Por Miguel Ángel Isidro

Este primero de diciembre no sólo tomará posesión un nuevo titular del Ejecutivo Federal. Con su llegada al poder Andrés Manuel López Obrador pretende -y así lo ha anunciado- inaugurar un nuevo régimen político.

Y aunque esa parte no la reconoce, al menos públicamente, el otro objetivo de su proyecto es garantizar la permanencia de ese nuevo régimen, por lo pronto, para el siguiente sexenio. Y en ese contexto, tampoco habría que perder de vista la posibilidad de que en el mediano plazo pueda comenzar a discutirse la supuesta conveniencia de abrir los cauces legales para la reelección presidencial en México. Todo puede pasar.

Vale la pena observar que desde 1988, con el cuestionado triunfo de Carlos Salinas de Gortari, se inició una nueva modalidad en el estilo de gobierno en México: el de los Presidentes en campaña.

Tras su arribo al poder, los últimos cinco mandatarios mexicanos han tenido que dedicar importantes esfuerzos a legitimar su arribo al poder. Y para ello se han valido de todo tipo de estrategias: anuncios espectaculares, entrega de dádivas o incluso purgas políticas, que en muchos casos han derivado en la persecución y eventual detención de personajes connotados de la fauna política nacional, como fueron los casos de La Quina, Raúl Salinas de Gortari o Elba Esther Gordillo, entre otros.

En el caso de AMLO, según sus propias palabras, no habrá cacería de brujas al inicio del nuevo mandato. Incluso se ha hablado de un supuesto “perdón político” a sus antecesores, lo cual no ha estado exento de polémica.

Lo que es evidente es el hecho de que en el arranque de su gestión, López Obrador tratará de imponer su sello personal al nuevo gobierno; y más allá de trivialidades como si vivirá o no en la residencia oficial de Los Pinos o si seguirá usando un modesto vehículo personal o el ostentoso avión presidencial, está lo referente al entramado de su operación política como mandatario.

En este contexto, destaca la inminente designación de los nuevos coordinadores de los programas federales en los estados, a quienes coloquialmente se les ha denominado como “súper delegados”.

Esto no es para nada un asunto menor. El argumento usado por López Obrador y Morena es el de la famosa “austeridad republicana”: se trata de eliminar el millonario gasto generado por la representación federal en los estados de la República, que según la información presentada, en algunas entidades implica una nómina de hasta 61 funcionarios de alto nivel, con sueldos que alcanzan hasta los 200 mil pesos mensuales.

Habría que entender una realidad. Hasta el sexenio que está concluyendo, los delegados federales formaban parte de la llamada “burocracia dorada”. Aunque hay algunos casos excepcionales, la mayor parte de estos funcionarios de alto nivel desempeñaban dos funciones: la representación de las secretarias del gobierno federal en los estados, y la operación política en favor del gobierno en turno.

Es obvio señalar que cada dependencia tiene un distinto modo de operación. No es lo mismo hablar de una entidad como la SEDESOL, operadora de recursos y programas sociales, que la desempeñada por el Servicio de Administración Tributaria, dedicada casi enteramente a la operación técnica de los asuntos del fisco federal en los estados.

En los años recientes, algunos delegados federales operaron como auténticos virreyes en sus respectivas entidades. Esto sobre todo al arribo de la alternancia en el poder: cuando los gobiernos de los estados y de la Federación dejaron de ser de un mismo partido, los delegados federales podían fungir como aliados o arietes del gobierno estatal en turno.

¿Qué es lo que pretende el gobierno de AMLO? Pues de acuerdo con el propio presidente electo y con algunos de sus legisladores, se trata de evitar la generación de “intereses creados” en la asignación y operación de recursos y programas federales. Pero en la letra chiquita se avizoran otras implicaciones en esta maniobra política.

Por el lado positivo, estaría la posibilidad de erradicar la duplicidad de funciones en el gobierno federal, y la eliminación de “intermediarios” en la operación de programas de asistencia a los sectores desprotegidos de la población. Al amparo de estos esquemas florecieron prácticas tan reprobables como el tráfico de influencias -como los famosos “moches” a legisladores para “agilizar” programas y dinero público- o la monopolización de recursos en favor de un solo partido.

Otra ventaja sería el generar una mayor eficiencia en la interacción entre el gobierno federal y la ciudadanía en los estados. Durante años, las oficinas federales representaron siempre para la sociedad una compleja maraña burocrática, muchas veces más por la ineptitud y soberbia de la burocracia dorada y su falta de empatía con la problemática social. Menos funcionarios puede implicar una mejor comunicación entre gobierno y gobernados.

Sin embargo, también es visible la intención de AMLO de construir su propia estructura de operación política, más allá de la cantaleta de la supuesta “austeridad republicana”. Se anticipa que los llamados “súper delegados” jugarán un papel político clave, sobre todo en las entidades gobernadas por partidos distintos a Morena. Por ello la airada reacción de los mandatarios panistas, a quienes Morena ya mandó respuesta a través de uno de sus pendencieros de marca, el senador Félix Salgado Macedonio, quien incluso se aventuró a amenazar con la desaparición de poderes en las entidades cuyos gobernadores no se sometan a la operación política del nuevo régimen federal, situación para la cual incluso ya se ha hecho valer la mayoría legislativa de Morena con los ajustes constitucionales correspondientes.

Lo que es obvio, para bien o para mal, es que en las entidades con gobiernos “no afines” a López Obrador y su círculo cercano, se anticipa una lucha de poder entre gobernadores y “súper delegados”, que muy seguramente veremos recrudecer conforme se acerquen las elecciones intermedias de 2021.

Es muy probable que este nuevo esquema de operación también limite los excesos y descarada manipulación y desvío de recursos públicos por parte de los gobernadores de los estados, pero la realidad es que todos los políticos “tienen su corazoncito” y no será descabellado pensar en algunos coordinadores federales cayendo en la tentación de hacerse auto promoción y de operar políticamente para técnicamente derrocar a los gobernadores “incómodos”.

Lo cierto es que en estricto sentido, este papel de representación y gestoría en favor de los estados de la Federación debería recaer en la competencia de los integrantes del Senado, ya que además de su labor legislativa, ellos tienen la función de representar a sus entidades ante el pacto federal, como ocurre en toda democracia moderna.

Lamentablemente, en México, nuestra Cámara Alta lleva décadas secuestrada por una anquilosada clase política que sólo brinca de una representación a otra, incluso cambiando de partido con tal de garantizar su permanencia en el Olimpo legislativo. Y las nuevas personalidades que llegan a incorporarse a ese terreno por la vía electoral, al poco tiempo terminan contaminados de la misma enfermedad de poder. Ejemplos sobran.

Sea como sea, es evidente que López Obrador tratará de capitalizar la ventaja política de sus 30 millones de votos y su mayoría en el aparato legislativo para imponer un nuevo estilo de gobernar. Recomendamos a los lectores no tratar de entender la lógica de la supuesta política de “austeridad republicana”, porque al final del día, el nuevo líder político del país está empeñado en su principal tarea de inicio de sexenio: afianzar el poder. Al costo que sea.

Veremos y comentaremos.

Twitter: @miguelisidro

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