Francisco Hurtado Delgado

Ha iniciado la etapa del proceso electoral denominada intercampaña, misma que se caracteriza principalmente por la prohibición de realizar llamados expresos al voto por parte de l@s candidat@s y los partidos políticos. Cabe entonces preguntarse ¿En qué consiste una intercampaña?

De acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), una intercampaña es el periodo de tiempo que transcurre entre la conclusión de las precampañas y el inicio de las campañas electorales. En el citado tiempo debe quedar claro, que no es periodo para hacer competencia electoral, toda vez que ha concluido la etapa de preparación de los partidos políticos y deben ponerse de acuerdo internamente en seleccionar las candidaturas respectivas.

En este espacio de intercampaña, es preciso señalar que no se solicita apoyo a favor o en contra de una pre-candidatura, coalición o partido político; además los aspirantes no podrán aparecer en spots, debates, ni mesas redondas o de análisis, donde esté más de un precandidato.

El objeto de crear un espacio de reflexión para los militantes de los partidos políticos en esta etapa de intercampaña, es con el objeto de que puedan resolver cualquier tipo de diferencia, duda o impugnación que tengan respecto de las elecciones.

Por último, se pude citar también que, en esta etapa las autoridades y actores políticos tienen ciertas restricciones de hacer uso de plataformas en las que puedan utilizar como comunicación oficial; sin que esto signifique que no puedan realizar informes de actividades, pero con términos muy concretos.

En fin, el triunfo depende del electorado y eso no se debe desestimar; en razón a ello, este tiempo que se nos da para valorar, reflexionar y revisar, es para que los partidos políticos y su militancia propongan a sus mejores hombres o mujeres con los perfiles idóneos para al cargo y no decepcionen con personajes como ahora pasa en algunos órdenes de gobierno, con funcionari@s que dan pena y no están a la altura de las necesidades y demandas de la sociedad.

Para reforzar las acciones en materia de investigación y persecución de delitos y atender de manera específica toda manifestación de violencia contra las mujeres, con recursos provenientes de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), la Fiscalía General del Estado concluyó la conformación del Grupo de Asuntos de Género dependiente de la Agencia de Investigación Criminal.

Para el fortalecimiento de las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Estados y Municipios, la Fiscalía General del Estado de Morelos accedió a recursos federales para el ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de cinco millones de pesos, mismos que se aplicaron en la conformación de un grupo especializado de investigadores en atención de género.

En cumplimiento con los lineamientos establecidos por la CONAVIM, se aplicaron un total de cuatro millones 621 mil 887 pesos en la adquisición de cinco camionetas para la atención específica de temas relacionados con la mujer, uniformes y capacitación especializada para 20 elementos que conforman el grupo especial de atención.

Integrantes del Grupo de Asuntos de Género de la Agencia de Investigación Criminal, recibieron capacitación en temas como perspectiva de género, empatía y desarrollo de tácticas de atención, declaratoria de alerta de violencia de género en Morelos, Empatía y sensibilización con perspectiva de género y derechos humanos.

De igual forma, legislación internacional, federal, estatal y en su caso municipal en materia de violencia contra las mujeres, protocolos para atención de la violencia contra las mujeres, primeros auxilios psicológicos, criminalística y criminología, con aplicaciones forenses, atención a la víctima, ejecución de órdenes de protección y entrevista con Perspectiva de Género.

El Grupo de Asuntos de Género dependiente de la Agencia de Investigación Criminal, se encargará de las investigaciones, análisis criminal, atención y seguimiento de aquellos delitos derivados de la violencia de género, en coordinación con las demás áreas operativas y en apoyo al Ministerio Público en la entidad.

La Fiscalía General del Estado de Morelos, reafirma el compromiso social de trabajar a favor de los sectores más desprotegidos o vulnerables y es la atención a la mujer una de las prioridades del trabajo desarrollado por la Institución.

*El gobernador de Morelos se niega a ampliar el presupuesto del TEE

Estrella Pedroza

El Tribunal Estatal Electoral (TEE) presentó un Juicio Electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y de la secretaria Hacienda, Mónica Tomasaz Merino, por su negativa a otorgar una ampliación presupuestal para garantizar la justicia en el proceso electoral.

Lo anterior, fue informado por Martha Elena Mejía, presidenta magistrada del TEE, y precisó que están solicitando la cantidad de 11 millones de pesos.

Este lunes el TEPJF lo  admitió  e inició el análisis.
También giró solicitud de informes a los demandados para poder integrar el expediente y poder resolver al respecto.

Por el delito de Evasión de Preso, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos logró que fuera dictada una sentencia de tres años de prisión contra un custodio que facilitó la huida de un hombre sentenciado, el cual estaba hospitalizado en el IMSS de Plan de Ayala en Cuernavaca.

Luego de que el pasado 12 de febrero se dictara sentencia condenatoria contra Martín “N”, el 19 de febrero de 2021, los juzgadores determinaron que el custodio deberá pasar tres años en prisión por el delito de Evasión de Preso, ya que incumplió con sus funciones de garante y cuidado de una persona privada de la libertad y su omisión causó que se fugara.

Los hechos por los que fue juzgado el custodio ocurrieron la madrugada del 26 de noviembre de 2019, cuando César “N” sentenciado a 15 años de prisión por robo de vehículo logró escapar mientras era vigilado por Martín “N”, quien no dio aviso de inmediato a sus superiores.

De acuerdo a los videos presentados por el agente del Ministerio Público, el prófugo no estaba asegurado con esposas o algún otro mecanismo de seguridad y llevaba puesta una camisola con un logotipo en su parte posterior con la leyenda “custodio”, por lo que pudo escapar fácilmente.

Tras el análisis realizado por los jueces, determinaron dictar sentencia condenatoria de tres años de prisión contra el custodio, dejando a salvo los derechos del sentenciado para que los haga valer.

Francisco Hurtado Delgado

Regularmente muchas de las autoridades electas, cuando ejercen el cargo salen a relucir muchas ilegalidades cometidas durante la campaña que hicieron para poder lograr su triunfo. Pero con la impunidad que gozan, después de haber concluida la cadena impugnativa, ya no es posible revertir el triunfo, toda vez que, fue emitida la última sentencia y es entregada la constancia de ganador. Entonces cabe preguntarse ¿Quedará impune la ilegalidad dada a conocer cuando ya es autoridad en funciones?

Con base al Semanario Judicial de la Federación, un hecho o prueba superveniente es “aquella que ocurre con posterioridad a la fecha en que se formula la demanda o la contestación en la etapa procesal correspondiente, más no aquel que ya había acaecido, aunque era ignorado por la parte que se cree beneficiada por el mismo.”

En materia electoral, suele ser una constante en muchos actores de que una vez que ya gobiernan, salen de las cañerías todas las violaciones cometidas a la ley que infringieron con tal de llegar al poder. Presidentes de la república, Gobernadores, Presidentes municipales y legisladores, con posterioridad a la unción del cargo se conocen todas sus chapucerías, pero como ya fueron agotadas todas las instancias de administración de justicia, quedan impunes y gobiernan de todas maneras.

Deben modificarse en su momento las leyes en la materia, para poder sancionar e incluso hasta con cárcel a todas las personas que utilizaron trampas para ser gobernantes, sin que el fuero sea un inconveniente para juzgarlo al momento que son encontradas las irregularidades y que son evidentes a todas luces. Además no debe ser una sanción económica, en virtud que lo ven como negocio, llegar al poder y pagar la sanción mínima ante el gran poder económico del erario que tienen a su disposición y sobre todo que las circunstancias son diversas ya en ese momento.

He insistido, que mientras la corrupción no sea erradicada, la impunidad seguirá creciendo, en el caso particular que se analiza, la democracia se verá prostituida, aunque suene fuerte, pero tenemos que decirles a las cosas por su nombre. Tenemos que alzar la voz y exigir ser cero tolerantes a este mal y cáncer que cada vez crece más y más, dañando a nuestra vida democrática, pero, sobre todo, a la sociedad.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ratificó la vinculación a proceso que un juez concedió a la Fiscalía Anticorrupción de Morelos contra tres empleados del Ayuntamiento de Cuernavaca imputados por el presunto delito de cohecho.
Como se recordará, el pasado 7 de agosto de 2020, personal de la Fiscalía Anticorrupción detuvo en flagrancia a los servidores públicos, quienes presuntamente le exigieron 200 mil pesos al propietario del establecimiento “Autoexplanda Cuernavaca”, para no clausurarlo.
En tanto, al considerar que la agente del Ministerio Público aportó los datos de prueba suficientes, un juez vinculó a proceso a Brian “N”, Emmanuel “N”y Miguel Ángel “N”, sin embargo, la defensa de los imputados interpuso un recurso de apelación con la intención de revertir la decisión del juzgador.
Sin embargo, este día, 11 de febrero de 2021, los magistrados del TSJ, Elda Flores León, Norberto Calderón Ocampo y Ángel Garduño González -quien fue ponente en este caso- ratificaron por unanimidad la vinculación a proceso contra los antes mencionados.
Esto debido, a que los magistrados consideraron que la formulación de imputación fue realizada de forma clara y precisa en cuanto a circunstancia de tiempo, modo, lugar y forma, en tanto, que se presentaron los datos de prueba y argumentos suficientes para que se dictara vinculación a proceso.
Es preciso señalar, que el pasado 1 de diciembre, la Fiscalía Anticorrupción logró vinculación a proceso contra el presidente municipal de Cuernavaca, Francisco Antonio «N» y el subsecretario de Protección Civil, Gonzalo «N», ambos por presuntamente ser coautores materiales del delito de Cohecho, derivado una investigación relacionada con una denuncia asentada en la carpeta de FECC/289/2020-08.

Mientras que desde el 27 de noviembre, día en que fueron imputados por la Fiscalía Anticorrupción ambos servidores públicos, el subsecretario de Protección Civil quedó recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, ante la solicitud realizada al Juez por la agente del Ministerio Público, debido a que presuntamente uno de sus escoltas amenazó de muerte a la víctima.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, y el comisionado estatal de Seguridad Pública, Almirante José Antonio Ortiz Guarneros, se reunieron de manera virtual con las y los 36 presidentes municipales, con el objetivo de dar seguimiento a las acciones referentes al convenio de Mando Coordinado Policía Morelos, firmado el pasado 13 de marzo del 2019.

Durante las reuniones que se llevaron a cabo de manera virtual, las y los alcaldes manifestaron la intención de continuar con el Mando Coordinado Policía Morelos, a fin de tener una policía a la vanguardia y con las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones y dar una respuesta contundente al fenómeno delictivo.

Indicó que el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, no ha obligado a ningún municipio a permanecer en el Mando Coordinado Policía Morelos, ni a someterse de forma unilateral a una estrategia en materia de seguridad pública.

Por el contrario, la intención, explicó Pablo Ojeda a las y los presidentes municipales, es trabajar en conjunto y sin colores entre Gobierno del Estado y ayuntamientos, para fortalecer y dignificar a la policía.

En presencia también del subsecretario de Gobierno, Mauricio Robles Cortés, Pablo Ojeda reconoció la disposición de los municipios de sumar esfuerzos para hacer frente a quienes han atentado contra la paz social en Morelos.

En su intervención, José Antonio Ortiz Guarneros expresó “es evidente que aún hay mucho por hacer, se requiere de un gran esfuerzo para fortalecer la comunicación y coordinación Estado – Municipios, requerimos que ustedes como alcaldes se involucren más en el fortalecimiento de su policía municipal, cuentan con nuestro apoyo y por el bien de todos, no politizar la seguridad pública”.

Ortiz Guarneros reiteró su compromiso en facilitar la realización de un pre filtro en la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad Pública, sin costo alguno a todos los interesados a integrarse a la policía por parte de los municipios, lo que evitará realizar un gasto extra.

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos logró que un tribunal de enjuiciamiento dictara sentencia condenatoria contra un custodio acusado del delito de Evasión de Preso, ya que presuntamente facilitó la huida de un hombre sentenciado.
El viernes 12 de febrero de 2021, los jueces dictaron sentencia condenatoria al considerar que el agente del Ministerio Público acreditó la participación de Martín “N” en la comisión del delito señalado, ya que se comprobó que incumplió con sus funciones de garante y cuidado de una persona privada de la libertad y su omisión causó que se fugara.
Presuntamente, el enjuiciado descuidó la vigilancia de un reo hospitalizado en la cama 1024 del piso 10 de la clínica número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicada la avenida Plan de Ayala de Cuernavaca, quien se fugó la madrugada del 26 de noviembre de 2019.
Durante el juicio, el Ministerio Publico presentó videos, testimonios, peritajes y documentales, los cuales determinaron, entre otras cosas, que el reo careció de la adecuada vigilancia que establecen los reglamentos penitenciarios, lo cual facilitó su huida.
En los videos presentados, se observó que el preso -sentenciado a 15 años de prisión por robo de vehículo- no estaba asegurado con esposas o algún otro mecanismo de seguridad y llevaba puesta una camisola con un logotipo en su parte posterior con la leyenda “custodio”.
En tanto, que al momento de la fuga, Martín “N” no dio aviso inmediato a sus superiores y se limitó a buscar a César “N” sólo por cinco minutos en el piso número 10.
Por ello, el tribunal de enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria contra el custodio y señaló como fecha para la individualización de sanción, el día viernes 19 de febrero de 2021.
La Fiscalía Anticorrupción refrenda su compromiso para seguir trabajando arduamente con autonomía, independencia, eficacia, transparencia y honestidad; y refrenda su compromiso de imparcialidad en el ejercicio de sus atribuciones.

*El pleno consideró que, dado el carácter de su investidura y atribuciones, debe atender una mayor exigencia a fin de cumplir su deber de abstención durante los procesos comiciales.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó, por unanimidad de votos, la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, atribuible a Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos, por su asistencia a un evento proselitista de Daniel Andrade Zurutuza, entonces candidato a presidente municipal de Huejutla, Hidalgo, durante el proceso electoral local 2019-2020.

Lo anterior, luego de las denuncias realizadas por el Partido Acción Nacional (PAN) por la participación del mandatario estatal en el evento de cierre de campaña del otrora candidato, lo cual pudo generar presión o influencia indebida entre el electorado, dado el contexto de la realización del evento y por la naturaleza de las atribuciones conferidas constitucional y legalmente al mencionado gobernador. Por otra parte, se le atribuyó responsabilidad indirecta al entonces candidato Daniel Andrade, por lo que se le impone una multa.

Este asunto contó con el voto concurrentes del magistrado Luis Espíndola, relacionado con la implementación de requerimientos para obtener mayores elementos para determinar el uso de recursos públicos, así como de la implementación del régimen de imposición de sanciones de servidores públicos, así como de la magistrada Gabriela Villafuerte respecto a la calificación de la gravedad de la sanción impuesta en el asunto y sobre el uso indebido del recurso público.

Por otro lado, se resolvieron tres asuntos relacionados con la difusión, durante el proceso electoral federal en curso, de promocionales en radio y televisión, dos de los cuales fueron promovidos por el PAN contra MORENA por actos anticipados de campaña, calumnia y uso indebido de la pauta. Para sendos procedimientos, el pleno resolvió, por unanimidad, la inexistencia de las infracciones, toda vez que el contenido de los spots denunciados, identificados como «PASADO DE BC» y «SALARIO MÍNIMO», es de carácter genérico, amparado en la libertad de expresión, que permite la comparación de posturas políticas y propicia el debate, sin hacer un llamado expreso a votar por MORENA o en contra del PAN.

El tercer asunto atendió la denuncia hecha por MORENA contra Movimiento Ciudadano por la difusión del spot denominado «CAMBIOS» en el que, según al partido quejoso, se realizan acusaciones calumniosas y hace un llamado al voto por el partido denunciado. La Sala Especializada, declaró, por unanimidad, la inexistencia de calumnia y actos anticipados de campaña.

El magistrado presidente Rubén Lara emitió votos razonados para los tres asuntos, en tanto la magistrada Gabriela Villafuerte lo hizo para el tercer asunto, respecto al mensaje directo al empoderamiento y reconocimiento de las mujeres.

Finalmente, el pleno de este órgano jurisdiccional resolvió que Manuel Hernández Badillo y José Guadarrama Márquez, entonces precandidatos al Senado de la República por el PRD en Hidalgo, son responsables por no retirar la propaganda de precampaña que usaron en el pasado proceso electoral federal 2017-2018, en los plazos que marca la ley.

Por considerar que el juez de Distrito se extralimitó en sus funciones y valoró en perjuicio del Congreso y de la víctima en el caso del procedimiento de formación de causa contra un diputado local, José Casas impugnó la resolución que otorgó la suspensión a favor de Marcos Zapotitla.

Por lo que, luego de verificar las distintas presuntas omisiones en que ha incurrido el director jurídico del Congreso local, Gerardo Florentino Galindo, señaló que será la Mesa Directiva y la Junta Política la quienes deberán determinar la continuidad o no de este abogado.

Además, señaló que de igual manera, han incurrido en omisiones desde la Dirección Jurídica en el caso de Juicios de Amparo de la Comisión del Trabajo y demás juicios en los que se ha tenido que pagar multas ante el desempeño de los abogados.

Por último señaló, que ya informó al Gobernador del Estado Cuauhtémoc Blanco Bravo, sobre la inminente judicializacion de la carpeta en contra de la titular de la Contraloría y será él quien deberá determinar si la separa o no de su cargo, sin antes dejar de señalar, que es una causal de juicio político mantenerla aún sin contar con los requisitos que la Constitución exige.