Francisco Hurtado Delgado

Sin Estado de derecho no hay democracia, en ese orden de ideas debemos dejar claro, que el Estado de derecho es la base legal de toda democracia. De ahí se derivan las reglas de acceso al poder, el funcionamiento efectivo de las instituciones y las prácticas políticas de los actores, pero ¿debemos tener la prioridad de lo legal, lo político o la voluntad soberana del pueblo en una democracia?

Las democracias contemporáneas reposan en sistemas políticos representativos, expongo que este elemento es el punto de quiebre de una democracia auténtica. Algunos representantes políticos han quedado a deber las expectativas de los ciudadanos electores y por ende en la sociedad, pero sin que esto signifique que la democracia es equivalente o responsable de la distribución equitativa de la riqueza; porque en este caso son los poderes democráticos los que distribuyen la riqueza social, procurando evitar graves injusticias y derramamiento de sangre. En todo caso, el Estado de derecho propicia un amplio espacio para la reforma de las instituciones existentes y para la búsqueda de los proyectos sociales legítimos que se sostienen desde la pluralidad de la vida colectiva.

El italiano Ricardo Guastini, define al Estado de derecho “como aquel en el que están garantizados los derechos de libertad de los ciudadanos” y, en un segundo sentido, al Estado de derecho “como aquel estado en el cual el poder político está limitado por el derecho” y; en un tercer componente, como “el Estado de derecho es aquel estado en el cual todo acto de ejercicio del poder político está sujeto al principio de legalidad”.

Por otra parte, es importante hacer notar que en el sentido de que la sociedad está representada en el poder legislativo, tal y como lo describe Norberto Bobbio en su obra “El Futuro de la democracia”, se entiende que el poder parlamentario participa en la definición de los principios constitucionales que hacen valer las normas generales de justicia para la sociedad y se dice per legi (promulgando leyes).

A mi parecer, la política se encarga de organizar a la sociedad y al gobierno, pero ante el próximo proceso electoral, cabe enfatizar, que deberá prevalecer el respeto al Estado de derecho, de esta forma las reglas y sanciones estipuladas deberán aplicarse sin distinciones a los incumplidos e infractores que las violen. De ahí la importancia de los tribunales electorales cuyas facultades y competencias están diseñadas para dirimir cualquier controversia y de esa manera se cumpla y garantice el Estado de derecho y con ello se fortalezca nuestro sistema democrático.

Perspectiva

Por Marcos Pineda

Hemos podido observar en las últimas dos semanas que la cantidad de casos confirmados de COVID-19 se ha ido incrementando en el estado de Morelos. También sabemos ya que hay ciertas características que hacen a unas personas más proclives a presentar la enfermedad en su forma grave y, por tanto, correr mayor riesgo de fallecimiento. En virtud de que la información brindada al respecto por el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, en las conferencias de prensa de su secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, no sólo es mínima, sino repetitiva e insuficiente, quiero proporcionar algunos datos estadísticos básicos, con el objeto lograr que las personas que forman parte de los grupos de mayor riesgo, es decir, los adultos mayores, sepan la magnitud del problema que podrían enfrentar en los días por venir.

De acuerdo a los datos proporcionados por el INEGI, Morelos tiene una población de 1,903,811 habitantes. De ellos, el 52% son mujeres y el 48% hombres. Alrededor de 225 mil personas tienen 60 años o más y poco más de 842 mil tienen entre 25 y 59 años. Estos son, en lo general, los grupos que podrían verse más afectados, haciendo un total estimado superior al millón de personas. Sin embargo, entre ellos hay que distinguir qué subgrupos corren un mayor peligro. Y esos son los que padecen al menos un tipo de enfermedad crónica, de las denominadas comorbilidades.

En Morelos, el 22% de los adultos mayores padece obesidad, el 41% hipertensión y el 25% diabetes. En términos gruesos, esto significaría que alrededor de la mitad de los adultos mayores, o sea, alrededor de 112 mil, forman parte del grupo de mayor riesgo de fallecimiento se contagian de SARS-CoV-2 y se les manifiesta en su forma grave la COVID-19. ¿Y cuántos podrían ser estos? Conforme a las estimaciones que sean observado hasta el momento en la entidad cerca del 20%, lo que supone alrededor de 22 mil adultos mayores.

Esos son los más susceptibles, pero ese no es el peor de los datos. Lo más preocupante en realidad es que si la tasa de letalidad por COVID-19 en Morelos se mantiene en 21% (es decir, que por cada cien contagiados confirmados fallecen 21) si esos 22 mil adultos mayores que padecen algún tipo de comorbilidad se enfermaran, alrededor de 4 mil de ellos estarían condenados a perder la vida. Escuchó bien, estadísticamente hablando, podrían perder la vida cerca 4 mil adultos mayores en total.

Por eso, es de primordial importancia sí, que todos nos cuidemos, pero también que pongamos especial atención y cuidado a nuestros adultos mayores.

Si tiene síntomas no espere, acuda al médico. Si puede, quédese en casa.

Para iniciados

Todavía no comienza formalmente el proceso electoral del 2021 pero el ambiente político ya se está calentando. Por una lado, en Palacio de Gobierno están muy preocupados por lo que parece una inminente derrota en las urnas para Cuauhtémoc Blanco, Hugo Eric Flores, Pablo Ojeda Cárdenas y Jorge Argüelles que tienen puestas sus esperanzas en lograr alianzas de facto, extralegales, con candidatos que no logren la postulación por Morena, ya que su partido Encuentro Social, por sí solo no ganaría ni una sección electoral. Por otro lado, quienes aspiran a encabezar una candidatura ya se están comenzando a mover y a aparecerse por donde pueden y como pueden, con todo y semáforo en naranja. Habría que pensar ya en comenzar a medir en encuestas a los que ya se están apuntando con ánimos de competir. Pronto les tendremos noticias al respecto.

Excelente martes.

La información es PODER!!!

¿Qué pasaría, sí las campañas electorales de 2021 inician en semáforo rojo?

Francisco Hurtado Delgado

De manera insistente he reiterado en la importancia de establecer mecanismos digitales, para celebrar comicios electorales ante los efectos que está ocasionando la pandemia del COVID-19. En esta nueva realidad el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya ha instalado mecanismos para atender juicios electorales en línea. Pero no tenemos la certeza cuándo entrará en vigencia el semáforo verde, y menos que color habrá cuando inicien las campañas electorales y cuando sea la jornada electoral. ¿A qué situación nos podemos enfrentar?

Es del conocimiento público que el virus conocido como COVID-19, como señala el epidemiólogo Neil Ferguson del Imperial College de Londres, al momento no hay medicamentos para su tratamiento ni vacuna que lo prevenga. Su contagio es muy peligroso no tan solo para México sino en todo el mundo. José Ramón Cossío, Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expresa que es necesario generar una acción extraordinaria en materia de salubridad pública, para que la administración ejecute todas las herramientas legales que le permitan movilizar recursos y personal, con la finalidad de atender adecuadamente esta emergencia sanitaria.

Lo anterior, es un manifiesto de lo urgente y necesario que es implementar con exigencia nuevos mecanismos de protección a la salud de la ciudadanía, misma que acudirá a las urnas para elegir a sus gobernantes en la jornada electoral 2021. Los datos y consecuencias de esta pandemia son impactantes y no se duda que perjudicará a muchos mexicanos, sí, pero sus efectos sociales y en materia de salud, serán más dañinos para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad como son: mujeres víctimas de violencia de género, personas adultas mayores, migrantes y personas en situación de calle; la comunidad LGBTQ y quienes trabajan en el sector salud o se dedican al comercio informal. Forman parte también de estos grupos los trabajadores y trabajadoras que no pueden dejar de laborar para tener un ingreso, los que no tienen prestaciones de seguridad social y aquellos que están a punto de perder su empleo o viven con esa incertidumbre. El panorama parece desolador.

Termino señalando, que este proceso electoral tendrá muchas aristas, y lo mejor que nos podría pasar es que la ciudadanía conserve al cien por ciento su salud y pueda ejercer con toda su responsabilidad su voto. Y, por último, reitero que es posible establecer mecanismos para proyectar el voto de manera digital, sin embargo, habrá que considerar que el tiempo para modificar leyes electorales ha concluido, en virtud que los 90 días antes del proceso, como cita la ley, han fenecido; pero se podrían realizar los acuerdos necesarios en los consejos electorales con la aceptación de los partidos políticos, tomando en cuenta la emergencia sanitaria que estamos viviendo y con el compromiso social de fortalecer y resguardar nuestra democracia.

Lic. Marco A. Mastache Espinosa

“Safe Abogados Soluciones”

La justicia cotidiana, es una solución a los conflictos que genera la convivencia diaria en una sociedad, es la justicia más próxima y la más demandante entre las personas, empero, se considera distante, inaccesible y desigual en gran medida de la población.

Se le atribuye a José María Morelos y Pavón la frase: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”. Pero en México, la justicia cotidiana, no está encontrando ese amparo ni esa defensa.

A raíz del discurso político “Por un México en paz con justicia y desarrollo” en noviembre del 2014, el Ejecutivo Federal solicitó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) la compleja tarea de encontrar soluciones a los problemas en el día a día sobre la impartición y administración de justicia. Para lo cual se organizaron los foros denominados Diálogos por la Justicia Cotidiana,[1] en los cuales participó también el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. El objetivo era garantizar el acceso a la impartición de justicia, con la pronta solución a una justicia cercana, confiable, clara y accesible para los mexicanos.

En abril de 2016, el entonces presidente de la República habló de esta justicia como “Un México donde haya justicia, además de pronta, expedita e imparcial, algo muy importante: que haya justicia eficaz; donde la justicia sea una realidad cotidiana y donde la justicia jale parejo para todos” [1], sin embargo, es una justicia olvidada. A 5 años de los diálogos por la justicia cotidiana algunas conclusiones no son vigentes como el Código Nacional de procedimientos civiles y familiares para toda la república mexicana.

Dentro de esta justicia olvidada, se propuso generar una iniciativa de reforma al artículo 73 Constitucional a fin de establecer como facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia procesal civil y familiar. Posteriormente, se generaría un Código Nacional de Procedimientos, por lo tanto, tendríamos el marco para una impartición idónea de justicia civil y familiar.

El 15 de septiembre de 2017, se publicó el decreto[2] que reformó el artículo 73, fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Justicia Cotidiana (solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares), para quedar como sigue:

Artículo 73. …

I. a XXIX-Z. …

XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar;

De lo anterior, en el artículo transitorio cuarto del respectivo decreto de la reforma constitucional, se estableció que el Congreso de la Unión, estaba obligado a expedir la legislación en un plazo no mayor a 180 días, plazo que expiró el 13 de marzo de 2016.

El 15 de diciembre de 2017, los Diputados Federales María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María García Pérez y José Hernán Cortés Berumen del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la iniciativa, dando cumplimiento al Transitorio Cuarto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, iniciativa que solamente contempló los procedimientos del orden familiar.

La iniciativa después de presentada fue turnada a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, no obstante, el martes 6 de febrero de 2018 fue retirada.

El mismo 6 de febrero de 2018, se volvió a presentar y nuevamente fue turnada a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Así, que el 21 de mayo de 2018, se otorgó Prórroga –27 de agosto de 2018– y posteriormente por acuerdo de la Mesa Directiva el 11 de octubre de 2018 se declaró asunto totalmente concluido.

Adviértase, en efecto, que después de 2 años, 10 meses, es decir, algo así como 1,042 días de retraso más los que se acumulen. La Diputada Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados presentó el pasado 3 de junio[3], la esperada INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES.

Misma que se dio turno directo a la comisión de justicia, con opinión de la comisión de presupuesto y cuenta pública de la cámara de diputados.

El proyecto consta de 935 artículos divididos en seis libros. Descargar Documento: (Inic_PAN_Dip_Pilar_Ortega_y_Melanie_Murillo_CNPC.pdf)

Evidentemente, la necesidad de implementar cambios para mejorar el sistema de justicia en México, ha sido y sigue siendo indicativo. De acuerdo con Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2019, INEGI. Durante 2018, se presentó los expedientes judiciales en todas las materias (excepto penal y justicia para adolescentes), de los Poderes Judiciales Estatales.

Cabe destacar que las materias civil y familiar, en los 32 estados de la república mexicana, se tramitaron un total de 1,961,517 expedientes judiciales,[4] de éstos, el 38.4% corresponde a la materia familiar (pensiones alimenticias, guarda y custodia, divorcios, adopciones, etcétera) y el 29.7% a la materia civil (la preservación de los intereses patrimoniales y personales de las personas, por ejemplo, acción reivindicatoria, juicio de desahucio, etcétera). Para el Estado de Morelos, por ejemplo, la situación no es diferente, así, en primera instancia los juzgadores desarrollaron su actividad jurisdiccional, por el periodo comprendido del 01 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019[5], con la admisión de 14,202 demandas; el desarrollo de 59,111 audiencias; la emisión de 363,144 acuerdos; la realización de 314,671 notificaciones, y la tramitación de 8,762 exhortos; a esto hay que añadir los tramites de los juicios de mayor incidencia que son: el divorcio incausado 3,833, ejecutivo mercantil 5,090, ordinario civil 1,194, medios preparativos a juicio en general 437, especial de desahucio 167, entre otros.

En tal sentido, los juzgados menores en materia civil, su actividad jurisdiccional se vio reflejada en la admisión de 3,878 demandas; el dictado de 57,892 acuerdos; la emisión de 772 sentencias definitivas y 431 sentencias interlocutorias; la celebración de 7,291 audiencias y 39,871 notificaciones realizadas. Así también, el desempeño jurisdiccional se vio reflejado en la emisión de 12,372 sentencias entre definitivas e interlocutorias.

En otra entidad federativa, por ejemplo, en el Estado de México, en el año 2019[6] se tramitaron 48,592 asuntos civiles, 99,696 familiares, 45,050 mercantiles, 14,544 penales y 810 de justicia para adolescentes; por lo que, a las materiales civil y familiar corresponde el 71.05%. Por consiguiente, los juicios ante los órganos judiciales del fuero común en la República Mexicana, deberían estar regidos por un Código Nacional de Procedimientos Familiares y Civiles, que el Congreso de la Unión inexcusablemente en una omisión legislativa no expidió.

A partir de las reflexiones anteriores, la omisión legislativa se presenta cuando no hay desarrollo por parte del poder Legislativo, durante un tiempo excesivamente largo, de forma tal que se impide su eficaz aplicación. Omisión significa no hacer aquello a lo que se estaba constitucionalmente obligado.

Los conceptos de justicia cotidiana y de acceso a la justicia se derivan del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su primer párrafo, dicho artículo enuncia: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”. La consecuencia de esta prohibición, que circunscribe lo que el gran sociólogo alemán Max Weber denominó el “monopolio de la violencia legítima” que reclama el Estado, se despliega con claridad en el segundo párrafo: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial…. “

En ese sentido, el acceso a la justicia es un derecho humano que garantiza, que toda persona pueda acceder a tribunales independientes e imparciales, a fin de que se respeten y hagan valer sus derechos, de manera pronta, eficaz y en los plazos establecidos por la ley.

Por su parte, el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente”, y el artículo 25, de Protección Judicial expresa “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes”

De tal forma que, el Estado Mexicano, como signatario de la Convención, tiene la obligación de facilitar el acceso a la justicia a cualquier ciudadano en tribunales competentes, con plazos razonables y con extensión de sus derechos fundamentales.

Por último, la inactividad del legislador en relación con la legislación única en materia procesal civil y familiar, para estos efectos y en la práctica, paralizó posibles adecuaciones sistemáticas de procesos relevantes, sobre todo en tiempos de pandemia (COVID 19) con el acceso a la impartición de justicia, a través de las tecnologías en materia de juicios online y firma electrónica.

Cabe concluir que, evidentemente ha transcurrido un lapso excesivo de tiempo para que pueda ya hablarse de omisión legislativa, por parte del Congreso de la Unión.

[1] Gobierno de México, Justicia cotidiana. Que la justicia jale parejo. Disponible en: https://www.gob.mx/justiciacotidiana

[2] Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5497456&fecha=15/09/2017

[3] Gaceta: LXIV/2SR-13/108388, del día Miércoles 03 de junio de 2020. https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/108388

[4] Fuente: Censo estatal de impartición de justicia 2019, INEGI.

[5] Informe de Actividades del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.

[6] Quinto Informe de Labores del Poder Judicial del Estado de México.

¿Tenemos las autoridades que merecemos?

Francisco Hurtado Delgado

Previo a cada inicio de proceso electoral, el Poder Legislativo emite el acuerdo para convocar a las elecciones del Estado de Morelos, en el que se elegirán las alcaldías e integrantes del Congreso del Estado, resaltando que esta elección es intermedia en el estado de Morelos, pero coincide con la elección federal de diputados federales. Volveremos a tener la oportunidad de elegir nuevos candidat@s, vale la pena entonces pensar ¿Qué gobernantes o autoridades necesitamos? Pero antes de que suceda, debemos preguntarnos, ¿Qué calificación le das a las autoridades que elegiste en el proceso electoral pasado? Esto nos podría ayudar a hacer una mejor elección.

La respuesta que se pueda dar es indistinta a la opción política que hayas elegido, pero si enfocamos a la persona que ha ejercido el cargo; haciendo por supuesto a un lado las redes sociales, mismas que nos sirven para informar, pero, a su vez suelen también ser nocivas por la contaminación de información falsa, memes ofensivos y bots que se pueden describir como un tipo de robot con programa informático autónomo y que son capaces de llevar a cabo tareas concretas e imitar el comportamiento humano; razón por la debemos detenernos un poco y valorar lo bueno o malo que podrán ser nuestros gobernantes que elijamos.

José Ayala Espino, quien fue profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, describió que, en la sociedad moderna, la administración pública es producto de diseños institucionales que la conciben para dar cumplimiento efectivo a los objetivos compartidos y las tareas que se definen con alcance público – social. En este caso, la forma de Estado en la cual se organiza la vida de la administración pública es la que corresponde al Estado de derecho.

Debemos comprender que el ejercicio en la democracia, implica conseguir resultados específicos, relevantes y comprobados para que la ciudadanía refrende su lealtad con las instituciones administrativas, porque la administración pública contemporánea tiene el compromiso de acreditarse como una institución sensible, efectiva y responsable.

La sociedad ya reclama, que las autoridades que elegimos sean corresponsables con las iniciativas de gestión que se originan en la sociedad civil, porque los electores le exigen responsabilidad creciente para que sus acciones sean motivo de valoración y consenso amplio, y además que la administración pública sea más pública y democrática, porque lo merecemos, toda vez que la calificación a la que refiero en las preguntas iniciales, la definirán los electores en el voto que depositen en las urnas de los próximos comicios electorales de 2021.

Perspectiva

Por Marcos Pineda

Las instituciones públicas y privadas de educación, en todos sus niveles, están trabajando a marchas forzadas para adaptarse a la nueva realidad, producto de la pandemia de Coronavirus. En un primer momento, tan pronto se declaró la emergencia sanitaria nacional, buscaron, de manera mayormente improvisada, cómo seguir brindando los servicios educativos a distancia, haciendo uso de lo que tuvieran más a la mano, principalmente Internet y televisión.

Los resultados fueron más o menos aceptables, dada la precipitación de los acontecimientos y las cada vez más extendidas jornadas de distanciamiento social. Al principio, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se mostraba seguro de que el 18 de abril todo regresaría a la normalidad. Luego, en el mes de junio comenzó a referirse a la pandemia en pasado, como si ya la hubiésemos dejado atrás. Ya estamos a mediados de julio y no se ve para cuándo pueda haber semáforo verde y así los profesores, los alumnos y el personal de apoyo, puedan regresar a las aulas.

Por lo pronto, las instituciones educativas han percibido cómo la mayoría de educandos prefieren la formación presencial y se manifiestan cansados de pasar horas en contacto con sus profesores y compañeros de clase a través de dispositivos digitales. Por un lado, las instituciones públicas, que cuentan con un enorme presupuesto destinado a su operación, al menos en teoría deberían estar en posibilidades de generar un modelo pedagógico que permita enfrentar la nueva realidad. Por otro lado, las instituciones privadas enfrentan el dilema darwiniano de la adaptación o la extinción. Así es, las instituciones públicas no corren el riesgo de desaparecer porque de su adaptación se va encargar el Estado, pero las privadas que no logren transformar su modelo pedagógico a la brevedad estarán condenadas a desaparecer.

El reto no es menor, porque no se trata de simplemente cambiar la clase presencial por una a distancia, elaborando planes y programas de estudio más concretos y directos, como quisieran hacerlo parecer ciertas y muy obtusas mentes reduccionistas. Se trata de un conjunto muy amplio de estrategias didácticas, de la transformación del modelo tradicional a uno que se desarrolla en entornos virtuales, de novedosos mecanismos de interrelación digital y demás elementos. Las instituciones privadas que carecen de los recursos tecnológicos y la experiencia en modelos de educación distancia, tienen en este proceso todo en contra, incluyendo a los alumnos, padres de familia y profesores que si bien están habituados al uso de redes sociales, no están familiarizados con los entornos virtuales de la educación en la era digital. No es lo mismo usar teléfono inteligente o tableta digital para subir fotografías o vídeos de bromas, de comidas, de fiestas o de reuniones, que usarlos para desarrollar un proceso educativo, formación de competencias y evaluación del aprendizaje.

Para comenzar, las instituciones públicas y privadas, tendrán que desarrollar modelos pedagógicos flexibles, que puedan combinar la educación a distancia con la que en su momento se pueda dar de manera presencial, cuidando que los principales actores involucrados –alumnos, profesores, padres de familia y autoridades educativas- tengan la certeza de que serán útiles y eficientes, para garantizar a la par la calidad educativa y la protección de la salud de todos ellos.

Y quienes no lo logren, como lo anticipó Darwin en su momento, están condenados a la extinción.

Para iniciados

Nota nacional el cateo en las oficinas del ayuntamiento Cuernavaca. En virtud de que todo apunta que se trata de un asunto de persecución política por parte de Cuauhtémoc Blanco contra Antonio Villalobos, y en ello está en juego la credibilidad de las autoridades de la Fiscalía Anticorrupción, esta última está obligada a dar cuentas claras y completas al respecto. Los resultados de este proceso podrían ser únicamente dos: No le encuentran nada con qué fincarle responsabilidad judicial a Villalobos, y le dan con ello un levantón mediático a su popularidad, posicionándolo en la escena electoral rumbo a los comicios del 2021 o, en su defecto, si le encuentran con qué proceder contra él, acabarían de tajo su breve carrera política.

Excelente martes.

La información es PODER!!!

No es tiempo de encuestas

Agenda Político Jurídica

Alejandro Corona Markina

            ¿Se imagina una boleta con 30 o más nombres de candidatos a un mismo puesto de elección popular? Pues esto puede pasar en los comicios de 2021, dependiendo cuántas organizaciones logren el objetivo de convertirse en partidos políticos, tanto a nivel local como nacional, así como aquellos aspirantes que consigan candidaturas independientes.

            Por eso no es tiempo de encuestas, pues no se puede hablar de preferencias sin antes saber cuántos de los organismos que aspiran a convertirse en partidos políticos (en Morelos y en país), lograrán el objetivo, pero –principalmente-, cuántos serán competitivos por las candidaturas que presenten. La dispersión del voto que necesariamente va a ocurrir, pero esto no ha sido tomado en consideración en los sondeos que ya se empiezan a presentar.

            En Morelos, 16 organizaciones continúan “vivas” en el camino a convertirse en partidos políticos y se estima que probablemente 11 lo logren. Los finalistas a nivel local son: 1.-Movimiento Alternativa Social; 2.-Armonía por Morelos; 3.-Por la Democracia en Morelos; 4.-Morelos Progresa; 5.-Somos; 6.-Fuerza Morelos Joven; 7.-Partido Bienestar Ciudadano; 8.-Futuro; 9.-Más Apoyo Social; 10.-Renovación Política Morelense; 11.-Partido Popular; 12.-Sociedad Progresista de Morelos; 13.-Juntos Podemos; 14.-Participación Auténtica Zapatista; 15.-Partido Incluyente Mexicano y 16.-Esperanza Ciudadana.

            Ellos se sumarían a los partidos que en la entidad tienen registro: 1.-Movimiento Regeneración Nacional; 2.-Partido Revolucionario Institucional; 3.-Partido Acción Nacional; 4.-Partido de la Revolución Democrática; 5.-Partido Encuentro Social; 6.- Partido del Trabajo; 7.- Partido Movimiento Ciudadano; 8.-Partido Verde Ecologista; 9.- Partido Social Demócrata de Morelos; 10.-Partido Nueva Alianza y 11.-Partido Humanista.

           Por otra parte, a nivel nacional, todavía quedan “vivas” 42 organizaciones que buscan registro ante el Instituto Nacional Electoral, pero se estima que, al revisar el cumplimiento de requisitos, muchas quedarían fuera de toda posibilidad. Así, quienes podrían convertirse en partidos políticos nacionales son: 1.- Redes Sociales Progresistas; 2.-Encuentro Solidario; 3.-Libertad y Responsabilidad Democrática; 4.-Foro Demócrata Vía de Cambio; 5.-Fundación Alternativa; 6.-Grupo Social Promotor de México; 7.-Fuerza Social por México; 8.-Súmate a Nosotros; 9.-Movimiento Ambientalista Social por México; 10.-México Blanco; 11.-Alianza Popular del Cambio y la Ciudad; 12.-México Presente y  13.- Fomento del Sentido Común para el Desarrollo.

A todo lo anterior, sume usted a quienes obtengan registro como candidatos independientes y así, se podría tener una boleta con hasta 30 o más candidatos. La dispersión del voto será algo que beneficiará a partidos consolidados, pero otros –como el PRD- hasta el registro podrían perder.

Periodista y Licenciado en Derecho, egresado de la UAEM

Francisco Hurtado Delgado

En cada proceso electoral el día de la jornada la ciudadanía deposita el voto en las urnas, en ese voto emitido se juegan el rumbo político, económico, desarrollo, en fin, el destino de un municipio, estado o el país; pero ¿Tendrá precio tú voto? O ¿Cuánto cuesta nuestra democracia?

El presupuesto asignado para las elecciones del pasado primero de julio de 2018 en México fue de 7,144.9 millones de pesos; es decir, si del total de la lista nominal que era de 87.8 millones de electores, hubieran votado ese año, el costo por voto habría sido de 81.4 pesos; pero como solo votaron 54.6 millones el voto por persona costó 126.6 pesos.

De lo anterior, se desprende que el voto es más caro si la ciudadanía no vota; de acuerdo a Dieter Nohlen cabe resaltar que, a pesar de la imposición gradual del voto universal, de la libre participación de los ciudadanos y de la transparencia de los procesos electorales, es posible afirmar que el avance de los sistemas democráticos no es proporcional al grado de participación el día de los comicios.

No cabe duda, que en el abstencionismo no solo significa dejar de votar, resaltando que el abstencionismo es un fenómeno natural de las democracias republicanas liberales en una jornada electoral, ya que la ciudadanía no está obligada a votar, sino también es la libertad de hacer un uso radical de su libertad de voto. Es importante precisar que no votar tiene muchos significados, puede ser porque la ciudadanía no se siente representada o no tienen una conducta electoral predeterminada y además los que no ejercen el voto por infinidad de razones circunstanciales.

El voto sin educación política, no cuesta tan solo una despensa o una dadiva, el costo de no salir a votar tiene un precio, pero el costo de no votar de manera responsable, razonable y con conocimiento, nos puede salir muy caro y puede ser contraproducente para la sociedad.

La democracia es el mejor sistema político de gobierno y; por supuesto mantenerlo tiene un costo, pero como explicaba anteriormente, si los ciudadanos salen a votar el costo se reduce y si salen a votar conscientemente por una opción política, ganamos todos.

Agenda Político Jurídica

Alejandro Corona Markina

            Tres millones quinientos mil pesos, costó a los morelenses cada una de las cuatro sesiones que celebró en 2019 el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), mismas que ni siquiera fueron para atender asuntos relacionados con los fines para los que fue creada esta instancia “ciudadana”, sino para pelearse entre sus integrantes.

            Resulta que una vez que sus integrantes rindieron protesta el 2 de mayo de 2019, se aprobó un presupuesto para ese ejercicio por 14 millones de pesos, mismo que estaba listo para entregarse por parte del gobierno del estado, una vez que designaran al Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva, figura central del Sistema Anticorrupción.

            La primera Sesión fue el día 16 de agosto de 2019 y allí comenzó la primera disputa entre los cinco integrantes del mencionado comité, por establecer el mecanismo para designar al Secretario Técnico, la cual puede verse íntegramente en Yotube, donde de forma vergonzosa se agreden verbalmente los “distinguidos” consejeros.

            La segunda sesión, ocurrió el 2 de septiembre del año pasado, donde otra vez se dieron hasta con la cubeta y ni siquiera la orden del día pudieron aprobar; el 8 de octubre de 2019, volvieron a sesionar, nuevamente sin llegar a un solo acuerdo para nombrar al Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva. Es de subrayar que a éste le corresponde –entre otras muchas funciones- “bajar” los recursos del presupuesto autorizado y dispondrá de una estructura de algo así como cuarenta subordinados, que por supuesto tampoco pueden contratarse si no hay secretario técnico designado.

            En sesión del 19 de noviembre de ese mismo año, cuatro de cinco integrantes del CPC decidieron nombrar un secretario técnico interino, que terminó siendo víctima de las disputas de dicho organismo, ya que no le permitieron entrar plenamente en funciones; el gobierno del estado no le entregó un centavo y luego lo traicionó la actual presidente del CPC, Penélope Picazo Hernández, quien a pesar de haber firmado de conformidad su nombramiento temporal, luego lo denunció como usurpador ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

            Ya en este año, específicamente el 6 de marzo, se dio el desconocimiento del presidente del CPC, Roberto Coránguez Esquivel y asumió Penélope Picazo. Así, designaron a Fernando Blúmenkron Escobar como secretario Técnico, con sólo dos votos de los cinco consejeros.

            Enseguida pasaron a lo importante: ¿qué hacer con los 14 millones de pesos del ejercicio 2019? Pues resulta que, como no gastaron en personal, ni tampoco en instalaciones (las cuatro sesiones fueron en sedes “prestadas”), decidieron pagarse sus sueldos retroactivos a enero de 2019 (a pesar de que tomaron protesta el 2 de mayo de ese año), esto a razón de 79 mil 781 pesos en el caso de la presidenta y de 65 mil 299 pesos mensuales en el caso del resto de los integrantes y el dinero sobrante para “gastos” y lo que disponga el Secretario Técnico. En este caso sí hubo consenso y todos gritaron eufóricos ¡aprobado!

           Pero aún hay más: sin importar el conflicto de interés (algo que obligatoriamente deberían saber), el señor Pablo Ezequiel Picazo Hernández, hermano de la presidenta del mencionado Comité de Participación Ciudadana, recién fue designado como Comisario del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos.            

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, critica a algunos órganos autónomos, sea por ineficaces o por onerosos, inmediatamente sus detractores (y principalmente la jauría de periodistas a sueldo), se le van a la yugular, acusándolo de querer acabar con las instituciones ciudadanas, sin siquiera asomarse o constatar si dichos órganos realmente están cumpliendo o no con los fines para los cuales fueron creados…tantita madre por favor.

La Juventud pilar esencial de la democracia

Francisco Hurtado Delgado

El andamiaje de nuestro sistema democrático, se sustenta bajo una cimentación multicultural, étnica, clases sociales, diversidad de género; es decir, de toda la ciudadanía. Pero, me parece interesante conocer la edad promedio de aquellos que emiten su voto en cada proceso electoral, ya que deciden el resultado de una elección; de ahí el interés en saber ¿Qué promedio de edad es mayoría al emitir un sufragio en las urnas?

De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, en el pasado proceso electoral del 2018, el 63.1% de la ciudadanía inscrita en la lista nominal emitió su voto, es decir, que en el grupo de 18 años superó el promedio nacional con un 64.7%; mientras que el grupo de 60 a 74 años de edad tuvo más del 72% de participación; como se puede apreciar, este último promedio de edad es el de mayor concurrencia en las urnas.

En México, el artículo 34 de la Constitución establece que son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, tengan 18 años cumplidos y un modo honesto de vivir. Sin embargo, Helmut Wintersberger en su teoría de la reforma austriaca señaló que los menores de edad no pueden votar por los siguientes argumentos: a) votan en forma distinta a los adultos, b) su voto iría a partidos radicales, c) no están interesados en votar, d) tampoco se les permite votar en otros países, e) tienen sus propias instituciones juveniles en las que pueden participar, f) son inmaduros y g) son manipulables.

De lo anterior y con base al principio legal de la Constitución, nos sujetamos que, a partir de los 18 años con la credencial para votar con fotografía, las y los jóvenes ciudadanos pueden emitir su voto, porque cuentan con una capacidad electoral; en otras palabras, esto significa que el sufragio debe ser atribuido a aquellos que puedan ejercerlo haciendo uso de una capacidad general para tomar decisiones racionales; así también, se trata del conocimiento y comprensión que un sujeto demuestra del proceso político en general y del sistema electoral en particular; y por último, la capacidad que puede ser entendida como la comprensión de asuntos políticos específicos y su relación con el sistema político y el proceso electoral.

A manera de conclusión, cualquier sistema democrático requiere de oxigenar la sangre que transite en las arterias políticas de una nación, y sin duda son las y los jóvenes, quienes deben integrarse a la vida orgánica de la gobernanza, con el plus de una excelente formación familiar, académica, de valores éticos y morales, pero sobre todo, de una cultura cívica y política.