*No observó el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género: Tania Valentina

Mujeres morelenses, encabezadoa por la diputada Tania Valentina Rodríguez, protestaron en las instalaciones del juzgado quinto de distrito del Poder Judicial Federal en la Entidad, porque concedió amparo al Diputado Marcos Zapotitla Becerro, quien se encuentra acusado por el delito de violación y sujeto al procedimiento de desafuero en el Congreso de Morelos.

“Este mañana un grupo de mujeres, acudimos a los juzgados federales de Morelos, para expresar nuestra más enérgica protesta en contra del juez quinto de distrito, Salvador Bravo Hernández, quien otorgó amparo al presunto violador Marcos Zapotitla Becerro, quien pretende seguir en su curul, a pesar de las protestas de las mujeres diputadas de Morelos y del repudio de la sociedad”, aseguró la Legisladora Tania Valentina.

“El juez federal asumió una conducta misógina y patriarcal al resolver favorablemente la solicitud de amparo, porque dejó de observar el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, aprobado por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 2013 y actualizado en el año pasado”, aseguró.

“Acuso al Poder Judicial de Morelos, señaló, de actuar con parcialidad y doble moral; pues cuando siete Diputadas acudimos a pedir justicia por la violencia de género que sufrimos el año pasado, nos negaron la protección de la justicia federal, bajo el argumento de que se trataba de un acto de un poder soberano, en el cual no podían intervenir; y en contraste, a pesar de que en el expediente, el juez reconoce que no puede meterse con el proceso de desafuero, de todas formas, encontró el “debido pretexto” para proteger al acusado de violación.

Durante las protestas, donde laTania Valentina estuvo acompañada de mujeres de diversos colectivos, entre otras de los grupos Mujeres en Lucha y el Colectivo Rosa Luxemburgo; se gritaron consignas contra el juzgador que otorgó el amparo, y el Diputado que se niega a enfrentar la justicia sin el fuero.

Para finalizar, la diputada Tania Valentina aseguró que esto va a escalar, pues llevará su protesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante un escrito de queja que presentará en esta misma semana, “porque para acabar con la misoginia es necesario hacer visible la problemática que sufren las mujeres e Morelos”.

*Diputadas asociadas al PES traicionan a su género; y el director Jurídico del Congreso fue omiso y no contestó la demanda de amparo

Tania Valentina Rodríguez Ruiz, diputada del Partido del Trabajo y presidenta de la Comisión de Igualdad, reveló la existencia de “una mafia que odia a las mujeres” al interior del Congreso de Morelos, que ha protegido y solapado a Marcos Zapotitla Becerro, legislador del Partido Encuentro Social, con un proceso de desafuero largo, lento y a modo, para darle tiempo y facilidades para escapar del ejercicio de la justicia, por la acusación de violación que pesa en su contra.

“En esta mafia que odian a las mujeres están coludidas las diputadas Erika García Zaragoza (PES), Rosalinda Mazarí Espín (PRI) y Dalila Morales Sandoval (PAN), que han traicionado a su género al proteger al presunto violador; y a un gobierno fallido que en el país», denunció la legisladora el PT.

«Los números no mienten. Morelos, es el lugar 8 en feminicidios; lugar 9 en mujeres víctimas de homicidio doloso; lugar 3 nacional en lesiones culposas hacia las mujeres; lugar 2 en mujeres secuestradas; lugar 19 nacional por 4,938 casos de violencia familiar; lugar 15 del país por 430 denuncias por el delito de violación a mujeres, y otros más, basados en los datos de enero a diciembre de 2020 del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad”, apuntó.

“Por eso es incomprensible y denigrante que tres de las mujeres diputadas se sumen a los Diputados misóginos del PES. A estas Legisladoras les llamo a rectificar; les que hagan historia del lado de los derechos de las mujeres, no junto a quienes traicionaron la confianza de las mujeres violentándolas. No sean cómplices, sean compañeras de lucha. A estas compañeras, si son también víctimas de otros Legisladores, de sus Partidos, del Gobernador, y se sienten presionadas o intimidadas para defender al presunto violador, les invito a que denuncien y se liberen”, señaló la legisladora.

También denunció «la omisión y negligencia, imputable al director Jurídico, Licenciado Galindo Durán, quien por sí o por instrucción de algún Diputado del Partido Encuentro Social, omitió responder al juez por la Comisión de Gobernación; y que, por cierto, es funcionario público, porque es tío del Diputado José Luis Galindo, Coordinador del PES en el Congreso, quien lo impuso en la Dirección Jurídica, sin importarle incurrir en un acto de nepotismo».

Esta omisión del Jurídico quedó acreditada en la Comisión de Gobernación, donde se ha informado que a pesar de haber remitido a la Dirección Jurídica el expediente de desafuero, fue la propia Comisión la que elaboró los informes respectivos.

“Es así que, por omisión y nepotismo, demando la salida del Director Jurídico del Congreso de Morelos”, concluyó la legisladora.

Laura Hernández Antonino

El tráfico y comercio ilegal de especies de vida silvestre, es un problema que se presenta en todo el mundo y México no es la excepción, ya que es una de las conductas ilícitas que más ganancias generan, solo por detrás de la delincuencia organizada y la trata de personas. De acuerdo con el Programa de Las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) el mercado negro podría tener ganancias de hasta 100 mil millones de dólares al año.
En México algunas especies de fauna son demandadas como es el caso del borrego cimarrón, los loros, las guacamayas, los reptiles y los felinos. Según informó Joel González Moreno, director general de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recurso Marinos y Ecosistemas Costeros de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a Forbes(2017), las especies mexicanas que alcanzan un mayor precio son el jaguar, mismo que se puede vender entre 40 mil y 70 mil pesos; el águila real que puede llegar a costar 50 mil pesos; la guacamaya roja que puede valer hasta 40 mil pesos; el puma que puede alcanzar un valor de 30 mil pesos; y el loro cabeza amarilla que puede llegar a los 20 mil pesos.
El tráfico y el comercio ilegal son conceptos diversos, puesto que cuando hablamos de tráfico nos referimos a la extracción, acopio, transporte, comercialización y posesión de especies de flora y/o fauna silvestre, mediante la captura, caza y colecta, en contravención de las leyes y tratados nacionales e internacionales, mientras que el comercio se refiere a la compra y venta de flora y fauna de vida silvestre. Esta conducta ilícita genera un grande problema en los ecosistemas de todo el mundo puesto que se llega incluso a la extinción de especies.
En México si bien es cierto lo tenemos regulado como delito federal en el Código Penal Federal en sus artículos 417 y 420 fracción IV ya que el primero establece el tráfico de flora o fauna silvestre viva o muerta sus productos o derivados, mientras que el segundo menciona cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, como se puede observar de la simple lectura del mismo estamos hablando de delitos que si bien es cierto, pueden ser merecedoras de prisión preventiva o incluso no, siempre y cuando el ministerio público justifique dicha medida cautelar, sin embargo considero que esta conducta es merecedora de prisión preventiva oficiosa y por lo tanto considerarlo delito grave e incluirlo en el catálogo previsto en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior es así, porque en primer lugar el bien jurídico tutelado es el medio ambiente, (y materialmente la sociedad) en este caso las especies de fauna forman parte de un ecosistema que al traficarlas o comercializarlas e incluso extinguirlas, se está agrediendo al medio ambiente, por lo tanto, el deterioro del entorno hace evidente la necesidad de intervenir para garantizar el mantenimiento de unas condiciones óptimas para futuras generaciones.
También es importante mencionar que no solo se agrede este bien jurídico tutelado sino que se afectan otros más, como de otros bienes jurídicos que pueden guardar relación con el medio ambiente como la vida, la salud, etcétera. Al aplicar la prisión preventiva oficiosa estaremos garantizando que el sujeto responsable de la conducta ilícita llevara a cabo todo su proceso en prisión y no se sustraerá de la justicia, porque recordemos que en lo que respecta al mercado negro mundial, los puntos de compra son tan diversos como España, China e, incluso, Holanda, lo que ocasiona que el sujeto activo constantemente este en movimiento y en lo que el ministerio publico justifica la prisión preventiva, el responsable de la conducta ilícita ya estaría en otro lugar del mundo, y tal vez algunos se preguntarán ¿Con la prisión preventiva oficiosa se terminará tal conducta ilícita? y la respuesta es claro que no, y además esa no sería la finalidad de dicha medida cautelar, sin embargo se estaría garantizando la comparecencia del imputado al juicio y la protección en este caso del medio ambiente.
También es importante recordar que si bien es cierto pudiera llegar a ser delito grave esta conducta ilícita, en el caso que se presente con alguna agravante como es el caso del articulo 420 último párrafo del Código Penal Federal que establece “…Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales.” Lo cierto es que no amerita prisión preventiva oficiosa, y por lo tanto “no todos los delitos graves ameritan prisión preventiva oficiosa, pero si todos los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa son delitos graves”.

Al reconocer la nueva etapa de cooperación con el Mando Coordinado y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Cuernavaca, el alcalde Antonio Villalobos Adán exaltó la vocación de entrega de hombres y mujeres policías de Morelos y de su capital quienes “cada día trabajan por la seguridad de la población.”

Así lo manifestó el alcalde al concluir la entrega de 84 chalecos anti-balas, con una inversión de un millón 312 mil pesos provenientes del Fondo de Seguridad Pública en el Estado (FOSEG), en un acto realizado en la sede de la SSP en el que participó el Comisionado de Seguridad estatal, José Antonio Ortiz Guarneros quien confirmó su compromiso de colaborar con el gobierno de la ciudad en garantizar la seguridad del municipio.

El titular de la SSP Cuernavaca, Francisco Javier Calderón Medina, refrendó el reconocimiento al Presidente Municipal, Antonio Villalobos por su compromiso y apoyo a las tareas de la corporación y de la misma manera, el respaldo del Comisionado estatal José Antonio Ortiz Guarneros y de los destacamentos de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano.

Calderón Medina señaló: “sin duda que el trabajo conjunto de nuestras corporaciones, a través de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, dará los resultados exigidos por la población en materia de resguardo de su integridad y de las familias; como también reconocemos la vocación de servicio de hombres y mujeres policías que todos los días arriesgan la vida para garantizar, a su vez, la tranquilidad de la población.”

El Comisionado de Seguridad estatal y Almirante, José Antonio Ortiz Guarneros, enalteció el profesionalismo de la policía estatal y municipal y remarcó: “a fin de que garanticen la seguridad de la gente, debemos empezar por la integridad de ustedes, de manera que estos chalecos son para mejorar el desempeño de su trabajo.”

En su mensaje, el Presidente Municipal destacó: “hoy más que nunca, se vuelven a entrelazar los trabajos, en una nueva dinámica con Gobierno del Estado, con quienes trabajaremos de la mano en el cuidado y protección de la comunidad del municipio de Cuernavaca”.

En el acto de entrega participaron también Liliana Fernández García, titular del Secretariado Ejecutivo Municipal de Seguridad Pública y en representación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Uriel Adalberto Rodríguez Román.

Por unanimidad los integrantes del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) expulsaron al diputado Marcos Zapotitla Becerra, por lo que éste quedó sin parte de la protección que tiene para evitar su destitución ante la acusación que por el delito de violación pesa en su contra.

Alfonso de Jesús Sotelo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, informó que ya se notificó esta decisión a los órganos de control del Poder Legislativo, para los fines legales correspondientes.

En rueda de prensa, los diputados Andrés Duque Tinoco y Érika García Zaragoza, coordinador y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PES, respectivamente, anunciaron la separación del legislador Marcos Zapotitla de la bancada.

Pero ¿por qué es relevante para el PES la demanda por violación en contra de Zapotitla? Más allá de que quieran aparecer como defensores de los derechos de las mujeres o paladines de la justicia y la no violencia, lo que en realidad les importa es la asociación que se puede hacer entre casos como el de Maricela Jiménez, la diputada de orientación religiosa evangélica, a quien hostigaron hasta orillarla a renunciar a su partido, las severas críticas que se llevó Jorge Argüelles por haberse excedido en calificativos contra la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano, con lo que cometió violencia política de género, y ahora la demanda por violación en contra del diputado que compraron, Marco Zapotitla
Parece que los dirigentes del Partido Encuentro Social están más interesados en prevenir los daños electorales que les puede producir la demanda por violación en contra de su diputado Marco Zapotitla Becerro que en el fondo del asunto: la presunta agresión sexual en contra de una mujer, por parte de un servidor público

Alfonso de Jesús Sotelo, también integrante del Grupo Parlamentario del PES, detalló que la decisión de separar a Zapotitla Becerro “fue tomada por unanimidad de los integrantes del grupo”, y tras presentar el acta de la reunión de la bancada, consignó que ya se notificó del hecho mediante oficios “tanto a la Mesa Directiva como a la Junta Política y de Gobierno del Congreso del estado”.

Asimismo, tras considerar que de esta manera el PES al interior del Congreso actúa haciendo “lo socialmente correcto”, el legislador Alfonso de Jesús Sotelo manifestó que espera que con esta acción se pueda “despejar o disipar”, cualquier tipo de duda en torno al actuar del grupo parlamentario y recalcó su petición a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para que turne a la brevedad el juicio de procedencia al Pleno del Poder Legislativo, para que se pueda votar.

Incluso Sotelo Martínez adelantó que “si el día de hoy se turna” el dictamen de procedencia, “yo lo estaré enlistando en la próxima sesión ordinaria de Pleno de la LIV Legislatura” y sentenció que no va a permitir “que por motivos políticos o con tintes de otra naturaleza” se trate de confundir a la ciudadanía.

Finalmente, por su parte, la diputada Érika García, lamentó las desafortunadas declaraciones que hiciera Carlos Gibran Haro Álvarez, uno de los abogados defensores de la parte acusadora de Zapotitla Becerro, quien de acuerdo con la legisladora, ejerció violencia en su contra. El “abogado expresó que ojalá que un día no me pasara algo a mí o a mi familia. Y eso para mí es ejercer violencia”.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, detalló que el tema relacionado con el dictamen de procedencia de Marcos Zapotitla Becerro, es un asunto que está en manos de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, “nosotros estamos esperando a que el organismo haga lo propio, que dictamine y que lo pase al Pleno”.

El legislador Alfonso de Jesús Sotelo desmintió “que haya algún tipo protección” para Zapotitla Becerro y negó también que PES haya entorpecido de alguna manera el proceso. “Si hubiera algo turbio ni siquiera estaríamos aquí, dando la cara” y agregó que, al contrario, su grupo parlamentario “está exigiendo que el tema pueda ser pasado al Pleno, lo más pronto posible».

El presidente de la Mesa Directiva explicó que es la Fiscalía General de Justicia del Estado la encargada de investigar las circunstancias relacionadas con las acusaciones en contra de Marcos Zapotitla y agregó que “por otra parte, será el Poder Judicial el encargado de sancionar” de existir algún delito.

Sotelo Martínez reiteró que el presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso, el diputado José Casas González le informó que “en los próximos días estarán en condiciones para subir el tema al Pleno y agregó que como el Grupo Parlamentario del PES “iremos a favor de lo que dictamine la comisión”.

Finalmente, el legislador lamentó “que este tipo de temas se utilicen para querer acarrear adeptos a algunos partidos” y dejó en claro que los integrantes de su instituto político “no vamos a solapar ningún tipo de conducta indebida».

Con base en la determinación de las autoridades del sector salud de ampliar en Morelos la vigencia del semáforo epidemiológico de color rojo a causa de la pandemia ocasionada por la Covid-19, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) informa que sus actividades se han desarrollado en apego a un estricto protocolo de sanidad.

Al respecto, la encargada de despacho de la Auditoría General de la ESAF, América López Rodríguez explicó que la Entidad continúa con sus labores en oficinas con el 25% del personal, mientras que el resto lo hace a distancia, incluido el personal con alguna enfermedad, como diabetes, hipertensión, cáncer o cualquier otra que los haga vulnerables.

Desde el inicio de la pandemia, la Entidad Superior ha tenido un estricto control de respeto a las medidas sanitarias, como el uso obligatorio de cubrebocas entre el personal, la sana distancia, aplicación de gel y la toma de temperatura para todos quienes ingresan a las instalaciones.

López Rodríguez precisó que en tanto se mantenga el semáforo de color rojo en Morelos, en la ESAF no correrán plazos en términos procesales, tiempos de procedimientos en trámites, acuerdos, actuaciones, diligencias, y recursos legales que tengan lugar en la Dirección General.

Pero en cambio, sí continuarán habilitados los días y horas hábiles para el proceso de fiscalización en curso.

Recordó que la Entrega y Recepción de documentos seguirá recibiéndose a través de la plataforma digital, así como para la agenda de citas dentro de las instalaciones de la ESAF, continurá a través del correo electrónico institucional auditora.general@esaf-morelos.gob.mx.

Todas estas disposiciones han sido comunicadas con oportunidad al personal de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, así como a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de los organismos públicos autónomos del Estado.

*Impiden el inicio del periodo ordinario de sesiones por la presencia del legislador por estar acusado del delito de violación

La presencia en el Pleno del Congreso local de Marcos Zapotitla Becerra, diputado del Partido Encuentro Social y que está acusado de haber violado a una mujer, provocó la molestia de las legisladoras moreleneses, quienes impidieron el inicio de segundo periodo de sesiones del tercer año de ejercicio legislativo. Calificaron al pesista como «agresor sexual».

Molestas tomaron la tribuna del Congreso local y desde ahí solicitaron el retiro inmediato del legisladora, quien está en proceso de desafuero para ser detenido por la Policía de Investigación Criminal, toda vez que el delito de violación es considerado grave y por tanto tendrá que enfrentar su proceso penal interno en el penal de Atlacholoaya.

En tanto, la diputada Ericka García Zaragoza, coordinadora parlamentaria del PES, rechazó que esté protegiendo al legislador Zapotitla Becerro e invitó a las legisladoras a apresurar al dictamen de procedencia para desafuero, bajo el compromiso que votará a favor de que sea separado del cargo para que enfrente la justicia.

Las legisladoras explicaron que no pueden compartir el Pleno del Congreso local con alguien al que se le ha señalado como responsable de la violación de una mujer; exigieron a Zapotitla Becerra enfrente al proceso que la afectada ha iniciado en su contra. Calificaron con indignante la presencia el legisladora e insistieron que no ellas no pueden permitir ningún tipo de violencia de género.

Lamentaron que Marcos Zapotitla cuente con el respaldo de las y los legisladores de los partidos Encuentro Social, Acción Nacional y Revolucionario Institucional. Y advirtieron que si el presidente del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo, no interviene para que avancen los procedimientos, buscarán su sustitución del cargo.

Asimismo, acusaron que desde el Poder Ejecutivo se está brindando protección al legislador, toda vez que pertenece al mismo partido del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. Dejaron en claro que el estatus de legislador no puede estar por encima de la ley ni del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La Responsable de la Delegación Estatal del ISSSTE, Verónica Solano Flores, informa a la derechohabiencia y a los trabajadores del Instituto en Morelos, que en relación a los hechos acontecidos en la Clínica Hospital “Dr. Rafael Barba Ocampo” en Cuautla, se dio vista en tiempo y forma al Órgano Interno de Control (OIC) regional y se presentó una denuncia ante la Delegación de la Fiscalía General de la República.

Solano Flores agregó que al dar vista al OIC y al presentar la denuncia en la FGR, se está solicitando se esclarezcan los hechos de la aplicación de la vacuna contra el COVID19 a personas externas a la Clínica Hospital en Cuautla, se llegue a la verdad de lo acontecido y se determine no solo a los presuntos responsables, sino también se les sancione administrativa o penalmente, según sea el caso.

“Lo he dicho y lo reitero, en la Delegación Estatal del ISSSTE no estamos actuando con influyentismo, no estamos solapando ninguna irregularidad administrativa y no estamos encubriendo a ningún servidor público. Quién resulte responsable de los hechos, la va a tener que pagar, ¡sea quién sea!”, concluyó la servidora pública federal.

*Pablo Ojeda dice que el alcalde pretende lucrar con la tragedia y el dolor de las personas

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, y el Almirante José Antonio Ortíz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), acusaron al alcalde de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez, de lucrar políticamente con la tragedia y el dolor de las personas; y le dijerom que él y cualquier otro alcalde puede salirse cuando quiera del modelo de Mando Coordinado.

Asimismo, condenaron enérgicamente los hechos ocurridos en Yautepec, en los que elementos de la CES participaron en desaparición de un empresario y su hijo, ambos del municipio; y aseguraron que no escatimarán recursos para coadyuvar con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos, castigar a todos los culpables, hasta llegar a las últimas consecuencias.

Cabe señalar que 24 horas antes, y ante los hechos señalados y el aumento de la inseguridad y homicidios en el municipios, el alcalde Agustín Alonso pidió que sea la Guardia Nacional la que asuma el control de la seguridad en Yautepec, toda vez que no hay resultados de parte de la CES Morelos.

Pablo Ojeda refirió que a diferencia de lo que ocurrió en la administración pasada, donde se les impuso a las y los alcaldes el decreto del Mando Único, en esta ocasión se estableció un acuerdo entre Gobierno del estado y los ayuntamientos, para la creación de un modelo que está en permanente evaluación.

En ese sentido, dijo que aquel presidente municipal que decida desincorporarse del Mando Coordinado de la Policía Estatal Morelos, lo puede hacer en cualquier momento. “Es el modelo correcto, ha tenido resultados favorables, porque se ha dignificado la labor policial a través de estímulos y apoyos económicos”, expresó.

Pablo Ojeda dejó en claro que la Guardia Nacional ya hace presencia en Yautepec, sesiona todos los días en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Mesas Regionales.

En tanto, Ortíz Guarneros manifestó que el convenio del Mando Coordinado no busca centralizar o monopolizar el trabajo de los cuerpos policíacos sino trabajar de manera coordinada e incluyente con los municipios y sus autoridades, con el único fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Indicó que el estado no vulnera la autonomía del municipio ya que el presente convenio es producto de la buena fe y no existe dolo, violencia, error o cualquier otro vicio que pudiera afectar la validez o existencia del mismo.

Por el contrario, busca regular las bases de colaboración y coordinación entre el municipio y el estado, en la dirección de las funciones, manejo, operación, supervisión, administración y control de la función de la policía preventiva y tránsito municipal mediante la conformación de la Policía Estatal Morelos.

Ortíz Guarneros reconoció la voluntad de las y los alcaldes para alcanzar el acuerdo de Mando Coordinado, que ha fortalecido las acciones de seguridad implementadas en la entidad de forma coordinada, para lograr paz y tranquilidad en la entidad.