Por Rocío García
«En este dictamen no se menciona si en algún momento se consultó a los trabajadores sobre si deseaban que el Gobierno y MORENA administraran el dinero de su trabajo»: Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado panista
Las aportaciones de los patrones a las subcuentas de vivienda son patrimonio de los trabajadores, pero ahora en su conjunto conformarán el Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores, recursos que serán utilizados para la construcción de las viviendas que realice el Instituto a través de una empresa filial, que tendrá acceso 2.4 billones de recursos de los trabajadores derivados de sus ahorros y que hoy van a estar a disposición de este Fondo Nacional de la Vivienda, es decir, no son recursos que el gobierno aportará para poder construir, sino recurso que se apropiará y manejará el oficialismo, para cumplir con las promesas de campaña de Claudia Sheinbaum, el ambicioso plan de vivienda que proyectaba construir un millón de viviendas sociales de bajo costo, y presento por primera vez, su intención de una reforma legal para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Aunque se reconozca que a este país le urge elevar la calidad de vida de los mexicanos, a través de vivienda digna y de bajo recurso, como se concibió en 1972 cuando fue creado, bajo la administración del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, como un organismo de servicio social, cuya finalidad era y sigue siendo cumplir con el derecho constitucional a la vivienda en favor de los trabajadores, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que a la fecha ha dado aproximadamente 12 millones de créditos a trabajadores mexicanos, que hoy con esta Reforma se pretenda que a través de una empresa que aún no ha sido constituida, completamente privada, en una práctica Neoliberal, llevar a cabo la apropiación del recurso de décadas del trabajo de millones de mexicanos.
En las reservas que presentó la Oposición que votó en contra de dicha reforma aprobada, se ha mencionado la preocupación por la regulación y ejecución de dicha Reforma, en donde la empresa filial inmobiliaria «no pueda ser auditada por la Auditoría Superior de la Federación», el destino de más 77 millones de cuentas de ahorro de millones de trabajadores, en donde se ha acumulado en el transcurso de los años una bolsa muy atractiva para el gobierno en el poder» señalo en su participación el día de ayer en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado panista.
Se modifica la estructura de gobernanza del Infonavit, equiparándola a la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Aunque se mantiene el carácter tripartito (gobierno, trabajadores y empresarios), el director general será nombrado y removido por la Presidenta de la República, perdiendo además la colegialización en la toma de decisiones, dejando al Director General un facultad de veto de todas las decisiones del Consejo de Administración del propio Instituto, con lo que se romperá el equilibrio en la toma de decisiones.
«Es irresponsable que estos recursos que NO SON DEL INFONAVIT, sino de las y los trabajadores, vayan a ser destinados a la construcción masiva de viviendas en terrenos donados o proporcionados por mismos gobiernos Estatales y Municipales, y no sabemos bajo que esquemas de supervisión, seguridad, calidad, condiciones de accesibilidad serán construidas esas nuevas viviendas, pero tampoco queda claro como funcionará la nueva empresa que el Gobierno Federal va a crear, ni cuales serán los mecanismos de fiscalización y transparencia del uso de los recursos de los trabajadores; además es preocupante, que el Infonavit otorgará facultades de VETO AL Director del Instituto sobre decisiones que no se aprueben por unanimidad, esto anula totalmente las comisiones tripartitas, ya que si alguna decisión no es acorde a los intereses de la administración y del director designado por el Ejecutivo Federal , o peor aún sean privilegiados los intereses del Ejecutivo, podrán vetarse. Se vuelve increíble que sea el gobierno Federal quien decida como se invierten los recursos cuando esos recursos NO LE PERTENECEN al Gobierno Federal, pretender ser administrador del DINERO AJENO, recurso que forma parte del patrimonio de los trabajadores y que representa el trabajo de toda una vida.» : Diputada Verónica Martínez García (PRI) en su intervención en la presentación de reservas.
La Cámara mexicana de la construcción calcula de más de 7000 micro, pequeñas y medianas empresas que invierten en el mercado mexicano la construcción serán afectadas, ya que esas constructoras que cumplen con la Regulaciones implementadas por las Instituciones y que pagan impuestos y derechos, a diferencia de la nueva empresa que creará el Gobierno la cual tendrá privilegios, hará una competencia desleal, poniendo en riesgo miles de empleos que dependen de este importante sector.
Por otra parte, Diputada Rosa Hernández Espejo, de la bancada de MORENA, en su participación señalo que «hubo empresas constructoras, desarrolladoras inmobiliarias que se enriquecieron junto con los gobiernos, desde 1995 al 2018, los gobiernos de Calderón, Enrique Peña, Zedillo, saquearon al Infonavit, cambiando el concepto de «vivienda social» a «vivienda mínima», reduciendo la calidad del espacio y de los materiales, las condiciones de habitabilidad, como lo detallo el Arq. Javier Sánchez, en un estudio de Vivienda social en México, en donde se conocen las tristes historias de los mal llamados fraccionamientos olvidados de nuestros distritos, empresas como Geo, Homex, y otros, que desarrollaron viviendas sin preveer ni gestionar el equipamiento urbano, construidas en la nada, y que actualmente se encuentran abandonadas, con calles destrozadas y sin alumbrado. Dichas empresas «amafiadas» con gobiernos Neoliberales vendieron sus carteras vencidas a bancos que hoy acosan a los casa-habientes».
Si bien es cierto que todos estos vicios y defectos existieron en gobiernos pasados, no podemos dejar de reconocer que estos co-existió bajo la anuencia del propio Instituto, ya que contaban con Reglamentos y regulaciones internas para la aceptación de otorgamiento de créditos para vivienda nueva, donde contaban con un órgano interno de revisión de la calidad y condiciones fundamentales y adecuadas para la misma vivienda, encargada de darle el visto bueno a los desarrollos, irregularidades que describió acertadamente Octavio Romero Oropeza, nuevo Director de Infonavit, colusión entre peritos valuadores y trabajadores, cobros de viviendas no entregadas, financiación a constructores de vivienda sin un estudio técnico ni financiero, pero autorizados por dos terceras partes del Consejo de Administración., en fin, toda una red delictiva al interior del Instituto.
Resulta conveniente evidenciar la corrupción dentro del Infonavit, pero sin pasar por alto que Octavio Romero Oropeza, quien en la ‘mañanera’ socializó la necesidad de esta reforma, ha sido cuestionado por la oposición. En particular, el diputado Erubiel Lorenzo Alonso, de la bancada del PRI, puso en duda su capacidad para dirigir el Infonavit, señalando su gestión previa en Pemex, donde se detectó un faltante de 900,000 millones de pesos que aún no ha sido solventado.»
Muchos argumentos en contra, y muchos cuestiones de importancia social, como resumen podemos señalar lo positivo, como parte de estas reformas se establecerá un un programa de arrendamiento social que permite a los trabajadores rentar viviendas con la posibilidad de adquirirlas posteriormente, y después de un periodo determinado, podrán optar por la compra de la vivienda, y el otorgamiento de créditos con tasas de interés más bajas, se buscará eliminar trámites burocráticos, facilitando el acceso a financiamiento para la adquisición de viviendas, especialmente para aquellos que ganan menos de dos salarios mínimos.
Lo negativo, la reforma al Infonavit plantea serias preocupaciones sobre el manejo de los recursos de los trabajadores, al centralizar su administración en una empresa filial cuya regulación y transparencia no están claramente definidas. Se corre el riesgo de que los ahorros destinados a la vivienda sean utilizados con fines políticos y sin mecanismos adecuados de supervisión. Además, la pérdida de autonomía en la toma de decisiones dentro del Infonavit y la posible competencia desleal con el sector privado generan incertidumbre sobre la viabilidad y equidad de esta medida, afectando a trabajadores, empresas constructoras y el equilibrio del sistema de vivienda en México.
¿Qué pasará después de aprobada esta reforma? ¿Se perderá la esencia social del INFONAVIT? ¿Se edificará vivienda social a costa del dinero de los trabajadores para No derechohabientes? ¿Le quitarán a las trabajadores el derecho de decidir en donde quiere comprar, en donde quiere vivir, en donde quieren ejercer su crédito hipotecario?
