Al más puro estilo autoritario, los diputados de la cuarta transformación se aprestan para aprobar, lo más pronto posible, la iniciativa de reforma a las leyes electorales. No por convicción ni porque sea lo mejor para el país, ni para los ciudadanos o la democracia. Simplemente, porque esas son las órdenes de Andrés Manuel López Obrador.
El secretario de Gobernación, corcholata de íntima amistad con el mandamás de Palacio Nacional, no dejó pasar la oportunidad de ganar reflectores presentando él mismo la iniciativa en la Cámara de Diputados, toda vez que su exposición pública es útil para hacerse más conocido rumbo a la encuesta para simular que el pueblo tomó la decisión de quién será el candidato de Morena en el 2024.
Cualquier análisis serio de la fracasada propuesta de reforma a la Constitución, ya en el archivo de las iniciativas desechadas por no alcanzar los votos suficientes, daba por conclusión que estaba hecha a la medida del proyecto presidencial de reconstruir el régimen de partido hegemónico que tanto trabajo, recursos y hasta vidas costó a los mexicanos sacudirse, a lo largo de buena parte del siglo pasado y los primeros sexenios del presente.
La nueva iniciativa, el plan B, ni de lejos tiene los alcances de la fallida reforma constitucional, pero no deja de contar con el mismo perfil de favorecimiento a los intereses del presidente y su partido político. Anoche que la leí me llevé varias sorpresas. Pero después de una breve reflexión caí en la cuenta de que en realidad no había de qué sorprenderse. Es una reforma mañosa y regresiva. Dirían coloquialmente, para que, de lo perdido, lo que se encuentre.
Por supuesto, el discurso que defenderán, tanto el presidente como sus leales seguidores a ciegas, será el de la búsqueda de la austeridad, gastar menos, a la par de garantizar los derechos políticos de los ciudadanos. Sin embargo, esa es sólo la fachada. Sus contenidos tienden a debilitar a las instituciones electorales autónomas e independientes tanto operativas, como fiscalizadoras y jurisdiccionales.
Son varios los temas para analizar al respecto. Por lo pronto, y en virtud de que lo más probable es que se apruebe antes de que el Congreso de la Unión se vaya de vacaciones, porque así se los ordenó Andrés Manuel, en voz de Adán Augusto, voy a comentar aquí uno de los cambios que abrirá la puerta a la corrupción en los procesos electorales.
¿Recuerda usted que fue cancelado el registro como candidato a gobernador a Salgado Macedonio por no entregar el informe de sus gastos de campaña, es decir, por incumplimiento a la ley y falta de transparencia? Decisiones del INE como esa, fueron ejemplares para poner freno a la intromisión de recursos de procedencia ilícita, mal uso de los recursos públicos y obligar a los políticos a transparentar. Pues con la nueva ley, eso ya no sería posible. Quienes incumplan, a lo más se harían acreedores a una multa.
En otras palabras, es una licencia para violar las leyes de fiscalización sin que haya mayores consecuencias. ¿No que estaban en contra de la corrupción y a favor de la transparencia? Y eso es sólo un botón de muestra de todo lo que trae el ahora famoso plan B del santo de Macuspana.
Y para iniciados
Más y más revelaciones sobre lo que sucede al interior de Morena Morelos. Los llamados neomorenistas ya están enfrentados entre sí. Más tardaron en llegar a acuerdos que en romperlos y lanzarse hasta amenazas, veladas o no. El camino de los preferidos para alzarse con la candidatura a la grande estatal cada vez está más maltrecho. Y faltan revelaciones, que pronto se harán públicas, sobre personajes muy cercanos al poder estatal. Estaremos pendientes.
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