Uno de los grandes e históricos rezagos en el estado de Morelos es el del transporte público. Durante décadas fueron marginadas cualquier cantidad de propuestas, no sólo para modernizarlo, sino para extirpar la grave y profunda corrupción en su entorno. Al contrario, los gobiernos anteriores prefirieron pactar y proteger, antes que enfrentar y resolver.
La nueva Ley de Movilidad y Transporte representa la posibilidad de cumplir con los usuarios, brindando servicios seguros y accesibles, rompiendo con las telarañas de complicidades que beneficiaron a unos cuantos líderes transportistas y a sus cómplices gubernamentales.
Las exigencias, más de tipo amenaza y chantaje que de exposición de argumentos, por parte de los que se han apropiado del liderazgo por décadas, ahora no han podido doblegar al gobierno, quizá por primera vez. Y eso tiene explicaciones claras y contundentes.
Para comenzar, de ser una forma en que una persona podría llevar el sustento a su familia, de manera honrada, con el esfuerzo diario de su trabajo, se pasó a la acumulación de concesiones y explotación de trabajadores mal pagados y maltratados, sin derechos laborales. Usados, que no contratados, como choferes. El otorgamiento de concesiones se volvió un abuso de funcionarios, políticos y oportunistas. El espíritu original de las concesiones se perdió al entrar en escena el amiguismo, el compadrazgo, el patrimonialismo y los intereses, tanto económicos como políticos.
Enseguida, un sistema de transporte público plagado de corruptelas no podría tener otro destino que la obsolescencia de las unidades, la desfachatez de los líderes y el aprovechamiento político de las carencias sociales. Ahí tiene usted los usuales acarreos para el voto o la manifestación, las demandas de incrementos a las tarifas, las negativas a cumplir con la normatividad, en tiempo y forma, así como los contubernios en las campañas electorales.
En sexenios anteriores, los gobernadores tuvieron miedo de los alcances que podrían tener las movilizaciones de los transportistas. Prefirieron acordar beneficios mutuos, a costa de la degradación del servicio para el pueblo. Si se quiere constatar, ahí están los resultados de las más recientes inspecciones técnicas y documentales. Ese nivel tan bajo sólo pudo haber sido consecuencia de la corrupción, porque ley y reglamentos los había.
No hace falta dar nombres, son de dominio público quienes, con el cinismo propio del típico político mentiroso y manipulador, particularmente del sexenio anterior, que hoy siguen amafiados con los líderes de las rutas y quieren ir por más para sus bolsillos y carreras políticas. Nada más que ahora se toparon con pared. Los tienen ya bien identificados. No los van a dejar pasar, por más dineros que pongan a sus campañas publicitarias.
La transformación, la modernización del transporte público en Morelos, no será nada fácil. Requerirá de mucha voluntad, financiamientos y entendimiento entre sociedad y gobierno. Pero, para que sea posible, esos liderazgos añejos y perniciosos deberán hacerse a un lado, ya no estorbar al bienestar de la población.
Y PARA INICIADOS:
Alerta: al principio creí que la decisión del pleno de la Suprema Corte había sido la correcta: apegarse al principio de la “cosa juzgada”. Sin embargo, al revisar y profundizar, vi que la ministra Batres se negó a eliminar un párrafo de su proyecto, a pesar del voto de todos los demás ministros para que así lo hiciera. Deje usted el berrinche y la necedad. El problema de fondo es que ese párrafo deja abierta la posibilidad de que en el futuro sí puedan volverse a tratar sentencias ya emitidas, con su invento de la “cosa juzgada fraudulenta”. Agárrense, cuando dentro de año y medio ella sea la presidenta de la Suprema Corte del Acordeón.
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