- Vender una propiedad en Morelos a partir de 2026 será fiscalmente más costoso
- Tendrá un impacto en el mercado inmobiliario
El Gobierno del estado de Morelos incorporó un nuevo impuesto cedular del 3% sobre la ganancia obtenida por la venta de bienes inmuebles, el cual se sumará a las obligaciones fiscales existentes y entrará en vigor a partir de enero de 2026, como parte del Paquete Económico aprobado para ese ejercicio fiscal.
La medida fue publicada el 22 de diciembre en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, dentro de las reformas fiscales estatales que buscan fortalecer la recaudación local mediante la captación de plusvalías inmobiliarias.
El nuevo gravamen aplica a personas físicas que obtengan una ganancia al vender un inmueble ubicado en Morelos. La tasa establecida es del 3% sobre la utilidad, es decir, sobre la diferencia entre el valor de adquisición del bien y el precio de venta, una vez aplicadas las reglas de cálculo correspondientes.
Este impuesto es de carácter estatal y cedular, por lo que es independiente del Impuesto Sobre la Renta (ISR) federal, el cual ya grava las ganancias por enajenación de bienes inmuebles.
El impuesto deberá pagarse por cada operación de venta, y la declaración correspondiente deberá presentarse dentro de los 15 días posteriores a la enajenación.
En la práctica, será el notario público quien calcule, retenga y entere el impuesto al gobierno estatal al momento de formalizar la operación, aunque la obligación fiscal recae directamente en el vendedor.
Uno de los puntos más relevantes de esta reforma es que el nuevo impuesto no sustituye al ISR federal, sino que se suma a él. Esto significa que, cuando un contribuyente no pueda exentar el ISR por venta de casa habitación, deberá pagar el ISR federal por ganancia de capital, y el nuevo impuesto estatal del 3% sobre la misma ganancia.
Especialistas advierten que esta situación representa una doble carga fiscal directa para quienes pretendan vender una propiedad en el estado.
Aunque el impuesto está dirigido formalmente a personas físicas, su impacto se extiende a distintos actores del sector inmobiliario, principalmente propietarios que son principales afectados, sobre todo quienes ya utilizaron en el pasado la exención del ISR por venta de casa habitación, para ellos, cualquier venta futura implicará pagar ISR federal y, adicionalmente, el nuevo impuesto estatal.
Luego constructores que remodelen o desarrollen inmuebles y posteriormente los vendan como personas físicas también enfrentarán este nuevo gravamen sobre la utilidad generada, lo que incrementa los costos fiscales del proyecto, también el mercado inmobiliario en general puesto que esta carga podría desincentivar la rotación de inmuebles y encarecer las operaciones de compraventa, al trasladarse parte de la carga fiscal al precio final.
De acuerdo con el gobierno estatal, el objetivo del impuesto es fortalecer las finanzas públicas mediante la captación de recursos derivados del incremento en el valor de los bienes inmuebles, especialmente en zonas con alta plusvalía.
El impuesto se suma a otros gravámenes aprobados para 2026, como los relacionados con arrendamiento, hospedaje y uso de inmuebles, consolidando una política fiscal más activa en el sector inmobiliario.
