La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruíz presentó ante el Pleno del Congreso una iniciativa para modificar la Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, con el objetivo de aclarar que la designación del Titular del Órgano de Control Interno (OIC) del IMM, será designado por el Congreso del Estado.

En el documento de su propuesta, la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Poder Legislativo local, recordó que todos los órganos públicos autónomos creados por mandato constitucional en Morelos, “en términos del artículo 23-C de nuestra Carta Magna deben contar con un Órgano Interno de Control (OIC), cuyo titular es designado por el Congreso del Estado”.

Señaló que la aclaración propuesta no es menor, ya que cuando se formuló la Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, no se observó lo que mandata el 23-C “de nuestra Constitución, hasta que tuvo que ocurrir una observación del Poder Ejecutivo, que a mi juicio fue atendida parcialmente en el dictamen que aprobó las observaciones del Ejecutivo”.

La también coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, indicó que su propuesta pretende modificar los artículos 13 fracción XI de la Ley en comento, para indicar que la Presidenta del Instituto, de manera enunciativa más no limitativa tendrá entre sus atribuciones y facultades “Nombrar y remover al personal de confianza y base; excepto al Titular del Órgano Interno de Control”.

Asimismo, en la reforma propuesta al artículo 26 señala que “El Instituto contará con un Órgano Interno de Control, que será nombrado por el Congreso del Estado de Morelos, el cual se encargará de la fiscalización del mismo, en términos del artículo 23 inciso C, párrafo I y III de la Constitución”.

Al presentar contundentes datos de prueba y sólida argumentación, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos logró que una jueza declarara vinculación a proceso por violación de un policía de Investigación Criminal de la Fiscalía Regional Sur Poniente, ya que, presuntamente violó en dos ocasiones a una mujer que estaba detenida en el área de separos.
De acuerdo con la denuncia asentada en la carpeta FECC/486/2020-11, el pasado 23 de noviembre del 2020, la víctima ingresó a los separos de la Fiscalía Regional Sur Poniente por delitos contra de la salud, y fue ahí donde el policía Luis Antonio “N”, abusó sexualmente de ella.
Presuntamente, el policía sacó a la víctima de la celda, la hizo entrar a un baño y con amenazas la obligó a desvestirse, mientras él la grababa con su teléfono celular; después abusó sexualmente de ella en ese momento y de nueva cuenta por la noche
En audiencia, la Fiscalía Anticorrupción presentó 48 datos de prueba y sólidos argumentos, por lo que la jueza decidió vincular a proceso y otorgar dos meses para el cierre de la investigación, dejando al policía en prisión preventiva a solicitud del agente del Ministerio Público.
Como se recordará, fue el pasado 26 de noviembre, la Fiscalía Anticorrupción aprehendió al Policía, tras recibir la denuncia de la madre de la víctima y desde ese momento quedó interno en el Cereso de Jojutla.
De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho «A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa».

Perspectiva Electoral
Por Marcos Pineda
Las fechas conmemorativas, mientras más llamen la atención del pueblo en general, más forman parte de los calendarios de actividades políticas. Tal es el caso de ayer, Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, que no podía dejar de ser aprovechado por quienes aspiran a ser candidatos a algún puesto de elección popular o a colarse entre las posiciones plurinominales, para mostrarse, principalmente ante las electoras, pero también ante los hombres, como personas dignas de confianza por su compromiso contra la violencia de género y su decidida vocación democrática, incluyente y de plena paridad.
Nada más alejado de la realidad, que un político cuyas actitudes en lo privado y referencias en lo público, han demostrado su carácter machista, excluyente e incluso violento, aparentando comprender, fomentar y apoyar las causas de las mujeres. Sí hay algunos que son buenos actores y logran convencer a los más crédulos de sus supuestas sanas intenciones, pero otros a quienes ni les queda ni se les cree media palabra.
Hace no mucho tiempo, en el pasado proceso electoral oí decir de uno de esos políticos, cuando acababa de escuchar las peticiones de un grupo de mujeres, que demandaban espacios de participación política, en virtud de la paridad de género: “déjalas, ahorita es campaña y en campaña todas las respuestas son sí, ya después veremos”. Y también, los que han estado inmersos en los procesos de selección de candidaturas, se han dado cuenta de que los líderes partidarios se ven obligados a dar candidaturas a las mujeres porque así son las reglas hoy en día, pero no porque estén ni concientizados ni comprometidos con las causas de las mujeres. Cuando se les escucha en privado, lo que jamás aceptarían repetir en público, acerca de las mujeres en la política, la decepción es mayúscula.
Y si tomamos en cuenta las opiniones hasta de los que se dicen o se han construido de alguna manera una imagen de conocedores de las ciencias jurídicas, apelando a que no debería haber distinciones entre homicidio y feminicidio, por ejemplo, aduciendo que se trata del mismo tipo de delito, lo menos que podemos señalarles es que más allá de la técnica jurídica, la distinción en las leyes obedece a la necesidad de visibilizar la violencia contra la mujer. Pretender que no se distingan, jurídica y técnicamente, las causas de la violencia feminicida, aunque no sea de manera consciente, porque queda claro que al menos a este tipo de personas si algo les hace falta es conciencia, muestra proclividad a que no se sepa en detalle, con precisión, la magnitud de este flagelo en nuestra sociedad.
Lo mismo es aplicable a la violencia política de género. Ya veremos si de verdad, todos esos compromisos y cartas de buenas intenciones se ven cumplidos en la realidad, cuando las definiciones de candidaturas y las campañas electorales se lleven a efecto. Ellos mismos no podrían incumplir su palabra públicamente, porque podrían ser objeto de apercibimientos o sanciones legales, pero sí sabemos que para eso tienen a sus operadores de redes sociales, donde la violencia política de género, podemos anticipar, tendrá un amplio frente de batalla.
Ya veremos si en los hechos, los políticos, cumplen su palabra de no incurrir en violencia contra las mujeres, sea por sí mismos, o por medio de sus equipos o sus seguidores.

Y para iniciados
Precisamente ahí está uno de los compromisos que deberían pensar en firmar los políticos de cara a las organizaciones de mujeres y, en general, ante la sociedad, el no utilizar las redes sociales para denostar de ninguna manera a ninguna persona, pero particularmente a las mujeres que participen en política, ya que hemos visto cómo, cobardemente, bajo el cobijo del anonimato y la creación de perfiles falsos y supuestas páginas informativas, más falsas que un billete de trescientos pesos, le han dado vuelo a la calumnia y a la diatriba. Por eso yo le sugiero que ni haga caso de esos supuestos medios informativos, es muy fácil, a su alcance está bloquearlos y listo.
Excelente jueves.
La información es PODER!!!

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo encabezó la adhesión de Morelos a la Agenda para la prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres y niñas, de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad.

A partir de hoy, esta agenda estratégica forma parte de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, que este día sesionó con la participación de Flor Dessiré León Hernández, titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, quien acudirá el 25 de cada mes para dar seguimiento a los temas en materia de violencia de género.

Cuauhtémoc Blanco afirmó que en la entidad se mantienen acciones permanentes encaminadas a terminar con la violencia de género, en todas sus formas, la cual creció al amparo de la impunidad de autoridades omisas y cómplices.

“Que quede claro, en Morelos, cero tolerancia a quien lastima y daña la vida de las mujeres (…), esta lucha no es solo de las mujeres, en Morelos esta lucha es de todas y todos”, puntualizó.

En tal sentido, el jefe del Ejecutivo local exhortó a los tres niveles de gobierno y poderes del Estado a fortalecer las tareas para que la estrategia tenga éxito, acabar con las agresiones y castigar a quienes atentan contra la mujer.

Al respecto, Flor Dessiré expuso que durante esta administración se pusieron en marcha 8 Centros de Atención Externa, pasando de 3 a 11 espacios para atender a las mujeres en situación de violencia donde reciben atención psicóloga, legal y de trabajo social.

“Es hasta esta administración que se están logrando de manera continua los avances, esto no se había conseguido en todos estos años”, relató.

Además, reconoció que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco es el primero en etiquetar un monto de cinco millones de pesos que se complementan con otra cantidad igual del fondo para la prevención y atención de las violencias, lo cual permite que el trabajo de no se detenga.

En su intervención, Pablo Ojeda, secretario de Gobierno, informó que a partir de hoy comienza una campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género.

“Hasta el 10 de diciembre implementaremos una serie de medidas concretas con el objetivo de generar conciencia y abatir la violencia de género, y en particular la feminicida. El objetivo a largo plazo es erradicar definitivamente este tipo de violencias en el país”, indicó.

Resaltó que este gobierno reconoce la magnitud del problema, por lo que se ha incrementado la capacidad institucional de atención a estos delitos: “publicamos el protocolo con perspectiva de género para la investigación de feminicidios y fortalecimos el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”.

Sumado a lo anterior, “accedimos a casi 17 millones de pesos para nuestro estado, lo que nos colocó como segundo lugar nacional con mayor cantidad de recursos aprobados para atender la alerta de violencia de género».

La Agenda para la prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres y niñas, de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad, es impulsada por el Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias hacia las mujeres, niñas y adolescentes (GIEV), encabezado por la Secretaría de Gobernación.

*Persiste la inseguridad y la violencia; preocupante el aumento de los feminicidios

En el marco del Dia Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de Morelos, Tania Valentina Rodríguez Ruíz, consideró como positivos los avances que en materia legislativa se han aprobado para eliminar cualquier forma de violencia.

No obstante, reconoció la diputada, en la Entidad las mujeres no viven seguras y condenó que la Entidad se mantenga con índices preocupantes en materia de feminicidios.

“Las y los Diputados de esta Legislatura estamos comprometidos por la erradicación de cualquier forma de violencia en contra de las morelenses, y en el ámbito de nuestra responsabilidad promovimos reformas al marco legal para desalentar la comisión de conductas negativas en materia de violencia digital, política y de salud”, aseguró la representante del Partido del Trabajo en el Congreso.

Como ejemplos del trabajo de los y las Diputadas , señaló que Morelos fue de los Estados que se adelantó a la Federación, al aprobar el delito de violencia política por condición de género, que cometen quienes menoscaban o impiden la participación política de la mujer; y del mismo modo, la sanción a quienes difunden en redes sociales información con contenido sexual, obtenida con engaños o sin el consentimiento de una persona, generalmente mujeres, que ven afectada su dignidad y que se conoce como la Ley Olimpia. Así como iniciativas para promover el parto humanizado e impedir la violencia obstétrica.

“Desde luego que no estamos conformes con las situaciones de violencia en contra de las mujeres, mismas que se han incrementado por el confinamiento provocado por el COVID-19, de hecho, estamos alarmadas por el incremento del feminicidio, y eso nos lleva a la conclusión de que, en Morelos, la mayoría de las mujeres no se sienten seguras en su comunidad” finalizó.ndo el compromiso con la protección animal.

Dr. Hertino Avilés Albavera
Lic. Juan Daniel Porcayo González

El pasado 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma denominada “De Seguridad y Justicia”, la cual, tuvo entre sus principales vertientes, instaurar en México un nuevo modelo de justicia de corte acusatorio y adversarial con el fin de agilizar y transparentar los procesos en materia penal acontecidos en nuestro país. Desde luego, para lograr dicho objetivo, fue necesaria la modificación de diez artículos a nivel constitucional, que, en su conjunto, trazarían el camino de este paradigmático modelo de justicia.
En ese tenor, uno de los preceptos que resulto modificado en aquel entonces, fue el articulo 73 fracciones XXI y XXIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que el Congreso Federal tiene la facultad de expedir las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como aquellos en materia electoral.
Hasta aquí el tema a primera vista no genera controversia alguna, pues el legislador fue claro en establecer la competencia en favor del Congreso Federal para legislar ciertos tipos penales, incluso, sobre aquellos tópicos que versaran en materia electoral, empero, pareciera ser, que el Congreso del Estado de Morelos ha pasado inadvertida dicha cuestión
Esto es así, porque, por ejemplo, el pasado mes de enero del año en curso, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el decreto por el cual, se regula en el Código Penal del Estado de Morelos, el tipo penal de violencia política por razón de género en su artículo 213 sextus; estableciendo que, comete este delito quien por sí o a través de terceros, hostigue, acose, coaccione o amenace a una o varias mujeres o a cualquier miembro de su familia, con el objeto de menoscabar, restringir, obstaculizar, condicionar, suspender o nulificar el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, el ejercicio de su cargo o funciones públicas en el ámbito en el que las ejerza; lo cual obvio es, corresponde por su naturaleza a un tema en materia electoral y por otro, invade la competencia del Congreso Federal al legislar dicha conducta en nuestra ley penal sustantiva.
Es necesario incidir, en que, por supuesto apoyamos la creación de este tipo penal por ser un tema de trascendencia para las y los ciudadanos y, esencialmente, para las mujeres víctimas de estos hechos, sin embargo, nuestro breve análisis se constriñe únicamente a los aspectos de competencia y legalidad.
Sobre este primer punto, no se puede pasar desapercibido el pronunciamiento realizado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado mes de abril sobre un asunto similar ocurrido en el Estado de Chihuahua, al invalidar los artículos 30, fracción V, y 198 del Código Penal de aquella entidad, por regular el delito y sanciones que se impondrían a quien cometiera diversos actos calificados como violencia política de género, así como la medida de seguridad que tendría que dictarse en estos supuestos; pues a criterio de los ministros de nuestro máximo tribunal, dichos tópicos son facultad exclusiva del Congreso Federal, por tanto, los Congresos locales carecen de competencia para legislar al respecto.
Resulta curioso el hecho de que, si bien dicha facultad corresponde al Congreso Federal como se ha referido en líneas anteriores, hasta el día de hoy, no se cuenta con el tipo penal de violencia política por razón de género en el Código Penal Federal o, en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y, pese a ello, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por sus siglas FEPADE, persigue dicha conducta de manera armónica, pero con la gran salvedad, de que dicha tarea no le ha sido nada fácil, sobre todo en el sentido de sancionarla.
Recordemos que, en materia penal para que se dé un auto de vinculación a proceso o, se llegue a determinar en audiencia de juicio oral, la culpabilidad de un sujeto en la conducta que se le atribuye, primero debe verificarse que esta última -conducta delictiva- este regulada en ley, de lo contrario, no solo se trasgrede el artículo 14 párrafo tercero de nuestro máximo ordenamiento, al tratar de imponer una pena por analogía o por mayoría de razón, sino que, además, nos encontraríamos frente a la ausencia de uno de los elementos principales del delito, como lo es: la tipicidad, luego entonces, la conducta no se podría sancionar.
Puesto que no debemos olvidar, que una de las premisas mayores del derecho penal es “nulla poena sine lege” –no hay pena sin ley- puesto que al sancionar un delito que no se encuentra tipificado, estaríamos cometiendo una violación grave a los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos.
En conclusión, urge que el Congreso Federal regule dicha conducta en la Ley General en Materia de Delitos Electorales para el efecto de que, el trabajo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, no resulte infructuoso y las víctimas de estos hechos, puedan acceder a verdadera procuración y administración de justicia.
No debemos pasar por alto que, en la época actual, la violencia cometida en contra de las mujeres, es un tema que va en crecimiento, y que, si bien se ha buscado erradicar la violencia con la implementación de leyes como la Ley Olimpia, no menos cierto es que en el ámbito político hace falta una reforma a nivel federal que permita a las ciudadanas gozar de sus derechos político electorales de manera libre.
Las mujeres han demostrado en diversas ocasiones que son capaces de llegar a grandes puestos, y hacer su trabajo de una forma “limpia”, es decir, han demostrado que pueden gobernar un país; al implementarse leyes que permitan que estas puedan acceder a los grandes puestos públicos, no solo respetamos sus derechos humanos, si no que abrimos una puerta para la erradicación de la violencia que en la actualidad se ejerce en contra de las mujeres.
Ahora bien, por lo que toca al Estado de Morelos, la intención del legislador al regular dicha conducta en nuestro Código Penal fue buena, sin embargo, tarde o temprano podría suscitarse el caso en que, por cuestiones de constitucionalidad y competencia, deba derogarse dicho tipo penal, pues como se advirtió en líneas que preceden, dicha competencia por regla, se surte siempre a favor del Congreso Federal.
Estimado lector, le saludamos a la distancia.

  • EL Partido del Trabajo no postulara candidatos que tengan en su haber denuncias por violencia política, acoso sexual o cuando sean deudores de pensión alimentaria.

La Comisionada Política Nacional del Partido del Trabajo en Morelos, Tania Valentina Rodríguez Ruíz, firmó el Pacto Político por el Derecho de las Mujeres a una Plena Participación Política Libre de Violencia, de cara al proceso electoral del 2021, promovido por el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, que encabeza Flor Dessiré León Hernández y como testigos de honor el INE y el IMPEPAC
Durante la firma del pacto, Tania Valentina, manifestó que el Partido del Trabajo celebra esta acción en favor de las mujeres. así como la suma y el compromiso de las demás fuerzas políticas en el Estado de Morelos.
• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.
• Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privad, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
• Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y publica.
La dirigente Partidista, Tania Valentina, al firmar el documento, refrendó su compromiso con las mujeres de Morelos, para seguir al pie de la letra los lineamientos del Pacto Político por el Derecho de las Mujeres a una Plena Participación Política Libre de Violencia, el cual calificó como histórico en la vida política del Estado de Morelos.
En congruencia con el mismo pacto, la Diputada Tania Valentina, aseguró que el Partido del Trabajo tendrá cuidado de no aceptar candidaturas de hombres que tengan en su haber sentencias firmes por acoso sexual, violencia política por condición de género o que se encuentren en condiciones de deudores alimentarios.

La Coordinadora de la Fracción Parlamentaria de Partido del Trabajo en el Congreso de Morelos, Tania Valentina Rodríguez Ruíz aplaudió la aprobación de la “Ley Olimpia” en lo general con 87 votos a favor por el Senado de la República, para que la violencia digital en contra de las mujeres sea punible en todo el país.
La legisladora petista reitero su compromiso irrestricto y constante en favor de las mujeres de Morelos, y dejo en claro que con esta Ley ningún caso de violencia digital ni mediática cometido contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, quedara impune, porque los agresores recibirán su castigo.
La Ley Olimpia, protege el bien jurídico tutelado que es la privacidad sexual, sobre todo de las mujeres de Morelos, y perseguible por querella con derecho de la víctima a la reparación del daño, para evitar la impunidad y que las víctimas sean expuestas o exhibidas en internet y en redes sociales, precisó la legisladora.
No obstante, Tania Valentina, recordó que por unanimidad las y los diputados del Congreso del Estado de Morelos, aprobaron la Ley Olimpia, con la que quedo tipificado en el Código Penal como delito grave la violencia digital contra mujeres y se estableció como sanciones de seis hasta 12 años de cárcel a quien incurra en ese delito.

“La crisis de inseguridad muestra la necesidad de que la sociedad coadyuve a generar seguridad pública, mediante acciones concretas con las cuales pueda participar”, aseguró la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruíz, al participar en la inauguración del “Curso de Prevención del Delito con Perspectiva de Género, para la intervención de los agentes de Seguridad Privada en la prevención de los delitos vinculados a la violencia de género”, el cual se realizó de forma virtual.

En su mensaje inaugural dijo que las muertes violentas ocurren principalmente en los contextos urbanos, asociados a la falta de vigilancia, la disponibilidad de armas de fuego, la existencia de patrones de resolución de conflictos personales y la aparición de un patrón de sociabilidad violenta relacionado con el crimen organizado.

Ante catedráticos y agentes de seguridad privada, Tania Valentina puntualizó que en 2018 se presentaron altos índices de homicidios por cada 100 mil habitantes ligados al crimen organizado, y que el caso más grave se presentó en el estado de Colima donde la tasa de homicidios dolosos llegó a 81,09 homicidios por cada 100 mil habitantes.

“Como problema social, el de la inseguridad reclama una respuesta social de manera conjunta” dijo Tania Valentina, al destacar que es urgente garantizar a las mujeres el derecho y acceso a una vida libre de violencia, por lo que acordó con empresas de seguridad privada diseñar e implementar, junto con especialistas de la academia y de las políticas de igualdad de género en el estado, un programa de capacitación que permitiera a los supervisores de las empresas de seguridad privada coadyuvar a la prevención del delito con perspectiva de género.

Agregó que el Estado posee recursos limitados con los cuales puede hacer frente al fenómeno de la violencia, por lo que es necesario desarrollar un enfoque alternativo con el cual se contribuya a abatir el índice de criminalidad y que tendrá que pasar por la concurrencia de los diferentes sectores de la sociedad.

La muerte en la cultura mexicana significa no olvidar a quienes nos precedieron. El respeto por la muerte nos debe servir para exigir una vida digna. Nadie debe ser privado violentamente del derecho a vivir. En estos días de tantas muertes cotidianas no debemos olvidar a quienes les fue arrancada la vida por violencia feminicida. Eran rostros, cuerpos, historias, que fueron cegadas cruelmente por quienes se sienten dueños del poder en las casas y en las calles. Fueron víctimas de la violencia machista al amparo del sistema patriarcal que el capitalismo impone estructuralmente. Mientras la impunidad prevalezca y no se tomen las medidas de prevención, atención y sanción, no se podrá erradicar el feminicidio. Luchar hasta que se garantice una vida libre de violencia para las mujeres y niñas es un deber y un compromiso de construir una cultura de respeto a los derechos humanos.

Durante el primer semestre de 2020, en Morelos, se documentaron por la Comisión Independiente de Derechos Humanos, 44 feminicidios, y los meses con una mayor cantidad de feminicidios ocurrieron en marzo (10) y julio (9).

Los municipios con mayor número de feminicidios fueron Cuernavaca 11, Temixco 6, Amacuzac Tlaltizapán y Jiutepec 3 cada uno.

Del 10 de agosto de 2015 al 31 de julio de 2020 hemos documentado 430 feminicidios. De agosto a diciembre de 2015 se reportaron 27, durante 2016 los casos se elevaron a 97, en 2017 ocurrieron 74, en 2018 fueron 88 y en 2019 documentamos 100, y en 2020 de enero a julio se han documentado 44.

El rango de edad de las mujeres asesinadas fluctuó entre algunas horas de nacida y los 94 años. Se hizo un análisis fino por rango de edad de las mujeres asesinadas y se observó que el mayor número se encuentra entre los 21 a 30 años con 234, seguida de la categoría de entre 31 a 49 con 164 feminicidios.

Los feminicidios han ocurrido en todo el estado, pero solo 8 municipios están con AVG y los de mayor número son: Cuernavaca 217, Jiutepec 98, Temixco 83, Cuautla 63, Yautepec 60, Xochitepec 48, Emiliano Zapata 47, Puente de Ixtla 42, Jojutla 36 y Tepoztlán 35.

De los 8 Municipios con Declaratoria de AVG en Morelos, tan sólo 5 nos entregaron a la CIDHMOR informes de cumplimiento, pero Cuautla, Yautepec y Jiutepec No entregaron.

En Morelos no se ha eliminado el feminicidio. El recuento de los mismos es de 1235 casos en casi 20 años. Recordando que en nuestra solicitud de la Alerta de Violencia de Género documentamos 530 casos en 13 años y en 5 años con AVG hemos documentado 430 y en lo que va de este año 44 feminicidios.

Esta realidad lastima profundamente los derechos de las mujeres y vulnera su derecho a una vida libre de violencia. Y lamentablemente vemos como a medidas emergentes, las reacciones lentas y discontinuas han sido la respuesta institucional.

El cambio de personal, así como la nula o poca comprensión de la problemática que abarca la Alerta de Violencia de Genero en Morelos implica que la atención y seguimiento a las acciones mandatadas por la AVG se haga tardíamente y que los compromisos adquiridos no se hayan cumplido.

En este sentido, observamos que las controversias políticas y/o personales dentro del gobierno municipal, estatal y federal únicamente contribuyen a una inacción de las instituciones y, por ende, una desatención en la obligación de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y en el cumplimiento de las medidas decretadas por la Alerta de Violencia de Género.

Por todo ello, en el marco de las tradiciones culturales de nuestro pueblo, que no olvida a las personas muertas de manera violenta, hoy 28 de octubre de 2020, seguimos llamando a  reivindicar el derecho a una vida digna y exigir justicia para todas las víctimas de feminicidio en Morelos, hacemos un enérgico llamado a todos los poderes del Estado y a todos sus niveles de gobierno para que cumplan y hagan cumplir la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues el pueblo se los demanda.

Atentamente

Por la vida y la justicia para las mujeres.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C.