Perspectiva
Por Marcos Pineda
Las causas que pueden dar origen al denominado Juicio Político, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en el estado de Morelos son:
“I. Cualquier violación a la Constitución Política del Estado, cuando cause daños o perjuicios graves o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; II. Afectar la soberanía del Estado; III. Atacar las instituciones democráticas; IV. La usurpación de atribuciones; V. La violación grave a las garantías de los gobernados; VI. El abandono o desatención injustificada de las funciones que se le han encomendado; VII. Las violaciones graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública estatal o municipal; VIII. Incurrir en responsabilidad declarada por el Senado de la República en términos de lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
¿Cuántas violaciones a estos preceptos se observaron en la administración de Graco Ramírez? Varias quizá, pero ya poco importa porque tal parece que la administración de Cuauhtémoc Blanco, que en realidad es encabezada por el manejador deportivo de origen español, José Manuel Sanz Rivera, solamente presentará carpetas de investigación sobre el mal uso de recursos públicos.
¿Y en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco cuántas se están observando ya? Por lo menos dos: la violación grave a las garantías de los gobernados y el abandono o desatención injustificada de las funciones que se le han encomendado. Y van de la mano ambas, porque tocan el tema de la seguridad que el Estado está obligado a garantizar a las personas y sus patrimonios.
Los elementos para presentar un juicio político son diversos. Y se van acumulando para demostrar que un funcionario público es responsable y debe ser sancionado conforme a la ley. Y todo cuenta, todo suma, todo abona. Por ejemplo, desde las propias declaraciones del gobernador Blanco reconociendo que su gobierno no es capaz de frenar la ola de violencia y requiere de la ayuda de la federación, el enterarse de que hay casos de extorsión que debieran ser perseguidos de oficio y limitarse a sugerir que los afectados denuncien o ausentarse injustificadamente de sus labores para pasar horas y horas departiendo en restaurantes o en el campo de golf y hasta los abusos de sus subalternos que siguiendo el ejemplo de su jefe ya también quieren jugar golf, ausentándose de manera también injustificada a sus labores, como lo hizo el viernes pasado Víctor Mercado Salgado, secretario de Movilidad y Transporte, para celebrar con un torneo de golf y una comida el cumpleaños de su suegro (información que nos proporcionó un vecino del Tabachines de quien reservamos su identidad por así haberlo solicitado).
Pero en fin, todo suma y parece que al gobernador se le van acumulando los elementos como para que en poco tiempo pudiera ser sujeto a juicio político.
Por supuesto que, para que el juicio proceda tiene que cumplir una serie de requisitos, entre ellos la presentación de pruebas. Por eso resulta relevante para los interesados en interponer un recurso jurídico de esta naturaleza el ir haciendo acopio de los elementos documentales y testimoniales que pudieran servir para tales efectos.
Para iniciados
El próximo 7 de junio se celebrará el Día de la Libertad de Expresión. Y en vez de festejarlo con desayunos, comidas, cenas y regalitos con los que los políticos se quieran ganar la conciencia de algunos comunicadores, aplaudidores por cierto de los poderosos en turno, queremos recordarles que también existen los profesionales y críticos, que no están dispuestos a ceder en la generación de una opinión pública bien informada a cambio de miserables platos de lentejas.
