AGENDA POLÍTICO JURÍDICA

Alejandro Corona Markina

Lo que ocurre en Jiutepec, tiene una explicación: la corrupción emanada del “gobierno amigo” (de Graco Ramírez y Rodrigo Gayosso), mismo que al igual que casi todas las administraciones municipales perredistas, se infectaron con el “virus” de la deshonestidad, tan característica de la gestión del tabasqueño y la pasada legislatura amarilla.
Así como fue de vertiginoso su ascenso en la política, así se da ahora la caída del edil Manuel Agüero Tovar, quien en campaña ofrecía “basura gratis” y “parques gratis”.
La pregunta es una: ¿dónde está el dinero del ayuntamiento de Jiutepec?
Cuando a los municipios se les aprueban los presupuestos de ingresos y egresos, existen rubros que tienen partidas rígidas, que no pueden tocarse, tales como los sueldos y prestaciones previstas para el personal.
Sin embargo, durante el gobierno de Graco Ramírez y sus legislaturas cómplices y corruptas, la regla de no disponer de los recursos destinados a las nóminas laborales, se rompió una y otra vez.
En el caso del gobierno que encabezó Graco Ramírez, además de los indignantes préstamos que se le autorizaron, a mitad del año 2015, se le permitió una modificación del presupuesto de ese ejercicio, pues en los primeros cinco meses se había consumido lo de todo el año. Serviles y cómplices, los legisladores accedieron a la modificación presupuestal. Claro, fue año electoral y el tabasqueño requería de mucho dinero para las campañas de su gente, entre ellas, precisamente Manuel Agüero Tovar, quien contendía por primera vez a la presidencia municipal de Jiutepec.
Y de le legislatura pasada, que más puede decirse. Francisco Moreno Merino, abrió el boquete al disponer irregularmente de todos los recursos del Congreso, de manera tal que no hubo ni para pagar la nómina de los trabajadores. Luego, el mismo ejemplo siguió Beatriz Vicera Altriste y no se diga Hortensia Figueroa Peralta, quienes de plano saquearon las finanzas de la Cámara de Diputados.
En la misma tónica, Manuel Agüero Tovar, se “despachó” con la cuchara grande y dispuso para su campaña reeleccionista, de múltiples recursos materiales y humanos con cargo al municipio, al grado de que al perder la elección, de inmediato trató de cancelar su promesa de “basura gratis”.
Así, los encargados del servicio de limpia y en general todos los proveedores del ayuntamiento, se le fueron encima al edil “amigo” y ahora son los trabajadores sindicalizados los que protestan, pues se les acabó el amor por el Manolo, ya que cuando te pegan en el bolsillo, se acaban las amistades.
Manolo deja un Jiutepec sucio, inseguro y convertido en un caos. No hay que olvidar que siendo diputado priísta, se entregó a los brazos de Graco Ramírez, pero al igual que otros muchos otros que se pusieron a los pies del tabasqueño, les espera el basurero de la historia, pues muy difícilmente la gente volverá a confiar en ellos.

Por Miguel Ángel Isidro

“Mira Bartola
‘Ay te dejo esos dos pesos 
Pagas la renta,
El teléfono y la luz
De lo que sobre
Tomas de ‘ay para tu gasto
Guárdame el resto para echarme mi alipús”…

Con esos versos inicia una de las más populares canciones del gran cronista urbano del México del siglo XX, Salvador Flores Rivera.

Cuenta la anécdota que la historia de “La Bartola” proviene de un hecho real: Chava Flores conoció a un señor que trabajaba en diversos oficios para poder subsistir. Pero como “buen mexicano”, aquel camarada era un mujeriego que tenía tres mujeres con hijos. Así qué haciendo cuentas, a cada una de sus consortes, este pintoresco personaje les destinaba, en promedio, la fabulosa cantidad de dos pesos diarios… y pues de ahí la canción.

Créame, amable lector, que me resistí a comentar de botepronto acerca de la propuesta presupuestal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de las múltiples reacciones que ha generado, a favor y en contra.

Vivimos tiempos en los que los ánimos están muy encendidos y las sensibilidades reaccionan a flor de piel. Bromas aparte, creo que todos debemos comenzar a entender cómo debiera operar el asunto de la austeridad.

Hacer más con menos, predicar con el ejemplo y poner a los desfavorecidos como principal prioridad son algunos de los ejes de acción que el gobierno de la Cuarta Transformación ha planteado en materia de ajustes presupuestales.

Hay que entenderlo: México no puede darse el lujo de sostener los excesos y latrocinios de una clase política que está acostumbrada a hacer del erario su botín personal. Al aspecto salarial -que sigue siendo tema de controversia y pleito casado entre los tres poderes de la Federación- hay que agregar la inminente necesidad de dar pertinencia al gasto público.

Duplicidad de funciones entre oficinas, organismos y programas; funcionarios con una interminable e inexplicable lista de asesores incluso para asuntos de menor importancia, oficinas con un sentido ofensivo de lujo, compadrazgos y nepotismo en las nóminas son sólo algunos de los males que se deben erradicar de la práctica gubernamental.

Es un proceso que tomará tiempo y que obviamente generará resistencias.

Sin embargo la aplicación de la Operación Tijera en las finanzas de la Federación no puede aplicarse a rajatabla y sin cortapisas. Existen sectores sensibles sin los cuales la entrada del nuevo régimen no puede aspirar a ser integral ni socialmente responsable. Y por supuesto, en este apartado entran temas como la educación, la ciencia y la tecnología.

Y es que en el proyecto presupuestal remitido por el presidente López Obrador al Congreso sobresalen a primera vista los recortes a universidades publicas, a entidades como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y a la Secretaría de Cultura.

Afortunadamente, y mostrando sensibilidad a las airadas reacciones de la comunidad académica, científica y cultural del país, el propio presidente López Obrador reconoció públicamente durante una gira de trabajo por el estado de Hidalgo que algunos apartados del presupuesto contienen errores, y en el caso de las universidades públicas, ofreció la reasignación de recursos no sin antes reiterar el llamado a una administración más responsable de los presupuestos. “Voy a ser respetuoso de la autonomía, pero debe haber honradez y transparencia”.

Obviamente se debe reconocer que durante la pasada administración se cometieron excesos que jamás se debieran repetir. En redes sociales se ha documentado que durante el gobierna de Enrique Peña Nieto se desviaron recursos de entidades paraestatales para pagar millonarios contratos a comunicadores e “influencers” para hacer propaganda al gobierno peñista y atacar a López Obrador. ¿Cómo explicar que un personaje como el impresentable “youtuber” Jorge Roberto Avilés Vázquez, conocido como “Callo de Hacha” haya recibido más de 6 millones de pesos del CONACyT durante los tres últimos años del sexenio anterior?

Por supuesto que alguien debe responder legalmente por este tipo de excesos, pero eso tampoco justifica que de un plumazo se recorten 2 mil 500 millones de pesos al presupuesto del organismo operador ara el 2019. Lo justo es reasignación el dinero despilfarrado a rubros que realmente lo requieren dentro de la misma esfera de influencia del CONACyT, como podría ser el caso de ampliar la base de integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, y además, hacerlo con base a criterios reales de desempeño, trayectoria académica y productividad. En México existen muchos científicos e investigadores que sobradamente merecen ganar más de los 108 mil pesos mensuales que recibe el presidente de la República.

Administrar con eficiencia y sentido de justicia no tiene que ver necesariamente con afilar el machete y cortar de tajo aquello que no se comprende o se considera oneroso. Estamos en un momento pertinente para ponderar las prioridades nacionales.

En este último aspecto, me quedo con lo señalado por el doctor Gerardo Herrera Corral, colaborador del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares: “Un país sin ciencia y tecnología está condenado a la dependencia y al subdesarrollo”.

En temas tan prioritarios no podemos permitirnos el ser víctimas de “el síndrome de la Bartola”.

Esto apenas comienza.

Twitter: @miguelisidro

Por Miguel Ángel Isidro

Uno de los elementos fundamentales de la democracia moderna es la división de poderes.

Sin la posibilidad de una convivencia respetuosa y equilibrada entre los distintos actores, la actividad gubernamental está condenada al caos y la anarquía. Por ello es importante ponderar el permanente diálogo entre las partes.

Lo anterior viene a colación por la controversia generada ante la promulgación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, impulsada en apego a la política de austeridad convocada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es importante reconocerlo de antemano: el triunfo del nuevo gobierno fue sustentado de manera importante en el hartazgo popular ante los abusos y atroz corrupción que caracterizó a los gobiernos mexicanos, particularmente en los últimos 30 años.

No es momento para caer en falsos debates; que si son 600 mil, 300 mil o 250 mil pesos mensuales: lo real es que los magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación (y muchos de sus similares en los estados), ganan sueldos exhorbitantes y ofensivos a los ojos de los mexicanos que sobreviven, en un elevado número, con menos de 5 mil pesos al mes.

Eso, sin soslayar el hecho de que muchos de ellos-no todos, hay que aclararlo-,se despachan con la cuchara grande con cargo al erario: chóferes, escoltas, autos blindados, oficinas de lujo, amén de la posibilidad de incorporar a familiares y amigos cercanos a la nómina judicial con sueldos nada despreciables.

Sin embargo hay que reconocer que esto no es nada nuevo. ¿Cómo llegamos a estos excesos? Muy seguramente, porque como siempre ocurre hasta que aparece una controversia de este tipo, a los ciudadanos comunes, a la “gente de a pie”, ni nos va ni nos viene lo que ocurre con una instancia judicial hasta que lamentablemente requerimos de ella. Y sobra decirlo, en la mayoría de loa casos, la experiencia es frustrante, porque la justicia en México se vende al mejor postor.

Existe un hecho contundente: si el aparato de justicia del país funcionase con estricto apego al Estado de Derecho y en defensa de los intereses de la sociedad, probablemente nadie estaría escamoteando los emolumentos de sus integrantes. Sin embargo, para la mayoría de los mexicanos el Poder Judicial es una instancia lejana, hostil e incluso cruel. No son pocas las veces en que los poderosos se han aprovechado de la compra de la justicia en detrimento de pueblos, comunidades, sindicatos o víctimas del delito. Haciendo un balance, la imagen del poder Judicial en México está severamente deteriorada… y a sus integrantes poco les ha interesado hacer algo para remediarlo. Hasta ahora, que buscan justificar sus ingresos.

Lamentablemente, el actual conflicto en el que se han visto envueltos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en términos reales y efectivos poco tiene que ver con la llevada y traída cantaleta de la “austeridad republicana”. Esto ha sido en realidad un pretexto. La realidad es que en el fondo existe una encarnizada lucha de poder.

En estricto sentido, es sabido que la ley no se puede aplicar retroactivamente, así que la legislación en materia de emolumentos para los servidores públicos enfrentaría problemas de técnica jurídica para su aplicación objetiva. Es cierto que el Presidente Andrés López Obrador ya puso el ejemplo recortándose el salario a un 40 por ciento respecto a su antecesor, y que fue contundente al impulsar la eliminación de las millonarias pensiones a los ex presidentes, pero falta ver cómo podría meter en el mismo aro, por ejemplo, a las millonarias pensiones que paga el servicio público federal. Y un ejemplo cercano lo tiene con la actual titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero quien cobra una nada despreciable jubilación de 258 mil pesos mensuales en su calidad de ex ministra de la Suprema Corte, misma a la que aseguró estar dispuesta a renunciar. Pero habría que ver si piensan lo mismo todos los ex funcionarios del sector…

Sin duda la política pro-austeridad de AMLO es una respuesta a una añeja exigencia ciudadana. Más allá de los números hay una deuda de probidad y justicia social con la población.

Sin embargo, flaco favor le hacen al mandatario los legisladores federales, que por un lado empujan con la “operación tijera” hacia las distintas entidades y organismos gubernamentales, pero en contrasentido se siguen autorizando todo tipo de gastos y prebendas. Ello anula la calidad moral de diputados y senadores para reclamar a los ministros que, en oposición a la Ley de Remuneraciones, presentaron un amparo que ellos mismos habrán de dictaminar. Legisladores y ministros se acusan mutuamente de comer demasiado… cuando todos ellos tienen “la boca llena”.

Aquí lo lamentable es la evidente falta de disposición de ninguna de las partes en conflicto -legisladores, ejecutivo, ministros-, en una situación que podría significar la primera crisis política del naciente sexenio.

Y es qué hay que considerar que tampoco se pueden tomar decisiones sobre las rodillas como las que plantea el dipsómano senador Félix Salgado Macedonio en el sentido de simplemente “liquidar a los magistrados y contratar a otros”. La independencia y autonomía entre los poderes garantiza la gobernabilidad democrática; ninguno puede ni debe actuar como subordinado del otro.

Por lo pronto debe privilegiarse el diálogo y el acuerdo en aras de mantener el orden constitucional. México y sus ciudadanos enfrentan retos y demandas de gran urgencia; no es justo que nuestros políticos desgasten tiempo y energía en el estéril juego de “ver quién la tiene más grande”.

La guerra de descalificaciones no nos va a llevar a ningún lado. En alguna de las partes debe caber la prudencia y dar el primer paso, porque se lo contrario una vez más quedará demostrado que a nuestra clase política le interesa más la lucha por el poder que el beneficio de las mayorías. Y aún falta ver lo que ocurrirá con el tema de los eventuales recortes presupuestales a organismos desconcentrados e instituciones codependientes del gobierno federal.

Esto apenas comienza.

Veremos y comentaremos.

Twitter: @miguelisidro

Por Miguel Ángel Isidro

El 23 de marzo de 1994, en un polvoroso asentamiento popular de Tijuana, fue asesinado a mansalva, a plena luz del día y rodeado de cientos de personas el entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Dicho asesinato marcó un doloroso hito en la historia política del México moderno: el advenimiento de una nueva y sombría realidad, en la que ni siquiera los personajes cercanos al poder podrían estar a salvo de la violencia criminal. Y en la otra cara de la moneda, la subsistencia de una clase política carente de principios, capaz de llegar al asesinato para lograr sus objetivos.

El sacrificio de Colosio se circunscribe perfectamente dentro de lo que Maquiavelo estableció como la mecánica del crimen político perfecto: hacerlo a la vista de la gente, para que la confusión impida su cabal esclarecimiento, y al mismo tiempo, para infundir terror.

A 24 años de distancia, y a pesar de la premura oficial por dar por cerradas las investigaciones, persisten muchas dudas y agujeros negros en torno al caso. Pero lo que más llama la atención ha sido la forma en que algunos personajes han sabido acomodar las circunstancias para prácticamente estar fuera del ojo público, pese a las implicaciones jurídicas, criminales y políticas del caso.

Resulta curioso, que a casi un cuarto de siglo, cada vez que se hace referencia al caso Colosio, la sombra de la sospecha se extiende sobre la figura del villano favorito del imaginario colectivo de la fauna política mexicana: el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Obvio, a pesar de la escasez de pruebas sólidas, razones sobran para dicho juicio popular. Primero, por el halo de ruptura marcado por el propio Colosio en su emblemático discurso del aniversario del PRI, apenas unos días antes de su asesinato, enfatizado en una sentencia lapidaria: “Veo a un México con sed y hambre de justicia…”

Segundo, porque en el imaginario popular sigue pesando la idea de que Salinas se empeñó en vender a la sociedad mexicana un espejismo de modernidad de la mano de ese adefesio programático que él mismo bautizó como “liberalismo social”. El reclamo de un México que se durmió soñándose en el primer mundo bajo el cobijo del Tratado de Libre Comercio y que fue despertado con el balde de agua fría que representó para los poderosos el alzamiento indígena en Chiapas.

Sin embargo, a la luz de los años y de los acontecimientos, sin más argumentos que la simple lógica, es de llamar la atención que prácticamente en ninguno de los señalamientos públicos sobre el caso Colosio, se hace mayor referencia a la figura de otro personaje que fue protagonista, beneficiario y fiel de la balanza en muchos de las implicaciones de este tortuoso asunto: el también ex presidente Ernesto Zedillo.

Resulta curioso como para muchas personas, al hablar de esa coalición de fuerzas y conveniencias políticas denominada por muchos como “el PRIAN”, la simple asociación de ideas lleva a entrelazar hechos y personajes de dos sexenios de manera casi directa: se relaciona de manera casi perversa a Salinas con Vicente Fox; cuando se habla de negocios al amparo del poder, de la alternancia , de las famosas “concertacesiones”… como si el sexenio del Doctor Zedillo no hubiese existido.

Al cierre de esta semana, y como consecuencia de un ordenamiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), fue liberado un video no editado que registra el momento exacto de la ejecución del malogrado político sonorense. Ahora se sabe, que por mandato ejecutivo, la Procuraduria General de la República tenía la orden de mantener dicho material audiovisual bajo reserva hasta el año 2035. Y más aún, que dicha orden fue dictada desde la Presidencia de la República.

En los hechos, Ernesto Zedillo Ponce se León fue el principal beneficiario del sangriento homicidio de Colosio. Por designación directa (dedazo), fue impuesto como candidato presidencial sustituto, y para muchos observadores, la tragedia de la familia Colosio motivó un voto sentimental a favor del PRI.

Durante el mandato de Zedillo se cometieron toda clase de latrocinios en torno a la investigación del crimen, y en general, las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia vivieron uno de los momentos más negros de su historia reciente.

Media docena de personajes encarcelados, fiscales especiales, asesinatos sospechosos y hasta historias de videntes se entretejieron en este asunto . Otro dato espeluznante es el hecho de que por mandato presidencial, el expediente criminal del autor material del homicidio, Mario Aburto Martínez se mantiene restringido exclusivamente a familiares. Incluso ahora se sabe que la misma restricción impera sobre cualquier contacto del presunto homicida hacia el exterior; orden que pesa hasta su futura liberación, en el lejano año 2039. Ni siquiera existe autorización para que la prensa tenga acceso a fotografías recientes de Aburto, por lo que su actual filiación y estado físico son un misterio.

Si bien las primeras indagatorias sobre este crimen se desarrollaron a finales del mandato de Salinas, fue durante la administración Zedillo que se dio el cierre técnico del caso. Oficialmente Colosio fue víctima de un asesino solitario, que tuvo franco acceso a su objetivo en un mitin político donde estuvieron presentes decenas de policías, agentes federales y espías del CISEN. Las evidencias e incluso la escena del crimen fueron atrozmente manipuladas antes del agotamiento de las indagatorias. Como si se quisiera entorpecer cualquier otra línea de investigación.

Como candidato sustituto y posterior Presidente de la República, Ernesto Zedillo tenia no sólo el poder, sino la obligación moral de esclarecer el magnicidio de Colosio, de quien fue amigo y coordinador de campaña.

Visto en perspectiva, la llegada de Zedillo a la Presidencia bajo cualquier otra circunstancia que no hubiera sido la sustitución de Colosio hubiera sido imposible. Siempre fue un político gris, sin carisma. Aunque sus cercanos colaboradores siempre elogiaron su inteligencia, su paso por secretarías de despacho federal, como las de Programación y Presupuesto, o la de Educación no fue para nada sobresaliente.

Mientras que a Carlos Salinas la opinión pública le achaca todo tipo de males e injerencias en el poder, aún durante los dos sexenios panistas, Zedillo supo pasar a un bajo perfil en forma sorprendente. Poco se sabe de su actividad privada, más allá de ser catedrático en universidades de Estados Unidos y de haber fungido como directivo en un par de firmas y organismos internacionales del sector financiero.

La única referencia sobre Zedillo en lo privado durante los años recientes ha derivado de la presencia de sus descendientes en publicaciones de la prensa rosa, donde son vistos como miembros del jet-set mexicano, con un estilo de vida propio de magnates.

La ruptura entre Zedillo y Salinas fue evidente. Fue durante el zedillato que se persiguió y encarceló al otrora poderoso Raúl Salinas de Gortari, hermano predilecto del ex mandatario. Y durante su sexenio, Zedillo se encargó prácticamente de desmantelar al PRI. Desde el argumento de la “sana distancia” entre el Presidente y su partido, de manera soterrada se preparó el escenario para entregar el poder al PAN en el año 2000.

En los años posteriores, y ya como protagonista de la escena política nacional , el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al ex presidente Salinas como “El Innombrable”, mote que sintetiza las supuestas atrocidades y alcances de un personaje que para efectos de la mitología política mexicana, sigue teniendo influencia en eso a lo que el propio AMLO se refiere como “la mafia del poder”, para definir esa zona oscura donde se entremezclan intereses económicos y políticos. El espacio donde convergen los grandes empresarios y los gobernantes.

Pero llama la atención el hecho de que durante los años recientes, ni AMLO, ni ningún otro político de oposición hayan dedicado mayor tiempo o espacio para referirse al ex presidente Zedillo. Incluso ha habido quienes elogiaron su decisión de reconocer de manera inmediata el triunfo de Fox y de haber entregado el poder sin mayor reparo. Pero en el fondo habría que constatar un hecho contundente: muchos de los personajes que durante varios sexenios ocuparon espacios clave en instituciones financieras como el Banco de México, provienen del zedillato, como es el caso de Guillermo Ortiz Martinez y José Ángel Gurría Treviño.

También llama la atención que un ex zedillista ha sido incorporado al gabinete de AMLO como secretario de Educación: Esteban Moctezuma Barragán, quien fuera titular de Gobernación al inicio del sexenio de Zedillo, quien posteriormente lo designaría como secretario de Desarrollo Social.

En alguna ocasión, el retorno de Salinas tras una prolongada ausencia del país coincidió con un movimiento sísmico. Abundaron chistes al respecto. En cambio, si Zedillo sale o entra del país, nadie se entera o a nadie parece importarle.

Subsiste la duda. ¿Quién es, entonces, el verdadero “innombrable”?

Twitter: @miguelisidro

Agenda Político Jurídica

Alejandro Corona Marquina

Nada más falso que la afirmación de que el Fiscal General, Uriel Carmona Gándara, cuenta con un amparo y por lo mismo no puede ser removido.

Una cosa es ingresar una demanda de amparo; otra que lo admitan; otra que concedan suspensión (provisional y definitiva) y otra muy distinta es que la Justicia de la Unión te ampare y proteja, como resultado de dicha acción.

La destitución de Uriel Carmona Gándara, sólo cuestión de que verdaderamente exista voluntad y compromiso por parte de los diputados de la LIV Legislatura, con la sociedad morelense, para así quitar a uno de los más ineficientes, corruptos e ignorantes servidores públicos que haya tenido la institución encargada de la procuración de justicia.

A continuación, vamos a explicar la historia del amparo fallido de Uriel Carmona Gándara. El día 5 de octubre del presente año, éste ingresó una demanda de amparo que, por turno, fue remitida al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. Allí solicitó, además del amparo y protección de la justicia federal, también la suspensión provisional para no ser destituido del cargo, pero le fue negada dicha medida protectora.

Como también solicitó la suspensión definitiva para los mismos efectos, es decir, el no ser destituido, el 15 de octubre se celebró la audiencia incidental en el Juzgado Cuarto de Distrito y dicha petición también le fue negada.

Así, a sabiendas de que el Fiscal pretendía obtener un amparo para evitar su destitución, y de que el mismo estaba hecho con las “patas”, pues no habían prosperado sus intentos por obtener ni la suspensión provisional ni la definitiva, de inmediato pudo haber sido destituido, pero todo mundo estaba durmiendo en sus laureles.

El 30 de octubre se celebró la audiencia Constitucional y en sentencia de esa misma fecha se le negó el amparo y protección de la justicia federal. A partir de entonces, existe una oportunidad de oro para destituir a Uriel Carmona Gándara sin problema alguno, pues si bien con fecha 5 de noviembre el fiscal interpuso el Recurso de Revisión en contra de la resolución que le niega el amparo, no cuenta con suspensión de ningún tipo contra el acto que reclama, es decir: no tiene nada de nada.

Es falso lo que algunos dicen, en el sentido de que es necesario esperar a que se resuelva el Recurso de Revisión (674/2018) interpuesto por Uriel Carmona, pues ello sólo sería así, en el caso de que se le hubiese otorgado la suspensión por parte del juzgado de origen, es decir el Cuarto de Distrito, pero eso nunca ocurrió.

Por ello, no sólo es falso, sino estúpido decir que Uriel Carmona tiene un amparo y se debe esperar a que se resuelva el recurso de Revisión que éste interpuso. Atender esto, es tirar por el drenaje la invaluable oportunidad de consumar el acto (la destitución), sin que ello de ninguna forma implique actuar con ilegalidad, pues como se ha dicho, no existe mandato judicial que impida hacerlo, al haberse negado el amparo y protección de la justicia federal por parte del Juzgado Cuarto de Distrito y no estar vigente suspensión alguna. En caso de destituir a Uriel Carmona, el recurso de Revisión -del cual conoce actualmente el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa-, sería sobreseído al quedar sin materia y no habría consecuencias legales para los legisladores ni el gobierno del estado, derivadas de dicho acto.

Pero la protección que a Uriel Carmona no le dio la justicia federal, se la está dando una mano oscura que dentro del Congreso del estado ha impedido que camine el proceso que debe culminar con su inmediata salida e incluso con una investigación a su gestión.

Ya se vio que no tiene dignidad el Fiscal General, pues aun cuando en todas partes se le repudia (incluso las asociaciones de abogados y no se diga su personal), se aferra al hueso que el corrupto Graco Ramírez le otorgó, para que a su vez fuera su manto protector cuando se le llegue la hora.

Veremos en las próximas horas si verdaderamente existe voluntad por parte del legislativo para por fin camine el proceso de destitución del Fiscal General y que cuando menos a los morelenses se les cumpla una mínima parte de las promesas hechas en campaña, en el sentido de que se iba a proceder contra la corrupción heredada por Graco Ramírez Garrido Abreu y sus cómplices de la pasada legislatura local.

Perspectiva

Por Marcos Pineda

Con el bastón de mando entregado por los representantes de las comunidades indígenas, la limpia sabiduría que provee tan completa purificación, justo encima de los importantes vestigios arqueológicos de nuestros ancestros, un bono democrático de 30 millones de electores, una popularidad de 60 puntos porcentuales y perdón a los corruptos que le antecedieron en el ejercicio del gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador sentenció que la corrupción en nuestro país se ha terminado, junto con el neoliberalismo.

Del sábado pasado en adelante, ningún funcionario público o persona privada que saque ventaja de los recursos públicos deberá quedar impune. No más compras amañadas de gobierno, no más sobornos a servidores públicos, ni para que sean omisos ni para que actúen contra la ley, no más contratos puestos en bandeja de plata por influyentismo ni por transas. No más mordidas por faltas menores y no más nuevos ricos al amparo de la impunidad.

De la política económica hablaremos en otro espacio. Por lo pronto, sí que estamos hablando de un nuevo México, de un país transformado, que verá surgir una nueva cultura de la función pública, nuevas generaciones de servidores públicos investidos de un novedoso fervor republicano. El gabinete setentero y ochentero que lo acompaña deberá ser el primero en poner el ejemplo de que ya no son como supimos que fueron. A ver si chango viejo aprende maroma nueva.

La mejor de las suertes para el presidente AMLO. Y le decimos que no sólo vamos a apoyarlo de dientes para afuera, sino que vamos a colaborar puntualmente para que logre el objetivo de erradicar la corrupción haciendo lo que nos corresponde en los medios de comunicación: vamos a denunciar los actos de corrupción que presuntamente se cometan para que sean investigados por las autoridades competentes y no queden impunes.

Para iniciados

El trabajo legislativo en Morelos pinta para volverse chantaje legislativo. Ante la inexperiencia de la mayoría de los legisladores, las contradicciones en que incurren Alfonso de Jesús Sotelo y Marcos Zapotitla casi cada vez que dan declaraciones a los medios y el ánimo de protagonismo casi con tono de berrinche a veces de Pepe Casas, Tania Valentina saca el colmillo y los rebasa. Los otros más bien calladitos andan a la expectativa de que los resultados de las negociaciones (chantaje) que un pequeño grupo hace. Ya lograron su primera victoria con el despido de decenas de empleados y ahora andan en la colocación de sus huestes y compromisos. Por poco se salen de control en algunos momentos y pudiera ser que pronto tengamos una escena de esas que recorren viralmente la Web, porque ya hay quienes les quieren poner un alto, como Javier García. A ver si no tarda mucho.

Por Miguel Angel Isidro

Con el arranque del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, inicia la construcción de un nuevo régimen político en México.

Y ciertamente, el gobierno de Enrique Peña Nieto representó el colapso final de un sistema cuya caída se vino cocinando desde hace casi cinco décadas.

Porque ciertamente, la llegada de un nuevo régimen, no se podría concebir ni entender sin el movimiento estudiantil de 1968, la guerra sucia de los 70, la rampante corrupción de los 80, las recurrentes crisis económicas de las últimas tres décadas; la crisis electoral del 88, el “error de diciembre”, el espejismo democrático de Fox, la violenta e inútil guerra de Calderón, Ayotzinapa, la Casa Blanca y el supra poder del narco, entre otros muchos episodios dolorosos para la vida del país.

El cierre del gobierno de EPN no pudo ser más desastroso: escándalos de corrupción, los niveles de aprobación más bajos para un presidente desde la salida de Ernesto Zedillo y cuestionables decisiones como retirar de salida el subsidio a combustibles, y otorgar el Águila Azteca a Jared Kushner… el yerno del presidente norteamericano Donald Trump. Sí, el hombre que reiteradamente ha insultado a México y cuyas decisiones mantienen a nuestra frontera norte en una crisis migratoria y humanitaria sin precedentes.

Sin embargo, hay que entender que en los procesos políticos, los cambios no se dan por decreto. Para que el nuevo régimen se instale exitosamente no basta con el acto republicano de la transición de poderes. Y también hay que decirlo, como en todo parto, el alumbramiento de un nuevo sistema político no estará exento de accidentes y dolores.

Hay que entender que a pesar del abultado bono democrático con el que inicia el mandato de López Obrador, sus principales adversarios políticos -en este caso, el PRI y el PAN y algunos de sus eventuales aliados- continúan teniendo distintos espacios de representación en las cámaras, en estados y municipios.

Y más aún; hay que advertir que aún disminuida, la nueva oposición no escatimará oportunidades para oponer resistencia al cambio, como ya quedó demostrado en la controvertida votación sobre las reformas constitucionales referentes al fuero constitucional, que fue un claro ejemplo de que la vieja clase política tratará de sacar ventaja de los errores y excesos de confianza de la nueva mayoría.

Morena y su Presidente de la República deben entender que a pesar de la pequeñez numérica de sus adversarios y críticos, deben asumir la obligación republicana de construir la nueva democracia, a través del diálogo y el debate informado. Usar como argumento los errores, imposiciones e injusticias del pasado representaría el retorno a la mediocridad y mezquindad de sus antecesores.

Es obvio y evidente que la oligarquía no va a renunciar en automático a sus privilegios. Hay que tomar como muestra lo ocurrido con temas tan complejos como el manejo de los mercados o la relación con el sector empresarial, donde el propio López Obrador tuvo que ceder cierto terreno para evitar un escenario de abierta confrontación durante su arribo al poder.

Ninguna transición es sencilla. Sobre todo porque muchos actores de la política las avizoran como oportunidades de lucro. Ahí tiene usted el caso de esa entelequia de partido autodenominado Movimiento (anti) Ciudadano, que bajo la guía del ex priísta Dante Delgado ha transitado de aliado de la derecha panista a rémora del perredismo lopezobradorista, para terminar en estos momentos como una suerte de bisagra convenenciera que ayudó al PRI y al PAN a frenar la reforma para derogar el fuero constitucional.

Si quieren de verdad concretar una transición e instaurar un nuevo régimen, Morena y López Obrador deben abandonar la zona de confort que le brindan sus 30 millones de votantes y entender que ahora gobiernan a todo un país, no sólo a un partido. Si consiguen tender puentes con los sectores más lejanos a su tradicional clientela -la clase media alta, el empresariado, o aquellos círculos que caen en el peyorativo mote de “los fifís” – habrá concretado una hazaña nunca antes lograda en México: hacer de la política una herramienta de construcción de ciudadanía, y no una burda arma para el exterminio de los contrarios.

Será interesante el devenir de los próximos 100 días, ya que independientemente del nuevo estilo de gobernar, dicho periodo marca un parámetro ideal para evaluar el contraste entre la oferta electoral y la realidad de un gobierno en funciones.

Contrario a lo que muchos pueden pensar, no abrigamos ningún tipo de sentimiento de animadversión al nuevo Presidente de la República.
Sin embargo, nos alimenta la convicción de que sólo ejerciendo un periodismo crítico podemos contribuir, aunque sea en una mínima parte a la indispensable toma de conciencia que nuestro país necesita. Si otros prefieren asumir el papel de aplaudidores y corifeos, están en su derecho. Pero cuando el periodismo deja de ser un observador crítico del poder, se convierte en publicidad… de la más burda y elemental.

Se puede la reconocer los aciertos sin dejar de ser crítico. Esa condición representará un reto importante en esta nueva etapa. Pero por favor, no esperen un periodismo complaciente, porque se supone que ese es uno de los lastres que queremos dejar en el pasado.

Veremos y comentaremos.

DE BOTEPRONTO: Los desastrosos números que deja Peña Nieto en materia de economía, tipo de cambio, violencia criminal e impunidad representan el tiro de gracia al viejo régimen priísta, pero al mismo tiempo, son el indicador obligado de los retos a vencer por la nueva administración.

Veremos y comentaremos.

Twitter: @miguelisidro

Por Rolando Romo Carrillo

A traición huele la Entidad de Auditoría y Fiscalización (ESAF). Desde hace una semana su titular, Vicente Loredo Méndez, anunció a sus directivos su salida a partir del próximo 30 de noviembre. De inmediato y como buitres hambrientos, sus antiguos aliados se apresuraron a acudir con sus contactos en la LIV Legislatura Local, para “negociar” los secretos oscuros de la institución, todo a cambio de ser designados en el lugar del oriundo de San Luis Potosí.

Pero resulta que quienes se aprestan a sustituir a Loredo Méndez, tienen larga cola que les pisen. De acuerdo a la prelación que contempla la ley de la materia, ante la renuncia de Vicente Loredo como Auditor General (y en tanto se designa al nuevo titular), quien deberá sustituirlo es el Director Especial de la Hacienda Pública Estatal, Uriel González Sotelo.

¿Cuál es el cuestionamiento que se le hace a Uriel González Sotelo? Simple: fue colocado como Auditor Especial de la Hacienda Pública Estatal, exclusivamente para cambiar las observaciones detectadas en los préstamos adquiridos (y luego malversados), por el entonces gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu. Hizo tan buena chamba, que luego se le ratificó en el puesto en el que permanece actualmente.

La historia es así: cuando se inicia la auditoría especial a los millonarios créditos autorizados y ejercidos por Graco Ramírez, el entonces auditor superior, Luis Manuel González Velázquez, encomendó la revisión a la Directora General de la Hacienda Pública Estatal, Rosa Bahena Juárez, quien realizó una impecable labor fiscalizadora, apoyada en todo el personal que tenía a su disposición, entre ellos el mencionado Uriel González Sotelo, quien entonces era tropa, es decir, no tenía cargo alguno.

Cuando en los primeros informes y pliegos de observaciones se refleja la putrefacción derivada de los vergonzosos desvíos y saqueo de los fondos provenientes de los préstamos, Graco Ramírez y sus diputados cómplices, deciden desaparecer la entonces Auditoría Superior de Fiscalización y crean lo que hoy es la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. Así, echan no sólo al auditor superior, Luis Manuel González Velázquez, sino también a la Directora General de la Hacienda Pública Estatal, Rosa Bahena Juárez. Al primero lo sustituye Vicente Loredo Méndez, quien rápidamente negocia que la segunda sea sustituida por Uriel González Sotelo, a quien presenta como un leal colaborador. Uriel nunca había sido jefe de departamento, director de área y mucho menos director general, pero por dedazo brinca hasta la segunda posición de importancia de la ESAF, pues es nada menos ni nada más que el funcionario que en ausencia del Auditor General, ocupa la posición, esto de conformidad con la ley de la materia.

Así, aunque cuando estaba bajo las órdenes de Rosa Bahena Juárez, había realizado parte del trabajo de campo en el que se detectaron las muy variadas observaciones resarcitorias en la auditoría especial, posteriormente Uriel González realizó el trabajo sucio, que paradójicamente fue de limpieza, es decir convertir las resarcitorias en simples observaciones administrativas. Hoy en día, se apresta a sustituir a quien le debe todo y mientras a Vicente Loredo se le clavan filosos puñales por la espalda, éste válidamente le puede preguntar a Uriel ¿Tú también Bruto?

Pero no es el único. También quiere la posición el Auditor Especial de la Hacienda Pública Municipal, Víctor Hugo Vargas Ángeles. Y es que en caso de que -junto con Vicente-, también salga Uriel, por prelación él ocuparía el cargo provisionalmente y por eso ya negocia quedarse en definitiva.

Pero en su caso, la cosa está peor que con Uriel. Resulta que es juez y parte en la institución, pues de enero de 2013 a agosto de 2015, ocupó el cargo de Director General de Egresos, en la muy controvertida gestión del presidente municipal de Cuautla, Jesús González Otero, quien recientemente salió de prisión. Por cierto, desconocemos si se excusa de conocer de la revisión de las cuentas de la administración de la cual fue parte, pero lo que es evidente es que dejó morir solo a su ex jefe y sin duda lo mismo hará ahora, es decir traicionar a Vicente Loredo.

Precisamente los egresos de la heroica fueron el motivo por el que González Otero fue imputado por la Fiscalía Anticorrupción, pero mientras éste vivía el infierno en carne propia, en una reducida celda, Vargas Ángeles veía divertido la película, mientras comía sus palomitas.

Así, en los próximos días veremos si reaccionan los nuevos diputados, quienes al parecer no conocen las historias de horror tejidas por Graco Ramírez, ni a los protagonistas de las mismas, pues fieles seguidores del tabasqueño siguen enchufados al presupuesto, lo que equivale a dormir con el enemigo.

Por Miguel Ángel Isidro

Este primero de diciembre no sólo tomará posesión un nuevo titular del Ejecutivo Federal. Con su llegada al poder Andrés Manuel López Obrador pretende -y así lo ha anunciado- inaugurar un nuevo régimen político.

Y aunque esa parte no la reconoce, al menos públicamente, el otro objetivo de su proyecto es garantizar la permanencia de ese nuevo régimen, por lo pronto, para el siguiente sexenio. Y en ese contexto, tampoco habría que perder de vista la posibilidad de que en el mediano plazo pueda comenzar a discutirse la supuesta conveniencia de abrir los cauces legales para la reelección presidencial en México. Todo puede pasar.

Vale la pena observar que desde 1988, con el cuestionado triunfo de Carlos Salinas de Gortari, se inició una nueva modalidad en el estilo de gobierno en México: el de los Presidentes en campaña.

Tras su arribo al poder, los últimos cinco mandatarios mexicanos han tenido que dedicar importantes esfuerzos a legitimar su arribo al poder. Y para ello se han valido de todo tipo de estrategias: anuncios espectaculares, entrega de dádivas o incluso purgas políticas, que en muchos casos han derivado en la persecución y eventual detención de personajes connotados de la fauna política nacional, como fueron los casos de La Quina, Raúl Salinas de Gortari o Elba Esther Gordillo, entre otros.

En el caso de AMLO, según sus propias palabras, no habrá cacería de brujas al inicio del nuevo mandato. Incluso se ha hablado de un supuesto “perdón político” a sus antecesores, lo cual no ha estado exento de polémica.

Lo que es evidente es el hecho de que en el arranque de su gestión, López Obrador tratará de imponer su sello personal al nuevo gobierno; y más allá de trivialidades como si vivirá o no en la residencia oficial de Los Pinos o si seguirá usando un modesto vehículo personal o el ostentoso avión presidencial, está lo referente al entramado de su operación política como mandatario.

En este contexto, destaca la inminente designación de los nuevos coordinadores de los programas federales en los estados, a quienes coloquialmente se les ha denominado como “súper delegados”.

Esto no es para nada un asunto menor. El argumento usado por López Obrador y Morena es el de la famosa “austeridad republicana”: se trata de eliminar el millonario gasto generado por la representación federal en los estados de la República, que según la información presentada, en algunas entidades implica una nómina de hasta 61 funcionarios de alto nivel, con sueldos que alcanzan hasta los 200 mil pesos mensuales.

Habría que entender una realidad. Hasta el sexenio que está concluyendo, los delegados federales formaban parte de la llamada “burocracia dorada”. Aunque hay algunos casos excepcionales, la mayor parte de estos funcionarios de alto nivel desempeñaban dos funciones: la representación de las secretarias del gobierno federal en los estados, y la operación política en favor del gobierno en turno.

Es obvio señalar que cada dependencia tiene un distinto modo de operación. No es lo mismo hablar de una entidad como la SEDESOL, operadora de recursos y programas sociales, que la desempeñada por el Servicio de Administración Tributaria, dedicada casi enteramente a la operación técnica de los asuntos del fisco federal en los estados.

En los años recientes, algunos delegados federales operaron como auténticos virreyes en sus respectivas entidades. Esto sobre todo al arribo de la alternancia en el poder: cuando los gobiernos de los estados y de la Federación dejaron de ser de un mismo partido, los delegados federales podían fungir como aliados o arietes del gobierno estatal en turno.

¿Qué es lo que pretende el gobierno de AMLO? Pues de acuerdo con el propio presidente electo y con algunos de sus legisladores, se trata de evitar la generación de “intereses creados” en la asignación y operación de recursos y programas federales. Pero en la letra chiquita se avizoran otras implicaciones en esta maniobra política.

Por el lado positivo, estaría la posibilidad de erradicar la duplicidad de funciones en el gobierno federal, y la eliminación de “intermediarios” en la operación de programas de asistencia a los sectores desprotegidos de la población. Al amparo de estos esquemas florecieron prácticas tan reprobables como el tráfico de influencias -como los famosos “moches” a legisladores para “agilizar” programas y dinero público- o la monopolización de recursos en favor de un solo partido.

Otra ventaja sería el generar una mayor eficiencia en la interacción entre el gobierno federal y la ciudadanía en los estados. Durante años, las oficinas federales representaron siempre para la sociedad una compleja maraña burocrática, muchas veces más por la ineptitud y soberbia de la burocracia dorada y su falta de empatía con la problemática social. Menos funcionarios puede implicar una mejor comunicación entre gobierno y gobernados.

Sin embargo, también es visible la intención de AMLO de construir su propia estructura de operación política, más allá de la cantaleta de la supuesta “austeridad republicana”. Se anticipa que los llamados “súper delegados” jugarán un papel político clave, sobre todo en las entidades gobernadas por partidos distintos a Morena. Por ello la airada reacción de los mandatarios panistas, a quienes Morena ya mandó respuesta a través de uno de sus pendencieros de marca, el senador Félix Salgado Macedonio, quien incluso se aventuró a amenazar con la desaparición de poderes en las entidades cuyos gobernadores no se sometan a la operación política del nuevo régimen federal, situación para la cual incluso ya se ha hecho valer la mayoría legislativa de Morena con los ajustes constitucionales correspondientes.

Lo que es obvio, para bien o para mal, es que en las entidades con gobiernos “no afines” a López Obrador y su círculo cercano, se anticipa una lucha de poder entre gobernadores y “súper delegados”, que muy seguramente veremos recrudecer conforme se acerquen las elecciones intermedias de 2021.

Es muy probable que este nuevo esquema de operación también limite los excesos y descarada manipulación y desvío de recursos públicos por parte de los gobernadores de los estados, pero la realidad es que todos los políticos “tienen su corazoncito” y no será descabellado pensar en algunos coordinadores federales cayendo en la tentación de hacerse auto promoción y de operar políticamente para técnicamente derrocar a los gobernadores “incómodos”.

Lo cierto es que en estricto sentido, este papel de representación y gestoría en favor de los estados de la Federación debería recaer en la competencia de los integrantes del Senado, ya que además de su labor legislativa, ellos tienen la función de representar a sus entidades ante el pacto federal, como ocurre en toda democracia moderna.

Lamentablemente, en México, nuestra Cámara Alta lleva décadas secuestrada por una anquilosada clase política que sólo brinca de una representación a otra, incluso cambiando de partido con tal de garantizar su permanencia en el Olimpo legislativo. Y las nuevas personalidades que llegan a incorporarse a ese terreno por la vía electoral, al poco tiempo terminan contaminados de la misma enfermedad de poder. Ejemplos sobran.

Sea como sea, es evidente que López Obrador tratará de capitalizar la ventaja política de sus 30 millones de votos y su mayoría en el aparato legislativo para imponer un nuevo estilo de gobernar. Recomendamos a los lectores no tratar de entender la lógica de la supuesta política de “austeridad republicana”, porque al final del día, el nuevo líder político del país está empeñado en su principal tarea de inicio de sexenio: afianzar el poder. Al costo que sea.

Veremos y comentaremos.

Twitter: @miguelisidro

Perspectiva

Por Marcos Pineda

Ayer escuché de un excelente periodista que Andrés Manuel López Obrador está acabando con su bono democrático a pasos agigantados, aún antes de asumir la presidencia de México. Y en su programa de Youtube del jueves de la semana pasada, Chumel Torres le hizo una fuerte crítica, severa y bien documentada, con el aviso de que en su programa le darán puntual seguimiento. En suma le llamó mentiroso a quien asumirá (formalmente, porque en los hechos ya manda desde el dos de julio) el poder federal, el próximo sábado.

En los últimos días AMLO ha perdido popularidad en al menos nueve puntos porcentuales, debido a las contradicciones entre lo que antes dijo y ahora niega.

En algunas lecturas encontré ciertos paralelismos entre la llegada al poder y su proceder en el mismo, del político romano Julio César y lo que se perfila como el gobierno de López Obrador. En realidad, no sé si se trata de coincidencia o inspiración en la figura del más popular de los dictadores romanos. Veamos las más relevantes.

Cuando a César le fue negado el continuar en el poder como Cónsul de Roma, decidió dedicarse a conquistar las simpatías del pueblo para regresar fortalecido, con respaldo de los ciudadanos al margen de quienes ostentaban el poder político formal de la República. Las noticias sobre sus hazañas y sus discursos hicieron crecer su fama, lo que le permitió hacerse de nuevo con el poder pero con mayores ambiciones, con la ambición de transformar a Roma. Y sí la transformó, de República en Imperio, con él como dictador.

Para lograrlo, primero perdonó a los corruptos miembros del Senado romano. No los llevó a juicio, sino los incluyó en sus planes. Segundo, procuró que al pueblo empobrecido le fueran cubiertas las necesidades básicas de alimentación a costa de poner las finanzas en una difícil situación que perduró por décadas. Llevó a cabo monumentales obras públicas de comunicación y riego. Y por supuesto le dio a los romanos el Circo, con un gran esplendor. Al pueblo, pan y circo. A los poderosos, perdón y protección.

Al final, en el momento justo, recibió poderes extraordinarios para convertirse en dictador, en el más poderoso que habían visto en su época. Si hubo alguien a quien pudiera calificársele de populista en esos tiempos, fue precisamente a Julio César. Aunque como saben la historia no terminó nada bien, en especial para el pueblo romano.

Sin mucho más que argumentar por el momento, sólo resta recordar la antigua sentencia: El que tenga ojos que vea y que tenga oídos que escuche.

Para iniciados
Comienzan a salir denuncias y trapitos al sol de funcionarios ligados a la administración de Cuauhtémoc Blanco. Contubernios, transas y abusos de autoridad. Ya hay quienes dicen, varios de estos que están llegando no durarán mucho en sus cargos. Perspectiva está documentando y obteniendo los testimonios correspondientes, aunque más valdría que no permita el gobernador que estos negritos en el arroz se le conviertan en bola de nieve, porque ahora resulta que algunos presumen cercanía con el mandatario y se sienten protegidos.