La diputada Rosalina Mazari Espín, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa de Decreto que pretende reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, para crear un Registro Estatal de Agresores Sexuales.

«Este registro servirá para que quien cometa este tipo de conductas pueda quedar en una base de datos pública, que pueda ser consultada por todos para evitar más agresiones sexuales contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Ya no más agresores sexuales, que salten de estado a estado, recorriendo todo el  país y cometiendo este tipo de hechos delictivos que quedan en la impunidad», explicó.

La legisladora expuso que el PRI en todos los Congresos locales, al igual que en Morelos, replicará esta iniciativa a la que han denominado  #LeyQuemón y que es un esfuerzo que corresponde a la lastimosa situación que viven niñas, niños, adolescentes y mujeres, según las cifras de organizaciones mundiales que son verdaderamente alarmantes.

Destacó que “en materia de violencia sexual, Morelos aún no cuenta con un sistema que permita consultar la situación jurídica de los agresores sexuales y, es muy importante resaltar que se hace referencia solamente a las personas que han sido condenadas con sentencia firme por alguno de los delitos sexuales tipificados en el Código Penal para el Estado de Morelos, entre los que se encuentran hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, turismo sexual, estupro, violación, entre otros”.

Su propuesta busca adicionar un Capítulo III denominado “DEL REGISTRO ESTATAL DE AGRESORES SEXUALES” al Título Quinto de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el cual se establece al Registro Estatal como un mecanismo de información pública, operado por el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

“Ante una nueva realidad, donde el ciberespacio no sólo constituye un medio de comunicación fundamental, sino también un facilitador para la comisión de delitos sexuales, la implementación de este Registro Estatal de Agresores Sexuales coadyuvará en la creación de un sistema punitivo más efectivo en Morelos, proporcionado y disuasorio; máxime, ya que la experiencia internacional señala que la obtención y almacenamiento de datos sobre delincuentes condenados por delitos sexuales contra mujeres y menores de edad ha logrado avances importantes en estos objetivos”, finalizó.

Según la Organización Mundial de la Salud se estima que 120 millones de niñas han tenido algún tipo de contacto sexual contra su voluntad antes de cumplir los 20 años, mientras la Organización de las Naciones Unidas indica que 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo han sufrido violencia física y/o sexual; 7 de cada 10 mujeres son violentadas y 1 de cada 5 se convertirá en víctima de violación o intento de violación; cuando se trata de acoso sexual, las cifras incrementan considerablemente.

Destacó que en México, la violencia en contra de grupos vulnerables se mantiene en las sombras y solamente en contadas ocasiones llega hasta las autoridades judiciales, según revela el estudio realizado por la organización civil México Evalúa, en el segundo semestre de 2019 se observa que el 99.7% de los delitos de violencia sexual contra mujeres no fueron denunciados.

Indica que más de 6 millones de mujeres fueron víctimas de delitos de violencia sexual durante el segundo semestre de 2019 y México concluyó ese como el año más violento en la historia reciente del país, además que se rompió un nuevo récord de casos de violencia sexual infantil al haberse registrado, hasta el mes de noviembre, 3 mil 461 denuncias.

La diputada Rosalina Mazari precisó que, en Morelos, de enero a octubre de 2019, algunos de los delitos contra la seguridad sexual mostraron un incremento en comparación al año anterior, tal es el caso del abuso sexual, el cual aumentó cerca del 8.5%.

Otro de los delitos de carácter sexual en que se vio un incremento fue el de violación equiparada, el cual de acuerdo con las estadísticas, en 2019 fue del 40% en comparación con los registros proporcionados por el Secretariado Ejecutivo en 2018, precisó.

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos ganó un recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de una juez de dejar fuera un testimonial y una pericial en informática presentadas en el caso que se sigue contra un policía municipal de Amacuzac, por Delitos Cometidos por Servidores Públicos, ya que presuntamente favoreció a una empresa de grúas, la cual intentó hacer un cobro excesivo al operador de un de un tráiler

La Sala del Segundo Circuito Judicial con Sede en Jojutla del Tribunal Superior de Justicia de Morelos ordenó la modificación del auto de apertura a juicio oral de fecha 17 de marzo de 2020, relacionado con la causa penal JCJ/466/2019, para que se tengan por admitidos el testimonial de una persona y una pericial en informática.

Como se recordará la Fiscalía Anticorrupción obtuvo el auto de apertura a juicio oral en contra de Margarito “N”, policía municipal de Amacuzac, el pasado 17 de marzo. La Agente del Ministerio Público solicitó una sanción contra Margarito “N” con una penalidad de ocho años por la presunta responsabilidad en la comisión de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

Margarito presuntamente está relacionado con los hechos ocurridos el pasado 31 de mayo de 2019, cuando el conductor de un tráiler que circulaba a la altura del poblado de Casahuatlán, solicitó los servicios de la empresa Grúas Núñez, la cual le cobraba una cantidad de dinero excesiva por remolcar su unidad.

Al negarse a realizar el pago, el personal de las grúas solicitó apoyo de la Policía de Amacuzac, a efecto de garantizar el pago solicitado. Al llegar, los policías se llevaron detenido al chófer y aproximadamente 18 horas después, el tráiler fue puesto a disposición del Ministerio Público en turno de Jojutla, estableciendo presuntos datos falsos en el Informe Policial Homologado.

En la mayoría de formas de lenguaje y expresiones que predominan en nuestro vocabulario se construyen y refuerzan estereotipos de género que llevan a la violencia contra nosotras las mujeres, aunque muchas veces no se quiera reconocer por parte de quienes ejecutan tales acciones

Tras externar su compromiso para generar una relación de respeto entre hombres y mujeres en un ambiente de igualdad entre los sectores públicos, privados y la base trabajadora, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruíz, presentó una iniciativa que busca implementar un lenguaje incluyente en la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos.

En el texto de su propuesta la coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, destacó la necesidad de “hacer cumplir con lo que nos corresponde en materia de inclusión igualdad y respeto a los derechos las mujeres dentro del marco de legalidad y sin excesos únicamente apegándonos a lo previsto por la norma”.

Subrayó que su compromiso es impulsar instrumentos legales encaminados a que se respete, reconozca y respalde la lucha en contra de la violencia de género que por años han encabezado asociaciones civiles, activistas y demás, para que se reconozcan los espacios y nombramientos de muchas mujeres, ganados a base trabajo, esfuerzo, empeño y dedicación.

La legisladora petista precisó que dentro de los entes gubernamentales o privados aún no se ha podido del todo afianzar los derechos de igualdad entre la mujer y el hombre y recordó que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, habla de la igualdad de la que gozamos entre mujeres y hombres.

Tania Valentina aseguró que “en la mayoría de formas de lenguaje y expresiones que predominan en nuestro vocabulario se construyen y refuerzan estereotipos de género que llevan a la violencia contra nosotras las mujeres, aunque muchas veces no se quiera reconocer por parte de quienes ejecutan tales acciones de violencia y discriminación” por lo que destacó que el lenguaje incluyente de sebe aplicar de manera escrita, verbal y practica para que no solo se quede en letra muerta.


Es totalmente falso que la Fiscalía Anticorrupción este hostigando e intimidando a ese órgano de fiscalización

En cumplimiento de una orden cateo concedida por un Juez de Control, esta mañana, personal de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos realizó una diligencia en las instalaciones Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), respetando lo establecido en el artículo 282 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En tanto, el fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, rechazó categóricamente los señalamientos hechos en contra de la Fiscalía a su cargo por parte de la encargada de despacho de la ESAF, América López Rodríguez, sobre la ejecución del cateo.

“Es totalmente falso que la Fiscalía Anticorrupción este hostigando e intimidando a ese órgano de fiscalización; el cateo se llevó a cabo en cumplimiento a una orden librada por un juez, integrante del Poder Judicial, que es un órgano totalmente autónomo”, puntualizó el fiscal Juan Salazar, mediante un videomensaje.

Recordó que la autorización de cateo es consecuencia de la reiterada decisión de la ESAF de negarse a entregar información que la Fiscalía Anticorrupción de Morelos le ha solicitado. Y rechazó que se hayan utilizado armas de fuego en el cateo y respetando el debido proceso llevó a cabo el aseguramiento únicamente de los objetos autorizados por el Juez.

Derivado de las múltiples negativas, evasivas y omisiones a los requerimientos de información realizados por la Fiscalía Anticorrupción, hoy se llevó a cabo la diligencia de cateo relacionada con la causa penal JC/1051/2020 autorizada por un Juez.

Cabe señalar que ningún elemento de la Fiscalía Anticorrupción que participó diligencia, portaba armas de fuego y tampoco se utilizó la fuerza.

• El Juez otorgó dos meses para el cierre de la investigación

Ante los contundentes datos de prueba y sólida argumentación de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos un policía de Yautepec fue vinculado a proceso por el delito de Abuso de Autoridad.

Como se recordará, el policía José Iván “N” fue imputado ya que presuntamente golpeó y amenazó a un hombre al subirlo a su patrulla, hechos asentados en la carpeta de investigación FECC/035/2019.

A solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, el juez otorgó dos meses para el cierre de la investigación relacionada con la causa penal JCC/564/2020.

De acuerdo a la denuncia, la patrulla 0764 de la Policía Municipal de Yautepec, tripulada por dos agentes, arribó alrededor de las 11:30 horas del 10 de marzo de 2019, al parque acuático Six Flags Hurricane Harbor, luego de que la víctima solicitara el auxilio, ya que tuvo una discusión con personal del establecimiento.

Sin embargo, el denunciante fue llevado ante el Juez Calificador y durante el trayecto, presuntamente fue golpeado por el imputado, por lo que decidió iniciar la querella.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) no ha informado al Congreso sobre el cumplimiento en la instalación del Consejo de Seguridad Privada en la entidad, ni sobre las evaluaciones toxicológicas, psicológicas, físicas y médicas a estos prestadores de servicios.

La diputada Tania Valentina exhortó al titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública a presentar ante el Congreso de Morelos, un informe sobre la implementación de la nueva Ley de Seguridad Privada en la entidad, ya que a la fecha se desconoce si el Consejo de Seguridad Privada del Estado, que establece el artículo 54 del citado ordenamiento, ya fue instalado, cómo fueron electos sus integrantes y quiénes están ejerciendo dichos cargos de quienes entre sus funciones serían las de consulta y opinión hacia la misma Comisión.

Recordó que uno de los temas que más le ocuparon para votar a favor el referido dictamen, fue que la CES-MORELOS tuviera la capacidad para verificar en cualquier momento, que a los prestadores de servicios de seguridad privada, se les practiquen las evaluaciones correspondientes ante el Centro de Estudios de Control y Confianza, o en instituciones privadas con reconocimiento oficial, para acreditar que no hacen uso de sustancias psicotrópicas, enervantes o estupefacientes y que cubren con el perfil físico, médico, ético y psicológico necesario para realizar las actividades del puesto a desempeñar.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, señaló que dichas evaluaciones quedaron establecidas como obligación legal en el artículo 52 “sin que hasta la fecha conste a esta Soberanía, que al menos ya se les haya practicado una sola evaluación, situación particularmente grave, pues nuestro deber como diputados es con la sociedad y la garantía de prestación de servicios de seguridad privada de calidad”.

En su exhorto, Tania Valentina puntualizó que a pesar de haber quedado como mandatos de Ley y a casi un año de su aprobación, el Congreso de Morelos no ha sido informado al respecto, situación que “deja muy mal parada a esta Soberanía ante el Pueblo de Morelos, puesto que la principal demanda de los usuarios de este tipo de servicios, es contar en sus fraccionamientos, casas, escuelas y empresas, con personas honestas, seguras y confiables, que hayan acreditado los exámenes de control y confianza correspondientes”.

Lic. Marco A. Mastache Espinosa

Un análisis del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Se analiza, si el imputado puede obtener la libertad durante la investigación que realiza el Ministerio Público o Fiscal, ello tomando en consideración lo que establece el artículo 140, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que textualmente dice: “en los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por este Código”. [1]

Observemos, que el segundo párrafo del artículo 149 del Código Nacional, contempla una facultad discrecional a favor de la fiscalía para disipar, ante los supuestos de no prisión preventiva oficiosa, la forma en que habrá de conducirse a proceso al imputado que fue detenido en flagrancia, para lo que habrá de elegir si el ejercicio de la acción penal lo hace bajo puesta a disposición con detenido (artículos 308 y 309) o bien si realiza solicitud de audiencia inicial sin detenido (310). [2]

Sin embargo, la experiencia da noticia que realmente la fiscalía opta, por lo contrario, pues amparada normativamente en su potestad de discernimiento (derivado de la palabra “podrá” que contempla el artículo 140 del referido código adjetivo), en gran número de casos, elije que la conducción del imputado al proceso acontezca mediante ejercicio de la acción penal con detenido. [2]

Si bien esto último es óptimo, pues la solicitud de prisión preventiva debe acontecer realmente en casos excepcionales, también lo es que es una mala práctica restringir la libertad personal durante todo el plazo (48 horas) de retención ministerial, cuando no exista riesgo procesal gravoso que se tenga que neutralizar, pensemos, al no existir peligro máximo de sustracción a la acción de la justicia. [2]

Estos casos son los que hacen válido, en que no obstante no existir un pronunciamiento previo sobre la suposición razonable de la intervención del imputado (estándar internacional sobre apariencia del buen derecho), acontezca el debate de medidas cautelares, pues por virtud de los principios de mínima intervención y excepcionalidad, la regla general es que se opte por medidas cautelares menos gravosas que la prisión preventiva.

Ahora, por regla general, la detención de una persona señalada como participe en la comisión de un delito, debe ser precedida por una orden de aprehensión; no obstante, se prevén los casos de flagrancia y urgencia.

Con el objeto de establecer los supuestos constitucionales que justifican una afectación al derecho humano de la libertad personal, es menester citar sobre la detención en flagrancia a la luz del artículo 16 párrafo 10 Constitucional, que contempla: “ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal”. [3]

La hipótesis de flagrancia cuando una persona es detenida por agentes de alguna autoridad del Estado o cualquier otra persona, en los casos siguientes: 1) al momento de cometer un delito o 2) inmediatamente después de haberlo cometido; la detención por caso urgente sólo será válida a) si el Ministerio Público emite una orden de detención donde se expresen los indicios que la motivan, b) que no se pueda acudir ante la autoridad judicial por hora, lugar o circunstancia, c) que exista el riesgo fundado de que la persona pueda escapar de la justicia y d) se trate de delito grave, de ahí que, si no se actualizan todos los elementos referidos para justificar la detención por caso urgente, la afectación de la libertad personal es ilegal y arbitraria.

En este sentido considero, que en aquellos casos de detención en la comisión flagrante de delito y que éstos no merezcan prisión preventiva oficiosa acorde al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. [3]

¿Existen controles sobre las decisiones del ministerio público cuando tiene detenidos en la comisión flagrante de delito y que éstos no merezcan prisión preventiva oficiosa?

Cabe pensar, sin embargo, que el MP se ampara en su potestad de discernimiento derivado de la palabra “podrá”, cuando sí puede optar para disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección.

Cabe entonces preguntarse, ¿el Ministerio Público a propósito viola el derecho a la defensa para tener el control sobre la libertad del imputado?

El contratiempo del abogado defensor (particular) en la investigación, inicia cuando el Ministerio Publico, niega el acceso a la carpeta de investigación a la defensa, pues aun cuando dicho defensor puede tener acceso para saber, aventuradamente, la situación del detenido, por ejemplo, si merece la libertad durante la investigación (CNPP 140).

No obstante, si persiste la negativa del MP, el defensor puede solicitar la declaración ministerial de su cliente (Const. 20, b, Frac. VI).

Sucede en la práctica que el ministerio público puede manipular a la defensa particular para declarar o no al imputado, que realmente declarar o no, no importa, lo que importa es tener acceso a la carpeta de investigación para saber la situación del detenido y si merece su libertad durante la investigación. La única manera de tener acceso a la carpeta de investigación, es en esa diligencia de declaración ministerial. Pero, ocurre en la práctica qué el MP confunde que él decide si declara al imputado o no (Es derecho del imputado no del MP, 114 CNPP)

¿Pensemos en un momento qué el MP deje en libertad al imputado las primeras horas conforme al artículo 140 del CNPP? Situación LEGAL que nunca hará por convicción propia, pues (según él) pierde el poder de lo siguiente: 1) el poder sobre la investigación, digo según él, porque ya no estamos el sistema inquisitivo. La investigación ahora es sin formalidades; 2) todo lo que haga no tiene valor sino es ante un Juez. Sin embargo, puede seguir investigando sin necesidad de retener al imputado.

A mi modo de ver, existe una falacia que el MP puede detener para investigar, para mí, no es así; ya que no necesita al detenido para investigar, puede investigar sin él. Tales investigaciones no son necesarias ni dice la ley que para practicarlas debe estar detenido el imputado. Además, el MP tiene la facultad de imponer una medida de protección (prevista en el artículo 137, fracción V del CNPP) o apercibir al imputado con imponerle medidas de apremio en caso de desobediencia injustificada.

Debemos tener en cuenta que las 48 horas no es una restricción al 16 Constitucional, pues no dice que sea una excepción, además las 48 horas son el máximo si se pide prisión preventiva ¿Pero si no se va a pedir? Pues en ese caso las 48 horas no tienen nada que ver (si es libertad por el 140 del CNPP no tiene que ver las 48 horas). Además, que la interpretación más favorable es del detenido no para el MP. (1 Constitucional)

En el caso que, por ejemplo, la presunción de inocencia con respecto a la carga probatoria, quien tiene que acreditar es el MP, no el imputado, por lo que si no tiene como desmentir que no hay motivo para retenerlo tanto tiempo (y que alcance a probar) se le debe dar la razón al detenido. (20 aparatado A fracción V de la Constitución).

Cabe concluir que, en mi caso hay dos maneras de acceder a la carpeta de investigación, la primera es la diligencia de declaración ministerial, la segunda es promover un amparo indirecto. Los efectos que se busca en el juicio de amparo, es un cambio de situación jurídica. De entrada, solicitar la suspensión del acto reclamado que es la incomunicación, si logramos tener comunicación con el imputado sabremos si merece libertad por el 140 o no.

Por último, nunca permitir al MP, que manipule la defensa particular.

[1]. Véase. Código Nacional de Procedimientos Penales vigente.

[2]. Alanís García, José Rogelio, otros. Código Nacional de Procedimientos Penales, en perspectiva reflexiones desde la Judicatura, P. 62.

[3]. Véase. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente.

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*Continuará proceso contra ex funcionarios por planta valorizadora de residuos que se construiría en Jiutepec, la cual no terminó de ser construida y nunca funcionó

Una jueza federal declaró procedente y de competencia del fuero común, el proceso que la Fiscalía Anticorrupción lleva contra la ex secretaria de Obras Públicas de Morelos y otros ex funcionarios de la pasada administración estatal, relacionado con la construcción de una planta valorizadora de residuos, ubicada en Jiutepec, por la que se pagaron 34 millones de pesos, la cual no fue terminada, ni se encuentra activa, por lo que presuntamente causaron afectaciones al Estado.

Una juzgadora de la Federación resolvió improcedente la petición de incompetencia por inhibitoria realizada por la defensa de la ex secretaria Patricia “N”,  Lucero “N” ex directora de Obras Públicas y Marco “N” ex supervisor de obra, ya que la Fiscalía Anticorrupción atribuyó la omisión de los ex funcionarios de no enterar a sus superiores jerárquicos que al no construir la planta de valorización, se afectarían los intereses del Estado.

La Agente del Ministerio Público expuso que los ex funcionarios públicos presuntamente incurrieron en el delito de Ejercicio Ilícito del Servicio Público, contemplado en el artículo 271 del Código Penal del Estado de Morelos, fracción III.

El proyecto de la planta valorizadora no cumplía con la estrategia de gestión integral de residuos de Morelos, ya que a pocos metros del predio hay criaderos de peces y los líquidos lixiviados que genera la basura, y que contaminarían la tierra.

La construcción de la planta no se terminó y nunca se echó a andar, por lo que no se resolvió la problemática de la basura en el la zona y afectó los intereses del Estado.

*La Fiscalía Anticorrupción de Morelos solicitará 15 años de prisión, destitución e inhabilitación para ocupar cualquier cargo público

Un Juez de control decretó auto de apertura a juicio oral en contra de un custodio del penal de Atlacholoaya, imputado por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos por el delito de Evasión de Preso, ya que presuntamente descuidó la vigilancia de un reo que estaba hospitalizado la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de donde se fugó la madrugada del 26 de noviembre de 2019.

En audiencia intermedia, un Juez admitió 23 medios de prueba presentados por la Fiscalía Anticorrupción, entre los que se encuentran 13 testimoniales, dos periciales, cinco documentales y tres documentales científicas y decretó auto de apertura a juicio oral, relacionado con la causa penal JC/1545/2019.

Como se recordará, el pasado 28 de noviembre, la Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo diligencias ministeriales, después de las cuales puso a disposición del Juez de Control al custodio Martin “N”, por la presunta comisión del delito de Evasión de Preso.

El Ministerio Publico recabó videos, testimonios, peritajes y documentales, los cuales determinaron, entre otras cosas, que el reo careció de la adecuada vigilancia que establecen los reglamentos penitenciarios, lo cual facilitó su huida estando internado en la cama 1024 del piso 10 del hospital del IMSS de la avenida Plan de Ayala de Cuernavaca.

También se observó en los videos del hospital que el preso, sentenciado a 15 años de prisión por robo de vehículo, no estaba asegurado con esposas o algún otro mecanismo de seguridad; que llevaba puesta una camisola con un logotipo en su parte posterior con la leyenda “custodio”, y tenía puestos unos tenis.

De los elementos recabados, también se puede apreciar que el custodio no dio aviso inmediato a sus superiores y se limitó a buscar a César “N” por cinco minutos sólo en el piso 10.

Cabe señalar que la Fiscalía Anticorrupción solicitará como pena, 15 años de prisión, destitución del cargo e inhabilitación para ocupar cualquier cargo público. De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada, tiene derecho a «A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa».

• Se desarrollará un programa intenso en capacitaciones para fortalecer a las Unidades de Transparencia y el cumplimiento de la Ley local.

Con la intención de fortalecer las competencias de las unidades de transparencia, propiciar el cumplimiento de las obligaciones que marca la Ley de Transparencia, así como consolidar la cultura del acceso a la información, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y las administraciones municipales y la sociedad civil organizada, firmaron convenio de colaboración.

Ante alcaldes de Morelos y la presencia del director general del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos (IDEFOMM), Enrique Alonso Plasencia y la presidenta de la Junta de Gobierno del IDEFOMM, Luz Dary Quevedo Maldonado, la comisionada presidenta del IMIPE, Dora Ivonne Rosales Sotelo, expresó que para el Órgano Garante de Transparencia son primordiales los acuerdos y mecanismos pro activos, que orienten y reconozcan el trabajo de los Sujetos Obligados.

“… con la suma de esfuerzos de los alcaldes buscamos un compromiso bipartita que permita que la sociedad esté informada, que conozca y se empodere del derecho a saber; que reconozca la utilidad de la información y que los que están al frente de las instituciones generen y repliquen buenas prácticas como parte de un mecanismo cotidiano y democrático”, apuntó Rosales Sotelo.

El convenio firmado entre los involucrados, contempla capacitaciones, orientación y seguimiento personalizado a los Sujetos Obligados por parte del IMIPE, en cuatro ejes principales: El cumplimiento de las obligaciones de transparencia, la adecuada gestión documental, la protección de datos personales y la capacitación a los servidores públicos en temas referentes a gobierno abierto y buenas prácticas, así como las herramientas tecnológicas que faciliten la labor de publicar los datos estipulados por la Ley de Transparencia

Como testigo de honor de dicho convenio, asistió el presidente de la Asociación Civil Reconstruyendo Morelos (REMO), Jorge Mátar Vargas, quien aseveró que el tema de transparentar y poner a disposición de la ciudadanía la información que sostiene las decisiones del gobierno es un acto de voluntad y buenos principio de quienes nos gobiernan, y responsabilidad de los usuarios el adquirirla en beneficio del desarrollo del estado.

Los municipios que se han sumado al ejercicio de transparencia proactiva son: Atlatlahucan, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temoac, Tetecala, Totolapan, Xochitepec, Zacatepec, Coatlán del Río, Jonacatepec, Amacuzac, Tlayacapan, Talquiltenango, Miacatlán, Tlalnepantla, Coatetelco.

Asimismo, los municipios de Zacualpan de Amilpas, Yautepec y Tepoztlán, son parte de este ejercicio, al firmar también esta carta compromiso con el IMIPE.