• Firman convenio general y específico de colaboración

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos firmaron los convenios de colaboración general y específico para el “Fortalecimiento de la participación política de las mujeres libre de violencias”, a través del cual se dará seguimiento al contenido que se genere en los medios de comunicación

En dicha firma participaron el consejero presidente del Consejo Estatal Electoral, Pedro Gregorio Alvarado Ramos; la consejera, Isabel Guadarrama Bustamante; y los consejeros electorales, Enrique Pérez Rodríguez y Javier Arias Casas; así como el secretario Ejecutivo del Impepac, Jesús Homero Murillo Ríos; por parte del Instituto de la Mujer encabezó el acto la presidenta, Flor Dessiré León Hernández.

A través del convenio general se generan las bases y lineamientos operativos entre el IMEM y el Impepac para generar políticas interinstitucionales para la protección, respeto y promoción de los derechos humanos en las mujeres con énfasis en el derecho fundamental del voto. Y acuerdan colaborar para prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violación a los derechos humanos y a las violencias contra las mujeres.

En cuanto al convenio específico se acordó llevar a cabo el trabajo coordinado para realizar un muestreo de 10 medios (impresos, digitales y electrónicos) de mayor cobertura, audiencia e impacto para identificar contenidos que vulneren los derechos humanos de las mujeres. Los líneas de seguimiento, registro y diagnóstico serán las siguientes: Discriminación por razones de género, estereotipos por razones de género, lenguaje sexista, violencia política, violencia mediática, violencia simbólica y violencia feminicida.

El consejero presidente del Impepac, Pedro Gregorio Alvarado Ramos, señaló que el órgano electoral tiene el compromiso de contribuir al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política, consolidar el régimen de partidos políticos, garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales, vigilar el cumplimiento de sus obligaciones y asegurar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, siempre en un marco de igualdad entre hombres y mujeres.

En tanto que la presidenta de las comisiones de Medios y de Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política, Isabel Guadarrama Bustamante, manifestó que es un convenio histórico en donde se crea un observatorio a los medios de comunicación de la entidad, en el que ambas instituciones, desde el ámbito de su competencia darán seguimiento al contenido que se generen, se capacitará a las y los periodistas para que realicen un trabajo con perspectiva de género, con la posibilidad de generar recomendaciones si se identifica una nota que lleve un sentido contrario.

“La violencia contra las mujeres es generalizada y no conoce fronteras. No discrimina por nacionalidad, etnia, clase social, cultura o religión. Esa es la razón por la que las mujeres, los hombres y las y los jóvenes se han manifestado para referir una misma intención: ¡ya basta!”, señaló la consejera.

También refirió de manera categórica: “Lo digo de manera puntual y contundente: ¡¡¡No podemos retroceder!!! Tenemos que seguir hacia delante; es lo que nos debemos y le debemos a cientos de mujeres que luchan por sus derechos en todo el Estado de Morelos. Nos encontramos en un momento crítico de la historia”, apuntó.

Por su parte, el consejero electoral, Javier Arias Casas, dijo que el Impepac no es ajeno al cambio de paradigmas y aún en contra de la corriente han tratado de aportar los canales idóneos para la reivindicación efectiva de los derechos políticos de las mujeres y prueba de ello son la integración de los Ayuntamientos y del poder legislativo de este estado. “Estamos conscientes que han sido esfuerzos insuficientes, por lo que estos instrumentos vienen a ser uno de los engranajes que conectan la cadena de custodia de los derechos políticos de las mujeres…”.

Estrella Pedroza 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ordenó a Cuauhtémoc Blanco Bravo realizar las gestiones necesarias ante el  Congreso de Morelos para que se otorgue al Tribunal Estatal Estatal Electoral (TEE) una ampliación presupuestal  que garantice la impartición de justicia en el proceso electoral 2021. 

Lo anterior , luego de que el Tribunal Electoral Local promovió un juicio en contra del mandatario estatal por negarse a otorgar una ampliación presupuestal de 11 millones de pesos.

En el presupuesto 2021 al TEE  le fue etiquetado   33 millones 25 mil pesos, monto que resulta insuficiente al tener por primera vez en la historia de Morelos 23  partidos políticos que buscarán el voto ciudadano. 

En sesión pública no presencial, la decisión de los ministros  fue unánime y  declararon fundada la omisión del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, de no atender la solicitud de ampliación presupuestal al Tribunal Electoral local. 

Por ello,  ordenó que al gobernador y a la  titular de la Secretaría de Hacienda local, Mónica Boggio Tomassaz Merino,  proceder en términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Presupuesto, para que el mandatario envíe al Congreso local la petición sobre la autorización de la ampliación solicitada. 

La Sala Superior determinó que el Congreso del Estado de Morelos, en plenitud de atribuciones constitucionales y legales, deberá analizar esta petición y determinar si es posible o no la ampliación solicitada y para ello tomar en cuenta que en la entidad hay un proceso electoral en curso. 

Las ministras y ministros consideraron que las legisladoras y legisladores, deberán considerar   que de no otorgar la ampliación presupuestal para el TEE no será posible cumplir con el pago de la plantilla, ni contratar personal eventual durante el actual proceso electoral, lo que afectaría a la ciudadanía. 

Para Martha Elena Mejía, magistrada presidenta del TEE,  «la resolución significa el reconocimiento de nuestra solicitud ya que fue declarados los agravios (…) reconoce que tenemos la razón: se requieren más recursos para sacar adelante el proceso electoral». 

No obstante reconoció  que no se  ha ganado la  batalla para garantizar justicia en el proceso electoral 2021. 

 «Ahora depende de la sensibilidad de las diputadas y diputados para que otorguen la ampliación presupuestal de 11 millones que se requieren para sacar adelante los juicios generados en este proceso electoral», sostuvo, Martha Elena Mejía, presidenta magistrada del TEE. 

Por ello, lanzó un llamado al Poder legislativo:

«Pedimos a los diputados y diputadas del Congreso que apegados a sus facultades estudien bien esta solicitud de ampliación y que se sensibilicen de las necesidades de este Tribunal», dijo. 

Agregó: «No deben dejar de lado que este será un año atípico,   Morelos es el único estado en el país que tendrá 23 partidos políticos,  más los independientes que alcancen el registro, los recursos e impugnaciones se multiplicaran».

Ejemplificó que en lo que va de la elección diariamente reciben hasta ocho recursos.

Luego de que el Gobierno de Morelos aseguró que un «un juez determinó que la Fiscalía Anticorrupción trató como delincuentes y violó los derechos de humanos de los menores ingresados en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA) del DIF Estatal

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos afirmó que e Gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo miente respecto a la actuación de esta instancia en los operativos realizados en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA) del DIF Estatal y el centro para el tratamiento de adicciones «Siani».

Precisó que es falso que un juez haya determinado que la Fiscalía Anticorrupción haya tratado como delincuentes y violado los derechos humanos de los menores de edad ingresados en ambos centros, es falso y reiteró que en los operativos de cateo ordenado por la autoridad judicial ningún elemento de ingreso armados,

Las afirmaciones realizadas por el Gobierno de Morelos, sobre la presunta violación de los derechos humanos de los menores fueron desestimadas por el Juez, por lo que, lo difundido a través de un comunicado es falso.

Por ello, la Fiscalía Anticorrupción hace un respetuoso llamado al Gobierno del Estado de Morelos, para que presente pruebas de lo que asegura dijo y determinó el Juez respecto al actuar de esta institución.

Ya que con el comunicado difundido a través de sus redes sociales y enviado a distintos medios de comunicación, está sorprendiendo la buena fe de los representantes de los medios, al proporcionarles información falsa.

Cabe recordar que los cateos se dieron como consecuencia de la denuncia iniciada por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, ante la incomunicación de 13 adolescentes que fueron trasladados ilegalmente por el Sistema DIF a un centro de atención para las adicciones que es operado por particulares presuntamente sin contar con los permisos de las autoridades sanitarias, en donde se tienen indicios de que se practican posibles actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes.

La intervención de la Fiscalía Anticorrupción y la realización de los cateos fueron consecuencia de la obstrucción del Sistema DIF Morelos a las facultades de la CNDH y de la CDHM para investigar el presunto uso desproporcionado de la fuerza pública en los hechos ocurridos el primero de septiembre del 2020, momento que adolescentes internados en CASA fueron violentados por personal del Sistema DIF Morelos y de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), que los obligaron a hincarse frente a una pared, los desnudaron y los maniataron.

En la medida de sus atribuciones y facultades, la Fiscalía Anticorrupción se ha sumado a los esfuerzos de la ONU, la CNDH, la CDHM, el DIF Federal, Diputados Federales y Senadores de la República, para la protección de los menores que se encuentran en el albergue del DIF Morelos.

En audiencia celebrada este día 4 marzo del 2021, un Juez de Control resolvió anular el cateo debido a que existió la filtración de la orden en redes sociales, no así, por lo que señala el Ejecutivo Estatal, por lo que, esta Fiscalía combatirá dicha decisión.

*Fue por incumplir las medidas sanitarias y de protección a sus clientes

Elementos de la Subsecretaría de Protección Civil (SPC) clausuraron dos establecimientos del primer cuadro de la ciudad, por incumplir diversas normas y las medidas sanitarias que garanticen la salud de sus clientes y establecidas en el semáforo epidemiológico naranja.

En coordinación con personal de la dirección de Normatividad, efectivos del Mando Coordinado de Cuernavaca, y bajo la supervisión de la dirección de Asuntos Internos, el personal de Protección Civil municipal desplegó un operativo en el Centro Histórico para verificar el cumplimiento de licencias y medidas de seguridad.

Tal como se informó, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Cuernavaca implementó estrategias para garantizar la seguridad de los ciudadanos, a través de operativos que permitan evitar la propagación de contagios de Covid-19.

Por su parte, la Dirección de Asuntos Internos de SSP es la instancia que se encarga de verificar el debido cumplimiento de todos los integrantes de los cuerpos de seguridad que participan en estas actividades.

En ese sentido, el encargado de despacho de la Subsecretaría de Protección Civil, Luis Noé Bretón Pérez, informó que se llevó a cabo la clausura del bar «Debraye», por incumplir dichas medidas y no garantizar la seguridad de los asistentes, así como el bar Loreta por la presencia de menores de edad y tener el tanque de gas caducado.

Bretón señaló que se atienden las denuncias ciudadanas y la supervisión de diversos establecimientos en todo el municipio; exhortó además a los ciudadanos a evitar reuniones y no bajar la guardia, para evitar contagiarse del coronavirus.

Francisco Hurtado Delgado

En el pasado se estilaba manipular y hacer uso de los programas sociales para condicionar al electorado en favorecer a un partido político y a candidaturas, ahora atendiendo el reclamo social, como se dijera en el argot social, la ley ya tiene más dientes y filosos. ¿Conoces en qué consiste la modificación a la normatividad en materia penal-electoral?
En primer término, puntualizo que la reforma y fusión del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a las causas de procedencia en el que el Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de uso de programas sociales con fines electorales. Es decir, la ley de delitos electorales establece los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa de conformidad, con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En segundo término, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en donde se añade un párrafo segundo al artículo 6; así como los artículos 7 Bis y 11 Bis, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Concretamente se detalla, la prisión preventiva, cuando se cometan los delitos relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales.
He referido en mis reflexiones anteriores sobre los delitos electorales, en esta ocasión profundizo en el artículo 407 del Código Penal Federal, sobre la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de febrero, en la que entró en vigencia a partir de las 00:01 horas del día 20 de febrero del presente año.
El sentido común nos indica, que los tiempos han cambiado, pero también debe cambiar nuestra cultura cívica y democrática, porque la corrupción avanzará mientras nosotros nos mantengamos indiferentes; es decir, en nosotros estará el deber de que cerremos la llave, para que el voto que reciban los candidatos y a favor de su partido político, sean por el proyecto que ofrecen y no por la dadiva o mal uso que hacen de los programas sociales y de la manipulación de su propaganda política.

En evento realizado en las oficinas del Partido del Trabajo Morelos, todos los hombres que conforman sus filas, firmaron un acuerdo de no ejercer violencia en ninguna de sus modalidades en contra de las mujeres, tanto del mismo partido como de la sociedad.

En la reunión estuvieron presentes los coordinadores de afiliación de municipios y distritos, que seguramente, serán también los abanderados del PT en el siguiente proceso electoral; quienes firmaron para comprometerse a respetar los 8 compromisos en sus municipios, rumbo al 08 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La Diputada y Comisionada del PT en Morelos, Tania Valentina Rodríguez Ruíz, afirmó: “Ante un gobierno omiso, que se burla de la paridad de género, tomamos la iniciativa, para exigir que se gobierne con perspectiva de género”

Tras ser firmado el acuerdo, la presidenta del PT en Morelos, aseguró: “Somos la primera institución en Morelos que firmamos un compromiso de este tipo, demostrando hacia las mujeres Morelenses que garantizaremos el registro de mujeres en el mismo número que el de hombres en las candidaturas para los cargos público en municipios y congresos. Es decir un compromiso total con la paridad”

*Acusa a las fiscalías General de Estado y Anticorrupción y la Comisión de Derechos Humanos

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo afirmó que las fiscalías General del Estado y Anticorrupción, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, iniciaron una guerra política en de su gobierno. Los fiscales “se están metiendo en temas políticos, en lugar de que se pongan a trabajar, a agarrar delincuentes”, expresó.

Asimismo, calificó como un “abuso” la actuación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, porque con uso excesivo de la fuerza realizó un operativo para ingresar a las instalaciones donde se resguarda a usuarios del Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA), dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Morelos).

La madrugada del sábado 27 de febrero, la Fiscalía Anticorrupción ingresó con armas de fuego y un gran despliegue de personal, al espacio donde se resguarda a usuarios del CASA.

Blanco Bravo descalificó que se haya actuado como si los jóvenes fueran “delincuentes”, dejando ver que se trata de un asunto político.

* Las diligencias derivaron de las investigaciones que se siguen por las denuncias iniciadas por la CNDH y la CDHM, ante los malos tratos a menores y la desaparición de 13 adolescentes

La Fiscalía Anticorrupción refrenda su compromiso para seguir trabajando arduamente con autonomía, independencia, eficacia, transparencia, honestidad e imparcialidad en el ejercicio de sus atribuciones. Es por ello, que, con la autorización de un Juez de Control, realizó dos cateos derivados de denuncias presentadas por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, por los presuntos malos tratos y la desaparición de 13 adolescentes Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA) dependiente del DIF Estatal, ubicado en la colonia Miguel Hidalgo de Temixco. La noche del viernes 25 de enero se cateó el centro para el tratamiento de adicciones «Sinaí» ubicado en la colonia El Edén de Jiutepec, dónde una persona que se hizo pasar por notario público impidió el acceso a personal de la Fiscalía Anticorrupción y entorpeció su trabajo. En el sitio, ubicaron a nueve de los 13 menores reportados como desparecidos, quiénes presuntamente fueron enviados a ese centro sin seguir los protocolos correspondientes para garantizar la seguridad e integridad de los adolescentes. En tanto, este día, sábado 27 de febrero, después de esperar varios minutos en la entrada del CASA del DIF Morelos, personal de la Fiscalía Anticorrupción pudo ingresar y se observó que otros dos de los adolescentes reportados como desaparecidos se encontraban en el lugar, en tanto, se logró saber que otro de los adolescentes se encuentra con una familia de acogida y otra más presuntamente egresó por mayoría de edad. La Fiscalía no cederá ante actos intimidatorios, y continuará verificando los procedimientos de destino de los menores, ya que no hay transparencia en los procesos realizados por el DIF respecto a este tema, ya que desde el miércoles 24 de febrero se realizó una diligencia en los centros CASA y Sinaí, negándose a dar acceso y proporcionar información, por ello, se solicitó la orden de cateo para verificar el sano desarrollo de los menores y tutelar el interés superior de los mismos.

  • No podrá ocupar nuevamente la titularidad de la Subsecretaría de Protección Civil

La Fiscalía Anticorrupción apelará la decisión del Juez de Control que modificó la medida cautelar de prisión preventiva contra Gonzalo «N», ya que esta institución considera que no se acreditaron las condiciones objetivas para dicho cambio, de conformidad al artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Lo anterior debido a que no se cumplió con la igualdad procesal de que la defensa acredite el origen y veracidad de los vídeos presentados en audiencia.
En tanto, la Fiscalía solicitó la separación del cargo del funcionario público, y el Juez concedió la aplicación de esta medida cautelar, por lo que no podrá volver a ocupar la titularidad de la Subsecretaría de Protección Civil de Cuernavaca, durante el tiempo que dure el proceso judicial
Además, solicitó la firma periódica mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca), incluso, Gonzálo «N» no podrá acercarse a los computados, ni a los testigos.
En tanto, la Fiscalía Anticorrupción evaluará si se inicia la carpeta correspondiente contra empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o quién resulte responsable por la obstrucción a la información solicitada por esta institución, ya que podrían haber incurrido en el delito de Acceso Ilícito a Sistemas de Videovigilancia.
El artículo 267 TER 1 del Código Penal del Estado de Morelos, establece que se le impondrán de seis a dos años de prisión y multa de cien a trescientas veces del valor diario de la Unidad de Medida de Actualización, «Al que sin autorización obtenida en la Ley De Videovigilancia para el Estado de Morelos modifique, destruya, o provoque la pérdida de información contenida por sistemas de videovigilancia o componentes físicos o electrónicos, que permitan la protección, visualización, transmisión, registro o videovigilancia de una persona física o moral particular, empresa de seguridad o establecimiento mercantil…».

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo la ratificó al comandante de la Primera Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Juan Arturo Cordero Gómez, General de División Diplomado de Estado Mayor, el interés y disposición que tiene el Gobierno de Morelos para continuar fortaleciendo el esquema de seguridad en la entidad.

Coincidió con el alto mando militar en la importancia de hacer prevalecer el clima de paz y tranquilidad a través de la suma de esfuerzos entre los gobiernos estatales, corporaciones policíacas y fuerzas armadas.

Acompañado por el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Agustín Vallejo Silva, comandante de la 24/a Zona Militar, así como del Almirante José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado Estatal de Seguridad Pública, y el subsecretario de Gobierno, Mauricio Robles Cortés, se informó de los resultados que se han tenido en los últimos días, en el que se detuvieron a criminales más buscados.

Cuauhtémoc Blanco manifestó la voluntad de llevar a cabo este tipo de encuentros que permiten intercambiar puntos de vista, experiencias y, sobre todo, establecer acuerdos que permitan ir un paso adelante para enfrentar a la delincuencia.

Finalmente, acodaron realizar de manera permanente este tipo de encuentros y ejercicios de diálogo y coordinación, con el propósito de que la región se mantenga como una de las más seguras del país.