La ex diputada perredista Hortencia Figueroa Peralta denunció que al querer comparecer ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ante la denuncia que la Mesa Directiva inició y ratificó en su contra, le fue negado -en principio- el acceso a las instalaciones, pero logró entregar un escrito.

“Me dijeron que no podía entrar, a lo que manifesté el motivo de mi visita, que era el apersonarme en la carpeta iniciada en mi contra y presentar una promoción, finalmente accedieron y me permitieron el acceso”, explicó.

Informó que presentó un escrito que indica su domicilio personal y procesal y quienes son sus defensores; además, solicitó copia cotejada de las actuaciones que conforman la carpeta en mención, para ejercer su derecho humano de defensa y presentar los datos o medios de prueba respectivos.

Hortencia Figueroa indicó que la Vicefiscal acordó que “…no ha lugar a acordar favorablemente mi petición, toda vez que el contenido de la carpeta de investigación es de estricta reserva…», basando su decisión, en un par de criterios aislados que, por supuesto, en términos de los artículos 215 , 216 y 217 de la Ley de Amparo, no son de observancia obligatoria.

“Me llama la atención, el hecho de que, el Fiscal y la Vicefiscal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, reciban con singular efusividad y alegría al presidente de Congreso del estado de Morelos y demás diputadas y diputados de la actual Legislatura; y que, por el contrario, a la suscrita, inicialmente se le haya negado el acceso al inmueble que es público y que no habría razón para impedirle el acceso a ninguna persona.

“Sobre todo considerando mi deseo de encarar la investigación en mi contra. Lo que me lleva a pensar que, se tejen investigaciones con fines aviesos y perversos, pues de otra forma, se me debería permitir, sin ningún problema u obstáculo, apersonarme a dicha carpeta”, apuntó.

La ex diputada indicó que “pareciera que, el Poder Legislativo y la Fiscalía Especializada, han acordado armar las carpetas de investigación, a escondidas y de manera sesgada, para que, en un acto sensacionalista, judicialicen la carpeta, soliciten orden de presentación, para que en su oportunidad, se haga la imputación, y llegar al extremo de solicitar que se ordene mi encarcelamiento, lo cual, por la vía estrictamente legal, sería imposible alcanzarlo”.

Y cuestionó: ¿Porqué me impiden defenderme en esta instancia, si la finalidad del proceso penal, según el artículo 20 Constitucional, es el esclarecimiento de los hechos? ¿Cuál es el miedo del Gobernador y del Congreso? ¿Temen que sean infructuosos sus deseos de probar la comisión de algún delito y la responsabilidad penal de la suscrita?

Hortencia Figueroa dejó en claro que no será “la promesa de campaña cumplida del Gobernador ni de sus aplaudidores”, que no tiene nada qué esconder ni de qué avergonzarse, por lo que exigió  al gobernador y el Congreso local “saquen las manos de las instancias correspondientes y que se conduzcan con legalidad y transparencia, que eviten manejar como moneda de cambio a la permanencia de los titulares”.

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