América López Rodríguez, encargada de despacho de la Auditoría General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), denunció que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) intensificó el hostigamiento en contra de los funcionarios facultados para llevar a cabo una revisión financiera a la Fiscalía General, producto de una denuncia ciudadana recibida.

Lo anterior se confirma primero, con el oficio que la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, Diana Lizbeth Acosta Ángel dirigió al encargado de la Dirección General Jurídica de la ESAF, Alberto Salgado Pérez para hacer de su conocimiento que “se hace efectiva la sanción administrativa en modalidad de multa”, al oponerse a entregarles información de la citada denuncia. 

El monto del medio de apremio que la Fiscalía pretende hacer efectivo es por una cuantía de 200 UMAS que equivaldrían a unos 17 mil pesos; asimismo existe el temor fundado de que Salgado Pérez pueda hacerse acreedor de un arresto hasta por 36 horas.

El segundo elemento para denunciar que el acoso de la Fiscalía está subiendo de tono, se debe a que hoy seis de octubre, elementos de la FECC acecharon las oficinas de la Entidad Superior durante varias horas, en las que se les pudo observar portando armas largas; los agentes pretendían entregar de manera personal un citatorio al servidor público Alberto Salgado Pérez.

Al respecto, América López Rodríguez fue muy enfática al reiterar que la información solicitada por la FECC “es de carácter reservada y confidencial, por lo que la divulgación de tal expediente traería una responsabilidad administrativa a quien lo hiciera público o bien obstruya el proceso de auditoría”.

Por ello, insistió en hacerle un llamado al Fiscal para que cese el hostigamiento en contra de los funcionarios de la ESAF, y les permita iniciar con la fiscalización que hasta ahora inexplicablemente ha sido obstaculizada por la misma institución a la que pretenden auditar.

Francisco Hurtado Delgado

El Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía, se origina en el año de 1996, cuando no procedía el amparo en materia electoral por la famosa resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la “Incompetencia de origen”, por la razón de invadir otros poderes y además, no se podía judicializar en materia electoral; de esa manera se crea también un Tribunal especializado en materia electoral y la garantía del recurso mejor conocido en lo sucesivo como Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC). Pero, ¿sabes Cómo, Qué, Cuándo y ante Quién hacer uso del JDC?

Recuperando lo expresado por Manuel González Oropeza, quien describe que la Justicia Electoral es “la garantía republicana de toda forma de gobierno”. Es por ello que primero debemos definir, que un JDC es un medio de impugnación en materia electoral, a través del cual los ciudadanos pueden solicitar la protección de sus derechos político-electorales, así como de todos aquellos derechos fundamentales estrechamente vinculados con éstos.

Así mismo, resulta pertinente recuperar los criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ilustra la finalidad del JDC que consiste en restituir a los ciudadanos el uso y goce de sus derechos, a través de su protección legal y constitucional; es por ello que le llaman el Amparo Político.

También el JDC defiende los derechos de asociación, participación en la política, particularmente en el ejercicio de los derechos fundamentales como: decidir el sistema de gobierno, elegir representantes políticos, ser elegidos y ejercer cargos de representación, definir y elaborar normas y políticas públicas, controlar el ejercicio en la función pública de y sus representantes. Por otra parte, el derecho electoral regula: La organización de las elecciones, la validez de los resultados electorales, el control legal y constitucional de las mismas.

No quiero concluir, sin dejar de hacer notar que nos encontramos con un problema, el cual no debe ser obstáculo para hacer frente cuando exista una violación a los derechos político electorales, y refiero que para ello, debe existir una Defensoría Electoral Ciudadana, tal y como ya se aplica en la Sala Superior con la Defensoría Pública Electoral, pero sólo para Pueblos y Comunidades Indígenas; defender nuestros derechos políticos electorales debe ser para todo ciudadano y ciudadana sin excepción de garantía democrática.

*Son de Deporte de Alto Rendimiento, Inversión y Estímulos al Cine, de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, Desastres Naturales, Financiera Rural y los relacionados con la ciencia y la tecnología

La coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo en el Congreso de Morelos, Tania Valentina Rodríguez Ruíz, reconoció el trabajo y la postura firme del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, por defender 36 de los 109 fondos y fideicomisos que buscan ser eliminados por los diputados de Morena.

La diputada local, señaló que la congruencia y la sensibilidad con sectores vulnerables, se hace evidente una vez más por parte de las y los legisladores petistas al rechazar que se termine con el apoyo a deportistas de alto rendimiento, ex braceros y sus familias, tal como lo ha manifestado la bancada del PT, en voz del Coordinador Parlamentario Reginaldo Sandoval.

No obstante, la legisladora petista coincidió en el respaldo al Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también en no dejar de lado a los sectores más vulnerables y a la gente que menos tiene.

Tania Valentina, aplaudió la decisión de los diputados del PT por defender el fideicomiso para el Deporte de Alto Rendimiento, el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), el fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el fideicomiso de la Financiera Rural y los instrumentos relacionados con la ciencia y la tecnología, ya que está claro que generan beneficios para la población y la patria.

Finalmente, la diputada emanada de las filas del Partido del Trabajo, reiteró todo su respaldo a sus compañeros legisladores del PT en la Cámara de Diputados, y dijo que, desde el Congreso de Morelos, se pronunciará también en la misma postura.

El diputado José Luis Galindo Cortés, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), presentó la iniciativa para crear la Ley de Atención Y Protección de Personas con la Condición del Espectro Autista y otros Trastornos del Neurodesarrollo en el Estado de Morelos.

El ordenamiento propuesto busca coadyuvar en el desarrollo e impulso de la integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro autista o con trastornos del neurodesarrollo, mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales que le son reconocidos en la Constitución Política Federal y la Estatal.

La propuesta de Ley constituye la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista y otros Trastornos del Neurodesarrollo para el Estado de Morelos, como una instancia de carácter permanente del Poder Ejecutivo del Estado.

La Comisión Estatal que tendrá por finalidad garantizar que la ejecución de los programas en materia de atención a las personas con la CEA y otro TND, se realicen de manera coordinada, así mismo podrá coadyuvar con la Comisión Intersecretarial del Poder Ejecutivo Federal para los mismos fines.

La iniciativa de Ley que consta de 19 artículos divididos en seis capítulos, tiene por objeto dar cumplimiento a las prerrogativas señaladas en la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista y establece obligaciones para las autoridades de Salud y Educación, pero también para servidores públicos, personas físicas y morales que serían sujetos de prohibiciones y sanciones en caso de incumplimiento.

Al presentar la propuesta, el diputado José Luis Galindo comentó que a finales del año 2019, recibió la visita de varias organizaciones de la sociedad civil que plantearon la necesidad de desarrollar la presente iniciativa, para lo que se realizó el “Primer Foro Azul” en diciembre de 2019 y en marzo de 2020 se lanzó la Consulta Digital Morelos.

“Estas acciones de participación ciudadana permitieron integrar, en la presente iniciativa, las propuestas de los padres y madres, así como, de las personas que presentan algún trastorno del espectro autista”, pero también las opiniones de especialistas en diversas áreas, de acuerdo con el legislador, quien es vicepresidente de la Mesa Directiva y presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado.

*Le pegó y amenazó a un ciudadano a la puerta del
al parque acuático Six Flags Hurricane Harbor antes de remitirlo al Juez Calificador

Por el delito de Abuso de Autoridad, un agente de la Policía Municipal de Yautepec fue imputado por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, ya que presuntamente golpeó y amenazó a un hombre.

De acuerdo con los datos asentados en la carpeta de investigación FECC/035/2019, los hechos ocurrieron el 10 de marzo de 2019, alrededor de las 11:30 horas, cuando la patrulla 0764 de la Policía Municipal de Yautepec -tripulada por dos agentes- arribó al parque acuático Six Flags Hurricane Harbor ubicado en la Autopista México-Cuautla, poblado de Oaxtepec, luego de que la víctima solicitara auxilio, ya que tuvo una discusión con personal del establecimiento.

Sin embargo, el afectado fue subido por los policías a la unidad oficial para ser trasladado al Juez Calificador por alteración al orden, en tanto, presuntamente, el policía imputado, José Iván “N” subió a la parte posterior de la patrulla junto al afectado, sacó unas esposas e intentó ponérselas, en tanto, el otro policía, que manejaba, detuvo su marcha para ayudar a su compañero.

De acuerdo a la declaración de la víctima, José Iván lo golpeó en la cara, lo jaló del cabello tirándolo en el piso de la patrulla para golpearlo en las costillas, ahorcarlo y amenazarlo, para después ponerlo a disposición del Juez Calificador, donde el denunciante se percató que le faltaban mil 500 pesos.

Por tal motivo, este día, la Fiscalía Anticorrupción imputó hoy a José Iván «N» por el delito de Abuso de Autoridad, presentando una decena de datos de prueba.

A solicitud del agente del Ministerio Público, el Juez impuso como medidas cautelares la firma periódica mensual y la prohibición de salir del país, además, concedió a la defensa 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso.

De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada, tiene derecho a «A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa».

Al desahogarse la causa penal JC/180/2020, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos imputó a Luis “N” y Alejandro “N” por los Delitos de Ejercicio Abusivo y Ejercicio Ilícito, respectivamente, por la presunta compra de unos paneles solares sin conocimiento del Consejo de Adquisiciones del Colegio de Morelos y que además nunca fueron colocados en la institución.

En la audiencia, la Fiscalía Anticorrupción expuso que el día 24 de octubre del año 2017, el ex Rector Luis “N” celebró con una empresa un contrato de compraventa de unos paneles solares y su colocación en las instalaciones del Colegio de Morelos, sin contar con la autorización del Consejo de Adquisiciones.

Casi un mes después, el 30 noviembre del año 2017, se llevó a cabo la Sexta Reunión Extraordinaria del Consejo de Adquisiciones, en la cual el ex Rector del Colegio de Morelos sometió a consideración la compra de los paneles que ya había adquirido, pero nunca que fueron colocados.

No obstante que en dicha reunión se encontraba el encargado del Órgano de Vigilancia y Control, Alejandro “N”, se aprobó el contrato respectivo sin realizar observación alguna.

A Luis “N” se formuló imputación por el presunto Delito de Ejercicio Abusivo, mientras que a Alejandro “N” por el Delito de Ejercicio Ilícito. El Juez, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, concedió medidas cautelares, como la para firma periódica mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares y estableció un plazo de 144 horas para celebrar la audiencia de vinculación.

*Además de quitar los nombres de los expresidentes y la palabra delitos, sólo pide esclarecer la toma de decisiones políticas sin el fijar tiempo a revisar ni determina a quiénes

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la materia de la consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es constitucional, pues su finalidad no viola el artículo 35, fracción VIII, numeral 3o. de la Constitución General, pero modificó la pregunta enviada por el mandatario en la que se refería concretamente a los ex presidentes.

El presidente López Obrador en su solicitud para la realización de una consulta popular estableció la pregunta que debería hacerles a los ciudadanos:

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

Sin embargo, con ocho votos a favor, el Pleno de la SCJN determinó que la pregunta debe ser reformulada en los siguientes términos:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Es decir, quitó del contenido los nombres de los expresidentes y la palabra “delitos” para establecer si los ciudadanos están de acuerdo en iniciar un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en el pasado sin fijar a qué lapso de tiempo de refiere ni qué actores políticos estarían involucrados.

De acuerdo con el Tribunal Pleno, la consulta no debe interpretarse en el sentido de que está encaminada a que las autoridades de impartición y procuración de justicia cumplan o dejen de cumplir con sus atribuciones, pues estas son de ejercicio obligatorio; sino que se encamina, de manera más amplia, a consultar a la ciudadanía sobre la posibilidad de emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados, con la finalidad de garantizar la justicia y los derechos de las víctimas.

Durante las próximas 24 horas la Suprema Corte notificará al Senado de la República los puntos resolutivos de su determinación, para los efectos conducentes. Revisión de la constitucionalidad de la materia de consulta popular 1/2020, que deriva de la petición formulada por el Presidente de la República.

“En Morelos no desaparecerá el mecanismo de protección de periodistas y defensores de los derechos humanos, porque esta garantizado en la Ley y es un mandato que todas las autoridades implicadas están obligadas a observar”, afirmó Tania Valentina Rodríguez Ruíz, representante de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado.

“El mecanismo es parecido o par del nacional, pero cada Estado de la República en su autonomía, es independiente en cuanto a su creación y mantenimiento, por lo que, en Morelos, la representación del PT luchará no solo porque no desaparezca, sino para que, se le asignen o etiqueten recursos específicos para que cobre plena vigencia”. Lo contrario sería un retroceso en la vida democrática de Morelos.

Este día se recibirá el presupuesto de egresos 2021 donde podrá quedar de manifiesto si de parte del Ejecutivo existe voluntad para impulsar este mecanismo.

La legisladora Tania Valentina recordó que, a cargo de la Secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, existe este mecanismo donde se integran también la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y la Secretaría de Salud del Estado de Morelos.

Juan Daniel Porcayo González

Licenciado en Derecho con Mención Honorifica por la Universidad Privada del Estado de Morelos. Abogado Postulante en materia penal y amparo en la Firma Legal Código Quattro

En materia penal, mucho se habla sobre la distinción entre delitos graves y no graves, que, aunque en ocasiones representan un parámetro para la imposición de alguna medida privativa de la libertad –prisión preventiva-, debemos dejar en claro una premisa “no todos los delitos graves ameritan prisión preventiva oficiosa, pero si todos los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa son delitos graves”.

Esto es así porque el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales hace una especial referencia al respecto, sosteniendo que se califican como graves aquellos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa o que, excedan una media aritmética de cinco años. Luego entonces, es claro que en el artículo 19 constitucional segundo párrafo -aunque ambiguo en su redacción-, podemos encontrar los delitos que ameritan prisión preventiva, en relación con el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; fijando una pauta clara de una serie de delitos catalogados como graves, sin embargo, a contrario sensu, podemos advertir que, en nuestro Código Penal del Estado de Morelos, existen conductas graves que no ameritan prisión preventiva oficiosa.

Por ejemplo, la inseminación artificial sin consentimiento es un delito grave, pues a quien la practique se le podrá imponer una pena de 15 a 20 años de prisión, es decir, su media aritmética son 17 años con seis meses de prisión y aunque es un delito grave, no amerita prisión preventiva oficiosa. Es cierto, la constitución prevé que se impondrá prisión preventiva oficiosa a aquellos delitos que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad, pero, así como ocurrió en la contradicción de tesis registrada con número 551/2019, el legislador no estableció específicamente las conductas que encuadran en dicho supuesto, por ende, siguiendo el principio de taxatividad en materia penal, no se podría imponer prisión preventiva oficiosa.

Otro ejemplo lo sería la extorsión, -que, por cierto, es una de las constantes que muy lamentablemente padecemos los ciudadanos de Morelos- el cual es un delito grave, pues su pena va desde los 15 a los 20 años de prisión –atendiendo al criterio del Código Nacional de Procedimientos Penales- y, sin embargo, por su naturaleza no amerita prisión preventiva oficiosa, salvo que se haya cometido con medios violentos, lo cual, obvio es, cambiaría en cuanto a la forma de su comisión.

Luego entonces, no todo delito grave amerita prisión preventiva oficiosa, pero si todo delito que amerite prisión preventiva oficiosa constituye un delito grave.

Estimado lector, le saludo a distancia.

Tras condenar el asesinato de Juan Jaramillo Frikas, el Ayuntamiento de Cuernavaca sostuvo que es urgente una revisión de la estrategia de seguridad implementada en la entidad, pues acontecimientos como estos, prueban y comprueban su ineficacia

Estos hechos indignan y atemorizan a la ciudadanía, pues pone de manifiesto nuestra vulnerabilidad ante quienes viven el margen de la ley, expresó respecto al asesinato del ex regidor de Cuernavaca y ex diputado local y federal.

El Ayuntamiento de Cuernavaca expresa más enérgica condena a este acto de violencia que una vez más enluta no solo a una familia representativa de la ciudad, semillero de servidores públicos, luchadores sociales, exponentes de la gastronomía morelense, periodistas y artistas, sino a la sociedad toda.

“El Presidente Municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, expresa sus condolencias y solidaridad para sus hijos Karla y Juan, su hermanos Javier y Héctor, su hermana Angélica y toda su familia, con respeto y admiración por su amor por su tierra y su ejercicio periodístico”. “Nos sumamos a la exigencia de que las instancias encargadas de la procuración de justicia y persecución del delito no permitan que quede impune el homicidio de este distinguido cuernavacense”.