municipales.

América López Rodríguez precisó que pese a la contingencia sanitaria a causa de la presencia del Covid-19, las auditorías se encuentran en proceso de fiscalización, en el que se analizan los estados y reportes financieros, así como la información presentada por los entes fiscalizados.

De igual manera, en la ESAF se implementaron medidas sanitarias extraordinarias para proteger del Covid-19 al personal de la institución y a quienes acuden a la ESAF, como la instalación de un arco sanitizante, y la puntual puesta en práctica del protocolo de sanidad recomendado por la Secretaría de Salud Federal y Estatal.

Asimismo, con motivo del trabajo a distancia implementado por personal de la Entidad, se aceleró la puesta en operación de un buzón digital desde el portal www.esaf-morelos.gob.mx, a partir del cual se pueden realizar denuncias que alerten de la eventual comisión de un delito relacionado con el uso indebido de los recursos públicos.

En la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización un tema de prioridad es la profesionalización del personal, por ello es que a través de plataformas digitales y en colaboración con la Universidad Mexicana de Estudios a Distancia (UMED), se llevaron a cabo dos curso-taller relativos a la argumentación jurídica y redacción jurídica, con una duración de quince horas cada uno.

Al referirse al desempeño de la ESAF en el último año, América López Rodríguez reconoció que la institución lamentablemente, no ha estado exenta de padecer a fuerzas que buscan socavar su quehacer constitucional, “sin embargo, estoy convencida de que quienes formamos parte de la institución tenemos la imperiosa obligación de defender la tarea básica que dio vida a la ESAF: vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos a cargo de cualquier institución que se trate”.

Por último, consideró que quienes tienen la honrosa distinción de formar parte de la administración pública, deben recordar que sus acciones están regidas por el marco de la ley, pero también son observadas por los ciudadanos morelenses, que demandan con justa razón, instituciones sólidas, confiables y que no se desvíen del cumplimiento de sus funciones constitucionales.

La Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, en el Congreso del Estado de Morelos, anunció que en los próximos días presentará una iniciativa de decreto que homologue la ley estatal con la federal en materia de empresas de seguridad privada, en particular lo referente a los procesos de evaluación y control de confianza del personal de las empresas privadas de seguridad, para que se les permita que instituciones acreditadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, puedan realizar los exámenes médico, toxicológico y psicológico y sea avalado por el C3, tras ser solicitado por la Asociación de Empresas de Seguridad Privada del Estado de Morelos, que encabezan Alejandro Dorantes Rodríguez y Maximiliano Reza Aceves.
La legisladora manifestó que es importante homologar los lineamientos y criterios técnicos que deberán cumplir las empresas de seguridad privada autorizadas en la modalidad VI, del artículo 15 de la Ley Federal de Seguridad Privada, para llevar a cabo los procesos de evaluación y control de confianza del personal de las empresas privadas de seguridad del estado de Morelos.
Tania Valentina, precisó que la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Morelos propone a la figura de los capacitadores externos, como ya se contempla en la Ley Federal de Seguridad Privada, a fin de garantizar la prestación del servicio en beneficio de quien los contrata.
En ese tenor y con el propósito de fortalecer la confianza y legitimidad social de las empresas de seguridad privada e impulsar su adecuada profesionalización de acuerdo a estándares nacionales e internacionales de certificación, las y los elementos deben aprobar no sólo el proceso de reclutamiento y de formación inicial, sino también, las evaluaciones de control de confianza, a fin de garantizar la seguridad en los términos que las empresas ofrecen sus servicios y en la medida de las necesidades de los usuarios de dichos servicios.
Cabe destacar que la legisladora Tania Valentina estuvo acompañada por el presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada de Morelos A.C., Alejandro Dorantes Rodríguez; Maximiliano Reza Aceves, presidente de la Comisión de Seguridad de CANACINTRA; del presidente de CANACINTRA, Iván Elizondo Cortina; así como de Gabriel Mendoza, representante de legal de laboratorios clínicos POLAB S.A de C.V.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, se reunió con Carlos Alberto Puig Hernández, magistrado presidente, y Martha Elena Mejía, magistrada del Tribunal Estatal Electoral (TEE) respectivamente, a fin de coordinar esfuerzos institucionales, que permitan garantizar jornadas pacíficas y seguras.

Acompañado por la secretaria de Hacienda, Mónica Boggio Tomasaz Merino, el encargado de la política interna reiteró la disposición y vocación democrática del Gobierno de Morelos, para que el proceso electoral sea claro, transparente, pero sobre todo, democrático.

Pablo Ojeda precisó que el Gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo se conducirá siempre con respeto irrestricto de la autonomía del órgano electoral.

En ese sentido, acordaron garantizar el ejercicio de derechos electorales de los ciudadanos y el cumplimiento de las obligaciones por parte de la autoridad, para que los comicios en el que se contempla renovar al Congreso del estado y los ayuntamientos en la entidad se dé en orden y paz.

Por su parte, Puig Hernández ratificó la disposición de coadyuvar con el Gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo, para garantizar jornadas pacíficas y seguras.

Con el firme objetivo de reforzar el trabajo entre poderes y fortalecer sinergias entre las y los juzgadores, salvaguardando los derechos humanos en todo momento, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo sostuvo una reunión con magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El encuentro, donde también se contó con la asistencia de Pablo Ojeda, secretario de Gobierno, y Samuel Sotelo Salgado, consejero Jurídico, se llevó a cabo en la Residencia oficial del Poder Ejecutivo local, en un marco de respeto y bajo el principio de la separación y el equilibrio de poderes, como corresponde a un auténtico Estado de derecho.

Se coincidió que entre los retos a enfrentar destaca el disminuir el tiempo en que se emiten los acuerdos y sentencias, y establecer mecanismos que permitan incrementar el número de resoluciones que se dictan con perspectiva de género.

*Senado Aprueba la Reforma a los Artículos 108 y 111 de la Constitución
Se agregaron más delitos en los que puede ser imputado y juzgado el Presidente en México
Por: Licdo. Marco Antonio Mastache Espinosa

Con 89 en favor y 23 en contra, el Senado de la República aprobó, en los términos enviados por la Cámara de Diputados, la minuta que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución, se agregaron las palabras «imputado y juzgado» y se ampliaron los delitos que pueden ser del fuero común o del fuero federal durante su tiempo en el cargo.
La reforma al artículo 108 Constitucional establece que durante su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado no sólo por traición a la patria, sino también por hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana». (1)
En consecuencia, el Presidente y los Legisladores en México solo podrán ser juzgados durante el periodo de su encargo.
A su vez, el artículo 111 constitucional quedó de la siguiente manera: para proceder penalmente contra el presidente de la República, solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110, en este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.
Por otro lado, en votación separada, el Pleno del Senado de la República avaló en lo general y lo particular, la reforma que adiciona un párrafo tercero, recorriéndose en su orden los subsecuentes párrafos en el artículo 108, Constitucional, para quedar como sigue: “durante el tiempo de su encargo, las y los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión, podrán ser imputados y juzgados por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano. En estos casos, se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 111 de esta Constitución”.
El dictamen fue aprobado por 102 votos y 1 en contra, legislación que fue enviada a la Cámara de Diputados para sus efectos legales conducentes.
La citada reforma Constitucional, de las y los diputados y senadores se dio por separado a la del Presidente de la República, que también fue avalada previamente por el Pleno cameral.
Antes de examinar el fuero constitucional en México, es menester llevar a cabo una delimitación de la definición, concepto de lo que entendemos por “Fuero”, esto obedece a la necesidad de hacer entendible lo que vamos analizar, de manera que desee adentrarse en la lectura del tema.
¿Qué es el fuero?, Se conoce como fuero aquella figura jurídica que se refiere a la imposibilidad de la autoridad competente para detener o someter a un parlamentario —diputados y senadores—, durante el ejercicio de sus funciones a un proceso penal por la posible comisión de algún delito, salvo en el caso de flagrancia.
Al respecto conviene decir que el fuero es un instrumento legal que confiere inmunidad procesal a determinados actores políticos, concebido para evitar abusos entre esferas de poder; no obstante, en la actualidad este instrumento ha sido considerado como un sinónimo de impunidad en México.
En el derecho mexicano, el fuero inició con la expedición de un decreto el 23 de febrero de 1856, que otorgaba inmunidad a los diputados en la cual se establecía que los diputados no podían ser perseguidos criminalmente, sin antes haber declaración expresa del Congreso de retirar la inmunidad parlamentaria, en consecuencia, se seguiría un proceso ante tribunales ordinarios.
En México, a pesar de los avances logrados en la construcción de una democracia, y que la Constitución, en su artículo 13, reconoce que “ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que […] estén fijados por la ley”, ésta sigue sin aplicar a todos por igual.
Como podemos observar, existen privilegios como la protección que el Estado mexicano otorga a un grupo de funcionarios contra los que no se puede proceder penalmente sin el consentimiento previo de la Cámara de Diputados.
Siguiendo este pensamiento, podemos deducir que el Estado de derecho, entendido como “un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente”. [2]
Si bien, en sus orígenes, el objetivo principal de la inmunidad parlamentaria o fuero (como se conoce popularmente en México) era el de proteger al recinto legislativo y su funcionamiento; en toda institución representativa o parlamentaria, tanto en el Estado liberal, el Estado de derecho, el Estado social de derecho y, en la actualidad, en el Estado contemporáneo o Estado social y democrático contemporáneo.
En el derecho comparado, por ejemplo, en Francia, la Constitución francesa de 1791 regulaba a la inmunidad, como una protección jurídica procesal de tipo penal, señalando, que ésta consistía en no llevar a cabo detenciones y procesamientos criminales de funcionarios, salvo en los casos de delitos flagrantes y con la posibilidad de ser levantada con autorización de la Cámara respectiva.
En 1857 la Constitución mexicana, adoptó una redacción cercana a la de Cádiz, que pasó casi íntegra a las Constituciones de 1857 y 1917 con la misma fórmula que en 1824. El artículo 128 de Cádiz establece: “Los diputados serán inviolables por sus opiniones y en ningún tiempo ni caso, ni por ninguna autoridad podrán ser reconvenidos por ellas.” [3]
El texto del artículo 61 de la Constitución, establece que “los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas, en el segundo párrafo dice: “El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar”.
El modelo de inmunidades legislativas representa un sistema de privilegios de los parlamentarios (diputados y senadores), que consiste en aquella protección, de carácter procesal, que tienen los mismos cuando se les intenta seguir un proceso penal, por su probable responsabilidad en la comisión de un delito.
Existen dos conceptos de privilegios parlamentarios, inmunidad e inviolabilidad, en algunos ordenamientos jurídicos, su similitud, se les ha equiparado y manejado indistintamente, ya que al transgredir ciertas esferas de protección que proporciona la inviolabilidad se haría necesario que procediera la protección procesal o inmunidad parlamentaria.
Bajo esta perspectiva, conviene distinguir la diferencia principal que existe entre estas dos figuras, primero, que la inviolabilidad es una protección de orden sustantivo que consiste en la no responsabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de la función parlamentaria, mientras la segunda se refiere, que la inmunidad es una protección procesal.
En el mismo sentido lo entiende la Dra. Amparo Casar, al exponer que la inmunidad procesal (o, inmunidad amplia), debe ser entendido como: “otorga inmunidad a los funcionarios por acusaciones procesales y sólo puede ser retirada mediante un voto parlamentario” [4], y, de acuerdo con Dworak “sirve para proteger el quórum” [5].
En México a este vocablo doctrinalmente se le conoce como inmunidad parlamentaria.
Por su parte, el artículo 111, de la citada Constitución, establece que “para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, […] por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si hay o no lugar a proceder contra el inculpado.
Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, […]. Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.
Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.
Lo anterior, se deduce que, si y sólo si la Cámara de Diputados declara por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si hay o no lugar a proceder contra el inculpado, esto es, que el legislador pueda ser juzgado en un proceso penal por cualquier delito que haya incurrido durante el ejercicio de sus funciones.
Cabe entonces preguntarse ¿Se elimina el fuero a los legisladores y al presidente de México, con la reforma aprobada por el Senado?
La respuesta es, ¡NO se elimina el fuero, sólo amplían los delitos por los que pueden ser juzgados penalmente, las y los Legisladores, así como el Presidente de la República Mexicana!
Al comenzar estas reflexiones señale, la reforma establece que el Presidente de la República podrá ser “imputado y juzgado” por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano.
Así mismo, los diputados y senadores durante el tiempo de su encargo, podrán ser “imputados y juzgados”, por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano.
En mi opinión, de ninguna manera se elimina el Fuero Constitucional con la citada reforma a los artículos 108 y 111 de la Carta Magna, ¿será esta una promesa partidista o una ocurrencia más de la 4T?
Sin embargo, la panista Guadalupe Murguía, aclaró que esta reforma no elimina el fuero a senadores y diputados, sólo amplía el catálogo de delitos. “No se elimina el fuero para nadie, sólo se aumenta el catálogo de delitos por el que el presidente y los legisladores federales pueden ser juzgados, persiste la inmunidad procesal penal en todos los casos. En este dictamen lo que se está proponiendo es dar a los diputados federales y a los senadores el mismo tratamiento de responsabilidad penal que al presidente de la República”. [6]
Cabe aquí anticipar que, para juzgar penalmente al presidente de México, por cualquier delito que haya incurrido durante el ejercicio de sus funciones, primero debe conocer la acusación la Cámara de Senadores por medio de un Jurado de sentencia, misma que aplicará la sanción correspondiente mediante resolución y se requiere de las dos terceras partes de la Cámara de senadores presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.
Por su parte, para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, […] por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si hay o no lugar a proceder contra el inculpado.
Parafraseando, en la realidad es que, para que la Fiscalía General de la República pudiera acusar al Presidente de México ante un juez, sigue siendo necesario un juicio de procedencia ante el Senado. Algo semejante ocurre, con los diputados y senadores, hay que tener presente que para imputar los delitos que aludí más arriba, se requiere la aprobación de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, como lo establece la Constitución Política.
Cabe concluir que, el Congreso de la Unión se integra de 500 diputados por ambos principios, entonces el Partido Político de MORENA tiene 161 diputados por Mayoría Relativa (MR voto directo) y 91 de Representación Proporcional (RP plurinominal), que nos da un total de 252 legisladores de Morena y esto representa el 50.4 %, mientras que la Cámara de Senadores se integra de 128 Senadores, por lo que el Partido de MORENA tiene 61 legisladores (senadores), entonces, cabe pensar, sin embargo, que imputar y juzgar un delito a las y los Legisladores de Morena y al Presidente de la República; es tan probable como que caiga nieve en México o que el equipo de Zacatepec suba a primera división profesional de la liga MX.
[1]. Consultable en: http://sil.gobernacion.gob.mx/portal/AsuntosLegislativos/busquedaMxM
[2]. Annan, K, “El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”, informe del Secretario General S/2004/616, 2004, Nueva York: ONU.
[3]. Gamas Torruco, José, “la Constitución de Cádiz de 1812 en México”, UNAM, México, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pág. 264, consultable en: www.juridicas.unam.mx
[4]. Casar Pérez, María Amparo, et. al, Fuero en México: entre inmunidad e impunidad, Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, 2017, p. 9.
[5]. Ídem
[6]. La Jornada, Consultable en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/26/aprueba-senado-eliminacion-de-fuero-de-legisladores-1696.html,
[7] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Consultable en: http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=rZIYFqANts7YJ0s7drjCRQ==

José Luis Garcitapia

Morenistas podría exigir ser candidatos y no comparsas

No hay ninguna duda: Las elecciones de 2018 en todo el país Andrés Manuel López Obrador, a través de su partido, Movimiento de Regeneración Nacional, y me refiero a todas, desde la presidencial, gubernaturas, diputaciones y alcaldías, salvo honrosas excepciones en donde los candidatos y partidos de origen aportaron votos que MORENA requería para asegurar el triunfo.

En el caso de Morelos, todos lo ganó Andrés Manuel y la aportación de los partidos aliados a MORENA en la alianza Juntos Haremos Historia fue aceptable, en el caso del PT, y mínima, la del PES, pese a que el candidato era suyo y había gobernado Cuernavaca. La gubernatura se la quedó Cuauhtémoc Blanco Bravo, cuando pudo sin problema alguno ganarla el morenista Rabindrath Salazar Solorio.

Porcentajes de votos por partido elección de gobernador de 2018 : PAN 11.0, PRI 5.9, PRD 9.7, PVEM 3.6, PT 11.2, MC 2.8, PANAL 2.3. PSD 2.0, PES 10.6 MORENA 30.5 y HUMANISTA 1.5; El profesor Fidel Demédicis Hidalgo 4.7. La alianza Juntos Haremos Historia logró el 52.4, pero la mayoría de los votos los puso AMLO a través de su partido.

Veamos el caso Cuernavaca. La alianza Juntos Haremos Historia ganó con el 46.3 por ciento de los votos, teniendo como candidato a José Luis Gómez Borbolla, del PES y como suplente a Antonio Villalobos Adán, de MORENA, quien al final gobierna la capital de Morelos por los pleitos internos de Encuentro Social, que por orden del Cuauhtémoc Blanco quiso imponer ex árbitro Gilberto Alcalá, quien fue diputado por el PAN.

Los votos (porcentajes) por partido en la elección de Cuernavaca fueron: PAN 22.0, PRI 4.3, PRD 5.2, PVEM 3.6, PT 3.1, MC 2.2, PANAL 2.4, PSD 3.8, MORENA 23.5, PES 3.8 Y Humanista 1.8; mientras que el independiente José Luis Urióstegui Salgado el 12.4. Aquí nuevamente es claro que la elección la gana AMLO y su partido, pues ponen la mayor parte de los votos. Las participación de los partidos del Trabajo y Encuesto Social ayudó a consolidar el triunfo.

Esta historia se repite en todos los municipios y distritos de Morelos, en donde la ola lopezobradorista se impuso sobre los adversarios y los partidos llamados tradicionales (PAN y PRI) y el que estaba en el poder (PRD), que cometió el error de imponer como candidato al hijo del gobernador Graco Ramírez, Rodrigo Gayoso, terminándose de hundir sólo.

Ante las cifras anteriores es claro que MORENA y los morenistas podrían establecer condiciones a sus aliados y exigir que el candidato o candidata a la presidencia de Cuernavaca tiene que ser uno de ellos y no otro partido; pero además, se terminaría con la molestia que existe entre la militancia por la imposición de candidatos cuyo trayectoria es tan corta como su capacidad para gobernar.

MORENA logró su objetivo, ganar y posesionar como la principal fuerza política, ahora es tiempo de deslindarse de quienes les están haciendo daño desde el poder y que no son parte de ellos, sobre todo cuando su origen está más cerca de los adversarios.

Las encuestas dicen que sí hoy fueran las elecciones MORENA ganaría, según la encuesta que presentada por El Universal: Morena aventaja 2 a 1 a la oposición a 6 meses de las elecciones del 2021, revela encuesta (https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-aventaja-2-1-la-oposicion-6-meses-de-las-elecciones-del-2021-revela-encuesta).

Los morenistas tienen la última palabra

@PepeGarcitapia

Perspectiva Electoral
Por Marcos Pineda

La semana pasada cerró con el anuncio de Jorge Argüelles, presidente del Partido Encuentro Social (PES), de haber concretado la alianza de su partido con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Y por supuesto que, para él, más que para Hugo Éric Flores Cervantes, dueño real de los dos PES, a quien interesa más el registro nacional, es una gran noticia, pues es la única manera que tienen de poder competir en las próximas elecciones con posibilidades de ganar, con los votos que aporten Andrés Manuel López Obrador y los morenistas.
La apuesta del PES es del todo por el todo. Para el instituto político, consolidando la alianza, se abren posibilidades de mantener su registro local y asegurarse de que podrían mantener posiciones legislativas y municipales suficientes para seguir políticamente vivos rumbo al 2024. Pero lo más importante para Argüelles es que, como en las negociaciones buscan que la joya de la corona, la candidatura a la presidencia municipal de Cuernavaca sea puesta por ellos, él tenga mano para ser designado candidato a presidente municipal.
Ya tuvieron la experiencia, de la que no formó parte Argüelles en ese momento, porque apenas iba llegando al PES, de que las negociaciones tuvieron un final catastrófico, casi en todos sentidos, en la elección municipal. Se quedaron sin candidato propietario ambos partidos. Y no perdieron del todo, porque de todas maneras los votos de Morena hicieron posible que ganaran la elección y, posteriormente, asumiera la presidencia municipal el suplente morenista, Antonio Villalobos Adán.
Entonces, el problema para el PES no está resuelto todavía, porque, aun si fuera cierto que ya quedó firme el acuerdo con Mario Delgado, quien no se ha pronunciado púbicamente al respecto, pues lo más probable es que primero tuviera que convencer a algunos grupos de morenistas de no oponerse, estaría por resolverse qué partido propondrá al candidato para encabezar la comuna capitalina.
Una es la alianza entre las dirigencias, pero por sí misma, esa alianza no le garantiza el respaldo de los morenistas en el estado. Quizá hasta pueda ser lo contrario. Al sentirse los morenistas defraudados por su dirigencia nacional, percibiendo que el estado de Morelos estuviera siendo tratado más como una franquicia electoral, que como un histórico bastión del lopezobradorismo, y que la dirigencia nacional está pasando por encima de la dirigencia y de la militancia local, no solamente no apoyen al PES, sino hasta se sumen en su contra y en contra de quien resulte ser el candidato, que podría ser el propio Argüelles.
En Morelos no sería nada extraño, nada para sorprenderse, que un candidato de un partido diferente al que gobierna el estado ganara la capital. Y menos ahora, cuando se tienen a la vista los pésimos resultados del PES cuando estuvo al frente de la presidencia municipal de Cuernavaca, con Cuauhtémoc Blanco.
Una alianza forzada, como lo dijimos, al estilo de una franquicia política, de un negocio electoral, que pasa por encima de los intereses de los morenistas locales, oxigena al PES, pero en detrimento de Morena. Abre las posibilidades de que, con alianzas, ya sean formales o de facto, pudiera ganar la elección un candidato de otro partido e incluso hasta uno independiente. Como dijera el refrán popular: A río revuelto, ganancia de pescadores.

Y para iniciados
Raúl Iragorri Montoya, además de ser un activo electoral, miembro fundador de Morena en Morelos, es amigo personal de López Obrador desde hace 26 años. Recientemente fue recibido en Palacio Nacional. Puede que Mario Delgado sea el presidente formal del partido, pero el líder moral, la voz más autorizada de Morena, es Andrés Manuel. Así que los miembros del PES tendrían que pensarle un poco a eso de seguir presumiendo que ya pactaron con Delgado, porque, como afirma otro conocido refrán: del plato a la boca se cae la sopa.
Excelente inicio de semana.
La información es PODER!!!

*Recurrirá a la ciudadanía para seleccionar candidatos y evalúa alianzas con otros partidos

El PRD Morelos buscará escuchar a la ciudadanía y a sus simpatizantes y militantes de cada municipio estado porque ellos conocen la reputación de los posibles candidatas y candidatos y saben si son personas de trabajo y honorables, ello con el objeto de garantizar que sean las mejores opciones para representar al partido en el Proceso Electoral 2021.

Asimismo, la dirigencia estatal, encabezada por Cristina Balderas Aragón, estableció que en consonancia con el «Pacto Político para garantizar la participación política de las mujeres libre de violencias», que firmó el PRD Morelos, se respetará la paridad de género en las candidaturas a todos los cargos de elección popular y generará los instrumentos para prevenir, atender, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres.

La presidenta del Sol Azteca indicó que “nos sumamos a la iniciativa ciudadana #3de3VsViolencia y nos abstendremos de postular candidatos con antecedentes de violencia contra la mujer, así como asumiremos el cumplimiento de la agenda de los derechos de las mujeres”.

Asimismo, indicó que en armonía con el PRD Nacional, se está valorando la posibilidad de generar alianzas políticas con partidos, asociaciones, organismos de la sociedad civil y ciudadanos interesados en participar en este proceso electoral.

“Los grandes problemas que sufrimos los morelenses, los asesinatos, feminicidios, ejecuciones, robos, extorsiones, desempleo, falta de apoyos al sector formal e informal de nuestra economía y sufrir la carencia de los servicios públicos más elementales, fruto de la incapacidad gubernamental y la falta de experiencia, visión y amor por nuestro estado, nos llevan a la reflexión de que debemos formar alianzas con todos aquellos que pongan por delante el bien y la grandeza de Morelos”, explicó.

Y agregó: “No le tenemos miedo a los compromisos, porque sabemos que es mucho más importante aquello que nos une que lo que nos divide. Con estos ejes rectores y con la seguridad que este proceso electoral será en beneficio de la gente, el PRD Morelos se declara listo para continuar el proceso de esta contienda electoral y se declara listo para recuperar la confianza de la ciudadanía”.

Lucio Lara Román

Durante dos días, el Club Dorados de Oaxtepec se convirtió en el bunker para más de 250 participantes del Campeonato Nacional de Kick Boxing 2020, donde una vez más Morelos cumple con el objetivo de ser un magnifico anfitrión para todos los contendientes que se dieron cita en la zona oriente al realizar esta justa nacional, donde representantes diferentes los estados de la Republica Mexicana reunieron para buscar el máximo gallardete de este campeonato nacional.

FENAKIB & WAKO México, en colaboración con la Asociación Estatal de Kickboxing Morelos A.C (AEKMO) y el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos (INDEM) fueron los anfitriones de esta edición del 2020, en la que cumplieron con las debidas medidas de seguridad y respetando todos los protocolos de higiene para salir con un saldo blanco de esta competencia.

Germán Villa Castañeda, del INDEM, junto a Osiris Pasos Herrera, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, y de Fernando Granados León, presidente de la FENAKIB, encabezó la ceremonia inaugural, así como de clausura.

Destacó que el evento se desarrolló a puerta cerrada en la sede del evento como parte de las medidas de seguridad, teniendo la llegada de los participantes de Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco, Zacatecas, y los anfitriones del estado de Morelos.

Este certamen cerró con las finales con el marco de su cena de gala, y con emociones en el escenario de cada uno de los deportistas quienes llegaron a la recta final de esta justa, llevándose el reconocimiento de cada uno de los asistentes quienes reconocieron la calidad y su nivel competitivo para estar peleando por la supremacía en este 2020.