El diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez afirmó que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, sigue en la Presidencia de la Mesa Directiva; en tanto que la legisladora Alejandra Flores Espinoza aseguró que su nombramiento como encargada de despacho de la Junta Política y de Gobierno, sigue firme.

Luego de que ayer se diera a conocer a través de redes sociales un documento donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consideraba que el Congreso de Morelos no tenía presidente, ya que su periodo había culminado el último día de agosto, el legislador Alfonso de Jesús Sotelo citó el artículo 32 de Ley Orgánica del Congreso, en la que se señala lo siguiente:

“La Mesa Directiva será la responsable de coordinar los trabajos legislativos del Pleno, así como de las comisiones y comités del Congreso del Estado. Los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus funciones un año y podrán ser reelectos”.

En este mismo sentido, el diverso en cuestión detalla “El presidente de la Mesa Directiva, conduce las sesiones del Congreso del Estado y asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del pleno; garantiza que en los trabajos legislativos se aplique lo dispuesto en la Constitución y en la presente Ley. En caso de falta de nombramiento de Mesa Directiva para el segundo y tercer año legislativo, la Mesa Directiva en turno continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes, o hasta que se nombre la nueva Mesa Directiva”.

En rueda de prensa conjunta con la diputada Alejandra Flores, a la que además asistieron los legisladores Marcos Zapotitla Becerro y Héctor Javier García Chávez, Sotelo Martínez mostró a los medios ahí reunidos, el acuse de recibo del documento en el que se informa a la SCJN, con base en los artículos 24, 35 y 36 de la Constitución Política del Estado de Morelos, sobre la legalidad de su desempeño en el cargo.

De su lado, la diputada Alejandra Flores reveló que la segunda negativa de la justicia federal para otorgarle un amparo a la legisladora Tania Valentina Rodríguez Ruiz en contra de su remoción como presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, es el reconocimiento legal a “la nueva conformación de este órgano político”.

En este mismo sentido, explicó la diputada, “se confirma que el acuerdo tomado el pasado 13 de septiembre por la mayoría de los coordinadores parlamentarios queda firme”, así como el hecho de que la diputada Rodríguez Ruiz no es más “la presidenta de la Junta Política y de Gobierno” y se convalida la legalidad del nombramiento de la legisladora Flores Espinoza como encargada de despacho de este órgano de gobierno legislativo.

Asimismo, la legisladora hizo un llamado a su homóloga Tania Valentina Rodríguez para que inicie “de manera inmediata” con el proceso de entrega-recepción del cargo y se abstenga de convocar “a reuniones de trabajo a nombre de la Junta Política”.

Finalmente, la legisladora exhortó a los diputados y diputadas de las diversas fuerzas políticas que integran el Congreso para “concretar los acuerdos necesarios para impulsar una agenda de trabajo que nos permita avanzar en las decisiones pendientes” y que la labor legislativa “no sea interrumpida en bien de los morelenses”.

Tras reprobar el asesinato del empresario morelense Paul Humberto Vizcarra Ruiz, cuyos familiares habían levantado una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada de Personas por su no localización desde el pasado 14 de octubre, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, lamentó además las cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que señalan que en Cuernavaca el 88.3% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

Externó sus condolencias hacia los familiares y amigos del también Premio Nacional al Mérito Ecológico 2014, al tiempo de sumarse a la postura de la dirigencia estatal de CANACINTRA, que a través de sus redes sociales señalan que “no podemos seguir permitiendo que nos sigan lastimando como sociedad, las condiciones para permanecer e invertir en Morelos es obligación del Gobierno”.

En rueda de prensa, Tania Valentina enfatizó: “debemos hacer una reflexión sobre el estado de descomposición en el que está Morelos por la inseguridad que todos y todas tenemos, en este caso cegó la vida de una persona honesta y trabajadora, empresario y ecologista premiado a nivel nacional y reconocido a nivel internacional”.

Por otra parte, abundó que según la información dada a conocer por el INEGI sobre el vigésimo quinto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)- Septiembre 2019, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, la percepción social sobre inseguridad pública sufrió un cambio estadísticamente significativo con respecto del trimestre anterior, al pasar de 81.6 en el mes de junio a 88.3 en el mes de septiembre del presente año.

El documento especifica que el 80.9% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 73.2% en el transporte público, 68.6% en el banco y 64.2% en las calles que habitualmente usa.

Por lo anterior, la también coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, dijo que las cifras anteriores difieren de la percepción del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien recientemente sostuvo que el almirante José Antonio Ortiz Guarneros seguirá al frente de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), lo mismo que la estrategia contra la inseguridad.

La Presidenta de la Junta Política y de Gobierno señaló a nombre del Frente Progresista de Mujeres que con respecto a la situación por la que atraviesa el Congreso del Estado de Morelos, es muy penoso ver la actitud de algunos diputados en la actitud que tienen de no reconocer la legalidad de este Congreso.

Al referirse a la resolución de amparo indirecto que le otorgó el Poder Judicial de la Federación, dijo que en el mismo, el juez federal determinó que “no hay ningún cambio en la Junta Política ni en Pleno, por lo tanto, no hay afectación a mi persona, no hay ninguna ilegalidad”, “sigo estando al frente de la Junta Política”; asimismo, pidió a sus homólogos legisladores ser respetuosos de la legalidad, ya que este cargo se vota en Pleno con 14 votos. Finalmente, dejó en claro que ya está procediendo en los tribunales ya que no existe en la Ley Orgánica del Congreso del Estado la figura de encargada de la Junta Política.

*Nadie en el Congreso con votos suficientes para avanzar en temas cruciales para el Estado: Tania Valentina

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, Tania Valentina Rodríguez Ruíz, informó que ayer se recibió el oficio mediante el cual la diputada Maricela Jiménez Armendáriz fue designada Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos.

Indicó que se hará del conocimiento de los integrantes de ese organismo y de la Presidencia de la Mesa Directiva, para que lo haga saber al Pleno en la próxima sesión ordinaria, como lo señala la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; y agregó que ello implica modificación en las fuerzas para la toma de decisiones.

“Como se conoce en la Junta Política los asuntos que son trascendentes se votan por mayoría calificada y cada coordinador representa en votos a igual número de los diputados que integran su grupo, a eso se suma el voto individual de cada representante de las fracciones parlamentarias, y al ser designada la Diputada Maricela Jiménez como Coordinadora de MC, se puede afirmar que, los coordinadores de MORENA y PES han perdido la mayoría calificada de que antes presumían, porque es público que la Diputada Cristina Guevara, votaba conforme a los intereses de ese grupo”.

En otro aspecto, Tania Valentina reiteró que no tiene ningún temor de que sus adversarios puedan intentar demandarla por presuntos delitos, ya que ella cuenta con el respaldo de los coordinadores parlamentarios que la ratificaron en acta del día 02 de septiembre, por lo que hizo un respetuoso llamado a los coordinadores parlamentaros de PES y MORENA, y a los representantes de la fracciones, para que asistan a las reuniones a las que se les convoca, porque es por medio del diálogo, la tolerancia y el amor por Morelos, como se podrá revertir la crisis de gobernabilidad que padece el Congreso de la Entidad.

*Manifiesta solidaridad con las mujeres agraviadas

*La Paridad de Género en la representación política es Garantía Constitucional

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresa su solidaridad con las mujeres que han sido agraviadas por los dichos de hombres en cargos de poder y representación, a quienes con pleno respeto a su libertad de expresión les recuerda que la igualdad y paridad de género en los cargos públicos y en la representación política están garantizadas en la Constitución General, por lo que expresiones denigrantes vulneran no solo el marco jurídico nacional vigente, sino instrumentos internacionales, consensos y la agenda global general en que está plasmada dicha garantía.

Para este Organismo Constitucional Autónomo, la igualdad y paridad de género en los cargos públicos y en la representación política da respuesta a la exigencia de participación equilibrada de las mujeres y hombres, y representa una ruptura a estereotipos sociales y roles de género, ya que coloca a las mujeres en el espacio público y en el acceso al poder, y hace justicia a décadas de lucha para superar el déficit democrático por razón de género.

Esta Comisión Nacional destaca que, contrario a la conducta observada por funcionarios y legisladores que han denostado u ofendido a las mujeres desde los espacios de poder, se debe generar un entorno de respeto al derecho a disentir y evitar discursos de odio y polarizantes que dividan y propicien que la mentira, el encono, el insulto y la descalificación infundada se vuelvan moneda común en la vida pública de México.

La CNDH enfatiza que, hasta ahora, las mujeres mantienen una participación marginal en la toma de decisiones de mando y poder que definen el destino de México, ya que el porcentaje de su presencia en los puestos de mayor responsabilidad y nivel jerárquico dentro de la Administración Pública Federal (APF) es inferior al 25% del total de plazas, lo que contrasta con su presencia en los niveles de mando más bajos, en los cuales ocupan cerca del 47% de los mismos, como se consigna en el “Estudio sobre la Igualdad de Mujeres y Hombres en Materia de Puestos y Salarios en la Administración Pública Federal 2017”, elaborado por esta Comisión Nacional.

De acuerdo con la Encuesta de Igualdad 2018 de la CNDH, uno de los ámbitos donde se percibe mayor desigualdad entre mujeres y hombres es el político, donde la desigualdad es del 28.3%. También se advierte que el 61.6% de las personas encuestadas considera que en nuestro país se ha trabajado poco para promover la participación de las mujeres en la política.

La igualdad entre mujeres y hombres es un compromiso del Estado mexicano desde hace 12 años, al aprobarse la Ley General de Igualdad, mismo que se amplió en 2014 cuando la paridad quedó inscrita en la Constitución Mexicana, y se amplió todavía más al entrar en vigor, en junio pasado, la reforma constitucional que garantiza la paridad de género en los cargos públicos y en la representación política.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reafirma que respetar la presencia de las mujeres en los espacios públicos, en los Congresos y en la toma de decisiones es cumplir con la ley.

Las diputadas del Frente Progresista de Mujeres presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos (CDHMorelos) una queja en contra de los diputados José Casas González y Alfonso de Jesús Sotelo Martínez por menoscabar los derechos de las mujeres a participar en la vida política y a una vida libre de violencia.

Asimismo, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del diputado José Casas por violencia política en contra de las mujeres, por las expresiones “misóginas” que emitió desde la tribuna del Congreso del Estado en contra de quienes integran el Frente Progresista de Mujeres.

Recordaron que en la sesión ordinaria del 11 de octubre y que concluyó la madrugada del 12, se cometieron por parte de los legisladores del bloque al servicio del Gobernador, violaciones y atropellos legales y políticos, que lastiman gravemente la convivencia democrática, ponen en riesgo la gobernabilidad del Congreso y lastiman profundamente la imagen pública del Poder Legislativo, como la destitución de la Diputada Blanca Nieves Sánchez Arana de la vicepresidencia de la Mesa Directiva.

“No aceptamos ni reconocemos el atropello cometido en contra de nuestra compañera Diputada Blanca Nieves Sánchez Arano, por dos razones fundamentales. La primera es que se le sometió a un juicio sumario donde se violaron sus garantías de audiencia y debido proceso, después de la denuncia se le sentenció, sin darle oportunidad a presentar pruebas y alegatos de descargo”.

De igual forma, denunciaron la intervención de Gobierno del Estado, a través de Mauricio Robles Cortés, coordinador de Asesores de la Secretaría de Gobierno, en la toma de decisiones que corresponde a un Poder Legislativo autónomo e independiente. “Entendemos que nuestra legislación define la violencia política en contra de las mujeres como cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros, basada en su género, que cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, con el objeto de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos”.

*Necesario para el pago de pensiones y jubilaciones en el Poder Judicial: Villarreal

José Luis Garcitapia

El secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, confirmó la reducción del presupuesto asignado a las secretarías de las secretarías de Turismo y Cultura, Desarrollo Económico y del Trabajo, Desarrollo Social y la de Administración para el pago de pensiones y jubilaciones a trabajadores del Poder Judicial.

Al comparecer ante los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el funcionario detalló en qué consiste la solicitud de modificación presupuestal presentada por el jefe del Ejecutivo y precisó que el monto será de 26 millones de pesos, que serán obtenidos de las dependencia mencionadas.

Explicó que el pago de pensiones y jubilaciones en el Poder Judicial se ha postergando desde 2016 y el Gobierno del Estado está obligado por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a garantizar los recursos necesarios para cumplir con esta obligación legal con los trabajadores, por lo que se decidió el ajuste.

“Es aquí donde el análisis que hicimos directamente del área presupuestal y los avances perentorios al mes de agosto, se determinó que de estas dependencias pudiéramos hacer la reasignación para llegar a estos 26 millones de pesos”, señaló.

Lo anterior, anteponiendo que la Secretaría de Turismo y Cultura cuenta con el Fideicomiso de Turismo Morelos (FITUR), y Desarrollo Económico y del Trabajo con el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp).

Asimismo, refirió que dichas dependencias han logrado bajar recursos a través de programas del Gobierno de México, en beneficio de diversos sectores de la sociedad.

Alejandro Villarreal dio respuesta a preguntas formuladas por algunas diputadas a fin de lograr la aprobación respectiva a la solicitud de modificación presupuestal, ya que indicó que el Gobierno del Estado tiene el firme compromiso de cumplir con los pagos de pensiones y jubilaciones al personal del Poder Judicial.

En la comparecencia del secretario Villarreal Gasca estuvieron presentes, las diputadas Rosalina Mazari Espín, Dalila Morales Sandoval, Ariadna Barrera Vázquez, Keila Celene Figueroa Evaristo, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Maricela Jiménez Armendáriz, Rosalinda Rodríguez Tinoco, Blanca Nieves Sánchez Arano, Ana Cristina Guevara Ramírez y Naida Josefina Díaz Roca.

*La informaron sobre el inicio del Juicio Político contra el ex gobernador Graco Ramírez

José Luis Garcitapia

Diputados de Morelos acudieron a la Secretaría de Gobernación para informa a su titular, Olga Sánchez Cordero, que inicio de proceso de Juicio Político en contra del ex gobernador Graco Ramírez, así como de otros funcionaros de la pasada administración que están relacionados con el posible desvío de recursos.

Encabezados por el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, también le informaron que el Poder Legislativo de Morelos ha estado definiendo y reforzando iniciativas que fortalezcan el combate a la delincuencia; y su preocupación por la crisis financiera que padece la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y pidieron el apoyo de la Federación para atender esta problemática.

Legisladores de Morelos se reunieron con Sánchez Cordero para entablar una mesa de diálogo e intercambiaron su postura respecto a la relación interinstitucional entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, coincidiendo que ésta debe darse de manera respetuosa, siempre anteponiendo el interés general, buscando la solución a los diversos problemas que aquejan a Morelos.

Estuvieron presentes los legisladores Rosalina Mazari Espín, Alejandra  Flores Espinoza, Ana Cristina Guevara, Ariadna Barrera Vázquez, Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, Elsa Delia González Solórzano, Héctor Javier García Chávez, Marcos Zapotitla Becerro, José Casas González,  Andrés Duque Tinoco y José Luis Galindo,

Tras escuchar e intercambiar puntos de vista sobre los diversos temas, Sánchez Cordero, manifestó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador trabaja de la mano con las entidades y Morelos no será la excepción, por lo que continuará en estrecha comunicación para ir dando solución a los diversos asuntos por el bien de México y por ende de Morelos. “Lo que necesitamos es pensar de manera permanente en la construcción de acuerdos  por el bien de México”.

En la reunión también estuvieron presentes el titular de la Unidad de la Secretaría de Gobernación, Emilio Saldaña, y responsable de la Unidad de Gobierno, Waldo Fernández González.

Con el objetivo de reconocer la figura jurídica de los directores responsables y corresponsables de la obra pública, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados, ambas del Estado de Morelos.

Destacó que el trabajo del Director Responsable de la Obra (DRO) “es importantísimo a la hora de asegurarnos que las obras públicas estarán ejecutadas de forma correcta y que contará con las calidades deseadas”, señaló que con ello se busca privilegiar la vigencia del estado de derecho y la seguridad jurídica para los morelenses.

Tania Valentina abundó que el Director Responsable de Obra Pública es la persona física auxiliar de la administración pública estatal y municipal, con autorización y registro otorgado por la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, en coordinación con los profesionales relacionados en la materia.

Asimismo, tiene la atribución en todas aquellas actividades vinculadas con su responsiva, de ordenar y hacer valer en la obra, la observancia de la presente Ley, de los manuales, del Reglamento de Construcciones y demás disposiciones aplicables.

Detalló que la idea es adicionar una Fracción XVI al artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para establecer que a la Secretaría de Obras Públicas le corresponde establecer el Registro Único de Directores Responsables de Obra y Corresponsables de la misma, en coordinación y vinculación directa con el Colegio de ingenieros, arquitectos, asociaciones de Director Responsable de Obra; Asociación de Egresados de la Facultad de Arquitectura de la UAEM; esto para garantizar de forma idónea y responsable las obras públicas del Estado y los municipios de la entidad.

También adicionar un título segundo Bis tanto en el índice de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma como en el capitulado donde se puntualizaría “de los directores responsables de la obra pública y corresponsables. Tania Valentina Rodríguez Ruiz enfatizó que en Morelos la figura del Director Responsable Obra “no es común ni se encuentra contemplada en nuestra legislación, por eso es importante que la sociedad participe con propuestas que enriquecen esta iniciativa”.

*Plantea un aumento de 73 millones más que en 2019, lo que representa el 8.71 por ciento

Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, anunció que a partir del próximo jueves 17 de octubre, iniciarán una serie de reuniones periódicas con el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, los representantes de los sindicatos y con el líder de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, Erik González García, encuentro que tendrá lugar en el Palacio de Gobierno, para que la Universidad pueda salir de la crisis financiera.

Detalló que para el año fiscal 2019, la UAEM recibió 616 millones 325 mil pesos, correspondientes al 2.5 por ciento del presupuesto estatal, más una partida especial de siete millones 500 mil pesos, lo que dio un total de 623 millones 825 mil pesos; en tanto que para 2020 se proyecta que la Máxima Casa de Estudios reciba 670 millones veintiséis mil pesos, lo que representaría un incremento de 8.71 por ciento con relación a lo aprobado para el presente año.

Indicó que el Congreso del Estado brindará acompañamiento al rector, sin embargo, sostuvo que también los senadores y diputados federales por Morelos deberán “tocar puertas” para obtener el apoyo que necesita la Universidad, cuya problemática es “financiera y estructural”, refirió la legisladora.

Sí habrá juicio político en contra del ex gobernador Graco Ramírez, quien tiene más de un año que dejó el cargo, anunciaron, en conferencia de prensa, las diputadas Alejandra Flores Espinoza (MORENA) y Rosalina Mazari Espín (PRI), quienes estuvieron acompañadas por legisladores de Encuentro Social, Humanista y Movimiento Ciudadano.

Alejandra Flores aseguró que se dará “especial seguimiento a la solicitud de juicio político presentado en contra de ex funcionarios de la administración estatal y que están relacionados al posible desvío de recursos, que podrían haber causado consecuencias graves en detrimento de la seguridad de los ciudadanos de Morelos, y con la intención de causar una crisis para la democracia al debilitar en pleno año electoral, al Instituto encargado de organizar y vigilar las elecciones”.

Recordó que el pasado 27 de septiembre se recibieron en la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dos escritos consistentes en denuncias de juicio político, suscritos por el titular de la Consejería Jurídica, Samuel Sotelo Salgado en contra del ex gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, ex Gobernador del Estado; Jorge Michel Luna, ex Secretario de Hacienda de la entidad y Adriana Flores Garza, ex secretaria de la Contraloría del Estado.

Respecto a la primera solicitud, la legisladora explicó que se presenta ante la omisión de estos ex servidores públicos, de su responsabilidad de transferir, ministrar y entregar en tiempo y forma el recurso presupuestado y autorizado por el Congreso del Estado de Morelos al 30 de septiembre de 2018, a la Fiscalía General del Estado, situación que a criterio del denunciante afectó gravemente las funciones de la Fiscalía

En tanto, la segunda denuncia, detalló, ésta se presentó contra los mismos ex servidores públicos, por su omisión de transferir, ministrar y entregar en tiempo y forma el recurso presupuestado y autorizado por el Congreso del Estado de Morelos, al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, al 30 de septiembre de 2018, se transgredió la autonomía y operatividad de dicho instituto.

Además la diputada sostuvo que con dicha acción se violentó la constitución al no dotar de los recursos necesarios para que el órgano electoral pudiera llevar de manera óptima las funciones de organizar las elecciones y resolver jurídicamente las controversias que se suscitaron en el proceso electoral, obstaculizando la función garante del Instituto de celebrar procesos democráticos y eficientes, cuya finalidad es asegurar el derecho fundamental del sufragio, garantizar la libertad electoral y el ejercicio pleno de la participación ciudadana.

Explicó que una vez que se presentó y se ratificó la denuncia de Juicio Político ante la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado, ahora se dará cuenta al Pleno del Congreso y será turnada a la Junta Política y de Gobierno, para que procedamos a calificar la procedencia o improcedencia de la denuncia.