A solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, una juezadeclaró sustraído a la acción de la justicia a Alejandro “N” ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), al no presentarse a la audiencia en la que sería imputado por Peculado.
Debido a que el abogado del ex rector de la UAEM no pudo justificar la inasistencia de éste a la audiencia programada para este martes 16 de marzo de 2021, en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, una jueza lo declaró sustraído a la acción de la justicia e instruyó a la Fiscalía Anticorrupción corroborar su domicilio para ordenar su comparecencia por la fuerza pública.
Como se recordará, el ex rector de la UAEM, presuntamente comprometió 450 millones de pesos de la máxima casa de estudios de Morelos, recursos del subsidio otorgado por el Gobierno de Morelos a la universidad, ya que los utilizaron como garantía del crédito con Banco Interacciones, pese a que estaban destinados a la política salarial, plazas de nueva creación, carrera docente, gastos de operación, desarrollo de programas y proyectos de docencia, investigación y difusión de la cultura, así como los apoyos administrativos necesarios para la prestación del servicio educativo.

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos imputó a un policía policía vial de Cuernavaca detenido en flagrancia, al momento en que presuntamente solicitaba 8 mil pesos a un transportista para no llevarse su tráiler al corralón, en tanto que, también fue señalado por otro chófer de realizar la misma acción, la cual se traduce en delito de Cohecho.
La agente del Ministerio Público presentó más de 15 datos de prueba en contra de Antonio «N», quien el pasado miércoles 10 de marzo, fue detenido por elementos de la Policía de Investigación Criminal (PIC) cuando presuntamente le exigía 8 mil pesos a un chófer, para no llevarse su vehículo al corralón.
En tanto que otro transportista señaló al mismo policía, por presuntamente pedirle dinero, pero como no accedió a darle nada, su vehículo fue remolcado al corralón.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó la imposición de firma periódica mensual y la prohibición de acercarse a las víctimas y a los testigos, como medidas cautelares contra el imputado, solicitud que fue concedida por una jueza, quién otorgó 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso.
De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada, tiene derecho a «A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa».

*Será exclusivamente para garantizar a las mujeres su derecho a una vida libre de violencia

El Ayuntamiento de Jiutepec creo la primera Policía de Género del país, para prevenir y atacar los delitos en contra de las mujeres, ya sean niñas, jóvenes y adultas, quienes tienen el derecho a una vida libre de violencia para desarrollarse a plenitud.

El Gobierno de Jiutepec puso en operación una patrulla rosa, cuyos rótulos dicen con claridad Policía de Género, que será utilizada exclusivamente para atender las llamadas de emergencia relacionadas con actos de violencia en contra de las mujeres.

Cabe señalar que Jiutepec es uno de los municipios con mayor población del estado, misma que se ubica en 67 colonias y cuatro pueblos; además, cuenta con el principal parque industrial (CIVAC) de Morelos, plazas comerciales y tiendas de autoservicio, lo que implica una alta concentración de mujeres en edad laboral.

La unidad, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, auxiliará como primer respondiente en situaciones de violencia de género hacía las niñas, jóvenes y mujeres de las 67 colonias, asi como cuatro pueblos que componen Jiutepec.

La operación de la patrulla rosa constituye una acción afirmativa de la administración municipal, con la perspectiva de dar atención prioritaria a quienes asi lo requieran. El número de teléfono en el cual la población puede solicitar los servicios es el 777-321-15-25.

El vehículo destinado a labores de seguridad para las mujeres es una camioneta doble cabina que representó una inversión de 429 mil 800 pesos, recurso proveniente del subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG) correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

*Por instrucciones del alcalde Antonio Villalobos, refuerzan vigilancia en días de asueto

Con motivo del segundo fin de semana largo del año, corporaciones de seguridad municipales, estatales y federales desplegaron el Operativo Interinstitucional ‘Benito Juárez», para reforzar la presencia en puntos clave de la capital y garantizar la seguridad de cuernavacenses y visitantes.

En dichas acciones participan elementos del Ejército Mexicano, de la Fiscalía General de la República (FGR), Subsecretaría de Protección Civil, así como de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Cuernavaca, bajo la directriz del Mando Coordinado de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

Al respecto, el jefe de la policía capitalina, Francisco Javier Calderón Medina, informó que la vigilancia se mantendrá en los límites con los municipios de la zona metropolitana, así como en las principales avenidas para inhibir conductas delictivas.

Agregó que los recorridos se realizarán por las colonias con mayor índice de incidentes, plazas comerciales, el centro histórico y zonas de concentración para reforzar los programas de prevención de Covid-19 mediante el apoyo de Protección Civil.

Calderón Medina señaló que este operativo tiene como propósito fortalecer la seguridad y exhortar a la población a evitar aglomeraciones para reducir los contagios de coronavirus.

El funcionario indicó que se trabaja de la mano con empresarios para no bajar la guardia en sus establecimientos, especialmente durante estos días de asueto, y para ello habrá supervisiones con la finalidad de verificar que cumplan con las disposiciones de la autoridad sanitaria.

Por último, hizo un llamado a reportar cualquier situación que ponga en riesgo la tranquilidad de las familias al número de emergencias 9-1-1 o al 089 mediante denuncia anónima.

• Por este caso ya estaba vinculado a proceso por Peculado
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) emitió auto de vinculación a proceso contra Francisco “N” por los delitos de Ejercicio Ilícito del Servicio Público y Ejercicio Abusivo de Funciones, como resultado de la apelación interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción, que ya había conseguido la vinculación por Peculado por el mismo caso.
El TSJ revocó la no vinculación a proceso dictada por una jueza, ya que consideró que la Fiscalía Anticorrupción de Morelos presentó los datos de prueba suficientes para que el ex alcalde fuera vinculado por los delitos antes señalados, además confirmó la vinculación por Peculado.
Como se recordará, presuntamente Francisco “N” autorizó en septiembre de 2018, la construcción del drenaje de la calle Emiliano Zapata y Otilio Montaño de la colonia 10 de abril, por un millón 330 mil pesos, cantidad que fue pagada a una empresa denominada “Materiales y Construcciones Modernas”, la cual no existe, por lo que, la obra nunca se llevó a cabo.
Ante la denuncia del Ayuntamiento de Zacatepec, la Fiscalía abrió la carpeta de investigación, inició las pesquisas e imputó al ex edil, quien tiene otras vinculaciones a proceso por distintas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

LA LIBERTAD COMO UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO
Juan Daniel Porcayo González
Después de la vida, la libertad constituye el segundo bien jurídico más preciado por el hombre; de hecho, dicho derecho se encuentra consagrado no solo en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino también en diversos tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, sin embargo, aunque dicho derecho se encuentra reconocido por nuestro sistema jurídico, paradójicamente se puede afirmar que, en México, nadie protege la libertad personal de un individuo.
Dicha afirmación se hace porque a la luz de un proceso penal, los recursos y medios de impugnación que pueden hacerse valer frente a actos privativos de la libertad contrarios a derecho, resultan en su mayoría ser ineficaces, pese a constituir lo que en el argot judicial denominamos actos de imposible reparación; en cambio, otros actos de investigación como el cateo u ordenes de aprehensión son resueltas por la autoridad judicial, con la misma prontitud con que se les solicita, lo cual, obvio es, resulta inconcuso frente a la corriente garantista imperante al interior de nuestro país.
Por ejemplo, ante la negativa de una orden de cateo se puede interponer el recurso de apelación, mismo que según nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales deberá resolverse en un plazo no mayor a doce horas contadas a partir de que sea interpuesto, representando a la postre, un acto de investigación por parte de la autoridad persecutora del delito. No obstante, si el imputado en otro supuesto, impugnará la medida cautelar de prisión preventiva justificada a través de un amparo indirecto -por ser una excepción al principio de definitividad- dicho amparo tardaría meses en resolverse por la autoridad judicial federal, luego entonces ¿Qué caso tendría ampararse contra un acto privativo de la libertad de imposible reparación? Si al final de cuentas, aunque se otorgará la protección de la justicia federal, nadie podrá regresarle al presunto responsable todo aquel tiempo que permaneció privado de su libertad al interior de un centro penitenciario y esto, por consecuencia de la demora injustificada de resolver el medio de impugnación planteado.
Ahora bien, en el amparo también se prevé la figura de la suspensión, misma que constituye una medida cautelar tendiente a paralizar el acto reclamado y restituir en algunos casos, los derechos que se aducen ser violados -actos negativos con efectos positivos-, conservando la materia del juicio de garantías; no obstante lo anterior, la propia ley de amparo en su numeral 128 establece que no serán objeto de suspensión las medidas cautelares concedidas por alguna autoridad judicial, lo cual resulta ser aún peor, bajo la lógica de que, lo que se pretende con la suspensión contra una medida cautelar -prisión preventiva- es precisamente, evitar causar un daño de imposible reparación hasta en tanto se resuelva de fondo el amparo solicitado.
Los Tribunales Colegiados de Circuito, fortalecen nuestro argumento al sostener que “…dado que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privarlos de la libertad personal que en ese momento disfrutan, sino que esa afectación también surge a la vida jurídica, con actos que determinen de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de la libertad personal o modifiquen las condiciones en que dicha privación deba ejecutarse; situación que no podría subsanarse ni siquiera con el dictado posterior de una resolución favorable”.
Por tanto, para que un recurso de apelación o el amparo contra un acto privativo de la libertad se vuelva eficaz, los órganos judiciales tendrían que resolverlo con la misma prontitud con la que resuelven actos de investigación sometidos a su jurisdicción y, tratándose de la autoridad federal, conceder al menos, la suspensión para evitar se consume un acto de imposible reparación o mejor aún, se resuelva el amparo de manera inmediata por estar en juego un derecho sustantivo, como lo es, la libertad.

• El secretario de Gobierno, el procurador de PRONAF y el consejero jurídico fijaron postura sobre las diligencias efectuadas por la Fiscalía Anticorrupción y CDHM

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, el procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia (PRONAF) del Sistema DIF Morelos, Rafael Brito Miranda, y el consejero jurídico, Samuel Sotelo Salgado, dieron a conocer postura sobre las diligencias efectuadas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA).

Pablo Ojeda refirió que del actuar del Sistema DIF y la PRONAF, no se desprende ningún acto ilegal o que haya puesto en peligro a niñas, niños o adolescentes.

Lo anterior, luego de que un juez de control del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos, determinó como ilegales los cateos realizados por parte de la Fiscalía Anticorrupción, encabezado por Juan Salazar Núñez, señalando que violaron los derechos humanos de los adolescentes al tratarlos como delincuentes, vulnerar su privacidad y cometer abuso de autoridad.

Tras destacar que es muy claro que los titulares de la CDHM y la Fiscalía Anticorrupción han hecho de este gobierno y otros actores sus enemigos políticos, el secretario de Gobierno resaltó que hacer de las niñas, niños y adolescentes, un frente de golpeteo político resulta inadmisible, intolerable y vergonzoso.

“Con esta resolución judicial, resulta muy claro, que la Comisión y la Fiscalía Anticorrupción lejos de garantizar los derechos para los que fueron creadas, vulneran derechos de los más desprotegidos y despilfarran los muy valiosos recursos a su alcance en persecuciones políticas”, expresó.

Recordó que el abuso de autoridad y el dispendio de recursos por parte de estas instituciones se ha visualizado con desplantes y abusos en la Secretaría de Gobierno, en la Entidad Superior de Fiscalización, el Congreso del Estado, en diversas Notarías Públicas; e incluso en el Ayuntamiento de Cuernavaca.

“Como democracia y como sociedad no debemos permitir que supuestos servidores públicos procuren la justicia y el combate a la corrupción de forma parcial y acomodaticia; para muestra la determinación de hace unos días de no ejercer acción penal en contra de nueve funcionarios de la anterior administración con escandalosas acusaciones de corrupción”, acotó el encargado de la política interna.

Por su parte, Brito Miranda, explicó la relatoría de las múltiples visitas de la Comisión estatal y nacional desde el pasado mes de septiembre 2020, así como del actuar de la Fiscalía Anticorrupción durante las órdenes de cateo ocurridas el pasado 26 y 27 de febrero en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA) y en el Sistema Integral de Adicciones Nueva Integración (SIANI).

“Las autoridades del Sistema DIF Morelos brindaron todas las facilidades a las instituciones en cada visita, procurando tutelar en todo momento el interés superior de los adolescentes y coadyuvando en el cumplimiento de las diligencias. Asimismo, a todos y cada uno de los requerimientos se les dio respuesta en tiempo y forma de manera fundada y motivada”, indicó.

Incluso dijo que a pesar de haber cooperado con dichos organismos, hubo diversas irregularidades que incumplieron con los protocolos de intervención de los adolescentes.

“Muchas de estas acciones promueven alteraciones y reacciones en los usuarios. Es importante recordar, que el Sistema DIF tiene como una de sus finalidades la procuración de los adolescentes, que en muchos casos se encuentran ahí por haber sido víctimas de algún delito y la manera de abordarlos debe ser realizada con mucho criterio, siguiendo protocolos”, dijo.

*Sin pruebas fehacientes descalifica a la institución ante acusaciones abusos en contra de menores

Sin pruebas fehacientes, el Gobierno de Morelos intenta desvirtuar las acciones apegadas a derecho realizadas por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos ante las denuncias por tortura y desaparición contra adolescentes a cargo del DIF Morelos, presentadas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM).

Incluso, el video que se exhibió en la conferencia de prensa realizada este día 11 de marzo de 2021, por el Gobierno de Morelos, lo grabó una funcionaria del DIF Estatal, quien en todo momento interfirió en la diligencia que se estaba practicando, lo cual, se traduce en una obstrucción a la investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción.

Fue personal del DIF Morelos, quien en reiteradas ocasiones intentó obstruir las labores de la Fiscalía Anticorrupción e impidió que los menores pudieran brindar un testimonio claro sobre la situación que viven en el albergue y el hecho de que varios fueron enviados de manera ilegal a un centro de rehabilitación no autorizado.

El Gobierno del Estado de Morelos vuelve a mentirle a la ciudadanía por conducto del secretario de Gobierno, Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, y Rafael Brito Miranda, procurador de Protección al Menor, Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.

El Juez de Control nunca señaló que la Fiscalía Anticorrupción de Morelos cometió abuso de autoridad durante los cateos, ni violó los derechos humanos de los adolescentes y tampoco dijo que trató a los menores como delincuentes; por ello, se reitera el llamado realizado al Gobierno de Morelos a presentar pruebas fehacientes y dejarse de mentiras.

Este día, el Gobierno de Morelos se limitó a hacer una cronología sesgada y a modo, pero jamás presentó pruebas fehacientes de sus dichos, esto debido a que no cuenta con ninguna evidencia y pretende engañar a medios de comunicación y a la ciudadanía en general.

La Fiscalía Anticorrupción ha actuado y seguirá haciéndolo, en estricto apego a derecho, sin la intención de politizar ningún tema, ya que se maneja con transparencia e imparcialidad.

Esta Fiscalía reitera que el único propósito de las acciones realizadas en el albergue de menores y el centro de adicciones, es esclarecer a través de las investigaciones, las denuncias de las instancias en derechos humanos y organizaciones internacionales, sobre la presunta desaparición de 14 adolescentes y el presunto uso desproporcionado de la fuerza pública en los hechos ocurridos el primero de septiembre del 2020, momento que adolescentes internados en CASA fueron violentados por personal del Sistema DIF Morelos y de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), que los obligaron a hincarse frente a una pared, los desnudaron y los maniataron.

*Pedía 8 mil pesos a chóferes para no llevar sus vehículos al carrolón
Al momento en que presuntamente solicitaba 8 mil pesos a un transportista para no llevarse su tráiler al corralón, elementos de la Fiscalía Anticorrupción, detuvieron en flagrancia a un elemento de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, quien a decir de otro chófer, minutos antes también le exigió la misma cantidad de dinero.
Alrededor de las 14:00 horas de este miércoles 10 de marzo, se recibió una llamada telefónica en la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, en la que reportaban el presunto delito de Cohecho por parte de un agente de la Policía Vial de Cuernavaca; hecho ocurrido sobre Bulevar Cuauhnáhuac.
De inmediato, la Fiscalía Anticorrupción desplegó un operativo y se tuvo contacto con el conductor de un tráiler, quien señaló que minutos antes, un elemento de la Policía Vial de Cuernavaca presuntamente le exigió la cantidad de 8 mil pesos, para no llevarse su tráiler al corralón.
Pero, al no acceder a dicha solicitud, el vehículo fue remolcado, por ello, el personal de la Fiscalía Anticorrupción en compañía de la víctima, iniciaron la búsqueda del agente de la Policía Vial de Cuernavaca, quien fue ubicado sobre el Bulevar señalado, a la altura de las oficinas de la Guardia Nacional en la colonia Ricardo Flores Magón, de Cuernavaca.
En ese momento, Antonio “N” fue sorprendido en flagrancia cuando presuntamente le pedía la cantidad de 8 mil pesos al chófer de otro vehículo pesado, por lo que en ese momento fue aprehendido y trasladado al Ministerio Público.
De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada, tiene derecho a «A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa».

*El marco normativo tiene como finalidad evitar abusos cometidos por particulares en contra de los automovilistas que son obligados por las autoridades municipales a utilizar sus servicios sin que tengan el carácter de oficial.

Para frenar los constantes abusos cometidos por particulares en la prestación del servicio público de grúas de arrastre, corralones y depósito de vehículos, la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, impulsó la iniciativa de ley por la que se regula dicha actividad.
Durante la sesión ordinaria de este jueves, la legisladora presentó ante el Pleno del Congreso del estado la propuesta de «Ley del Servicio Público de Grúas de Arrastre, Corralones y Depósito de Vehículos para el Estado de Morelos», que tiene como finalidad establecer las reglas de operación de los llamados «depósitos vehiculares»
La legisladora expuso que durante muchos años los ayuntamientos han cedido en concesión la prestación del citado servicio público a empresas que, constantemente, violan las leyes de ingresos municipales al aplicar costos abusivos en perjuicio de los ciudadanos.
Flores Espinoza expuso que los automovilistas son obligados por las autoridades municipales a utilizar el servicio de los depósitos particulares, cuando no tienen el carácter de oficial.
«Los ciudadanos se encuentran actualmente en estado de indefensión ante estos abusos, ya que la autoridad remite de oficio sus vehículos a estos corralones bajo el argumento de que se trata de los servicios oficiales, sin embargo, los administradores y concesionarios al momento de realizar los cobros, argumentan ser particulares sin relación alguna con los Ayuntamientos, a pesar de tener los logotipos oficiales de los Ayuntamientos en su documentación, instalaciones y vehículos», manifestó.
Por lo anterior, la diputada por el Primer Distrito en Cuernavaca propuso establecer el marco normativo que regule dicha actividad, para terminar con los abusos cometidos por los particulares.
«La presente iniciativa no tiene por objeto restringir a los particulares de realizar estas actividades, ya que se les reconoce como servicios particulares; el objeto es que los corralones y servicios de grúas y arrastre que soliciten las concesiones para obtener el carácter de oficiales se rijan por los costos, conceptos y tarifas que la Ley establece a los Ayuntamientos por la prestación de estos servicios», añadió.
La inciativa de ley establece como autoridad facultada para vigilar la operatividad de los depósitos vehiculares a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) y a los ayuntamientos para establecer los conceptos por el multiplicado servicio público.