En el marco de la firma de convenio de colaboración entre el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No discriminación en la Participación Política, Isabel Guadarrama Bustamante, resaltó que hoy en día, la tendencia de casos presentados de violencia política contra las mujeres en razón de género ante las instancias electorales tanto administrativas como jurisdiccionales responsables va en aumento, “porque ahora se hace más evidente, porque se expone públicamente, sin embargo, estoy cierta de que muchos de estos actos permanecen sin ser denunciados”.
Asimismo, refirió que “es necesario contextualizar los avances que se han vertido para garantizar los derechos políticos de las mujeres en nuestro país, han tenido un desplazamiento lento sí, pero constante, sin embargo, éste se ha ido construyendo en un ambiente un tanto inseguro debido a los diversos estereotipos culturales que han afectado en gran medida a los contextos histórico-jurídicos y han generado actos de violencia en la participación política de las mujeres».
Explicó que, pese a importantes avances persisten cuestiones estructurales como la violencia política contra las mujeres en razón de género que obstaculizan el ejercicio de sus derechos político-electorales y constituyen un reflejo de la discriminación y los estereotipos de género.

«Las mujeres que participan en espacios público-políticos siguen siendo violentadas.
Las prácticas de este fenómeno, ahora más visibilizadas e intensificadas tienen que ver con renuncias manipuladas o forzadas de mujeres una vez electas; presión, bloqueo y obstaculización en el desempeño normal de sus tareas; prohibiciones al ejercicio de la libertad de expresión; difamación, calumnias, acoso a través de los medios de comunicación; agresiones físicas; dominación económica en el plano doméstico y político, así como la persecución a sus parientes, seguidores y seguidoras», señaló la consejera.
Recalcó que es urgente revisar y adoptar las medidas legislativas para contrarrestar la violencia política por razones de género, que se ha convertido en una de las problemáticas más lacerantes y recurrentes que obstaculizan el ejercicio pleno de la ciudadanía femenina.
Resaltó que es por ello que la coordinación interinstitucional entre el Tribunal Electoral del Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en la erradicación de este fenómeno es fundamental.
«Apostamos a la implementación de acciones coordinadas de prevención, atención y orientación pero también apostamos a sanciones contundentes».
Por su parte el consejero presidente del Impepac, Pedro Gregorio Alvarado Ramos destacó que, en el actual proceso electoral, han sido asesinados 61 políticos, de los cuáles, 18 eran aspirantes a un cargo público; siendo el más reciente el caso de Ivonne Gallegos, candidata de la coalición PRI, PAN y PRD a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, municipio ubicado a cuarenta kilómetros de la ciudad de Oaxaca.
“La violencia política afecta el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales, a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo público».
La violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres; el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo, refirió el consejero presidente.
Concluyó mencionando que el reto es erradicar este flagelo que amenaza la democracia. «La paz es la respuesta, pero no la paz de los sepulcros, sino la de la tranquilidad en el orden, la paz en todos los órdenes de la sociedad, en el marco de un estado de derecho, respetuoso de los derechos humanos, inherentes, inalienables e irrenunciables a la dignidad de la persona. El instrumento que hoy firmamos, estoy cierto que abonará a lograr la tan anhelada paz social, inhibiendo dichas conductas», dijo.
En tanto, la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos, Martha Elena Mejía, manifestó:
“Hemos venido trabajando arduamente en consolidar los derechos de las mujeres y en que se aplique el principio de paridad. Por medio de este convenio se da el instrumento que nos permite lograr la efectividad de las normas que buscan erradicar y sancionar estas conductas».
Se comprometió a diseñar, desde el Tribunal Electoral de Morelos, un mecanismo eficaz y eficiente para mantener una comunicación oficial y actualizada relacionada con las personas que han sido condenadas y/o sancionadas mediante resolución firme o por conductas que constituyan violencia política contra las mujeres».

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