Acercándonos ya a la culminación del periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, conviven, se debaten y refutan mutuamente dos proyectos de nación. De un lado, la denominada cuarta transformación y, del otro, la oposición a los cambios que ya están en curso.
Durante algún tiempo, mientras no se habían considerado o al menos no se habían hecho públicas las intenciones de modificar la Constitución, con la profundidad que hoy atestiguamos, el debate fue meramente mediático. Debate que fue ganando López Obrador en sus mañaneras a las oposiciones, las instituciones independientes del Ejecutivo y a una dispersa sociedad civil, desde el principio soslayada, marginada y fustigada, tanto como las anteriores.
Será muy difícil que sepamos si el presidente ya tenía consideradas todas estas modificaciones a la Constitución o si en el camino, al percatarse de las resistencias a su proyecto, debido a los reveses legales que fue sufriendo en los primeros tres años de su mandato, cayó en la cuenta de que, sin reformas a la carta Magna, los decretos y las leyes secundarias serían insuficientes para su proyecto y la consolidación de lo que llaman su legado.
Hacia el final de su sexenio, Andrés Manuel López Obrador tuvo la oportunidad, y la está aprovechando hasta el último minuto, para reformar estructuralmente al sistema político mexicano. Aunque haya a quien no le guste utilizar ese término, se trata de una reforma a la estructura jurídica del Estado, de consecuencias inmediatas y específicas en los demás ámbitos de la vida pública.
A diferencia de los opositores, quienes se han pronunciado por el fortalecimiento de lo que existía y, consideran triunfos de la democracia y ganancia para la sociedad al paso de los sexenios, Andrés Manuel apuesta por un modelo, presentado como propio y único en el mundo, disonante y disruptivo, que comenzó con políticas de Bienestar social y el uso temporal de las fuerzas armadas para las tareas de seguridad, atacar el origen de los problemas para brindar soluciones a largo plazo y contar con todas las instituciones del Estado a favor del proyecto. Lo temporal, ahora se ve como permanente.
Las oposiciones no han sido capaces más que de señalar las contradicciones y los riesgos, pero no tienen ninguna propuesta diferente de la de seguir el camino que llevaba México. La lectura que hacen no ofrece pronósticos afables, sino incluso catastróficos. Mientras el oficialismo sostiene, en su lectura, que es la vía correcta, no obstante que para ello se estén teniendo que desdecir o ignorar los múltiples planteamientos contrarios que hicieron en un pasado relativamente reciente.
En medio de este enfrentamiento de proyectos de Nación, el de las oposiciones, ya malo por conocido, y el del obradorismo, cuyos resultados veremos en los próximos años, en todos los sentidos, ya sea seguridad pública, justicia, economía, combate a la corrupción y demás, podría haber una tercera lectura. La de quienes no están inmersos en la lucha por el arribo al poder o su sostenimiento en el mismo.
Esa lectura quizá sea todavía más pragmática, porque la harían los beneficiarios o afectados por las políticas del régimen, a quienes poco importan las ideologías o los discursos, sino la solución a los problemas. Esas soluciones son las que no dieron los anteriores y de las que hoy depende que el régimen actual mantenga su credibilidad, o esa tercera lectura terminará revelándose ante ambos modelos.
Y para iniciados:
Los operadores y negociadores, sensibles y experimentados, previsores y calculadores dentro del Congreso del estado, en la nueva Legislatura, tienen que mostrar ya esas dotes y lograr los acuerdos y consensos que permitan sacar adelante las responsabilidades pendientes. El tiempo corre y Morelos urge de una coordinación entre los poderes que permita hacer frente a todo lo que el gobierno y la Legislatura salientes dejaron en sus manos. Y para ello, los que saben, tienen claro que no hay tiempo que perder.
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