Perspectiva Electoral

Por Marcos Pineda

La confusión reina en la encuesta de Morena para la designación de sus dirigentes nacionales. Los aspirantes a Presidente y Secretario General se han lanzado a una improvisada campaña exprés para incrementar su popularidad, los grupos internos promueven a sus candidatos con desesperación. Y los simpatizantes de Morena siguen presenciando un bochornoso circo de acusaciones y reclamos.

Hay quienes dicen que ya desde arriba está decidida la fórmula que encabezará al partido en el gobierno para las próximas elecciones. Con firmeza sentencian que la mano del Tlatoani de Palacio Nacional ya señaló a los ungidos. Si eso fuera cierto, y ya la decisión sobre qué mujer y qué hombre serán los triunfadores en la contienda las encuestas a cargo del INE no serían más que un trámite, una simulación y un engaño. De ser así, de haberse arreglado en la cúpula el resultado del estudio demoscópico, el partido Morena habría resultado ser igual o peor que el PRI y el PAN, en sus momentos de máxima concentración del poder. Sería cualquier cosa menos un partido democrático.

Al margen de si es cierto o no que el líder moral de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ha cumplido su palabra de no intervenir en la vida interna del partido que él fundo y que lo llevó a la Presidencia de la República, hay elementos como para no creer en quienes dicen que ya todo está decidido, porque unos sostienen que será Mario Delgado, que ya hay línea del Presidente para que así sea, mientras otros apuntan que Muñoz Ledo es ya el elegido. Un tanto igual sucede con las candidatas a la Secretaría General. 

Sea cual sea el resultado, haya intervenido o no López Obrador, resulte cierto o no que haya acuerdos en la cúpula morenista, este partido saldrá dividido, enfrentado, manchado por diversos señalamientos entre los mismos contendientes y sus equipos y, por tanto, debilitado. Va a requerir de lo que en tiempos del PRI le llamaban “Operación Cicatriz”: compromisos electorales, repartición de puestos y canonjías. Dada la situación a la que los morenistas llevaron a su partido no tienen otra que actuar como lo hizo durante décadas el PRI, simulando ser democrático, pero actuando de manera autoritaria.

Si las molestias con los resultados de la encuesta, que por supuesto las habrá, son de gran envergadura y no pueden ser controladas con la operación cicatriz, corre el riesgo Morena de ser señalado en efecto que no es igual al PRI, sino peor: las suma de las peores prácticas autoritarias del PRI con la cerrazón de la izquierda intransigente y la cultura del privilegio de la derecha recalcitrante.

Para iniciados

Muy pero muy pronto comenzaremos a ver en la escena pública, con regularidad y constancia, al promotor de uno de los pocos partidos políticos nuevos que podrían sobrevivir a la elección del 2021. Enrique Paredes Sotelo, muy querido por unos y muy criticado por otros, ya se ganó un lugar en las boletas electorales. Ahora habrá que estar atentos a cuál de los cargos en disputa aspirará.

Excelente inicio de semana.

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Perspectiva Electoral

Por Marcos Pineda

Siguiendo el hilo de la colaboración de ayer, la otra pista de aterrizaje que deberán enfrentar los nuevos partidos políticos, aunque también los demás, es que los votos no van a alcanzar para todos. El sostenimiento de sus registros depende, o bien que obtengan un porcentaje de al menos el 3% del total de la votación o bien que ganen una de las presidencias municipales en juego.

Los partidos viejos, los once que ya tenían registro, tienen la ventaja de que la ley electoral les permite hacer alianzas, coaliciones electorales, pero los nuevos no, ellos tendrán que ir solos. Los partidos con mayor antigüedad cuentan ya con cierta base de votantes, lo que se le denomina voto duro, pero saben que ese voto duro puede en realidad ya no serlo tanto, ya no ser el mismo que en elecciones anteriores, dando cabida a que incluso pudieran hasta perder su registro. Los nueve partidos nuevos saben que se jugarán el todo por el todo, teniendo además mucho en su contra, comenzando por la mayoría de los votantes, que no simpatiza con ninguno de ellos.

Los votos no alcanzan para todos. Imagine usted que la votación fuera pareja para todos (hipotético e imposible escenario, pero imagínelo). Le tocaría de a 5% a cada partido político. Ahora suponga que entre los cinco partidos con mayores posibilidades se llevan el 50% de la votación total, escenario más probable todavía, quedarían 50% de votos a repartirse entre 15 partidos. En el mejor de los casos, le tocaría de 3.3% a cada uno. Y ahora imagine que 5 de esos quince obtuvieran 5% de los votos, entonces los otros 10 partidos estarían condenados estadísticamente a perder su registro.

Ya entrados en cuentas, lo más probable en realidad es que por ahí de 10 de esos partidos no alcancen ni el 2% de la votación total, lo que daría mayores posibilidades a los otros 10 de alcanzar posiciones plurinominales y algunas regidurías.

Hay partidos que corren más riesgo que otros de perder su registro, unos, los nuevos, porque los votantes no los conocen, y otros corren riesgo porque la gente ya los conoce y está mayormente cansada de ellos, de sus hipocresías, sus mentiras y sus simulaciones.

Pero de que buena parte de los nuevos partidos, si no es que todos, perderán su registro, lo perderán, quizá junto con otros que ya, este trienio, han vivido tiempo extra. Al tiempo.

Para iniciados

Duro golpe de refilón para el Partido Encuentro Social, el PES local, partido del gobernador Cuauhtémoc Blanco, la denuncia que pesa sobre su diputado chapulín Marcos Zapotitla. Tuvieron que emitir un comunicado para medio deslindarse y a la vez tratar de salvar la imagen de su partido. Es cierto que ese tema debe dirimirse en los tribunales y que lo más relevante es el acto reclamado, el daño por violación, y no el futuro político del señalado diputado, pero también es cierto que se quiera o no tiene un impacto en la imagen pública del PES, al grado de que podría acarrearle daños electorales de largo alcance. Si los votantes llegaran a asociar la imagen del PES con la del diputado Zapotitla y el litigio que habrá de enfrentar, mal llegarían al inicio de los procesos internos para seleccionar a sus candidatos.

Excelente fin de semana.

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Perspectiva Electoral

Por Marcos Pineda

La euforia con que recibieron los impulsores de los nuevos partidos políticos locales la aceptación de su registro en el estado de Morelos, tanto para contender en las elecciones del 2021 como para recibir recursos públicos con los cuales financiar sus actividades ordinarias y de campaña, ya quedó atrás.

Los festejos y las felicitaciones ahora se verán contrastados con una dura realidad que enfrentar. Una realidad que tiene dos pistas claras de aterrizaje. Por un lado, la de los recursos necesarios para sostener sus actividades partidarias y, por otro lado, la de la imposibilidad estadística de que los votos alcancen para todos.

Respecto a la primera, si ponen los pies en la tierra se darán cuenta de que poco menos de cuarenta mil pesos mensuales no son ni con mucho suficientes para mantener un partido político, pagar rentas de oficinas, personal administrativo, viáticos, gastos de representación, propaganda y demás. De algún lado tendrán que salir los recursos para operar si de verdad quieren competir en los próximos comicios.

Y ya nos podemos imaginar como de dónde podrían provenir esos dineros. Allá en la zona sur, Julio Espín y Rodrigo Gayoso tendrán que entrarle para seguir financiando sus proyectos y volver a figurar, ellos o sus allegados, en la escena pública. Fidel Demédicis pues ya sabemos que es experto en pasar la charola, en juntar recursos entre sus dirigidos. Matías Nazario tendrá también que ir soltando prenda y no dejar solos a quienes hasta ahora han financiado su proyecto. ¿Pero qué creen? La fórmula preferida, por estos personajes y por los demás nuevos líderes partidarios podrían ser la de llamar a la colaboración, cada quien con lo que pueda, que cada quien se gane su candidatura financiando lo que haya que financiar en sus respectivas comunidades. Y de nuevo ¿qué creen? No les va a funcionar.

La política en la práctica en el estado de Morelos está tan manoseada, tan pervertida, tan adulterada que los tradicionales líderes de colonias, barrios y pueblos no está dispuestos a colaborar, a dar, sino, como lo han hecho durante sexenios, están ahí para ver qué reciben, cuánto ganan y de qué se aprovechan.

Con esos mañosos líderes populares, los de siempre, los que venden sus famosas estructuras al mejor postor, elección tras elección, los nuevos partidos no irían a ningún otro lado que al de la derrota y a la pérdida de su registro, si no es que incluso hasta a enfrentar procesos judiciales por malos manejos de los recursos públicos.

Si los partidos nuevos quieren ganarse un lugar no en las elecciones del 2021, sino en las del 2024, deben convertirse en auténticas opciones para los electores, no en uno más de lo de siempre, con los líderes de siempre y con las prácticas de siempre. Mañana hablaremos de cómo, en la otra pista, la de los votos, las cuentas tampoco salen. No podrá haber votos suficientes para todos.

Para iniciados

El fundador e indiscutible líder moral de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, ya tiró línea a sus comités estatales: van a ir solo en la contienda federal del 2021. Ahora, en Morelos deben estar sumamente preocupados los líderes locales, aunque ensimismados y sin hacer acto de presencia pública, deben estarse preguntando cómo le van a hacer para enfrentar una elección local tan compleja como la de Morelos. Julio César Solis quizá tenga claro que la adhesión y muy probable candidatura a presidenta municipal de Maricela Jiménez, no es suficiente. Ya se quedó dos veces en el camino para ser diputado plurinominal. ¿Quizá ahora sí pueda ser para él la tercera la vencida?

Excelente jueves.

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Perspectiva Electoral

La guerra de las encuestas

Por Marcos Pineda

Hace más de diez años decidí titular así, como La Guerra de las Encuestas, a un artículo académico de fondo, que finalmente fue publicado en Europa, por el Centro de Estudios de México en la Unión Europea. La intención de ese pequeño estudio era demostrar que la publicación de encuestas a modo no tiene efectos en la decisión de voto de los electores, que se equivocan los asesores de marketing electoral y los candidatos cuando apuestan a tratar de convencer a los votantes a través de publicaciones donde aparenten que van ganando en una determinada contienda.

El comportamiento electoral se define por otros factores, no por la publicación de encuestas y menos si son a modo, es decir, cuchareadas o falseadas. Con base en un análisis cuantitativo serio y profundo se puede demostrar que las encuestas a modo no influyen en el ánimo de los votantes, A lo mucho, llegan a influir en el ánimo de los equipos de campaña de los candidatos, ya bien que suban o bajen la intensidad de su compromiso con el candidato, el partido o la campaña de que se trate. Pero no alteran la decisión del votante en general, ni siquiera cuando se ha intentado hacerlo aduciendo la necesidad de impulsar el llamado “voto útil”.

Y como muestra un botón: en ningún lugar de Europa y en ninguna elección de un país desarrollado, con una democracia consolidada, funcional y eficiente, son publicadas encuestas hechas a modo o cuchareadas. Al contrario, las encuestas que se publican son útiles como puntos de referencia y para el análisis, pero no como herramientas de marketing electoral en las campañas.

 Sin embargo, en México, fieles a su costumbre de hacer política como sinónimo de engaño o simulación, sigue habiendo políticos que no lo han entendido, que no saben para qué sí sirven las encuestas y para qué no. Y usan a los encuestadores faltos de ética o a novatos en el área de la investigación demoscópica para entrarle a una guerra de encuestas que en nada favorece la construcción de una sociedad informada y participativa. Todo lo contrario, nada más la confunden, al grado de que en México los estudios preelectorales han perdido mucho de su credibilidad.

Hoy, esa guerra de encuestas la inició ya Morena, en torno a la designación por este medio de sus próximos dirigentes nacionales. Vemos ya en redes sociales una serie de encuestas y encuestadores, que publican resultados tan diversos, tan contradictorios, tan carentes de credibilidad, que solamente los más inocentes podrían creérselos. Unas dicen que ganará Gibrán (se oyen risas), otras que Delgado, otras que Muñoz Ledo y algunas que Rojas (y se siguen oyendo risas).

Tres encuestadoras de prestigio y trayectoria darán pronto los resultados. Y en nada habrán influido las publicaciones de encuestas a modo tratando de aparentar que uno u otro lleva la delantera.

Para iniciados

En Morelos también hay quienes ya quieren iniciar la guerra de las encuestas. Una de esas es la que circula poniendo a Jorge Argüelles, antes un perfecto desconocido en la entidad, y ahora presidente del PES local y beneficiario de la ola López Obrador con una diputación federal, que literalmente le cayó del cielo, poniéndolo en primer lugar, rumbo a las elecciones por la presidencia municipal de Cuernavaca. ¿Cómo la ve? ¿A poco usted se lo cree?

Excelente mitad de semana.

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Francisco Hurtado Delgado

Los medios de impugnación en un proceso electoral son básicos e importantes para legitimar una elección, es decir que todos los actos y resoluciones de las autoridades en la materia, deben sujetarse a principios de constitucionalidad y legalidad; luego entonces, ¿cómo saber qué medio de impugnación debo utilizar en un proceso electoral? Es la pregunta que debemos analizar de acuerdo a las circunstancias de tiempo, competencia y  jurisdicción.

En México se tiene un sistema de Justicia Electoral mixto, es decir, el recurso de revisión que es administrativo y lo resuelve el Instituto Nacional Electoral (INE) y el resto son de carácter jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Héctor Fix-Zamudio consideraba que los medios de impugnación configuran los instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales para corregir, modificar, revocar o anular los actos y las resoluciones judiciales, cuando se atente contra la constitución, la legalidad y tratados o instrumentos internacionales.

La Ley General del Sistema de medios de impugnación en materia electoral, destaca los siguientes recursos:

El Recurso de Revisión se ejerce para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la Autoridad Electoral Federal; el Recurso de Apelación, el Juicio de Inconformidad y el Recurso de Reconsideración, son para garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal; el Juicio para la Protección de los Derechos Político–Electorales del Ciudadano mejor conocido como (JDC); el Juicio de Revisión Constitucional Electoral, se aplica para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos; el juicio para dirimir los conflictos o diferencias Laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores, y por último el Recurso de Revisión en contra de las resoluciones y sentencias emitidas en los procedimientos especiales sancionadores, mismo que sirve para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Muchas batallas electorales se ganan “en la mesa”, como se afirma coloquialmente y está es la razón por la que los medios de impugnación serán parte fundamental en este proceso electoral 2020-2021.

Las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, en su papel de árbitros, serán decisivas para resolver los medios de impugnación que presenten, los jugadores de esta contienda electoral son los partidos políticos, candidat@s y sociedad. Sin embargo, la civilidad política y evitar las malas prácticas serán responsabilidad de tod@s. De esta manera se obtendrán procesos limpios y transparentes. La ganadora será nuestra democracia.

Perspectiva Electoral

por Marcos Pineda

Ayer escuchamos con mucho gusto que Jorge Matar, ex dirigente de CANACINTRA en el estado de Morelos, dio a conocer el surgimiento de una organización civil que estará dedicada a la búsqueda de buenos perfiles ciudadanos para que sean tomados en cuenta por los partidos políticos en las próximas elecciones.

Para lograrlo, se proponen hacer uso de las nuevas tecnologías, integrarán una base de datos con las personas que se registren en la plataforma digital, misma que estará a disposición de los partidos políticos.  La asociación civil llamada Remo (Reconstruyendo Morelos), pretende así ser un puente, el vínculo, entre la clase política y la sociedad civil de Morelos.

Por supuesto que una iniciativa de esta naturaleza merece de entrada nuestro reconocimiento. Puede ser no solamente novedosa, sino muy útil, ya que gente con un buen perfil y aspiraciones legítimas de representar a sus comunidades podrían darse a conocer entre los partidos políticos. Ya dependerá de los líderes de los partidos si toman en consideración o no a los postulantes.

Aunque es cierto que esta iniciativa no va a sentar bien a los intereses de esos que llaman la clase política, los viejos dinosaurios de todos los partidos que, aunque salgan a perder, nada más no permiten que se reciba sangre nueva, que se oxigene la participación electoral, porque han sabido hacer hasta un negocio no ya de los triunfos electorales, sino de las propias candidaturas.

También esta iniciativa puede evidenciar a los partidos que no tienen más que el registro vigente para recibir recursos públicos y postular candidatos, anhelando que les toque al menos una plurinominal en el Congreso y algunas regidurías con las cuales mantenerse, económica y políticamente, claro. Pero que en realidad no cuentan con liderazgos ni peso político como para ganar en las contiendas.

Por supuesto que le puede ser muy útil a los partidos que carecen de cuadros formados, ya que, entre los veinte con registro en Morelos, habrá muchas candidaturas, entre propietarios y suplentes, que tengan que cubrir, por mandato de ley, so pena de no poder presentar su lista de plurinominales y regidurías.

A los partidos tradicionales, como el PAN, el PRD y el PRI poco les puede interesar esta iniciativa pues al interior de sus filas se pelean cada elección por obtener las candidaturas, que ya saben, van  perder. A esos partidos no les faltan candidatos, al contrario, les sobran. Lo que les falta son votos, no candidatos.

A partidos como el PES, tanto el nacional como el local, no solamente les parecerá bien, sino que les urge, para poder ir a la caza de ciudadanos con buen nombre que les puedan ayudar a no perder de nuevo su registro y usar esa AC como una especie de agencia de colocación de candidatos.

Para iniciados

Ya se comenzaron a mover los hilos de la tenebra en los altos niveles de la política. Nos comentan que van muy avanzadas las pláticas para el acuerdo entre el PVEM y Morena para ir juntos en al menos un distrito federal electoral en 2021, con un candidato que ya tiene nombre y al que el Verde se la debe en muchos sentidos: Ricardo Dorantes San Martín. Esa candidatura y una muy probable curul federal, podrían ya estar apartadas.

Excelente inicio de semana.

La información es PODER!!!

Juan Daniel Porcayo González

Licenciado en Derecho con Mención Honorifica por la Universidad Privada del Estado de Morelos. Abogado Postulante en materia penal y amparo en la Firma Legal Código Quattro

El pasado mes de julio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, califico de inconstitucional, el artículo transitorio de aquella conocida reforma entre los Morelenses (acontecida en el año 2017), por la cual se validaba el nombramiento de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos por un periodo de 20 años y lo que fuese peor, el aumento de su permanencia como Magistrados (de 14 a 20 años) se tornaba por demás injustificado; pues recordemos que, en aquel entonces, el argumento principal que expuso el legislador para validar dicha disposición,  se dio bajo una supuesta “afirmativa ficta”, ya que diversos ayuntamientos no hicieron pronunciamiento alguno sobre el dictamen a dicha reforma.

Sin duda, fueron muchos los que estuvieron inconformes con esta decisión y no faltó quien, expusiera tal situación ante el órgano judicial federal competente, que luego de varios meses, pondría fin al asunto de manera terminal, obvio es: la última palabra la tenía la Corte.

En su resolución los ministros dejaron en claro, que dicha ampliación en el encargo como Magistrados del TSJ del Estado de Morelos por un periodo de veinte años, se tornó “un beneficio injustificado e indiscriminado que los legisladores concedieron a los magistrados” por lo que, invalidaron dicha porción normativa, concediendo la razón a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos en la acción de inconstitucionalidad registrada en el expediente 20/2017.

Al día de hoy, han transcurrido dos meses desde aquel pronunciamiento de la Corte por el cual no solo se declaró inconstitucional la reforma referida en líneas anteriores, sino que, además, dejo seis vacantes dentro del Poder Judicial del Estado de Morelos para ocupar el cargo de Magistrado, y, aunque insistente ha sido la petición para transparentar el proceso de elección, la zozobra subsiste entre los aspirantes, al no contar si quiera, con la respectiva convocatoria para su elección.

El Poder Legislativo se ampara bajo el argumento “de estar en espera de recibir el engrose respectivo” que, si bien es importante, no menos cierto es el hecho de que, dicho engrose no cambiaría en nada el sentido en que los ministros emitieron su voto, es decir, declarar inconstitucional ese aumento injustificado de años y, por tanto, los Magistrados que excedieren del plazo original de 14 años, ser separados de sus funciones.

La resolución de la Corte ha quedado debidamente notificada y los magistrados han dejado su encargo; sólo falta que el legislador haga lo suyo y emita a la brevedad la convocatoria en comento.

Estimado lector, le envió un abrazo a distancia.

Perspectiva Electoral

Por Marcos Pineda

Una ocasión, a mediados de la década de los 90, en uno de los ascensores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, coincidí con Porfirio Muñoz Ledo, quien ese día era acusado por uno de sus correligionarios, en uno de los más leídos periódicos nacionales, de protagonista. Sin extenderme en los detalles de aquel anecdótico encuentro, quiero comentarles que le pregunté algo así como: ¿qué contesta usted al señalamiento que le hicieron de protagonista?

Con una de esas irónicas sonrisas que lo caracterizan, me contestó literalmente: “Jovencito, política es protagonismo. Político que no lo entienda está en el oficio equivocado” A la vuelta de más de veinticinco años he visto decenas de políticos que no lo han aprendido. Y entre ellos no sólo hay quienes no han aprendido que para ser político hay que ser protagonista, sino que además hay que aprender a ser un buen protagonista, pues no se trata de ganar notoriedad y la luz de los reflectores por que sí o a costa de la buena imagen pública.

Eso de que lo que importa es que hablen de ti, no importa si es bien o mal, pero que hablen de ti, es mentira. Es una falacia que puede fácilmente desmentirse a través de estudios serios de imagen pública y marketing electoral. Los políticos que se la creen, quizá con ello se consuelen de lo mal que los trata la opinión pública, pero de ninguna manera les favorece para ganarse la simpatía de los electores, sino todo lo contrario.

Es cierto que parte de cuidado para generar una imagen pública favorable es no hablar de más, pero hay quienes se han ido al extremo guardándose para tiempos electorales. Hablo de los líderes de los partidos políticos que, no todos, pero sí buena parte de ellos, no se han dado cuenta que les falta protagonizar en la escena pública. Si a estas alturas hacemos una encuesta para saber quiénes son los políticos que dirigen a sus respectivos partidos, se verificará que muy poca gente los conoce.

Se conocen entre ellos, se leen en los diarios entre ellos, se siguen entre ellos en las redes sociales. Y su soberbia le hace creer que son ampliamente conocidos, cuando la realidad es que, entre el electorado, entre el pueblo, pasan desapercibidos. No han sabido ser protagonistas, acomodar su ideología, su posicionamiento, sus plataformas, en el ánimo popular. Sus liderazgos son muy reducidos, acotados a su entorno, entre aliados y adversarios, dirigentes y dirigidos, pero no entre la masa social, que finalmente es de la que pretenden obtener el favor de su voto.

Algunos han intentado llamar la atención sin lograrlo o lográndolo a medias, con escasos resultados. Otros, que tienen bien clara la urgente necesidad de darse a conocer, para dar a conocer a su partido y, en su momento, sus propuestas y a sus candidatos. Basta preguntar a nuestros lectores y a nuestro auditorio si ¿sabe usted quiénes son los actuales líderes de los 20 partidos políticos con registro vigente? ¿Qué es lo que recuerda de los que sí conoce o ha oído hablar de ellos? ¿Qué opinión le merecen los que sí conoce?

Y por qué no han tenido resultados favorables, porque carecen de una estrategia de comunicación política.

Para iniciados

La ausencia de la mayoría de los líderes de los partidos políticos en la escena pública está por terminar. Ya comienza la etapa de buscar foros y medios. Sólo que ahora será más difícil lograr la atención y la simpatía de los electores entre 20 diferentes opciones, que buscarán exactamente lo mismo, llamar la atención, ser los protagonistas. Quiénes podrán tener éxito, como dijimos arriba, quienes cuenten con una estrategia de comunicación política seria y profesional, los demás pueden ya dejarlos de una vez en el olvido.

Excelente fin de semana.

La información es PODER!!!

Mtro. en D. Cesar Ricardo García Bravo, Director General de la Firma Legal Código Quattro.

Para los juristas, la definitividad es uno de los principios más importantes en el mundo del derecho y particularmente en el juicio de amparo; pues su finalidad estriba en la necesidad de agotar previamente todos y cada uno de los medios ordinarios de defensa antes de solicitar la protección de la justicia federal.

Sin embargo, aunque dicho principio rige de forma obligatoria en la tramitación de cualquier procedimiento llevado a cabo ante los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; no menos importante es el hecho de que, su aplicación queda supeditada a la naturaleza del juicio que le dio origen y del cual, por supuesto, emano el acto reclamado; como por ejemplo en materia penal, donde el bien jurídico a proteger es la libertad personal del imputado.

Luego entonces, la ley de amparo prevé en su artículo 61 fracción XVIII diversas hipótesis por las cuales, el quejoso podrá acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin necesidad de interponer, previamente los recursos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales; tal es el caso de las ordenes de aprehensión, medidas cautelares, incomunicación, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento y por supuesto, el auto de vinculación a proceso entre otros tantos.

Sin embargo, aunque dicha posibilidad le resulta favorable al imputado (interposición del medio de defensa ordinario o la promoción del juicio de amparo indirecto), la víctima en cambio no corre con la misma suerte.

Esto es así, porque está última, forzosamente debe agotar los recursos previstos en la legislación única procesal en materia penal (control judicial, recurso de revocación y apelación) para que, en su caso, proceda el juicio de amparo indirecto; pues la víctima u ofendido si se ven obligados a la observancia del principio de definitividad.

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito se han pronunciado sobre este aspecto, conforme a las siguientes posturas:

Por cuanto al control judicial, es imperativo para la víctima u ofendido la interposición del recurso innominado sin que opere una excepción al principio de definitividad, pues de lo contrario se impondría a la víctima, una mayor dilación procesal; ya que, en términos de la legislación ordinaria, un juez de control resolvería lo conducente. En tanto que acudir al juicio de amparo implica además del desconocimiento de la constitución, la tramitación de un juicio con la dilación que ello conlleva.

Por otro lado, el recurso de revocación resulta obligatorio de igual modo para la víctima; en el caso, por ejemplo, de no admitirse el recurso de apelación en el proceso. Pues se trata de una resolución acontecida dentro del mismo proceso penal, de mero trámite y que no requiere sustanciación alguna; ya que dicho recurso no resuelve el fondo del asunto, sino que únicamente examina los requisitos de procedencia de otro.

Ahora bien, se ha establecido también que, la víctima tiene la facultad de interponer el recurso de apelación contra el auto de NO vinculación a proceso; pues si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que procede únicamente contra el auto de vinculación a proceso, dicha previsión legislativa no debe entenderse solo en sentido positivo, pues de ser así rompería con el principio de igualdad; ya que la exégesis correcta es en ambos sentidos (contra el auto que vincula como por el que no vincula) y a la par, haría nugatorio el derecho a que la víctima interponga los recursos en los términos que la ley prevea.

Por tanto, la excepción a la definitividad opera en favor del imputado por tratarse de una afectación a su libertad personal de imposible reparación, pero no así de la víctima u ofendido, pues la procedencia del amparo indirecto quedara supeditada exclusivamente a la resolución dictada por el juez de origen para luego, impugnarla a través de los medios de defensa ordinarios.

Estimado lector, le saludo a distancia.

Juan Daniel Porcayo González

Licenciado en Derecho con Mención Honorifica por la Universidad Privada del Estado de Morelos. Abogado Postulante en materia penal y amparo en la Firma Legal Código Quattro

La reforma “De seguridad y de Justicia” publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 18 de junio de 2008, logro consolidar en nuestro país, los esfuerzos que se hicieron durante largos años, por contar con un modelo de corte acusatorio y adversarial; donde cada sujeto procesal ejercería un rol en específico y de este modo, el juzgador como garante de un debido proceso, estuviese posibilitado de resolver lo argumentado por las partes a través del uso de los principios de imparcialidad, contradicción,  igualdad, entre otros.

Diez, fueron los artículos reformados en nuestra ley suprema, entre ellos el artículo 21 párrafo tercero constitucional; el cual incorporaba la figura del juez de ejecución. Pues a diferencia de lo que acontecía en un sistema penal mixto o tradicional, las cuestiones suscitadas en internamiento, ya no serían resueltas por la autoridad penitencia, sino ahora dicha tarea le correspondía únicamente a la autoridad judicial.

Casi seis años más tarde, se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales; legislación que sentaría las bases para que este modelo de justicia operara con eficacia, que si bien distinguió la competencia del órgano jurisdiccional en materia penal (juez de control, tribunal de enjuiciamiento y tribunal de alzada) no hizo mención de las funciones que le correspondían propiamente a un juez de ejecución,  puesto que, dicha ley, únicamente regulaba los actos acontecidos durante el desarrollo de un proceso penal y no así, de las cuestiones relativas a la libertad de una persona que había sido previamente condenada por habérsele encontrado responsable de la comisión de un hecho delictivo.

No fue, sino hasta el día, 16 de junio de 2016, que formalmente fue publicada la Ley Nacional de Ejecución Penal; regulando expresamente la figura del juez de ejecución y teniendo no solo como objeto el establecimiento de las normas que debiesen ser observadas durante el internamiento de una persona, sino también, resolver las cuestiones que surjan con motivo de aquel y, sobre todo, procurar los medios necesarios para lograr la reinserción social de la persona privada de su libertad.

Luego entonces, las funciones del juez de ejecución se avocan propiamente a lo relativo al internamiento de una persona, mientras que, las funciones de un juez de control y tribunal de enjuiciamiento se centran a cuestiones meramente procesales.

Estimado lector, le envió un abrazo a distancia.