Agenda Político Jurídica
Por Alejandro Corona Marquina
Tal vez en poco tiempo, cuando en el diccionario busquemos una imagen o ilustración de la palabra corrupción, seguramente encontraremos una fotografía de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. Sin embargo y para desgracia de todos los morelenses, él es el constructor de las corruptas instituciones que actualmente integran el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Por cuestión de espacio, el tema lo abordaremos en entregas sucesivas para hablar a detalle de cómo Graco Ramírez se apoderó de todas y cada una de las instituciones involucradas en el SEA, mismas que -al modo del tabasqueño-, replicaron el modelo instruido a nivel nacional. Los pilares del sistema en Morelos, involucra a las siguientes instituciones públicas: Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF); Tribunal de Justicia Administrativa (TJA); Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE); Contraloría del Estado y la caricatura que sustituyó al Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia.
En esta entrega comenzaremos con el ocupante que por ley, ocupa la “séptima silla” del SEA, es decir el denominado Comité de Participación Ciudadana (CPC), que es -a diferencia de las instituciones señaladas en el párrafo anterior-, un órgano dentro del sistema que representa a la sociedad (en teoría) y por ello sus integrantes deberían estar apartados de todo vínculo partidista o cualquier otro que genere dependencia o conflicto de interés.
Resulta que, avorazado como ninguno, Graco Ramírez en el primer tercio de su gobierno instruyó a la LII legislatura del Estado a integrar (a la carrera), un organismo supuestamente ciudadano e imparcial para realizar la importante tarea prevista para el Comité de Participación Ciudadana. Lo hicieron muy mal, tanto que a sus integrantes, aunque les fue tomada la protesta de ley por parte del Congreso de Estado, nunca les dieron recursos, ni tuvieron oficina y ni siquiera entraron realmente en funciones, porque posteriormente se publicó una nueva reforma a la Constitución local (Periódico Oficial Tierra y Libertad de fecha 11 de agosto de 2015), donde se emitió una convocatoria para designar otro Comité de Participación Ciudadana, por lo que el anterior simplemente se quedó “chiflando en la loma”.
Para darle una fachada de legalidad al asunto, ya con nueva legislatura (la LIII, sin duda la peor de la historia de Morelos), se designó a una Comisión de Selección, que a su vez tendría la tarea de convocar y analizar los perfiles de aspirantes, para finalmente seleccionar a quienes en definitiva serían los integrantes del mentado Comité de Participación Ciudadana. Pero no contaban que cuatro ex integrantes del Comité anterior, Selene Montesinos Olivar; Hugo Manuel Bello Ocampo; Omar Ramón Figueroa y Luis Arturo Guerrero Miranda, iban a interponer el amparo número 667/2017 del Segundo Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, y mucho menos que éste les iba a otorgar una suspensión para que no se hicieran las designaciones del nuevo CPC.
De acuerdo a la suspensión otorgada, la Comisión de Selección del CPC, podría seguir el procedimiento de recepción de aspirantes, entrevistas, evaluación y eliminación de los mismos, pero no podría hacer designaciones hasta que el amparo se resolviera de fondo en cada una de sus etapas procesales.
Casi un año después de haberse interpuesto, el amparo se sobreseyó (con fecha 11 de enero de 2018), por lo que a sabiendas de que el sexenio de Graco se encontraba en su tramo final y a éste le urgía tener el control total del SEA, los integrantes de la Comisión de Selección anunciaron (con fecha 19 de enero de 2018), que harían de inmediato las designaciones; pero no contaban con que se encontraba transcurriendo el término para interponer el Recurso de Revisión del amparo, por lo que (con fecha 22 de enero de 2018) fueron vergonzosamente reprendidos por el Juez Segundo de Distrito, quien les hizo saber de las consecuencias de la violación a la suspensión concedida. Así, con la cola entre las patas, la Comisión de Selección tuvo que emitir un nuevo comunicado anunciando que dejaba sin efecto la pretensión original de designar a los integrantes del CPC.
Del Recurso de Revisión con número 108/2018, conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, mismo que resolvió confirmar el sobreseimiento, pero lo hizo hasta el seis de julio del año que transcurre, es decir, después de las elecciones que dejó a Graco Ramírez, Rodrigo Gayosso y diputados cómplices y corruptos, sumidos en la derrota absoluta.
Para entonces, la lista original de más de 50 aspirantes al CPC, estaba reducida a sólo 16 profesionistas elegibles para ocupar cinco espacios. Finalmente, la Comisión de Selección se pronunció y designó como integrantes del CPC a Roberto Coranguez Esquivel; Alejandro Enríquez Hermida; María Juana Damiana Herrera Mota; Edgar López Betanzos y Eva Penélope Picazo Hernández.
Sin embargo, aunque desde hace semanas fue designado el nuevo CPC, no ha podido rendir la protesta de ley ante los Diputados de la actual legislatura. La razón es que hay serias dudas del proceso seguido, particularmente por la infiltración de personajes afines a Graco Ramírez. De los antes mencionados, a Edgar López Betanzos se le acusa de ser un enviado de Hortensia Figueroa Peralta, ya que cuando está fue presidenta municipal de Jojutla, era su empleado de confianza, pues lo designó como Titular de la Unidad de Información Pública del municipio y luego se lo llevó al Congreso del Estado, cuando ésta se convirtió en diputada; además, López Betanzos también se encuentra inscrito en la convocatoria (actualmente suspendida) para designar dos Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, como carta alterna o “plan b” de la mencionada Hortensia, luego de que su marido, Roberto Soto Castor, perdió toda posibilidad de llegar precisamente al cargo de magistrado del TJA, cuando su mujer dejó de ser diputada.
Por otro lado, también se cuestiona a Eva Penélope Picazo Hernández, pues es una militante activa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y actual esposa del dirigente del sector popular del mismo, Víctor Hugo Manzo Godínez, también ex diputado.
Así, como todo lo que Graco tocó con sus manos, el CPC se convirtió en calabaza y todo parece indicar que por segunda ocasión, no pasará.
