En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo encabezó la adhesión de Morelos a la Agenda para la prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres y niñas, de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad.

A partir de hoy, esta agenda estratégica forma parte de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, que este día sesionó con la participación de Flor Dessiré León Hernández, titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, quien acudirá el 25 de cada mes para dar seguimiento a los temas en materia de violencia de género.

Cuauhtémoc Blanco afirmó que en la entidad se mantienen acciones permanentes encaminadas a terminar con la violencia de género, en todas sus formas, la cual creció al amparo de la impunidad de autoridades omisas y cómplices.

“Que quede claro, en Morelos, cero tolerancia a quien lastima y daña la vida de las mujeres (…), esta lucha no es solo de las mujeres, en Morelos esta lucha es de todas y todos”, puntualizó.

En tal sentido, el jefe del Ejecutivo local exhortó a los tres niveles de gobierno y poderes del Estado a fortalecer las tareas para que la estrategia tenga éxito, acabar con las agresiones y castigar a quienes atentan contra la mujer.

Al respecto, Flor Dessiré expuso que durante esta administración se pusieron en marcha 8 Centros de Atención Externa, pasando de 3 a 11 espacios para atender a las mujeres en situación de violencia donde reciben atención psicóloga, legal y de trabajo social.

“Es hasta esta administración que se están logrando de manera continua los avances, esto no se había conseguido en todos estos años”, relató.

Además, reconoció que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco es el primero en etiquetar un monto de cinco millones de pesos que se complementan con otra cantidad igual del fondo para la prevención y atención de las violencias, lo cual permite que el trabajo de no se detenga.

En su intervención, Pablo Ojeda, secretario de Gobierno, informó que a partir de hoy comienza una campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género.

“Hasta el 10 de diciembre implementaremos una serie de medidas concretas con el objetivo de generar conciencia y abatir la violencia de género, y en particular la feminicida. El objetivo a largo plazo es erradicar definitivamente este tipo de violencias en el país”, indicó.

Resaltó que este gobierno reconoce la magnitud del problema, por lo que se ha incrementado la capacidad institucional de atención a estos delitos: “publicamos el protocolo con perspectiva de género para la investigación de feminicidios y fortalecimos el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”.

Sumado a lo anterior, “accedimos a casi 17 millones de pesos para nuestro estado, lo que nos colocó como segundo lugar nacional con mayor cantidad de recursos aprobados para atender la alerta de violencia de género».

La Agenda para la prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres y niñas, de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad, es impulsada por el Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias hacia las mujeres, niñas y adolescentes (GIEV), encabezado por la Secretaría de Gobernación.

*Persiste la inseguridad y la violencia; preocupante el aumento de los feminicidios

En el marco del Dia Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de Morelos, Tania Valentina Rodríguez Ruíz, consideró como positivos los avances que en materia legislativa se han aprobado para eliminar cualquier forma de violencia.

No obstante, reconoció la diputada, en la Entidad las mujeres no viven seguras y condenó que la Entidad se mantenga con índices preocupantes en materia de feminicidios.

“Las y los Diputados de esta Legislatura estamos comprometidos por la erradicación de cualquier forma de violencia en contra de las morelenses, y en el ámbito de nuestra responsabilidad promovimos reformas al marco legal para desalentar la comisión de conductas negativas en materia de violencia digital, política y de salud”, aseguró la representante del Partido del Trabajo en el Congreso.

Como ejemplos del trabajo de los y las Diputadas , señaló que Morelos fue de los Estados que se adelantó a la Federación, al aprobar el delito de violencia política por condición de género, que cometen quienes menoscaban o impiden la participación política de la mujer; y del mismo modo, la sanción a quienes difunden en redes sociales información con contenido sexual, obtenida con engaños o sin el consentimiento de una persona, generalmente mujeres, que ven afectada su dignidad y que se conoce como la Ley Olimpia. Así como iniciativas para promover el parto humanizado e impedir la violencia obstétrica.

“Desde luego que no estamos conformes con las situaciones de violencia en contra de las mujeres, mismas que se han incrementado por el confinamiento provocado por el COVID-19, de hecho, estamos alarmadas por el incremento del feminicidio, y eso nos lleva a la conclusión de que, en Morelos, la mayoría de las mujeres no se sienten seguras en su comunidad” finalizó.ndo el compromiso con la protección animal.

La Fiscalía Regional Oriente, en colaboración de autoridades de la Ciudad de México, recuperó 23 perros en el municipio de Tlayacapan, ello en cumplimientos de un mandato judicial emitido por un juez de distrito de la capital del país.

La tarde de este martes 24 de Noviembre, el Agente del Ministerio Público con el apoyo de agentes de la Policía de Investigación Criminal y Peritos, acudieron a un domicilio ubicado en los Ejidos de Tlayacapan y/o Campo El Campamento de Tlayacapan.

En el lugar se entrevistaron con un masculino a quien le hicieron del conocimiento una orden de cateo para la recuperación de 23 caninos de la raza Golden Retriever, manifestando el hombre que no tenía conocimiento de la existencia de los animales en el lugar, realizando una llamada telefónica a otra persona.

Al lugar arribó un hombre quien se identificó como responsable de la fundación con razón social “Fundación Para El Desarrollo Y Bienestar Yaakunah”, manifestando que los caninos ya se encontraban en otro lugar, proporcionando los datos en donde se encontraban los caninos.

Las autoridades se trasladaron a un Centro Médico Veterinario denominado “Animal Market” entrevistándose con uno de los colaboradores de dicho centro, a quien se hizo del conocimiento de la orden emitida por un juez de distrito.

Al contar con el documento ministerial, el hombre realizó de manera voluntaria la entrega de los 23 caninos; seis machos y 17 hembras, mismos que fueron entregados y asegurados por los Fiscales de la Ciudad De México mediante cadena de custodia para ser trasladados a la capital.

La Fiscalía regional Oriente colaboró con las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, para el cumplimiento del mandato judicial, refrendando el compromiso con la protección animal.

Dr. Hertino Avilés Albavera
Lic. Juan Daniel Porcayo González

El pasado 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma denominada “De Seguridad y Justicia”, la cual, tuvo entre sus principales vertientes, instaurar en México un nuevo modelo de justicia de corte acusatorio y adversarial con el fin de agilizar y transparentar los procesos en materia penal acontecidos en nuestro país. Desde luego, para lograr dicho objetivo, fue necesaria la modificación de diez artículos a nivel constitucional, que, en su conjunto, trazarían el camino de este paradigmático modelo de justicia.
En ese tenor, uno de los preceptos que resulto modificado en aquel entonces, fue el articulo 73 fracciones XXI y XXIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que el Congreso Federal tiene la facultad de expedir las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como aquellos en materia electoral.
Hasta aquí el tema a primera vista no genera controversia alguna, pues el legislador fue claro en establecer la competencia en favor del Congreso Federal para legislar ciertos tipos penales, incluso, sobre aquellos tópicos que versaran en materia electoral, empero, pareciera ser, que el Congreso del Estado de Morelos ha pasado inadvertida dicha cuestión
Esto es así, porque, por ejemplo, el pasado mes de enero del año en curso, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el decreto por el cual, se regula en el Código Penal del Estado de Morelos, el tipo penal de violencia política por razón de género en su artículo 213 sextus; estableciendo que, comete este delito quien por sí o a través de terceros, hostigue, acose, coaccione o amenace a una o varias mujeres o a cualquier miembro de su familia, con el objeto de menoscabar, restringir, obstaculizar, condicionar, suspender o nulificar el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, el ejercicio de su cargo o funciones públicas en el ámbito en el que las ejerza; lo cual obvio es, corresponde por su naturaleza a un tema en materia electoral y por otro, invade la competencia del Congreso Federal al legislar dicha conducta en nuestra ley penal sustantiva.
Es necesario incidir, en que, por supuesto apoyamos la creación de este tipo penal por ser un tema de trascendencia para las y los ciudadanos y, esencialmente, para las mujeres víctimas de estos hechos, sin embargo, nuestro breve análisis se constriñe únicamente a los aspectos de competencia y legalidad.
Sobre este primer punto, no se puede pasar desapercibido el pronunciamiento realizado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado mes de abril sobre un asunto similar ocurrido en el Estado de Chihuahua, al invalidar los artículos 30, fracción V, y 198 del Código Penal de aquella entidad, por regular el delito y sanciones que se impondrían a quien cometiera diversos actos calificados como violencia política de género, así como la medida de seguridad que tendría que dictarse en estos supuestos; pues a criterio de los ministros de nuestro máximo tribunal, dichos tópicos son facultad exclusiva del Congreso Federal, por tanto, los Congresos locales carecen de competencia para legislar al respecto.
Resulta curioso el hecho de que, si bien dicha facultad corresponde al Congreso Federal como se ha referido en líneas anteriores, hasta el día de hoy, no se cuenta con el tipo penal de violencia política por razón de género en el Código Penal Federal o, en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y, pese a ello, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por sus siglas FEPADE, persigue dicha conducta de manera armónica, pero con la gran salvedad, de que dicha tarea no le ha sido nada fácil, sobre todo en el sentido de sancionarla.
Recordemos que, en materia penal para que se dé un auto de vinculación a proceso o, se llegue a determinar en audiencia de juicio oral, la culpabilidad de un sujeto en la conducta que se le atribuye, primero debe verificarse que esta última -conducta delictiva- este regulada en ley, de lo contrario, no solo se trasgrede el artículo 14 párrafo tercero de nuestro máximo ordenamiento, al tratar de imponer una pena por analogía o por mayoría de razón, sino que, además, nos encontraríamos frente a la ausencia de uno de los elementos principales del delito, como lo es: la tipicidad, luego entonces, la conducta no se podría sancionar.
Puesto que no debemos olvidar, que una de las premisas mayores del derecho penal es “nulla poena sine lege” –no hay pena sin ley- puesto que al sancionar un delito que no se encuentra tipificado, estaríamos cometiendo una violación grave a los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos.
En conclusión, urge que el Congreso Federal regule dicha conducta en la Ley General en Materia de Delitos Electorales para el efecto de que, el trabajo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, no resulte infructuoso y las víctimas de estos hechos, puedan acceder a verdadera procuración y administración de justicia.
No debemos pasar por alto que, en la época actual, la violencia cometida en contra de las mujeres, es un tema que va en crecimiento, y que, si bien se ha buscado erradicar la violencia con la implementación de leyes como la Ley Olimpia, no menos cierto es que en el ámbito político hace falta una reforma a nivel federal que permita a las ciudadanas gozar de sus derechos político electorales de manera libre.
Las mujeres han demostrado en diversas ocasiones que son capaces de llegar a grandes puestos, y hacer su trabajo de una forma “limpia”, es decir, han demostrado que pueden gobernar un país; al implementarse leyes que permitan que estas puedan acceder a los grandes puestos públicos, no solo respetamos sus derechos humanos, si no que abrimos una puerta para la erradicación de la violencia que en la actualidad se ejerce en contra de las mujeres.
Ahora bien, por lo que toca al Estado de Morelos, la intención del legislador al regular dicha conducta en nuestro Código Penal fue buena, sin embargo, tarde o temprano podría suscitarse el caso en que, por cuestiones de constitucionalidad y competencia, deba derogarse dicho tipo penal, pues como se advirtió en líneas que preceden, dicha competencia por regla, se surte siempre a favor del Congreso Federal.
Estimado lector, le saludamos a la distancia.

En un hecho inédito e histórico, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos aseguró documentos y equipo de cómputo del departamento SITE (Sistema de Enlace de Vehículos Robados y Recuperados) de la Dirección General de Bienes Asegurados de la Fiscalía General Morelos. Esto derivado de una denuncia por presuntas irregulares en la cancelación de reportes de vehículos robados.

Tras recibir la denuncia de una persona, cuyo vehículo fue robado, recuperado y entregado a alguien que no era el propietario, la Fiscalía Anticorrupción inició las investigaciones pertinentes, relacionadas con la carpeta FECC/479/2020-11.

Fue así como se advirtió que, presuntamente, personal del SITE de la Dirección General de Bienes Asegurados de la Fiscalía Morelos, habrían entrado al sistema del Registro Público Vehicular (Repuve) para poner como recuperado el vehículo, sin dar aviso al dueño y entregárselo a otra persona.

Por tal motivo, alrededor de las 22:56 horas del viernes 20 de noviembre, personal de la Fiscalía Anticorrupción realizó una diligencia de aseguramiento de documentos y equipo de cómputo del SITE, cuya información será analizada y valorada mediante un peritaje.

Cabe señalar que se realizan las pesquisas y diligencias pertinentes para judicializar la carpeta de investigación y se solicitarán órdenes de aprehensión.

Lcdo. Marco Antonio Mastache Espinosa
¿Cuáles son los Aspectos más relevantes dentro de la reforma a la ley Federal del Trabajo?
Antes de iniciar el presente artículo, es necesario analizar los antecedentes de la reforma laboral a la Ley Federal del Trabajo, misma que ha tenido dos importantes reformas, la primera en el mes de diciembre del año 2012 y la más reciente, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, en tanto, México cumple con los compromisos adquiridos por la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia de justicia laboral de febrero de 2017.
La ratificación del Senado del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, contenidos en el Anexo 23-A del Tratado y a los diversos convenios en la materia ratificados por México, en específico el 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo y la aprobación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Ahora bien, en la citada reforma a la Ley Federal del Trabajo en el nuevo sistema de Justicia Laboral, se establece como obligación patronal, el registrar a los trabajadores del hogar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como pagar las cuotas obrero-patronales.
Al mismo tiempo, contempla ciertos requisitos como los comprobantes fiscales digitales (CFDIS), para probar el pago de salario y prestaciones de las y los trabajadores, la cual sustituyen a los recibos de salario siempre y cuando su contenido se pueda verificar en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Debiéramos considerar que, la obligación de los patrones de implementar un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género, como son: 1) en casos de violencia y acoso sexual; 2) el trabajo forzoso o infantil. Dicha obligación, se relaciona con la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, así como el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En ese sentido, se contemplan ciertos requisitos como los comprobantes fiscales digitales (CFDIS), para probar el pago de salario y prestaciones de las y los trabajadores, la cual sustituyen a los recibos de salario siempre y cuando su contenido se pueda verificar en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Con respecto a la consignación del pago indemnizatorio, en caso de la terminación de un trabajador que tenga una antigüedad menor a un año, que por las circunstancias del caso sea imposible la continuación de la relación de trabajo, sea este empleado de confianza, trabajador del hogar o eventual, el patrón podrá consignar el pago indemnizatorio ante el Tribunal en la vía paraprocesal contemplada en el artículo 982 de la Ley Federal del Trabajo.
Es aquí donde encontramos, la transformación del régimen sindical y de la negociación colectiva, la Ley Federal del Trabajo recoge los principios de libre sindicalización, esto es, pertenecer o no a un sindicato, negociación efectiva de contratos colectivos y prohibición de injerencia de los patrones sobre los trabajadores.
Como podemos establecer del párrafo precedente, es de este modo como la transformación del régimen sindical y de la negociación colectiva introduce los principios de representatividad, transparencia y democracia en la vida de las organizaciones sindicales.
Sin embargo, los patrones podrán solicitar la cancelación del registro de un sindicato, cuando éste último realice actos de extorsión o solicite pagos en dinero o especie para desistirse de un emplazamiento a huelga o para no iniciar un procedimiento sobre derechos colectivos.
No obstante, los sindicatos no podrán participar como empleadores o en esquemas que tengan la intensión de evadir las responsabilidades patronales, tanto en materia laboral, como en seguridad social.
Hay que tener presente, que los sindicatos cuando soliciten la firma de un contrato colectivo de trabajo, deberán de obtener una Constancia de Representatividad del Centro Federal que demuestre que cuando menos representa el 30% de los trabajadores que estarán sujetos al referido contrato.
En caso de que algún otro sindicato también solicite la Constancia de Representatividad, los trabajadores tendrán que votar por el sindicato de su elección y aquel que obtenga la mayoría, será quien obtenga la Constancia.
Bajo este mismo orden de ideas y a fin de tener una mayor visión, el procedimiento mediante el cual, los sindicatos tendrán que llevar a cabo una votación de las y los trabajadores; deberán de decidir (la mayoría) si aceptan la revisión del contrato colectivo o tabulador de salarios que se haya realizado con el patrón.
En caso de que la mayoría de las y los trabajadores no acepte la revisión, el sindicato tendrá derecho de estallar la huelga, o prorrogar su estallamiento hasta llegar a un acuerdo satisfactorio para la mayoría de los trabajadores.
Entonces podemos comprender fácilmente que, en primer lugar, él patrón estará obligado a entregar una copia del contrato colectivo de trabajo a los trabajadores a los 15 (quince) días siguientes a su presentación en el Centro Federal de Conciliación.
En el mismo sentido, con respecto a la democracia sindical, las modificaciones más relevantes es la prohibición de realizar votaciones a mano alzada, lo que era costumbre en muchos sindicatos en México.
En contraste, las votaciones para dirigencias deberán de ser realizado por voto libre, personal, directo y secreto. La reforma también establece que la representación sindical no puede ser por tiempo indefinido y agrega reglas sobre la rendición de cuentas del patrimonio sindical.
Así que, los contratos individuales de trabajo deberán de contener la designación de beneficiarios del pago de salario y prestaciones para el caso de muerte o desaparición del trabajador por acto delincuencial.
Asu vez, los convenios de terminación (con validez legal) que firmen los patrones de las y los trabajadores sin la intervención de la autoridad laboral, si dicho convenio contiene alguna disposición de renuncia de derechos de las y los trabajadores será nulo, sin embargo, el resto del convenio mantendrá su validez.
Dentro de este contexto, se contempla la falta de aviso (rescisión) de la causa de la terminación al trabajador o a la autoridad laboral, en la cual se presumirá la existencia del despido injustificado, sin embargo, el patrón podrá probar en juicio que la terminación fue justificada.
Por otro lado, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que deberá de iniciar su función en un periodo máximo de 2 años a partir de la entrada en vigor de la reforma, su función consiste en llevar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores y organizaciones sindicales y cualquier acto administrativo.
Considerando que, las Entidades Federativas crearán sus propios Centros de Conciliación locales, mismos que deben de entrar en funciones en un periodo máximo de 3 años. Sin embargo, los referidos Centros de Conciliación locales, no tendrán la función de registrar contratos colectivos, reglamentos interiores u organizaciones sindicales.
A consecuencia de la reforma laboral, el proceso de eliminación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y la creación de los Tribunales Laborales como parte del Poder Judicial Federal y locales, para resolver los conflictos derivados de las relaciones laborales, dependiendo de su competencia sea esta Federal o Local.
Por lo tanto, los Tribunales Laborales Federales deben de iniciar sus funciones en un término máximo de 4 años a partir de la entrada en vigor de la reforma, en tanto los Tribunales Laborales Locales en un plazo máximo de 3 años.
En cuanto a la Conciliación de las y los trabajadores, y en su caso, los patrones, (antes de acudir a los Tribunales Laborales) tendrán que solicitar el inicio de un Procedimiento de Conciliación Prejudicial. Dicho procedimiento debe de agotarse en un término máximo de 45 días naturales y suspenderá el término de prescripción para promover una demanda.
Los Centros de Conciliación locales o el Centro Federal, emitirán una constancia (requisito indispensable para presentar una demanda), de haber agotado el procedimiento, cuando el trabajador y el patrón no hayan llegado a un arreglo.
Aquellos conflictos que versen sobre discriminación, ocupación de embarazadas, designación de beneficiarios, demandas de titularidad o la impugnación de estatutos de sindicatos; no serán sujetos de una etapa prejudicial.
Cabe señalar que se crea una plataforma con el propósito de que las partes puedan ser notificadas durante el procedimiento en vía electrónica, es decir, para agilizar la tramitación de los procedimientos y con ello garantizar el principio de celeridad, se prevé que contenga buzones electrónicos para realizar notificaciones de actuaciones, acuerdos y resoluciones, así como para la consulta.
Como se ha hecho mención en el párrafo precedente, la referida plataforma de las notificaciones durante el procedimiento en vía electrónica, se encuentra estrechamente vinculada al avance de la tecnología electrónica, debido a que en México, desde el mes de marzo se paralizó la actividad jurisdiccional, tanto en el ámbito federal, como en todas las entidades federativas, con algunas excepciones como el Estado de México y Nuevo León, que previamente se habían ido adaptando a la era digital con nuevas herramientas tecnológicas, como la firma electrónica, los video-juicios y las diligencias judiciales a distancia.
Debemos tener presente que hoy en día uno de los principales problemas que enfrentan México y el mundo; es la Pandemia del Coronavirus (Sars-Cov-2) Covid-19, la cual puso en evidencia que similar al sector salud y muchos otros sectores, nuestras instituciones judiciales adolecen de diversas carencias, en gran medida son obsoletas, evidenciando que requieren cambios profundos y mutar hacia la modernización y al uso de las nuevas tecnologías, en una palabra, mutar hacia la ciber-justicia.
Cabe concluir que, el procedimiento ordinario, cambia radicalmente, eliminando las etapas de conciliación, demanda y excepciones, así como la de ofrecimiento y admisión de pruebas. Los procedimientos especiales, se incorporan en aquellos casos sobre la designación de beneficiarios por trabajador fallecido, desaparecido o por acto delincuencial, así como en materia de seguridad social.
Entonces, después de señalar los anteriores aspectos importantes de la citada Ley Federal del Trabajo, concluyamos querido lector, que indiscutiblemente la transformación de la justicia laboral en nuestro país es evidente; no pueden esperar los justiciables un mayor plazo para materializar un recurso judicial efectivo, transparente y legitimado socialmente.
Durante muchos años las concepciones del derecho internacional y los ejemplos de otras latitudes nunca fueron referentes para contener las viejas y viciosas prácticas que permearon en las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
La integración tripartita de las juntas de conciliación y arbitraje fue cuestionada por la falta de transparencia en la designación de los representantes de los trabajadores, así como en los criterios adoptados en las sesiones plenarias de las juntas y la desconfianza de los trabajadores y patrones, en cuanto al derecho de acceso a la justicia de manera pronta, completa e imparcial.
Los grandes problemas que enfrento la Conciliación laboral ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, se convirtieron en un negocio en nuestro sistema de impartición de justicia en nuestro País.
El nuevo sistema de Justicia Laboral, demanda impulsar, facilitar y acelerar el procedimiento de las controversias laborales, esto obedeció a la necesidad de contemplar una instancia de conciliación prejudicial como un requisito obligatorio antes de acudir a los Tribunales Laborales especializados, que tendrán como objetivo esencial buscar la solución de las controversias a través del diálogo, con un procedimiento de fácil acceso, esto es, garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia en sede administrativa.
El nuevo Procedimiento de Conciliación laboral, se fortalecerá a través de los medios Alternos de Solución de Conflictos (MASC), que será un instrumento para diversificar la solución de conflictos, las partes involucradas serán los protagonistas en la resolución de las controversias en materia laboral.

Lic. Juan José Hernández Cuevas

La migración actual en el mundo tiene rostros distintos, atiende a diversos elementos y se encuentra particularizada por circunstancias y factores que la vuelven impredecible. Esta puede depender de la ubicación geopolítica, de la economía de la región, las alteraciones climáticas, la globalización, la implementación de las tecnologías, el empleo, las guerras civiles o conflictos sociales, entre otros.

Se estima que en el mundo hay cerca de 272 millones de migrantes internacionales, y que casi dos tercios de ellos son migrantes laborales. Esta cifra sigue siendo un porcentaje muy pequeño de la población mundial (el 3,5%), lo que significa que la enorme mayoría de las personas del mundo (el 96,5%) residen en su país natal. Sin embargo, estas estimaciones del número y la proporción de migrantes internacionales ya superan algunas proyecciones hechas para el año 2050, que pronosticaban un 2,6%, o 230 millones, de migrantes internacionales.

De lo anterior se desprende que, si bien es cierto que en el mundo existe un repunte no mayor a un 16% de lo pronosticado, en el caso particular de México esta media se dispara, puesto que en los últimos diez años ha tenido un alza sustancial, convirtiéndose de un país de tránsito a un país de destino; y específicamente en este rubro se requieren datos más precisos para cuantificar con mayor exactitud el fenómeno migratorio.

De acuerdo con los datos del año 2019, el territorio nacional ocupaba el segundo lugar como país de origen de migrantes internacionales con 11,8 millones (en espera de los resultados del año 2020), en donde la India se mantiene en primer lugar con 17,5 millones de residentes en el extranjero y China con 10,7 millones en la tercera posición.

Los Estados Unidos de América mantuvieron el primer lugar entre los países de destino (con 50,7 millones de migrantes internacionales) que hasta la actualidad sigue siendo mayormente recurrente por mexicanos.

En México el repunte es evidente. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), en 2011 se registraron 109 mil eventos de tránsito irregular por México. El principal origen de esta corriente migratoria ha sido Centroamérica, sin embargo, la composición de este flujo por país de origen se ha modificado en los últimos años.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobernación en el año 2019, los eventos de extranjeros devueltos por la autoridad migratoria mexicana específicamente provenientes de América Central, Islas del Caribe y América del Sur es de 148,560, especialmente de Honduras, Guatemala y el Salvador.

De manera oficial se han calculado de acuerdo con estimaciones realizadas por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), que 9 de cada 10 personas migrantes irregulares en tránsito son originarias de Centroamérica.

Se debe considerar que en México el fenómeno migratorio irregular, tiene su explicación en que haciendo uso de su derecho natural (necesidad) a la supervivencia abandonan su país de origen en busca de una oportunidad de vida digna. Son “Grupos vulnerables” per sé, privados de los mínimos derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo regulado y por consiguiente se encuentra afectada su dignidad humana, entendida ésta como la base de los derechos humanos.

Su esfera jurídica se ve gravemente afectada sobre todo en lo que respecta a los derechos fundamentales del trabajo y especialmente al de la seguridad social, puesto que un migrante irregular contratado laboralmente en México queda expuesto a recibir un menor salario, no tener acceso a los días de descanso o trabajar más horas de lo previsto por la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, no contar con las prestaciones mínimas de ley, como son los derechos a los servicios de salud, sean por riesgo de trabajo o accidente, sus derechos a una pensión o jubilación por edad avanzada, vejez o cesantía, así como el aseguramiento de su familia si la tuviere, incluyendo el acceso al servicio de guarderías, entre otros derechos que devienen de hacer asequible la garantía fundamental de la seguridad social.

¿Qué pasaría en el supuesto que los migrantes irregulares promovieran una demanda laboral al Estado mexicano, o a una empresa privada con jurisdicción en el país, o se demande a cualquier patrón por el no otorgamiento de las condiciones y prestaciones mínimas laborales a los que todo ser humano tiene derecho?

El caso Muelle Flores vs. Perú, mediante sentencia de 06 de marzo de 2019 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un caso que, por sus características, deja evidente la necesidad de implementar los medios normativos necesarios para respetar los derechos humanos a la seguridad social de cualquier individuo, que sirva como ejemplo y precedente, con el propósito que México tenga la posibilidad de evitar demandas que den la pauta a un evidenciamiento internacional futuro.

La Ley Federal del Trabajo de México, es muy clara al establecer en su artículo 2o.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

Para finalizar, es muy importante efectuar acciones tendientes a concretar este derecho humano dentro de un esquema de seguridad social inmediato, que permita captar al migrante que ya se encuentra internado e instalado en el territorio nacional, sacarlo del anonimato y darle soluciones reales para su regularización, además de advertir a los patrones de la responsabilidad por omisión en la que pueden incurrir. Éste es el punto de inicio, en donde la justicia social cobra sentido y se proyecta en lo futuro, aquí están los principios, están reconocidos, pero se requiere mayor esfuerzo para darles cuerpo y forma, que sean substanciados en la certeza jurídica, a través de una serie de pasos concatenados cuyo objetivo consista en garantizar, articular y deslindar responsabilidades previas a un conflicto judicial. Se trata de aprovechar el elemento previsor de la seguridad social, para garantizar por vía no contenciosa la consecución de los derechos fundamentales de las personas y el derecho de la seguridad social puede ser la llave que abra la puerta a esta posibilidad.

*Consolida trabajo en materia de capacitación a través de programas pedagógicos sobre transparencia

*Implementación de programas de impacto intelectual en beneficio de las funciones de los Sujetos Obligados pro cumplimiento de la Ley de Transparencia

La comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Dora Ivonne Rosales Sotelo, rindió informe bianual de actividades como coordinadora de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura, adscrita al Sistema Nacional de Transparencia ,Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT).

En este marco, Rosales Sotelo, inició su informe resaltando que el trabajo desempeñado desde la Comisión obedeció a la realización de proyectos enfocados a la profesionalización, actualización y capacitación de los servidores públicos, Sujetos Obligados e integrantes de los Organismos Garantes Locales.

Asimismo, entre los logros más significativos, informó la implementación de 32 programas de capacitación a cargo de los órganos Garantes de Transparencia en el país; conformados por talleres regionales y nacionales, así como cursos de capacitación para los enlaces de la Red Nacional por una Cultura de la Transparencia, en materia de archivos, datos personales y acceso a la información.

“En estos dos años de actividades hemos trabajado intensamente para fortalecer la cultura por la transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos, utilizando herramientas que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje y la transferencias del conocimiento”, comentó.

Durante su periodo a cargo, la coordinadora de la Capacitación, Educación y Cultura, detalló que se impartieron un total 4 mil 851 cursos presenciales a 126 mil 524 servidores públicos, logrando capacitar en línea un total de 25 mil 979 participantes, consolidando con ello, la necesidad de reforzar, ajustar y actualizar los programas pedagógicos ofrecidos al sector interesado en los dichos temas.

En este periodo, detalló, el seguimiento de las sesiones de dicha comisión, de la Red Nacional por una Cultura de la Transparencia y las acciones promotoras de la cultura de transparencia, entre las que resaltó, la coordinación de cursos en materia de archivos y en conjunto con las regiones Norte, Centro Occidente, Centro y Sureste; la firma de convenio entre los Organismos Garantes del país y el Instituto de Transparencia e Información Pública De Jalisco (ITEI) en conjunto con la Secretaría de Educación de Jalisco, para la implementación del Cuadernillo de Protección de Datos Personales dirigido a alumnos y profesores de cuarto año de educación básica.

Finalmente, Dora Ivonne Rosales, concluyó su intervención resaltando los retos la importancia de  fortalecer la participación de los Órganos Garantes locales en los talleres regionales de planeación, dar continuidad en el envío de los programas por parte de los Institutos locales de Transparencia, dar seguimiento de la aprobación del Programa de Capacitación en Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales, Archivos y Temas Relacionados con Alcance Nacional (PCCAN) dentro de la comisión, como una política pública nacional en materia de capacitación y promover la instalación de nuevas redes locales de capacitación.

*Vamos por buen camino, hemos dado golpes certeros a la delincuencia organizada

El gobernador Cuauhtémoc Blanco dio el banderazo de salida a las cuadrillas de técnicos que se encargarán de actualizar y dar mantenimiento a las cámaras de videovigilancia ubicadas en los 10 municipios con mayor incidencia delictiva.

Se trata del proyecto de equipamiento del Sistema de Video Vigilancia Urbana de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), que en esta ocasión se va a aplicar en Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Temixco, Xochitepec, Puente de Ixtla y Yautepec.

Esta acción incluye la instalación de 447 nuevas videocámaras del programa de Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE), que sumadas a las 553 ya instaladas, suman mil dispositivos al servicio de la seguridad pública de la ciudadanía.

Los trabajos de actualización y mantenimiento al Sistema de Video Vigilancia Urbana iniciaron este día, en el marco del 6° aniversario del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5).

Al respecto, el jefe del Ejecutivo estatal reiteró su compromiso de restituir la paz social, la seguridad y tranquilidad en el territorio morelense. “Fue aquí donde el primer minuto del día 1 de octubre de 2018 iniciamos nuestra gestión, bajo la consigna de dar alcance a la tranquilidad”.

En tal sentido, Blanco Bravo aseguró que “vamos por buen camino, hemos dado golpes certeros a la delincuencia organizada, reduciendo su margen de acción y capturando a importantes objetivos generadores de violencia en nuestro estado”.

Agregó que como ocurre a nivel federal, en Morelos tampoco “hay intocables”, y esta administración no pacta con la delincuencia como sí se hizo en el pasado, por lo que muy pronto, quienes aún se burlan de la ley, serán llevados ante la justicia.

El Gobernador ratificó su apoyo y confianza a la labor que desempeña el comisionado estatal de Seguridad Pública, Almirante Ret. José Antonio Ortiz Guarneros; así como a todo el cuerpo de mujeres y hombres policías que día con día salen a las calles para garantizar la tranquilidad de las familias.

En su intervención, el titular de la CES Morelos mencionó que en el tiempo actual la tecnología evoluciona y marca la diferencia a pasos agigantados, y por ende, el Estado y sus instituciones de seguridad deben adecuarse a dicho proceso evolutivo, visualizando estrategias de seguridad pública desde alternativas de tecnologías óptimas y viables.

Ortiz Guarneros destacó que la implementación de acciones y estrategias de prevención y seguridad pública, a través del uso de la tecnología, provee al Estado de las herramientas necesarias para que la ciudadanía viva en un clima de paz y tranquilidad.

Por su parte, el director general del C5, Víctor Fernando Lobato Castañeda, informó que este programa se puso en marcha con apoyo del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP), de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo.

Y puntualizó que el área de videovigilancia del C5, es una herramienta muy valiosa, porque a través de ese sistema de monitoreo se da la adecuada coordinación, atención y seguimiento de emergencias, en apoyo a todas las áreas operativas.

• Los magistrados de la Sala del Tercer Circuito Judicial de Cuautla ordenaron reponer el juicio oral con un nuevo Tribunal

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revocó la sentencia absolutoria a favor del ex presidente municipal de Cuautla Jesús “N”, imputado por la Fiscalía Anticorrupción por el delito de Ejercicio Ilícito del Servicio Público, y determinó reponer el procedimiento desde la apertura del juicio oral.

Este martes, 17 de noviembre de 2020, en audiencia, los magistrados de la Sala del Tercer Circuito Judicial de Cuautla, determinaron por mayoría, a favor de la Fiscalía Anticorrupción, la reposición del procedimiento de juicio oral contra del ex alcalde de Cuautla, Jesús “N”, quien presuntamente causó un daño al erario del municipio.

Los magistrados del TSJ ordenaron la revocación de la sentencia absolutoria dictada por un Tribunal, relacionada con la carpeta de investigación FEIHC / 002/2016-09, referente a una denuncia interpuesta por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del Congreso del Estado de Morelos.