Capital

El enojo presidencial ya está por llegar a su punto más crítico. Con cada revés a las decisiones, programas y políticas que ha tomado Andrés Manuel López Obrador instruyendo, por sí o al través de la Secretaría de Gobernación, a sus legisladores, para que aprueben, sí o sí, lo que envía al Congreso y con la validación de sus decretos, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va quedando cada vez más al descubierto el verdadero talante de su proyecto político. La ley no es la ley para AMLO, a menos que sea la ley que le convenga, que concentre facultades en su persona y reduzca o prorrogue las posibilidades de que sean descubiertos y exhibidos los manejos al interior de su administración.
No habíamos terminado de leer la sentencia de la Corte sobre la invalidez del famoso “decretazo” con el que se elevaron a rango de seguridad nacional las obras insignia de la cuarta transformación, mismo que permitió al Ejecutivo reservar, ocultar, pues, la información sobre contratos, adjudicaciones, costos, trámites, cumplimiento de requisitos y demás, cuando ya había publicado otro decreto en el mismo sentido.

No se necesita bola mágica para saber que este nuevo decreto deberá correr una suerte similar. Sin embargo, sí representa una forma de ganar tiempo, de mantener en la opacidad la información que debería ser pública, estar al alcance de cualquier ciudadano que lo solicite y de amarrarle las manos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Esperan, al menos, que tenga vigencia hasta que se hayan concluido las obras y, ojalá, ya hayan pasado las elecciones de 2024. A la luz de todo lo que hemos sabido en estos cinco años y medio, ¿no le parece a usted bastante claro que, si AMLO pudiera tomar las decisiones sin necesidad de reformas a la ley, sin pasar por el análisis de los tribunales y sin tener que rendir cuentas a nadie, simplemente lo haría y punto? Afortunadamente, todavía existen en México una Constitución que limita las facultades del Poder Ejecutivo, una división de poderes que evita la concentración de las decisiones en una sola persona y organismos autónomos e independientes, cuya misión es velar por el cumplimiento de las leyes.

Sí es cierto que hay mucho de corrupción que se debe corregir y sancionar en las instituciones. Pero en todas, incluyendo a la Presidencia de la República. Y que se puede mejorar el funcionamiento y la calidad de los organismos autónomos. Eso es lo que se debería hacer. No destruir ni someter, sino mejorar.
Los ataques contra el INE, el INAI, la Suprema Corte y todas las instituciones, públicas y de la sociedad civil, que estorban al poder presidencial forman parte de un plan. La intención de reformar al Poder Judicial para que los ministros, magistrados y jueces sean electos por voto popular no es, en realidad, que el pueblo tenga en sus manos la decisión de a quién pone, sino acabar con su actual composición para tener una nueva que sí convenga al gobierno, que le apruebe y convalide todo, aunque se encuentre fuera de la ley.

Y para iniciados
Paleros y vendidos se apresuraron a dar por ganadora a una de las dos candidatas al gobierno del Estado de México, minutos después del segundo debate, de ayer por la noche, sin el menor análisis y hasta inventando datos o realizando encuestas, de esas a las que llamamos patito. Claro que todos tenemos derecho de expresar nuestra opinión y preferencias. No obstante, una vez más vale la pena hacer un alto y no dejarse llevar ni engañar. Hay que ver bien el desarrollo del debate, los posicionamientos y el desempeño de cada una. Yo no tengo preferida alguna, pero no pude dejar de notar los pleonasmos, las evasivas y la falta de consistencia e ideas propias de Delfina. Probablemente la diferencia se haya acortado un poco, pero dudo mucho que sea suficiente para revertir la intención de voto a favor de Morena y sus aliados. Sin embargo, la moneda sigue en el aire.
La información es PODER!!!

Una de las recomendaciones que escuché hace muchos años, cuando siendo muy jovencito empecé a conocer a destacados políticos de ese entonces, la mayoría de ellos ahora ya fallecidos fue que para entrar a la vida pública “hay que tener la epidermis muy gruesa, porque si la tienes delgada los insultos y las calumnias terminarán en violencia.”

Los insultos, por un lado, son expresiones que se usan para ofender o humillar, ya bien a personas o colectivos. Por otro lado, las calumnias son imputaciones o acusaciones, a sabiendas de que son falsas, y tienen por objeto mancillar la honorabilidad de la persona acusada.

Las leyes mexicanas contemplan circunstancias de modo, tiempo, lugar y propósito en que los insultos y las calumnias constituyen delitos sancionables, según su gravedad y los daños que provoquen. Sin embargo, en el medio político, es muy usual escuchar ambas sin que haya mayores consecuencias, pues en lugar de denunciar prefieren aprovechar el momento para entablar batallas discursivas y mediáticas, con las cuales ganen notoriedad. Algo así como “el que se lleva se aguanta”.

Pero eso no ha sido así por cuanto hace a los insultos y las calumnias en temas de género, porque ahí sí son cada vez más las denuncias, los procesos legales abiertos y las sanciones aplicadas contra quienes encuadran sus dichos en la comisión de algún tipo de violencia política contra las mujeres. Cada vez son más las denuncias que en ese sentido proceden en los tribunales y culminan en castigos aplicados a los infractores.

Ahora bien, el otro concepto, el de la violencia, concebida como agresión al través del uso de la fuerza, el poder o la amenaza, que tiene como resultado daños de diverso tipo, entre otros, psicológicos, físicos o económicos.

Los insultos y las calumnias forman parte del ejercicio de la violencia política. Los más cobardes los profieren en ausencia de la persona afectada. No dan la cara, son hipócritas y miedosos. Los temerarios hacen gala pública de su ignorancia acerca de lo que están haciendo y se arriesgan a ser denunciados por las personas a las que afecten.

Se supone, pero sólo en teoría, que las sociedades deberían caminar más hacia la civilidad y menos a la violencia. Más hacia la solución pacífica de las controversias y menos al encono. Y sí hay países y estados que lo han logrado, cuyos indicadores son muy bajos en comparación con el resto. Lamentablemente, ese no es el caso de México.

En los últimos meses hemos visto cómo el propio presidente de la República insulta y calumnia a quienes considera sus adversarios. Andrés Manuel López Obrador se burló de un premio internacional que fue entregado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dra. Norma Piña. Minimizó el reconocimiento hecho a su trayectoria, logros y preparación. Trató de ridiculizarla en su mañanera. Este hecho, junto con todos los demás ataques ya han despertado la furia de los fanáticos, cuya violencia está pasando de las redes sociales a las calles.

Si el presidente tiene la epidermis tan delgada que cualquier crítica o señalamiento lo lleva a la ira y no contiene la violencia verbal y la radicalización que lo ha caracterizado en estos últimos años, las expectativas no son nada halagüeñas. Yo creo que la mayoría de los mexicanos no queremos más violencia, todo lo contrario. Sólo nos queda esperar que se trate de errores y no de una estrategia perfectamente premeditada de Andrés Manuel.

Y para iniciados

Las voces sobre la salida del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, se multiplican en los corrillos políticos. Que si el derecho de silla, si será con licencia temporal o separación definitiva, si ya están formando equipos al interior de su gobierno y sus operadores para repartirse lo que queda del botín, de a quiénes va a quedar la papa caliente de entregar cuentas y enfrentar las elecciones, están pasando a segundo plano. Ya lo que quieren, seguidores y detractores, es que se vaya. Esperan con ansias el banderazo desde Palacio Nacional para apropiarse de los espacios de poder que habrán de estar en juego.

La información es PODER!!!