Dr. Hertino Avilés Albavera
Lic. Juan Daniel Porcayo González

El pasado 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma denominada “De Seguridad y Justicia”, la cual, tuvo entre sus principales vertientes, instaurar en México un nuevo modelo de justicia de corte acusatorio y adversarial con el fin de agilizar y transparentar los procesos en materia penal acontecidos en nuestro país. Desde luego, para lograr dicho objetivo, fue necesaria la modificación de diez artículos a nivel constitucional, que, en su conjunto, trazarían el camino de este paradigmático modelo de justicia.
En ese tenor, uno de los preceptos que resulto modificado en aquel entonces, fue el articulo 73 fracciones XXI y XXIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que el Congreso Federal tiene la facultad de expedir las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como aquellos en materia electoral.
Hasta aquí el tema a primera vista no genera controversia alguna, pues el legislador fue claro en establecer la competencia en favor del Congreso Federal para legislar ciertos tipos penales, incluso, sobre aquellos tópicos que versaran en materia electoral, empero, pareciera ser, que el Congreso del Estado de Morelos ha pasado inadvertida dicha cuestión
Esto es así, porque, por ejemplo, el pasado mes de enero del año en curso, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el decreto por el cual, se regula en el Código Penal del Estado de Morelos, el tipo penal de violencia política por razón de género en su artículo 213 sextus; estableciendo que, comete este delito quien por sí o a través de terceros, hostigue, acose, coaccione o amenace a una o varias mujeres o a cualquier miembro de su familia, con el objeto de menoscabar, restringir, obstaculizar, condicionar, suspender o nulificar el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, el ejercicio de su cargo o funciones públicas en el ámbito en el que las ejerza; lo cual obvio es, corresponde por su naturaleza a un tema en materia electoral y por otro, invade la competencia del Congreso Federal al legislar dicha conducta en nuestra ley penal sustantiva.
Es necesario incidir, en que, por supuesto apoyamos la creación de este tipo penal por ser un tema de trascendencia para las y los ciudadanos y, esencialmente, para las mujeres víctimas de estos hechos, sin embargo, nuestro breve análisis se constriñe únicamente a los aspectos de competencia y legalidad.
Sobre este primer punto, no se puede pasar desapercibido el pronunciamiento realizado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado mes de abril sobre un asunto similar ocurrido en el Estado de Chihuahua, al invalidar los artículos 30, fracción V, y 198 del Código Penal de aquella entidad, por regular el delito y sanciones que se impondrían a quien cometiera diversos actos calificados como violencia política de género, así como la medida de seguridad que tendría que dictarse en estos supuestos; pues a criterio de los ministros de nuestro máximo tribunal, dichos tópicos son facultad exclusiva del Congreso Federal, por tanto, los Congresos locales carecen de competencia para legislar al respecto.
Resulta curioso el hecho de que, si bien dicha facultad corresponde al Congreso Federal como se ha referido en líneas anteriores, hasta el día de hoy, no se cuenta con el tipo penal de violencia política por razón de género en el Código Penal Federal o, en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y, pese a ello, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por sus siglas FEPADE, persigue dicha conducta de manera armónica, pero con la gran salvedad, de que dicha tarea no le ha sido nada fácil, sobre todo en el sentido de sancionarla.
Recordemos que, en materia penal para que se dé un auto de vinculación a proceso o, se llegue a determinar en audiencia de juicio oral, la culpabilidad de un sujeto en la conducta que se le atribuye, primero debe verificarse que esta última -conducta delictiva- este regulada en ley, de lo contrario, no solo se trasgrede el artículo 14 párrafo tercero de nuestro máximo ordenamiento, al tratar de imponer una pena por analogía o por mayoría de razón, sino que, además, nos encontraríamos frente a la ausencia de uno de los elementos principales del delito, como lo es: la tipicidad, luego entonces, la conducta no se podría sancionar.
Puesto que no debemos olvidar, que una de las premisas mayores del derecho penal es “nulla poena sine lege” –no hay pena sin ley- puesto que al sancionar un delito que no se encuentra tipificado, estaríamos cometiendo una violación grave a los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos.
En conclusión, urge que el Congreso Federal regule dicha conducta en la Ley General en Materia de Delitos Electorales para el efecto de que, el trabajo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, no resulte infructuoso y las víctimas de estos hechos, puedan acceder a verdadera procuración y administración de justicia.
No debemos pasar por alto que, en la época actual, la violencia cometida en contra de las mujeres, es un tema que va en crecimiento, y que, si bien se ha buscado erradicar la violencia con la implementación de leyes como la Ley Olimpia, no menos cierto es que en el ámbito político hace falta una reforma a nivel federal que permita a las ciudadanas gozar de sus derechos político electorales de manera libre.
Las mujeres han demostrado en diversas ocasiones que son capaces de llegar a grandes puestos, y hacer su trabajo de una forma “limpia”, es decir, han demostrado que pueden gobernar un país; al implementarse leyes que permitan que estas puedan acceder a los grandes puestos públicos, no solo respetamos sus derechos humanos, si no que abrimos una puerta para la erradicación de la violencia que en la actualidad se ejerce en contra de las mujeres.
Ahora bien, por lo que toca al Estado de Morelos, la intención del legislador al regular dicha conducta en nuestro Código Penal fue buena, sin embargo, tarde o temprano podría suscitarse el caso en que, por cuestiones de constitucionalidad y competencia, deba derogarse dicho tipo penal, pues como se advirtió en líneas que preceden, dicha competencia por regla, se surte siempre a favor del Congreso Federal.
Estimado lector, le saludamos a la distancia.

Perspectiva Electoral
Por Marcos Pineda

Arend Lijphart, uno de los más prolíficos politólogos contemporáneos, ha hecho diversas contribuciones al estudio de las democracias y de los sistemas electorales. Mayormente ha dedicado su atención a las democracias consolidadas de los países desarrollados. Sin embargo, mucho de lo que ha aportado nos es útil para analizar lo que ha venido sucediendo en democracias como la nuestra, que sigue siendo todavía muy cuestionable, desde diversos puntos de vista.
En 1984 publicó un muy buen estudio con el título Democracias, sobre 21 naciones democráticas. En 1994, otro, un mucho más completo estudio sobre 27 países que reunían las características necesarias para ser considerados democráticos, al que llamó Sistemas Electorales y Sistemas de partidos. En el año 2000, una edición, que pretendía originalmente actualizar los contenidos de aquellas obras, terminó convirtiéndose en una totalmente nueva y muy completa investigación, sobre las características y el funcionamiento de 36 países democráticos en el mundo, que lleva por título Modelos de Democracia.
Quizá si usted no ha tenido la oportunidad de leer a Lijphart quisiera saber qué dijo acerca de la democracia mexicana. Pues nada, en efecto, ni una sola línea, ya que México no reunía en la práctica los requisitos que en teoría debe cumplir un Estado para ser clasificado entre los países democráticos. En todo caso, México era considerado más como un país, tal como lo estudiaron en su momento Jaime Cárdenas Gracia y José Woldenberg, por ejemplo, como un país en transición hacia la democracia.
Así es, a pesar de los discursos políticos del régimen hegemónico priista, que intentaba aparentar ante propios y extraños que en México se vivía ya una democracia plena, no fue sino hasta que Vicente Fox logró sacar al PRI de Los Pinos, que comenzó a considerarse a México ya también como un país democrático y afortunadamente así ha seguido, aunque la forma de hacer política del actual régimen está evidenciando cada vez más riesgos de retroceder hacia el estado anterior, dominado por un sistema autoritario. Pero eso es motivo de otro análisis.
Son varios los factores que se pueden estudiar al respecto. Hoy me referiré muy concretamente sólo a un par de ellos: La alternancia en el poder y la calidad de las democracias.
Si bien la alternancia en el poder es fundamental para la consolidación de una democracia, no es suficiente para lograr una democracia de calidad. Y como lo demostró Lijphart, la calidad de las democracias está directamente relacionada con los niveles y estándares de bienestar y la calidad de vida de la sociedad gobernada. En síntesis, la alternancia en el poder es un requisito de las democracias, pero una vez conseguida la democracia, relevando el pueblo a través del voto a los gobernantes y al partido en turno, lo más importante es la calidad de esa democracia, puesto que, a mayor calidad de la democracia, se producen mayores niveles de bienestar y calidad de vida para los ciudadanos. Pongamos un par de ejemplos evidentes de nuestros días. Mientras más cuestionada ha sido en las últimas elecciones la democracia norteamericana, más se ha deteriorado la calidad de vida de los habitantes de los Estados Unidos. En cambio, nueva Zelanda, que ha cuidado y ha ido mejorando la calidad de su democracia, también en los últimos años, tiene los más altos niveles de bienestar y calidad de vida de su población, incluso para estar a la altura para poder enfrentar de manera bastante más eficiente la pandemia de COVID-19 que la mayoría de los países, económicamente mucho más poderosos.
Al final, entonces, no se trata solamente de que podamos presumir que en nuestro país se respeta el voto y vivimos ya en una democracia, sino también en preguntarnos, y actuar en consecuencia, sobre qué tipo de democracia tenemos y de cuál calidad.

Y para iniciados
Los dirigentes de partidos, los líderes de grupos políticos, los miembros de la sociedad civil que tienen participación política e incluso aspiran a ser candidatos a, digamos, algo, están hablando mucho de no permitir que se otorguen candidaturas a políticos con mala reputación. Para que puedan lograr eso, la inmensa mayoría de las candidaturas tendrían que ser encabezadas por nuevos rostros, porque si buscan entre ellos mismos, queriendo cumplir con tal promesa, no encontrarían a quien postular.
Excelente mitad de semana.
La información es PODER!!!

Perspectiva Electoral
Por Marcos Pineda

Morena, el partido político que ganó en las elecciones de 2018 la presidencia de la República para Andrés Manuel López Obrador, también ganó en Morelos la inmensa mayoría de los votos. Llevó, en alianza con el Partido Encuentro Social (PES), a Cuauhtémoc Blanco Bravo a la gubernatura de Morelos y ganó en los 12 distritos electorales locales y en los cinco federales. Pero esa alianza con el PES de Hugo Éric Flores le salió terriblemente costosa.
No sólo no tiene la gubernatura, para la que aportó como partido los votos que la materializaron, porque el partido en el poder, en la tierra de Emiliano Zapata, no es Morena, sino el PES. Cobijada la candidatura del ex ídolo del fútbol por las siglas de Morena y por el propio Andrés Manuel, los electores, en lo general, se confundieron, pensando que votaban por un candidato morenista. Y sigue costando mucho trabajo que el elector medio entienda que Blanco Bravo no es un gobernador de Morena. Todavía hay bastantes ciudadanos quienes, alrededor del 50%, creen que “El Cuau”, milita en Morena. Aunque el otro 50% tiene claro que no es así. El gobernador Blanco milita en Encuentro Social y no en el partido del presidente López Obrador.
Morena, tampoco obtuvo la mayoría de las curules en el Congreso local, que legítimamente deberían corresponderle. De los 12 asientos que tendría de no haber hecho esa costosísima alianza, solamente se quedó con 5. Entre las posiciones que la alianza otorgó a los otros partidos y la operación para construir una mayoría legislativa artificial de apoyo al gobernador, el resultado fue un Morena debilitado y subrepresentado.
En cambio, al PES, la norma legal para evitar la sobre representación en el Legislativo, sostiene que ningún partido debe tener una cantidad de legisladores que rebase en 8% la cantidad de votos que obtuvo, en la elección correspondiente, le hizo lo que el viento a Juárez. Con poco más del 3% de la votación total emitida, llegó a tener el 30% de las diputaciones, tras el chapulineo de los ya diputados en funciones. El PES está sobre representado en la cámara y ostenta una gubernatura que obtuvo con la aportación de muy pocos votos de su parte.
Así las cosas, la correlación de fuerzas en Morelos es artificial y no producto de la legalidad y la legitimidad que deberían prevalecer en un régimen democrático. La posibilidad de entablar alianzas electorales, ya sean coaliciones o candidaturas comunes, que podía ser vista tanto para que la oposición pudiera hacerle frente democráticamente al régimen o bien para construir alianzas que evitaran el triunfo de las oposiciones, ahora mostró su lado más pernicioso: permitió que llegara al poder ejecutivo y legislativo, un partido que no tiene a la mayoría democrática de los electores de su lado.
Hoy el PES está intentando de nuevo colgarse del presidente López Obrador y de Morena. Flores Cervantes y Jorge Argüelles están buscando desesperadamente que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dé su visto bueno para una nueva alianza en Morelos. Claro que, pasando por encima de los militantes y dirigentes locales de Morena, quienes repudian esa posibilidad y se sentirían muy agraviados, si sus dirigentes nacionales les imponen ir de nuevo con el PES a la lucha electoral.
Si Morena nacional impone a Morena local la alianza con el PES, el partido de AMLO volverá a perder en Morelos, porque cederán de nuevo los votos y las posiciones clave a un partido minoritario, que, sin alianza, corre un severo riesgo de perder su registro.

Y para iniciados
Bien dicen que cuando un político afirma algo, hay que pensar en tomarlo como todo lo contrario. Primero dijeron que no le iban a fallar a los morelenses, que no iban a robar y que velarían por su bienestar. Y resultó falso. Luego insistieron en que el hermano del gobernador no tenía ninguna injerencia ni ningún papel político en Morelos, que eso no era cierto, que lo decían para atacar a Cuauhtémoc. Y ya, ahora pasado el tiempo, el hermano del gobernador, Ulises Bravo Molina, investido como presidente del Partido Encuentro Solidario en Morelos, declaró que Blanco, es uno de los mejores gobernadores del país, que es muy eficiente y… para qué le seguimos, ese chiste se cuenta solo.
Excelente martes.
La información es PODER!!!

Perspectiva Electoral
Por Marcos Pineda

En la carrera por ganar espacios en las elecciones del 2021 ya se están comenzando a concretar las alianzas electorales. En ellas, los intereses políticos locales tienen un peso significativo, mismo que no necesariamente lleva a que se sigan las líneas marcadas por las dirigencias nacionales.
Pero eso sí, está quedando de manifiesto que los dirigentes nacionales de los partidos saben que, yendo solos, sus posibilidades de triunfo se reducen riesgosamente. Incluso para el partido que, en ciertos lugares, como la Ciudad de México, aparece como la nueva aplanadora a vencer, Morena, fundado por Andrés Manuel López Obrador. Está cocinando acuerdos electorales formales. La regla en la política era usualmente que quien tiene la mayoría de su lado no necesita hacer alianzas. Hoy parece que casi todos los partidos se han convencido de que nadie se puede confiar en que logrará mayorías automáticas. Ni siquiera Morena.
Los que apuesten por ir solos pondrán en riesgo incluso sus registros locales, donde las leyes así lo marcan, y el registro nacional de cualquier manera ya lo tienen en juego, puesto que en las elecciones de diputados federales, a diferencia de lo que ocurría con leyes electorales anteriores, los votos de los partidos se suman a favor de los candidatos que lleven en común, pero cuentan de forma individual, para efectos no sólo del registro, sino también de la distribución de plurinominales y prerrogativas.
Vamos por partes.
En Nuevo León, Morena ya concretó la alianza electoral con el Partido del Trabajo (PT), el Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza, el ex partido de Elba Esther Gordillo, que allá conserva su registro local. Destaca la incorporación formal y abierta del Verde a las huestes lopezobradoristas. Fórmula que se repetirá muy a la manera de como el camaleónico Verde se aliaba antes con el PRI. Verde y Morena no irán juntos en San Luis Potosí, pero todavía están en pláticas para ver qué pasa en Guerrero. En Nuevo León, Morena llevará mano para poner al candidato a gobernador, pero los otros partidos la tendrán en 13 de 26 distritos y en 26 de 51 ayuntamientos.
Por su parte, PRI y PRD ya formalizaron sus primeras alianzas. En Guerrero irán juntos. Para determinar quién encabezará la fórmula por la gubernatura, cada partido presentará su propuesta de candidato y a finales de diciembre llevarán a cabo una encuesta para tomar la decisión. Por parte del PRI todavía no hay algún nombre en firme, pero el PRD ya propuso a Evodio Velázquez, ex alcalde de Acapulco.
Situaciones similares se están presentando en Sonora, donde están cerca de llegar a acuerdos, mientras en San Luis Potosí, la alianza PRD-PRI, ya logró incluso sumar al PAN y a un partido local. Para definir al candidato de esta alianza también se usará el método de la encuesta.
En Baja California, los movimientos de la oposición apuntan en otra dirección. Quizá para conformar una alianza más amplia. Al PAN, PRI y PRD se les podría sumar el Partido Encuentro Social y otro partido local. Todos contra Morena. Al momento, ya firmaron una carta de intención, sin embargo, en los próximos días podrían formalizar la coalición ante las autoridades electorales.

Y para iniciados
Por ahí va el tema de las alianzas, en el que los intereses y objetivos de los dirigentes locales van a tener más peso que la estrategia planteada por sus órganos nacionales. En unos lados hay partidos, como el PES, que apoyan a la cuarta transformación y en otros lados son de oposición, porque así les conviene. Así la incongruencia del PES, que, si se trata del ganar puestos y poder, ya están demostrando que sí son capaces de traicionar a López Obrador.
Excelente inicio de semana.
La información es PODER!!!

Lcdo. Marco Antonio Mastache Espinosa
¿Cuáles son los Aspectos más relevantes dentro de la reforma a la ley Federal del Trabajo?
Antes de iniciar el presente artículo, es necesario analizar los antecedentes de la reforma laboral a la Ley Federal del Trabajo, misma que ha tenido dos importantes reformas, la primera en el mes de diciembre del año 2012 y la más reciente, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, en tanto, México cumple con los compromisos adquiridos por la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia de justicia laboral de febrero de 2017.
La ratificación del Senado del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, contenidos en el Anexo 23-A del Tratado y a los diversos convenios en la materia ratificados por México, en específico el 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo y la aprobación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Ahora bien, en la citada reforma a la Ley Federal del Trabajo en el nuevo sistema de Justicia Laboral, se establece como obligación patronal, el registrar a los trabajadores del hogar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como pagar las cuotas obrero-patronales.
Al mismo tiempo, contempla ciertos requisitos como los comprobantes fiscales digitales (CFDIS), para probar el pago de salario y prestaciones de las y los trabajadores, la cual sustituyen a los recibos de salario siempre y cuando su contenido se pueda verificar en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Debiéramos considerar que, la obligación de los patrones de implementar un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género, como son: 1) en casos de violencia y acoso sexual; 2) el trabajo forzoso o infantil. Dicha obligación, se relaciona con la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, así como el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En ese sentido, se contemplan ciertos requisitos como los comprobantes fiscales digitales (CFDIS), para probar el pago de salario y prestaciones de las y los trabajadores, la cual sustituyen a los recibos de salario siempre y cuando su contenido se pueda verificar en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Con respecto a la consignación del pago indemnizatorio, en caso de la terminación de un trabajador que tenga una antigüedad menor a un año, que por las circunstancias del caso sea imposible la continuación de la relación de trabajo, sea este empleado de confianza, trabajador del hogar o eventual, el patrón podrá consignar el pago indemnizatorio ante el Tribunal en la vía paraprocesal contemplada en el artículo 982 de la Ley Federal del Trabajo.
Es aquí donde encontramos, la transformación del régimen sindical y de la negociación colectiva, la Ley Federal del Trabajo recoge los principios de libre sindicalización, esto es, pertenecer o no a un sindicato, negociación efectiva de contratos colectivos y prohibición de injerencia de los patrones sobre los trabajadores.
Como podemos establecer del párrafo precedente, es de este modo como la transformación del régimen sindical y de la negociación colectiva introduce los principios de representatividad, transparencia y democracia en la vida de las organizaciones sindicales.
Sin embargo, los patrones podrán solicitar la cancelación del registro de un sindicato, cuando éste último realice actos de extorsión o solicite pagos en dinero o especie para desistirse de un emplazamiento a huelga o para no iniciar un procedimiento sobre derechos colectivos.
No obstante, los sindicatos no podrán participar como empleadores o en esquemas que tengan la intensión de evadir las responsabilidades patronales, tanto en materia laboral, como en seguridad social.
Hay que tener presente, que los sindicatos cuando soliciten la firma de un contrato colectivo de trabajo, deberán de obtener una Constancia de Representatividad del Centro Federal que demuestre que cuando menos representa el 30% de los trabajadores que estarán sujetos al referido contrato.
En caso de que algún otro sindicato también solicite la Constancia de Representatividad, los trabajadores tendrán que votar por el sindicato de su elección y aquel que obtenga la mayoría, será quien obtenga la Constancia.
Bajo este mismo orden de ideas y a fin de tener una mayor visión, el procedimiento mediante el cual, los sindicatos tendrán que llevar a cabo una votación de las y los trabajadores; deberán de decidir (la mayoría) si aceptan la revisión del contrato colectivo o tabulador de salarios que se haya realizado con el patrón.
En caso de que la mayoría de las y los trabajadores no acepte la revisión, el sindicato tendrá derecho de estallar la huelga, o prorrogar su estallamiento hasta llegar a un acuerdo satisfactorio para la mayoría de los trabajadores.
Entonces podemos comprender fácilmente que, en primer lugar, él patrón estará obligado a entregar una copia del contrato colectivo de trabajo a los trabajadores a los 15 (quince) días siguientes a su presentación en el Centro Federal de Conciliación.
En el mismo sentido, con respecto a la democracia sindical, las modificaciones más relevantes es la prohibición de realizar votaciones a mano alzada, lo que era costumbre en muchos sindicatos en México.
En contraste, las votaciones para dirigencias deberán de ser realizado por voto libre, personal, directo y secreto. La reforma también establece que la representación sindical no puede ser por tiempo indefinido y agrega reglas sobre la rendición de cuentas del patrimonio sindical.
Así que, los contratos individuales de trabajo deberán de contener la designación de beneficiarios del pago de salario y prestaciones para el caso de muerte o desaparición del trabajador por acto delincuencial.
Asu vez, los convenios de terminación (con validez legal) que firmen los patrones de las y los trabajadores sin la intervención de la autoridad laboral, si dicho convenio contiene alguna disposición de renuncia de derechos de las y los trabajadores será nulo, sin embargo, el resto del convenio mantendrá su validez.
Dentro de este contexto, se contempla la falta de aviso (rescisión) de la causa de la terminación al trabajador o a la autoridad laboral, en la cual se presumirá la existencia del despido injustificado, sin embargo, el patrón podrá probar en juicio que la terminación fue justificada.
Por otro lado, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que deberá de iniciar su función en un periodo máximo de 2 años a partir de la entrada en vigor de la reforma, su función consiste en llevar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores y organizaciones sindicales y cualquier acto administrativo.
Considerando que, las Entidades Federativas crearán sus propios Centros de Conciliación locales, mismos que deben de entrar en funciones en un periodo máximo de 3 años. Sin embargo, los referidos Centros de Conciliación locales, no tendrán la función de registrar contratos colectivos, reglamentos interiores u organizaciones sindicales.
A consecuencia de la reforma laboral, el proceso de eliminación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y la creación de los Tribunales Laborales como parte del Poder Judicial Federal y locales, para resolver los conflictos derivados de las relaciones laborales, dependiendo de su competencia sea esta Federal o Local.
Por lo tanto, los Tribunales Laborales Federales deben de iniciar sus funciones en un término máximo de 4 años a partir de la entrada en vigor de la reforma, en tanto los Tribunales Laborales Locales en un plazo máximo de 3 años.
En cuanto a la Conciliación de las y los trabajadores, y en su caso, los patrones, (antes de acudir a los Tribunales Laborales) tendrán que solicitar el inicio de un Procedimiento de Conciliación Prejudicial. Dicho procedimiento debe de agotarse en un término máximo de 45 días naturales y suspenderá el término de prescripción para promover una demanda.
Los Centros de Conciliación locales o el Centro Federal, emitirán una constancia (requisito indispensable para presentar una demanda), de haber agotado el procedimiento, cuando el trabajador y el patrón no hayan llegado a un arreglo.
Aquellos conflictos que versen sobre discriminación, ocupación de embarazadas, designación de beneficiarios, demandas de titularidad o la impugnación de estatutos de sindicatos; no serán sujetos de una etapa prejudicial.
Cabe señalar que se crea una plataforma con el propósito de que las partes puedan ser notificadas durante el procedimiento en vía electrónica, es decir, para agilizar la tramitación de los procedimientos y con ello garantizar el principio de celeridad, se prevé que contenga buzones electrónicos para realizar notificaciones de actuaciones, acuerdos y resoluciones, así como para la consulta.
Como se ha hecho mención en el párrafo precedente, la referida plataforma de las notificaciones durante el procedimiento en vía electrónica, se encuentra estrechamente vinculada al avance de la tecnología electrónica, debido a que en México, desde el mes de marzo se paralizó la actividad jurisdiccional, tanto en el ámbito federal, como en todas las entidades federativas, con algunas excepciones como el Estado de México y Nuevo León, que previamente se habían ido adaptando a la era digital con nuevas herramientas tecnológicas, como la firma electrónica, los video-juicios y las diligencias judiciales a distancia.
Debemos tener presente que hoy en día uno de los principales problemas que enfrentan México y el mundo; es la Pandemia del Coronavirus (Sars-Cov-2) Covid-19, la cual puso en evidencia que similar al sector salud y muchos otros sectores, nuestras instituciones judiciales adolecen de diversas carencias, en gran medida son obsoletas, evidenciando que requieren cambios profundos y mutar hacia la modernización y al uso de las nuevas tecnologías, en una palabra, mutar hacia la ciber-justicia.
Cabe concluir que, el procedimiento ordinario, cambia radicalmente, eliminando las etapas de conciliación, demanda y excepciones, así como la de ofrecimiento y admisión de pruebas. Los procedimientos especiales, se incorporan en aquellos casos sobre la designación de beneficiarios por trabajador fallecido, desaparecido o por acto delincuencial, así como en materia de seguridad social.
Entonces, después de señalar los anteriores aspectos importantes de la citada Ley Federal del Trabajo, concluyamos querido lector, que indiscutiblemente la transformación de la justicia laboral en nuestro país es evidente; no pueden esperar los justiciables un mayor plazo para materializar un recurso judicial efectivo, transparente y legitimado socialmente.
Durante muchos años las concepciones del derecho internacional y los ejemplos de otras latitudes nunca fueron referentes para contener las viejas y viciosas prácticas que permearon en las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
La integración tripartita de las juntas de conciliación y arbitraje fue cuestionada por la falta de transparencia en la designación de los representantes de los trabajadores, así como en los criterios adoptados en las sesiones plenarias de las juntas y la desconfianza de los trabajadores y patrones, en cuanto al derecho de acceso a la justicia de manera pronta, completa e imparcial.
Los grandes problemas que enfrento la Conciliación laboral ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, se convirtieron en un negocio en nuestro sistema de impartición de justicia en nuestro País.
El nuevo sistema de Justicia Laboral, demanda impulsar, facilitar y acelerar el procedimiento de las controversias laborales, esto obedeció a la necesidad de contemplar una instancia de conciliación prejudicial como un requisito obligatorio antes de acudir a los Tribunales Laborales especializados, que tendrán como objetivo esencial buscar la solución de las controversias a través del diálogo, con un procedimiento de fácil acceso, esto es, garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia en sede administrativa.
El nuevo Procedimiento de Conciliación laboral, se fortalecerá a través de los medios Alternos de Solución de Conflictos (MASC), que será un instrumento para diversificar la solución de conflictos, las partes involucradas serán los protagonistas en la resolución de las controversias en materia laboral.

Por Jorge Meade

Cuauhtémoc:

Con la autoridad moral que me concede ser ciento por ciento morelense, un actor social que acredita a través de hechos y resultados, mis aportaciones e interés en la sociedad en la que vivo, y por ser un político en activo legítimo, con más de 40 años de actividad ininterrumpida, te escribo esta carta que es, también, la segura misiva que cientos de miles de habitantes del Estado quisieran hacerte llegar.

Cuauhtémoc, llegaste a Morelos en medio de la trampa y la ilegalidad; llegaste al poder revestido de sospechas y prepotencias que eternamente te perseguirán: torciste la Ley para gobernar una ciudad y un estado que no conoces y que no te importan.

Es cierto, tu popularidad como ídolo del fútbol fue enorme, pero nunca fueron tus acciones como persona de honor, las que te caracterizaron, (y mucho menos ahora).
En la cancha fuiste trascendente, pero también inmoral y cobarde; tirabas la piedra y escondías la mano; eras bravucón y abusivo, porque nadie, ninguno, te puso en tu lugar. En tu vida personal son conocidos tus excesos, tu misoginia y no es un secreto para todos la forma deleznable en que te conduces, principalmente con las mujeres que fueron tus parejas. Aún así, fuiste beneficiario de la esperanza de los cuernavacenses y los morelenses, que esperaban un cambio radical en las condiciones en las que vivían. Es decir, creyeron en ti, y te burlaste de ellos, los traicionaste y continúas permitiendo que el crimen los hostigue, los lacere y los asesine.

A cambio de la confianza que te otorgaron miles de morelenses, convertiste tus gobiernos en emporios de la corrupción; el negocio, la negligencia y la omisión los capitalizaste en arcas de beneficio para tus familiares y tus amigos en agencias de colocaciones y también en buró de negocios ilegales que te han hecho rico, al igual que a tu representante, José Manuel Sanz susceptible de estar bajo investigación federal por el dinero público que fue desviado a bancos en el extranjero.

Hoy, Morelos es una tragedia completa contigo en el gobierno. Morelos es primer lugar en secuestros y se encuentra en los principales lugares en feminicidios y homicidios dolosos. Tan solo en lo que va de tu gobierno, han sido asesinadas más de dos mil personas, por una cantidad igual de personas desaparecidas, sin que tu gobierno mueva un dedo para sacarnos de la terror y la barbarie.

Tu gobierno es una simulación y una vergüenza. No puede ser posible que un jefe de gobierno no sepa usar el español, no sepa hablar y peor aún, no sepa sumar.

Cuando pensamos que peor gobernador y persona no podías ser, se presentó la pandemia por COVID-19 y dejaste solos a los morelenses. Preferiste refugiarte en tu casa, ausentarte de tus actividades por miedo a infectarte, mientras los morelenses se las arreglaban para sortear el miedo y una incertidumbre terrible para enfrentar la crisis económica y la pérdida de la decepcionante cifra de más de 11 mil empleos durante la contingencia.

Morelos no puede aguantar cuatro años más bajo tu supuesta dirección. Ten dignidad y reconoce que Morelos te quedó grande, que los morelenses nunca han sido tu prioridad y que el gobernar para ti es adjudicarte los recursos públicos, hacer negocios y dejar que los hagan tu hermano, a quien quieres hacer diputado federal.

Cuauhtémoc, ten dignidad y renuncia al cargo. Permite que alguien con capacidad, conocimiento, interés y dignidad conduzca al estado, que gobierne con entereza, firmeza e idea. Tú NO lo puedes hacer, por lo que públicamente te exijo que renuncies porque, de lo contrario, un gran movimiento social terminará por sacarte del estado. Y lo digo de manera muy puntual: las cosas no pueden permanecer como están. Morelos NO aguanta más.

Lejos de una circunstancia política o hasta electoral, mi impulso como el de otros morelenses, es generar las condiciones, para que al fin te vayas de Morelos y dejes la causa de corrupción, pobreza, muerte, dolor, violencia y crimen que has recrudecido y que han agravado tus omisiones, negligencias y desprecio por los morelenses.

Jorge Meade Ocaranza

Pave Soberanes

Isabel y Cuauhtémoc / II PARTE      

  • La no Firma del Contrato 
  • Dos Gobiernos Espurios  
  • Todo eso Provocó Isabel

Las omisiones personales de Isabel León no constituyen delito electoral alguno y el principal beneficiario de la destitución de la presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales lo es Javier Arias, son dos de las cuatro conclusiones de la entrega de ayer.

Dos más, que el exgobernador Graco Ramírez haya influido en su ex secretario técnico de la Comisión para a Reforma Política de 2011 en el Senado de la República -de la que Ramírez era presidente y Manlio Fabio Beltrones vicepresidente-, Lorenzo Córdova, para dar una lección -y aviso de lo que vendría- al gobernador Cuauhtémoc Blanco, y que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral haya descubierto un servicio político de León a Palacio de Gobierno y a su partido, el PES.

Como sea, la destitución de Isabel León es justa, aunque tardía. La omisión en que incurrió por el tema del Contrato Privado firmado para que Cuauhtémoc Blanco fuera candidato del Partido Socialdemócrata a presidente municipal, es una falta grave. Diez de once consejeros electorales -el único que votó en contra de la destitución democratizó la votación y evitó se consensuara el aplastamiento legal- no sólo mostraron la puerta de salida de León Trueba, sino hasta allá la empujaron. 

Pero, ¿qué pasó en 2015? Un mes antes de anunciarse la candidatura de Blanco, homopolíticus no sólo anticipó su participación en el concurso electoral, sino aseguró de la firma de un contrato por 7.5 millones de pesos, que en realidad fue de siete. Los candidatos a asegurar el registro del PSD con una votación superior al tres por ciento, fueron los exfutbolistas Rafael Márquez y Hugo Sánchez, así como el jugador en activo Cuauhtémoc Blanco, pero quien aceptó la negociación con los hermanos Yáñez, Julio y Roberto, fue el manejador de éste último, José Manuel Sanz.

¿Es cierto que firmaste un contrato por siete y medio millones de pesos?, preguntó el reportero Osvaldo Salazar a Cuauhtémoc, cuando registró su militancia socialdemócrata con una mica electoral de dudosa procedencia «Te pagaron para que me preguntaras esto, ¿verdá?», respondió sonriente y hacia el final del acto político, sudoroso, se pegó a la frente una de dos credenciales en su poder.  

Así como se supo que El 10 sería candidato y que para serlo se firmó un contrato millonario, también se supo que Cuauhtémoc no firmó el documento, sino su manejador, a través de una empresa que lleva el nombre del distinguido futbolista, lo que se ha ocultado hasta ahora, como también que uno de los Yáñez -padre de la Ley de Circo sin animales– hizo perdedizo el contrato privado original. En los desacuerdos con Cuauhtémoc, ese Yáñez declaró que quien había firmado fue Blanco y lo denunció penalmente, al grado de que el ya presidente municipal se pasó media tarde firmando en las oficinas de la Procuraduría de Justicia, para cotejar las firmas. ¿Por qué Cuauhtémoc calló que Sanz había sido quien firmó el contrato? El propio Yáñez lo sabía, pero el objetivo político no era el técnico en Agencias de Turismo de origen español, sino Cuauhtémoc, quien había incumplido los acuerdos políticos no fueron incluidos en las letras chiquitas del documento.

Con estrategia política, el caso fue escalado a la Fiscalía Especializada para las Atención de los Delitos Electorales, a cargo de Santiago Nieto. En su libro Sin filias ni fobias. Memorias de un fiscal incómodo, dice que Gobernación impidió la judicialización de Blanco por perpetrar delito electoral grave. Lo cierto es que la Fepade no tenía elementos probatorios, porque el Contrato Privado original estaba «perdido» en poder de Yáñez. El que Cuauhtémoc haya retado a Nieto, como consigna en ese mismo libro, se funda en que Cuauhtémoc se sabía inocente y Nieto pretendía hacerlo culpable.

Tanto al registro de militancia como de su candidatura, Blanco llegó con documentación irregular. Debió ser declarado inelegible y al PSD prohibirle su participación y perder el registro sin ir a las urnas. Además, Zapote 3 debió denunciar los delitos electorales, pero se puso al lado de la jugosa ilegalidad.

Todo eso sucedió y sin ánimos de cortar con oportunidad lo que puede ser considerado el fraude más grande de la historia, política, electoral y gubernamentalmente. La señora León debió pensar que no sería descubierta y que sus omisiones eran parte de las reglas de reparto del poder, como su designación misma en 2014. Quien hace la ley, hace la trampa.

Dos candidaturas espurias y dos cargos espurios, en tan sólo tres años, tienen a Morelos hundido en el infierno gubernativo por las sistemáticas violaciones al constitucionalismo.

letraschiquitas

El juris doctor Hugo Éric Flores no esperó mucho la respuesta a su crítica de que gobernador y gobierno de su creación -y cocreación de Isabel León– , el de Morelos y Cuauhtémoc Blanco, debe saberse comunicar mejor, cuando se envió un telegrama urgente a través de El Universal, en respuesta rápida de José Manuel Sanz, quien maneja la comunicación de su discípulo en funciones de mandatario: «Desde la tierra de Zapata, nos platican que líderes ejidales y grupos sociales opositores a la planta termoeléctrica de Huexca, Morelos, se preparan para pasar la Navidad y recibir el Año Nuevo en ese sitio e impedir la puesta en marcha del proyecto presidencial o cualquier madruguete de la 4T en el lugar. Nos indican que son varios los molestos en el estado, ya que no olvidan que en este conflicto fue el exdelegado federal Hugo Éric Flores Cervantes quien le quedó mal al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues le juró que él resolvería el problema y a la mera hora prefirió enfocarse en mantener el registro de sus partidos: Encuentro Social (PES) y Encuentro Solidario (PES). Cada quién sus prioridades». Meterse con el presupuesto de otro no está bien***. Mejor reaparición pública no pudo haber tenido el número 2 del poder Ejecutivo, que en realidad es el número cuatro, Pablo Ojeda. Dice que la salida de Isabel León -qué caballero; es destitución- no traerá inestabilidad al proceso democrático -desde Isabel y Cuauhtémoc hay inestabilidad y no democracia-, que no afecta el proceso electoral -nomás les urge saber quién será el nuevo presidente, para encontrarse con él- y que el despido de León no afecta la imagen de Cuauhtémoc Blanco, cuya imagen no puede afectarse más al ser último lugar nacional y el peor gobernador de la historia***. El lector PI hace una apuesta: «doña Isabel será funcionaria de gobierno nomás que regrese de sus forzadas vacaciones». Vaya premio. 

Perspectiva Electoral
Por Marcos Pineda

La palabra ansia suele utilizarse como referencia a una sensación de intenso deseo, un tanto como sinónimo de afán o anhelo. Digamos que el objeto de las ansias puede ser moralmente bueno, malo, justo, injusto, derecho o chueco y, en política, a veces peor, puede ser hasta perverso.
Cuando los deseos de la persona ansiosa no se ven materializados, cuando no los cumple como quiere y en el momento que quiere, pueden producirse sensaciones de congoja o inquietud, producto de la fatiga, física o mental, durante y después de la agitación que le produce la perspectiva de verse frustrada.
Una persona cuya ansiedad se le salga de control, denotará en su comportamiento angustia. Y ese es el momento más riesgoso, porque sus ánimos se mostrarán exaltados. En política, a diferencia de las artes, por ejemplo, la exaltación de los ánimos, la ansiedad porque los resultados que se esperan no parezcan poder cumplirse, invariablemente, es presagio de conflictos y enfrentamientos.
Visto así, en estos tiempos electorales y en víspera de los procesos internos para la selección de los candidatos de los partidos políticos, cobra mucho sentido el llamado de Jonathan Márquez, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Morelos, a los priistas que ya alzaron la mano, implícita o explícitamente, para ser considerados, de que no coman ansias, que su proceso interno comenzará a mediados de diciembre, así que esperen, porque un paso en falso podría acarrear incluso multas por actos anticipados de campaña.
Pero más allá de las multas, que de suyo vendrían a mermar aún más las deterioradas finanzas del tricolor, producto de las muy descuidadas administraciones de los últimos diez años, parece que la lógica del joven dirigente partidista gira en torno al ya muy repetido escenario de confrontación, encono y división internas que vive el PRI, elección tras elección.
Los priistas ya saben muy bien que las divisiones internas los han desfavorecido y hecho electoralmente vulnerables. Tienen conciencia de que cada vez que salen divididos y enfrentados, pierden si no todo, sí mucho. Saben que las expectativas de triunfo, hasta de quienes pudieran ser sus mejores candidatas y candidatos, se ven afectadas por los rencores y las revanchas. Que no es difícil, sino todo lo contrario, resulta esperable que los frustrados no sólo no colaboren con el proyecto institucional, porque podrían, y seguramente lo harán, venderse, pactar políticamente, con sus adversarios. Encima de no tenerlos a favor, los tendrán jugando a la contra, ya sea púbicamente o de manera encubierta.
Ejemplos recientes de ello los hay en los casos de Juan Salgado Brito y Manuel Martínez Garrigós, que han hecho todo lo posible para pegarse a Andrés Manuel López Obrador, a fin de sobrevivir en la política, hacerse de cargos públicos e impulsar las carreras de sus incondicionales. Matías Nazario Morales, que optó por fundar su propio partido político, aliándose con desencantados de los regímenes anteriores. Y Amado Orihuela Trejo, a quien los mismos priistas acusan de haberse ofrecido para apuntalar la victoria de Cuauhtémoc Blanco, restándole a los pocos votos que de por sí traía consigo el PRI.
La lógica del llamado de Márquez apunta a evitar esos conflictos internos, que una vez más podrían socavar las aspiraciones y las posibilidades tricolores.

Y para iniciados
Ante el estado actual de las preferencias electorales, como lo muestran las encuestas, el PRI tiene muy escasas probabilidades de ganar. Si a ello le sumamos su tradicional división interna, Jonathan Márquez tiene ante sí un verdadero reto. Pero lo más grave que enfrenta es ese cerca de 50% de negativos, de posibles electores que más allá de no simpatizar con el PRI, manifiestan su repudio por el partido fundado por el general Calles. Puede que los priistas entiendan o no, que las estructuras partidarias les pueden dar para llevar a cabo las campañas, pero no les serán suficientes para lograr el triunfo.
Excelente fin de semana.
La información es PODER!!!

Lic. Juan José Hernández Cuevas

La migración actual en el mundo tiene rostros distintos, atiende a diversos elementos y se encuentra particularizada por circunstancias y factores que la vuelven impredecible. Esta puede depender de la ubicación geopolítica, de la economía de la región, las alteraciones climáticas, la globalización, la implementación de las tecnologías, el empleo, las guerras civiles o conflictos sociales, entre otros.

Se estima que en el mundo hay cerca de 272 millones de migrantes internacionales, y que casi dos tercios de ellos son migrantes laborales. Esta cifra sigue siendo un porcentaje muy pequeño de la población mundial (el 3,5%), lo que significa que la enorme mayoría de las personas del mundo (el 96,5%) residen en su país natal. Sin embargo, estas estimaciones del número y la proporción de migrantes internacionales ya superan algunas proyecciones hechas para el año 2050, que pronosticaban un 2,6%, o 230 millones, de migrantes internacionales.

De lo anterior se desprende que, si bien es cierto que en el mundo existe un repunte no mayor a un 16% de lo pronosticado, en el caso particular de México esta media se dispara, puesto que en los últimos diez años ha tenido un alza sustancial, convirtiéndose de un país de tránsito a un país de destino; y específicamente en este rubro se requieren datos más precisos para cuantificar con mayor exactitud el fenómeno migratorio.

De acuerdo con los datos del año 2019, el territorio nacional ocupaba el segundo lugar como país de origen de migrantes internacionales con 11,8 millones (en espera de los resultados del año 2020), en donde la India se mantiene en primer lugar con 17,5 millones de residentes en el extranjero y China con 10,7 millones en la tercera posición.

Los Estados Unidos de América mantuvieron el primer lugar entre los países de destino (con 50,7 millones de migrantes internacionales) que hasta la actualidad sigue siendo mayormente recurrente por mexicanos.

En México el repunte es evidente. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), en 2011 se registraron 109 mil eventos de tránsito irregular por México. El principal origen de esta corriente migratoria ha sido Centroamérica, sin embargo, la composición de este flujo por país de origen se ha modificado en los últimos años.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobernación en el año 2019, los eventos de extranjeros devueltos por la autoridad migratoria mexicana específicamente provenientes de América Central, Islas del Caribe y América del Sur es de 148,560, especialmente de Honduras, Guatemala y el Salvador.

De manera oficial se han calculado de acuerdo con estimaciones realizadas por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), que 9 de cada 10 personas migrantes irregulares en tránsito son originarias de Centroamérica.

Se debe considerar que en México el fenómeno migratorio irregular, tiene su explicación en que haciendo uso de su derecho natural (necesidad) a la supervivencia abandonan su país de origen en busca de una oportunidad de vida digna. Son “Grupos vulnerables” per sé, privados de los mínimos derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo regulado y por consiguiente se encuentra afectada su dignidad humana, entendida ésta como la base de los derechos humanos.

Su esfera jurídica se ve gravemente afectada sobre todo en lo que respecta a los derechos fundamentales del trabajo y especialmente al de la seguridad social, puesto que un migrante irregular contratado laboralmente en México queda expuesto a recibir un menor salario, no tener acceso a los días de descanso o trabajar más horas de lo previsto por la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, no contar con las prestaciones mínimas de ley, como son los derechos a los servicios de salud, sean por riesgo de trabajo o accidente, sus derechos a una pensión o jubilación por edad avanzada, vejez o cesantía, así como el aseguramiento de su familia si la tuviere, incluyendo el acceso al servicio de guarderías, entre otros derechos que devienen de hacer asequible la garantía fundamental de la seguridad social.

¿Qué pasaría en el supuesto que los migrantes irregulares promovieran una demanda laboral al Estado mexicano, o a una empresa privada con jurisdicción en el país, o se demande a cualquier patrón por el no otorgamiento de las condiciones y prestaciones mínimas laborales a los que todo ser humano tiene derecho?

El caso Muelle Flores vs. Perú, mediante sentencia de 06 de marzo de 2019 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un caso que, por sus características, deja evidente la necesidad de implementar los medios normativos necesarios para respetar los derechos humanos a la seguridad social de cualquier individuo, que sirva como ejemplo y precedente, con el propósito que México tenga la posibilidad de evitar demandas que den la pauta a un evidenciamiento internacional futuro.

La Ley Federal del Trabajo de México, es muy clara al establecer en su artículo 2o.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

Para finalizar, es muy importante efectuar acciones tendientes a concretar este derecho humano dentro de un esquema de seguridad social inmediato, que permita captar al migrante que ya se encuentra internado e instalado en el territorio nacional, sacarlo del anonimato y darle soluciones reales para su regularización, además de advertir a los patrones de la responsabilidad por omisión en la que pueden incurrir. Éste es el punto de inicio, en donde la justicia social cobra sentido y se proyecta en lo futuro, aquí están los principios, están reconocidos, pero se requiere mayor esfuerzo para darles cuerpo y forma, que sean substanciados en la certeza jurídica, a través de una serie de pasos concatenados cuyo objetivo consista en garantizar, articular y deslindar responsabilidades previas a un conflicto judicial. Se trata de aprovechar el elemento previsor de la seguridad social, para garantizar por vía no contenciosa la consecución de los derechos fundamentales de las personas y el derecho de la seguridad social puede ser la llave que abra la puerta a esta posibilidad.

Francisco Hurtado Delgado
Desde el año 2014 en el que se realizó la reforma político electoral constitucional, misma que debió ser armonizada en todas las entidades de la República Mexicana, se le han restado facultades a los Congresos parlamentarios de los estados, de esta manera se le delega la facultad al Instituto Nacional Electoral en sus siglas INE, de elegir a l@s siete Consejer@s incluyendo la presidencia de los Organismos Públicos Locales Electorales en su abreviatura OPLE´s. Pero, ¿qué hacen los OPLE’s en un Estado?
Estos organismos, antes conocidos como institutos electorales, son los encargados de la organización de las elecciones en las entidades federativas para la elección de gobernadores, diputados locales, alcaldes, integrantes de los ayuntamientos, Jefe de Gobierno, en su caso. Los OPLE’s se coordinan y vinculan con el INE, y se rigen bajo la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y las leyes locales competentes, además son organismos que gozan de personalidad jurídica y patrimonio propio, contando con autonomía en su funcionamiento y con independencia en sus decisiones.
Los procesos electorales que organizan los OPLE’s son muy complejos, entendiendo a este como los define Andrés Serra Rojas, es decir, son una serie de actividades políticas que se realizan entre la convocatoria de un evento electoral y la adjudicación de los cargos que han estado en juego o de los resultados del mismo.
De manera resumida, se puede citar que los OPLE´s son los que preparan la jornada electoral, desarrollan y ejecutan programas de educación cívica, implementan el programa de resultados electorales preliminares, declaran la validez y otorgan las constancias de mayoría, realizan el escrutinio y cómputo con base en las actas distritales y municipales, y además garantizan el acceso a las prerrogativas de partidos políticos y candidaturas.
Con la creación de estos organismos los ciudadanos tenemos la oportunidad de emitir el voto a favor del partido político que sea de nuestra preferencia y por la candidatura independiente que represente la mejor opción, pero debemos reconocer el esfuerzo que significa organizar una elección y valorar el costo que tiene desarrollar la misma; para ello necesita registrarse en el padrón electoral y obtener la credencial de elector, para que el día de la jornada o comicios se emita el voto libre y secreto, el cual sea depositado en las urnas para que el OPLE realice el cómputo y de esa forma se obtengan los resultados y en lo sucesivo se emita la proclamación de l@s ganadores de una forma transparente e imparcial.
La organización de elecciones es vital para un sistema político democrático, el cual legitima y garantiza la representación de los gobernantes; además contribuye a la confianza que la sociedad debe tener respecto a los procesos electorales, es por ello que todos debemos emitir el voto en su momento y de esta manera fortalecer nuestra vida democrática.