- En otros estados de México ya se han despenalizado las leyes sobre el aborto, y ahora Morelos está siendo presionado para hacer lo mismo.
- Si los diputados no derogan esos artículos en el plazo de tres días, el juzgado podría multarlos económicamente.
- Considerar que están en desacato, lo que es una falta grave por no obedecer a una autoridad judicial.
En medio de un clima de creciente tensión social, el Congreso del Estado de Morelos enfrenta un plazo de tres días, impuesto por un Juzgado Federal, para derogar artículos del Código Penal estatal relacionados con la penalización del aborto. Esta orden judicial ha generado una fuerte reacción por parte de diversos sectores de la sociedad civil, especialmente en la capital del estado, donde cientos de ciudadanos se han manifestado en defensa del derecho a la vida desde la concepción.
Las movilizaciones, que han tenido lugar en plazas públicas y frente al Congreso local, reúnen a familias, jóvenes, líderes religiosos y organizaciones pro-vida que, con pancartas, cantos y discursos, expresan su preocupación por la posibilidad de que se eliminen las protecciones legales al feto. Para ellos, esta despenalización no solo representa un cambio legislativo, sino una amenaza directa a la vida humana en su etapa más vulnerable.
“No estamos aquí para criminalizar a la mujer, sino para defender el derecho a vivir de los más indefensos: los niños en el vientre de sus madres”, expresó una de las manifestantes, quien acudió acompañada de su familia. “La vida empieza desde la concepción, y el Estado tiene la responsabilidad de protegerla.”
El mandato judicial, derivado de una sentencia de amparo promovida por organizaciones en favor de los derechos reproductivos, obliga al Congreso a eliminar los artículos del Código Penal que sancionan la interrupción voluntaria del embarazo. De no hacerlo en el plazo estipulado, los legisladores podrían enfrentar sanciones económicas por desacato.
Este fallo reitera lo ordenado por el Juzgado Noveno de Distrito en noviembre de 2024, cuando se exigió al Congreso legislar a favor de la despenalización, lo cual fue desechado en diciembre tras una votación dividida. Desde entonces, las comisiones legislativas no han logrado avanzar en el tema, en gran parte debido a la falta de consenso político y a la creciente presión social.
Los colectivos ciudadanos han reiterado que su postura no busca castigar a las mujeres, sino ofrecer alternativas que promuevan la vida, el acompañamiento durante embarazos no planeados, y políticas públicas integrales que protejan tanto a la madre como al hijo.
“La solución no es el aborto, sino el apoyo real: redes de acompañamiento, atención médica, apoyo psicológico y económico”, señaló otro de los participantes en la manifestación.
Con el plazo judicial en cuenta regresiva, el Congreso enfrenta un escenario complejo: cumplir con el mandato federal o atender la demanda de una parte significativa de la población que clama por la protección del derecho a la vida. En los próximos días, Morelos será nuevamente el centro del debate nacional sobre uno de los temas más sensibles y divisivos del país.
