*Ello ante la acusación de violación de una mujer que pesa sobre el diputado de Encuentro Social

Ante la acusación que por el delito de violación pesa en contra del diputado Marcos Zapotitla Becerro, el Partido Encuentro Social Morelos solicitó al legislador que abandone el Grupo Parlamentario del PES.

Asimismo, evitó señalar al legislador como responsable de dicho abuso; exhortó a que sea esclarecido con prontitud, voluntad y sinceridad este asunto; y se pronunció en contra de mediatizar la acusación, para que sea la Fiscalía General del Estado la que establezca si existe o no elementos para procesar la denuncia.

“Exhortamos al legislador imputado, para dar certeza de su proceder, se separe del Grupo Parlamentario de Encuentro Social para que su persona, trayectoria y defensa jurídica respondan por sus actos y por lo que está siendo acusado”, estableció el PES Morelos mediante un comunicado de prensa.

Indicó que el PES Morelos desconoce la identidad de la posible víctima, así como también el contenido de la denuncia, la relación que presuntamente existía entre el imputado y la posible víctima o de las pruebas ofrecidas al día de hoy. “Decimos esto porque es lo correcto y es la verdad, consideramos que este asunto debe tratarse con la mayor pulcritud y transparencia  posible por las partes”.

Consideró que el delito de violación es inconcebible y es una de las mayores vulneraciones y afectaciones que puede sufrir una mujer; por ello, por respeto a la posible víctima y por cualquier consideración que la presunción de inocencia disponga, pedió que la justicia sea justa, imparcial y expedita.

Asimismo, exhorto al Congreso del Estado a valorar este caso con prudencia y en observancia de los avances de la autoridad en la materia, que permita que la carpeta de investigación avance y se tenga la certeza de la comisión del delito; “al Congreso y al imputado, sugerimos no mediatizar el tema para dejar que la justicia actúe con la debida imparcialidad y apego a la Ley”.

En un caso tan importante, apuntó, las autoridades judiciales, más no las legislativas, deben llevar el caso con respeto al debido proceso y resolver, en su caso, si existen o no los elementos suficientes que configuren el delito.

“En Encuentro Social Morelos defendemos y promovemos los derechos de la mujer a una vida libre y sin ningún tipo de violencia, como derecho humano, para nosotros es tan bien un principio ético y moral en el cual creemos y con base en ello, nos dirigimos todos los días en la vida pública y privada”.

“A nivel federal, las causas de las mujeres son defendidas, representadas y promovidas en las comisiones de Gobernación, Derechos Humanos y en la de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y, los documentos básicos de nuestro instituto político consideran también, el respeto a la mujer y a la familia como preceptos fundamentales para el desarrollo de nuestro país y sociedad”, finalizó.

 Luego de la  presentación de 22 datos de prueba aportados ante el Juez por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, se logró obtener por segunda ocasión la vinculación a proceso en contra de José Manuel “N”, ex alcalde de Jiutepec por el Delito de Ejercicio Ilícito del Servicio Público.

 Al celebrarse la audiencia derivada de la causa penal JCJ/1425/2019, el agente del Ministerio expuso 22 elementos de prueba que corroboran la denuncia presentada por el ayuntamiento de Jiutepec, respecto de la desaparición un vehículo.

La Fiscalía Anticorrupción en su investigación demostró que en el año 2018 la Asociación de Propietarios de Civac le donó al ayuntamiento de Jiutepec una camioneta Jeep Grand Cherokee Limited Lujo V8, modelo 2014 con valor comercial a los 550 mil, misma que el ex edil utilizaba para trasladarse a sus eventos públicos y privados.

No obstante, al momento de realizar la entrega recepción con la nueva administración municipal, José Manuel “N” estableció que dicha camioneta se encontraba en buen estado y que la había dejado en los patios del ayuntamiento.

Empero al llevarse a cabo la revisión de los inventarios, dicha camioneta no fue localizada  reportándose su pérdida en detrimento del patrimonio del ayuntamiento de Jiutepec.

Ante la contundencia de la investigación, José Manuel “N” quedó vinculado a proceso a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción por el Delito de Ejercicio Ilícito del Servicio Público, sancionado por el artículo 271 en relación con el 269- TER del Código Penal.

La Juez concedió un plazo de tres meses para la realización de la investigación complementaria, imponiendo además al acusado la prohibición de acercarse a los testigos.

De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada, tiene derecho a «A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa».

* “No soy un delincuente” y acudirá a la Fiscalía General del Estado para que se le otorgue la lectura de derechos

Acompañado de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), el diputado Marcos Zapotitla Becerro aseguró que “no es un delincuente” y que las declaraciones hechas ayer en su contra por un grupo de abogados, tienen un trasfondo político y económico, debido a que ha “tocado intereses muy fuertes” en el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Deploró que “casualmente” dichos señalamientos se hayan dado precisamente en paralelo con el arranque del proceso electoral en el estado y en el momento en que él está “generando operación política” y trabajando en reformas en torno a temas relacionados con la renovación del Poder Judicial y la FGE, además de otros asuntos que “podrían tener repercusiones políticas”, y agregó que estas acusaciones buscan además desestabilizar a su Grupo Parlamentario.

En este mismo sentido, Zapotitla Becerro informó que asistirá a la Fiscalía General para que “se me otorgue la lectura de derechos”, para así “constitucionalmente enterarme de los términos de esta supuesta investigación” y aseguró que por ningún motivo permitirá que se ponga en tela de juicio su honorabilidad.   

El diputado aseguró que esta “campaña orquestada” no lo va a detener, «no me van a callar; si el tema es que yo me ablande, no lo van a lograr», advirtió.

Finalmente, el legislador pidió a las instituciones implicadas en el tema “que se conduzcan conforme a derecho”, que se respete la presunción de inocencia y reveló que analiza la posibilidad de presentar una demanda civil por “daño moral”, ya que reiteró, “mi nombre y el apellido de mi familia no lo van a perjudicar”.

*El secretario de Gobierno fue cita a comparecer por los hechos de violencia que vive el estado

Por medio de un punto de acuerdo parlamentario propuesto por el diputado José Casas González, el Congreso local aprobó la solicitud de que como responsable directo de la seguridad pública en Morelos, el  secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, sea citado a comparecer para rinda un informe sobre los avances de la estrategia de seguridad implementada en su gobierno.

En la comparecencia del secretario de gobierno, los diputados tendrán la oportunidad de cuestionar sobre el estado en que se encuentra el sistema de seguridad pública estatal y si es este u otro modelo el que deba implementarse a efecto de recomponer el tejido social en Morelos.

A este punto de acuerdo, se sumó la aportación de la diputada Alejandra Flores Espinosa, quien solicitó que al mismo tiempo sea también citado a comparecer el vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado estatal de Seguridad.

Francisco Hurtado Delgado

Los medios de impugnación en un proceso electoral son básicos e importantes para legitimar una elección, es decir que todos los actos y resoluciones de las autoridades en la materia, deben sujetarse a principios de constitucionalidad y legalidad; luego entonces, ¿cómo saber qué medio de impugnación debo utilizar en un proceso electoral? Es la pregunta que debemos analizar de acuerdo a las circunstancias de tiempo, competencia y  jurisdicción.

En México se tiene un sistema de Justicia Electoral mixto, es decir, el recurso de revisión que es administrativo y lo resuelve el Instituto Nacional Electoral (INE) y el resto son de carácter jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Héctor Fix-Zamudio consideraba que los medios de impugnación configuran los instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales para corregir, modificar, revocar o anular los actos y las resoluciones judiciales, cuando se atente contra la constitución, la legalidad y tratados o instrumentos internacionales.

La Ley General del Sistema de medios de impugnación en materia electoral, destaca los siguientes recursos:

El Recurso de Revisión se ejerce para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la Autoridad Electoral Federal; el Recurso de Apelación, el Juicio de Inconformidad y el Recurso de Reconsideración, son para garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal; el Juicio para la Protección de los Derechos Político–Electorales del Ciudadano mejor conocido como (JDC); el Juicio de Revisión Constitucional Electoral, se aplica para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos; el juicio para dirimir los conflictos o diferencias Laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores, y por último el Recurso de Revisión en contra de las resoluciones y sentencias emitidas en los procedimientos especiales sancionadores, mismo que sirve para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Muchas batallas electorales se ganan “en la mesa”, como se afirma coloquialmente y está es la razón por la que los medios de impugnación serán parte fundamental en este proceso electoral 2020-2021.

Las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, en su papel de árbitros, serán decisivas para resolver los medios de impugnación que presenten, los jugadores de esta contienda electoral son los partidos políticos, candidat@s y sociedad. Sin embargo, la civilidad política y evitar las malas prácticas serán responsabilidad de tod@s. De esta manera se obtendrán procesos limpios y transparentes. La ganadora será nuestra democracia.

*Legisladoras le quitan comisiones legislativas; mientras que los diputados lo defienden

Marcos Zapotitla Becerro, diputado local del Partido Encuentro Social (PES), al que también pertenece gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, fue acusado del delito de violación en contra de una mujer, por lo que la defensa legal de la víctima pidió su desafuero para someterlo a proceso penal.

En tanto, en la sesión ordinaria de hoy del Congreso de Morelos, una mayoría de legisladoras de Morelos lograron removerlo de las presidencias de las Comisiones de Igualdad de Género y de Seguridad Pública y Protección Civil, ello ante el asombro y defensa de sus compañeros diputados; fueron 12 votos a favor de su remoción y seis en abstención.

La denuncia pública la hicieron abogados del despacho Asesoría Jurídica Especializada, quienes informaron que desde en el mes de julio presentaron la denuncia correspondiente  en contra del legislador ante la Fiscalía General Estatal (FGE8SC01/8000/2020); y solicitaron al fiscal Uriel Carmona Gándara pida el desafuero del legislador.

 “Se presentó una denuncia en contra del hoy diputado local Marcos “N” que fue señalado por la víctima de haberle causado un daño psicológico, emocional y físico, que deriva en el delito de violación”, destacó, Gibran Haro, abogado y vocero de dicho despacho.

Dada la acusación, la diputada morenista Keila Celene Figueroa Evaristo ante el Pleno del Congreso local pidió se le quite las presidencias de las comisiones legislativas señaladas; la propuesta fue apoyada por sus compañeras de bancada Ariadna Barrera Vázquez, Alejandra Flores Espinoza, Elsa Delia González; Blanca Nieves Sánchez (Nueva Alianza); Maricela Jiménez (MC); Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala (Humanista); así como por las perredistas Rosalinda Rodríguez Tinoco y Naida Josefina Díaz Roca, además de la diputada independiente Ana Cristina Guevera; y los legisladores José Casas González y Héctor Javier García Chávez.

Votaron en abstención Erika García Zaragoza, Andrés Duque Tinoco, José Luis Galindo Cortés y Alfonso de Jesús Sotelo Martínez (PES) y el propio Marcos Zapotitla; así como Rosalina Mazari Espín (PRI) y Dalila Morales Sandoval (PAN).

*Reiteró su apoyo a los afectados por estos hechos e instruyó reforzar los operativos de vigilancia implementados en la Barona

El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, atendió a la representación jurídica de los familiares de las víctimas de los lamentables hechos registrados el pasado 01 de septiembre en la colonia Antonio Barona, donde 10 personas perdieron la vida. 

En este encuentro, el mandatario estatal reiteró su respeto y apoyo a quienes resultaron afectados por estos acontecimientos e instruyó al titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), Almirante José Antonio Ortiz Guarneros, a no bajar la guardia y reforzar los operativos de vigilancia implementados en dicha zona.

De igual manera, Cuauhtémoc Blanco refrendó su compromiso de seguir trabajando en beneficio de la sociedad, en particular con las niñas, niños y jóvenes para evitar que se enganchen a conductas antisociales.

Por tal motivo, anunció que se apoyará con equipo de cómputo a estudiantes que no cuenten con ello, a fin de que puedan cumplir con sus labores escolares; además, se trabajará en un plan de rescate de canchas deportivas de la colonia para fortalecer el tejido social y el sano desarrollo de la niñez y juventudes.

Por su parte, Ortiz Guarneros informó que desde el día de los hechos se cuenta con presencia policial en las inmediaciones de la colonia, patrullajes pie tierra y con unidades de la Policía Morelos para garantizar la paz social de las familias que ahí radican.

También, informó de los avances en la instalación de las videocámaras de vigilancia y su funcionamiento; y ratificó su compromiso de poner a disposición toda la tecnología con la que se cuenta en el C5 para que se logre detectar a presuntos responsables de delitos.

Juan Daniel Porcayo González

Licenciado en Derecho con Mención Honorifica por la Universidad Privada del Estado de Morelos. Abogado Postulante en materia penal y amparo en la Firma Legal Código Quattro

El pasado mes de julio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, califico de inconstitucional, el artículo transitorio de aquella conocida reforma entre los Morelenses (acontecida en el año 2017), por la cual se validaba el nombramiento de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos por un periodo de 20 años y lo que fuese peor, el aumento de su permanencia como Magistrados (de 14 a 20 años) se tornaba por demás injustificado; pues recordemos que, en aquel entonces, el argumento principal que expuso el legislador para validar dicha disposición,  se dio bajo una supuesta “afirmativa ficta”, ya que diversos ayuntamientos no hicieron pronunciamiento alguno sobre el dictamen a dicha reforma.

Sin duda, fueron muchos los que estuvieron inconformes con esta decisión y no faltó quien, expusiera tal situación ante el órgano judicial federal competente, que luego de varios meses, pondría fin al asunto de manera terminal, obvio es: la última palabra la tenía la Corte.

En su resolución los ministros dejaron en claro, que dicha ampliación en el encargo como Magistrados del TSJ del Estado de Morelos por un periodo de veinte años, se tornó “un beneficio injustificado e indiscriminado que los legisladores concedieron a los magistrados” por lo que, invalidaron dicha porción normativa, concediendo la razón a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos en la acción de inconstitucionalidad registrada en el expediente 20/2017.

Al día de hoy, han transcurrido dos meses desde aquel pronunciamiento de la Corte por el cual no solo se declaró inconstitucional la reforma referida en líneas anteriores, sino que, además, dejo seis vacantes dentro del Poder Judicial del Estado de Morelos para ocupar el cargo de Magistrado, y, aunque insistente ha sido la petición para transparentar el proceso de elección, la zozobra subsiste entre los aspirantes, al no contar si quiera, con la respectiva convocatoria para su elección.

El Poder Legislativo se ampara bajo el argumento “de estar en espera de recibir el engrose respectivo” que, si bien es importante, no menos cierto es el hecho de que, dicho engrose no cambiaría en nada el sentido en que los ministros emitieron su voto, es decir, declarar inconstitucional ese aumento injustificado de años y, por tanto, los Magistrados que excedieren del plazo original de 14 años, ser separados de sus funciones.

La resolución de la Corte ha quedado debidamente notificada y los magistrados han dejado su encargo; sólo falta que el legislador haga lo suyo y emita a la brevedad la convocatoria en comento.

Estimado lector, le envió un abrazo a distancia.

 * Los afectados se reunieron con el fiscal y la diputada para conocer avances del caso

Familiares de las víctimas de la masacre del pasado 01 de septiembre, durante un velorio en la colonia Antonio Barona, conocieron de los avances en las investigaciones sobre el caso, tras una reunión que sostuvieron con el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gandara, y la diputada Alejandra Flores Espinoza.

Sobre el encuentro, la diputada morenista informó que el fiscal general dio a conocer a los familiares de las 10 personas asesinadas que existen avances importantes en las investigaciones sobre el caso, aunque no dio detalles del proceso por la secrecia de la información.

Alejandra Flores

De igual forma, detalló que  el fiscal se comprometió a dar apoyo psicológico y tanatológico, así como a agilizar la entrega de las pertenencias retenidas de las víctimas.

La diputada Alejandra Flores Espinoza se comprometió con las víctimas del delito a exigir al fiscal, pero también al comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, resultados en el caso, pues lamentó que a 21 días de los hechos no se haya hecho justicia.

Informó que este jueves tanto el comisionado estatal de Seguridad como el fiscal comparecerán ante el Congreso del estado y tendrán que rendir cuentas por el incremento de la violencia en la entidad.

Sostuvo que es urgente se replantee la estrategia en el combate, la prevención y la persecución del delito, para que se le den resultados a los morelenses en materia de seguridad pública.

«Cambiamos el formato de la comparecencia para que sean los dos que comparezcan y que informen que resultados están dando a los morelenses,  a lo que es claro no hay resultados para los morelenses en la materia, no vemos una estrategia clara en seguridad y eso se tiene que dejar claro en la comparecencia», manifestó.

Flores Espinoza recordó que en este 2020 se autorizó un presupuesto de 761 millones de pesos para la Fiscalía General del Estado (FGE) y mil 346 millones para la Comisión Estatal de Seguridad, con la finalidad de que se dieran mayores resultados en la materia, sin embargo, dijo, no fue suficiente.

*Sigue en la impunidad la masacre de la colonia Antonio Barona: Padres de las víctimas

Padres de las víctimas de la masacre de la colonia Antonio Barona y el diputado José Casas González demandaron que las comparecencias de los encargados de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Estatal de Seguridad sean públicas, con el fin de que la ciudadanía conozca los resultados en la materia. Coincidieron que la violencia e inseguridad está desbordada en Morelos.

Los familiares de las víctimas lamentaron la falta de sensibilidad de las autoridades para atender este caso y del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, por lo que exigieron la renuncia de José Antonio Ortiz Guarneros y Uriel Carmona Gándara, así como del mandatario, ya que estos hechos no pueden seguir afectando a los ciudadanos.

Tras la muerte de un joven más víctima de un ataque a balazos en un velorio en dicha colonia ocurrido el pasado 1 de septiembre, el diputado lamentó los hechos de inseguridad y la falta de resultados para llevar ante la justicia a los responsables.

El legislador dijo que ante esta crisis de inseguridad, es urgente que el fiscal y el Comisionado, den una explicación a la sociedad sobre lo que pasa en Morelos, por lo que ante la ingobernabilidad que hay en la entidad, también es necesario que se cite a comparecer al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.