Agenda Político Jurídica

Alejandro Corona Marquina

De toda estructura construida por el ex gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para apoderarse del Sistema Estatal Anticorrupción, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (nombre oficial de lo que conocemos como Fiscalía Anticorrupción), es un auténtico monumento a la ineficiencia, opacidad e impunidad.

Su titular, Juan Salazar Núñez, siempre fue uno de los consentidos del tabasqueño. Por ello, primero lo designó como titular de Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y luego (el 27 de agosto de 2015), lo convirtió en Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción, esto con la complicidad de la mayoría de la LII Legislatura local, en una controvertida sesión que tuvo que desarrollarse en medio de un fuerte dispositivo de seguridad en el World Trade Center (WTC), donde la entonces presidenta del Congreso, Lucía Meza Guzmán, reunió los 21 votos necesarios para que transitara la propuesta, luego de que cuatro legisladores anularan su voto, mientras que dos lo hicieron en contra: Matías Nazario Morales y Rosalina Mazari Espín, quienes ya se habían caracterizado por ser opositores de Graco Ramírez, cuando votaron en contra del endeudamiento que finalmente pasó.

Además de las reformas que crearon la institución, Graco protegió bien a su pupilo, pues en diciembre de 2017 (con la mega corrupta LIII Legislatura), modificó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos y aumentó a nueve años el periodo de ejercicio del Fiscal General, de donde depende la llamada Fiscalía Anticorrupción; y luego en julio de 2018, después de la estrepitosa derrota en las urnas, blindó a Juan Salazar Núñez, para que el Fiscal General, Uriel Carmona Gándara, lo pudiera designar a su vez por otros 7 años más, cosa que sumisamente hizo, pero además se le garantizó una pensión vitalicia del ciento por ciento, una vez que deje la institución, todo con cargo al erario morelense. ¡Eso es amor no fregaderas!

Pero de resultados conseguidos por la caricatura de Fiscal Anticorrupción, no más nada. Sólo escándalos mediáticos que terminan en el peor de los ridículos.

No pudo con el ex alcalde de Temixco Miguel Ángel Colín, cuya detención se anunció con bombo y platillos y al día siguiente el acaudalado médico que gobernó Temixco, salió riéndose a carcajadas de Juan Salazar. Otro caso fue el de Jesús González Otero, ex presidente municipal de Cuautla y al que prácticamente le tendrá que pedir disculpas, pues lo mal armado del expediente que lo tuvo preso unos meses, generó consecuencias legales contra Juan Salazar, una vez que aquél fue absuelto. Este caso debería ser suficiente para que sea removido el fiscal, pues ahí demostró ser un tipo falto de conocimientos jurídicos, esto al ser exhibido todo el tiempo por la defensa del ex edil.

Mención aparte merece el asunto del rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, donde igualmente se hizo un escándalo mayúsculo en los medios de comunicación y luego el académico salió sin problemas de la prisión. Las forma en que se trabajó este caso y las evidentes violaciones procesales cometidas, le ganaron el repudio generalizado a Juan Salazar, pues hasta Rodrigo Gayosso pidió su renuncia ante la pifia cometida. ¡Oblígame perro! Le dijo al hijastro de Graco Ramírez.

Pero el que pagó los platos rotos de todo el desastre ocasionado, fue el titular de la Fiscalía de Servidores Públicos Municipales, Órganos Constitucionales Autónomos y Particulares, Helio Brito Cantú, quien fue despedido.

Algo se tendrá que hacer en la institución, pues toda la infraestructura de la Fiscalía Anticorrupción no ha servido para nada, esto a pesar de que actualmente tiene en operación los siguientes espacios: Fiscalía de Servidores Públicos de los Tres Poderes del Estado y la Administración Pública Paraestatal; Fiscalía de Servidores Públicos Municipales, Órganos Constitucionales Autónomos y Particulares; Secretaría Ejecutiva de la Fiscalía Anticorrupción; Unidad de Asuntos Presupuestales, Financieros y Administrativos; Secretaría Ejecutiva de la Fiscalía Anticorrupción; Fiscalía de Servidores Públicos Municipales, Órganos Constitucionales Autónomos y Particulares y cada una ellas con sus respectivas jefaturas de departamento, personal auxiliar, secretarias, técnicos y oficiales. Millones de pesos del presupuesto tirados en combatir la corrupción ¡y todo para qué!

Por Miguel Ángel Isidro

Tal y como se esperaba, el juicio iniciado la semana pasada en la Corte del Distrito Este de Nueva York en contra del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, está llamado a ser uno de los grandes escándalos de nuestro tiempo.

Y es que no es un asunto para nada menor. Se trata del proceso legal emprendido por la justicia norteamericana en contra del hombre que durante dos décadas ha sido considerado el mayor traficante de drogas del mundo, y que de acuerdo a las estimaciones de la fiscalía habría introducido a territorio americano durante su carrera criminal cerca de 457 toneladas de enervantes -marihuana, cocaína y metanfetaminas-, obteniendo una ganancia de 14 mil millones de dólares. Hay que recalcarlo, los hechos y cifras involucrados se circunscriben exclusivamente a los delitos cometidos en contra de la sociedad estadounidense.

A pesar de una gran cantidad de notas periodísticas y testimonios de testigos protegidos, así como de otros delincuentes confesos, al arranque del proceso, Jeffrey Lichman, uno de los abogados defensores de “El Chapo”, puso por primera vez en un contexto oficial una severa acusación: por lo menos en dos ocasiones, el Cártel de Sinaloa habría entregado sobornos a la principal figura del poder político en Mexico: el Presidente de la República. Y en este caso, se señala directamente al mandatario saliente, Enrique Peña Nieto, y a su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa.

Para empezar a analizar el impacto de estas afirmaciones, hay que señalar el contexto en que se dieron las afirmaciones. Jeffrey Lichman hizo dichos señalamientos en el discurso de apertura de la defensa, donde el objetivo principal es presentar las líneas de acción a seguir para debilitar los argumentos y pruebas de la fiscalía.

La justicia americana señala a Guzmán Loera como la cabeza principal de la organización criminal más peligrosa de México. Y para ello habrá de presentar durante el juicio una serie de pruebas y testigos, muchos de ellos, delincuentes que ya previamente se han acogido a la protección del gobierno norteamericano buscando beneficios legales a cambio de proporcionar elementos para sentenciar a Guzmán Loera.

El abogado defensor pretende probar que “El Chapo” no es el principal líder del Cártel de Sinaloa, posición que atribuye a uno de los principales socios de su cliente: Ismael “El Mayo” Zambada, aún prófugo de la justicia.

Es evidente que el escándalo mediático metió dichas afirmaciones en un juego de “teléfono descompuesto”. La mayor parte de los medios y redes sociales han esparcido la especie de que “El Chapo declaró haber dado sobornos a Calderón y Peña Nieto”, cuando en realidad, el abogado Lichman señaló que, como cabeza principal del cártel, “El Mayo” habría sobornado a las más altas autoridades mexicanas a fin de que la persecución se concentrara exclusivamente en “El Chapo”, fugado escandalosamente dos veces de carteles mexicanos de “alta seguridad”.

Incluso, la narrativa de la defensa señala que debido a esa situación, después su más reciente detención, “El Chapo” habría sido extraditado de manera casi inmediata a los Estados Unidos, mientras el verdadero líder del cártel sigue prófugo. De hecho, el abogado defensor señaló al Chapo como “víctima de un montaje del gobierno mexicano y la DEA”.

¿Cómo y por qué se distorsionaron las versiones? Resultaría interesante saberlo. Porque carecería de lógica entender que un delincuente pague un millonario soborno a cambio de ser apresado dos veces y finalmente extraditado a un país donde el sistema penitenciario es extremadamente estricto.

Por ejemplo: una de las notas más recientes del caso, en la etapa previa al arranque del juicio, fue la petición de Guzmán Loera al juez de un permiso para abrazar a su esposa, Emma Coronel, con quien no ha tenido contacto físico desde su captura. La petición fue negada, argumentando la peligrosidad del procesado. ¿Quién pagaría un soborno para ser remitido a semejante trato?

Otro aspecto que ha sido soslayado por los medios y los usuarios de las redes sociales fue el hecho de que el juez Brian Cogan pidió desestimar las afirmaciones de la defensa sobre los presuntos sobornos a presidentes de México y a agentes de la DEA, ya que no se ofrecieron pruebas de ello, además de que “no están directamente vinculados con el acusado”.

Más aún, en el segundo día del juicio, la fiscalía ofreció como testigo de cargo a Jesús “El Rey” Zambada García; hermano y lugarteniente de “El Mayo”, quien reiteró el señalamiento a Guzmán Loera como líder principal de la organización. Es decir, tácitamente habría puesto en duda la lógica de los sobornos.

De acuerdo a especialistas en la materia, el juicio contra “El Chapo Guzmán” tendrá una duración aproximada de cuatro meses, y se espera que durante el proceso se presente una auténtica lluvia de acusaciones que seguramente implicará a funcionarios, militares y empresarios mexicanos en las intrincadas redes de la delincuencia organizada y el lavado de dinero.

Pero para efectos de lo que atañe a nuestro particular interés, no debemos olvidar que “El Chapo” está siendo procesado por delitos en agravio del gobierno y población de los Estados Unidos, por lo que, al menos para los objetivos específicos del juicio, las implicaciones políticas del caso -en México, claro está- no son relevantes para la corte. Dicho en otras palabras: para que en este caso, una corte extranjera pudiera llamar a testimonio a presidentes o ex presidentes de otro país, habría que exponer evidencia contundente e inexcusable de que su actuación habría tenido repercusión directa en el caso. Es decir, la defensa -que es la que lanzó dichas afirmaciones- tendría que demostrar que sin la complicidad del gobierno mexicano, el acusado no habría tenido posibilidad de desarrollar sus operaciones delictivas. Algo sumamente complicado.

Falta muchísimo por ver y comentar sobre el tema, pero habría que considerar que el escándalo de los “Chapo-Leaks” tiene consecuencias directas contra tres actores importantes de la política en México: Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Veamos:

Al ex presidente Calderón, los señalamientos del caso le llegan en muy mal momento. En primer lugar, porque vuelven a traer a la atención de la opinión pública mexicana las fatales consecuencias de su fallida estrategia de seguridad. Muertos, desaparecidos, empoderamiento de los cárteles y un aumento desmedido en la violencia criminal. Todo ello precisamente luego de que Calderón hizo oficial su renuncia al PAN y dio a conocer su proyecto para la creación de un nuevo partido político. Si el escándalo se recrudece, el ahora ex panista se verá obligado involuntariamente a mantener un bajo perfil.

Al presidente saliente Enrique Peña Nieto los señalamientos de la defensa del Chapo le echan a perder su intención de mantenerse “nadando de a muertito” en lo que muchos han llamado una “transición de terciopelo”. Peña y su equipo parecieran ser los más urgidos por la llegada del primero de diciembre, y el hecho de haber promovido amparos antes de dejar el poder hace evidente que el hombre que quiso “Mover a México” solo busca terminar la encomienda para desaparecer del mapa político. Y seguramente su propio partido, el PRI, podría ser uno de los principales interesados en borrar su memoria de la mente de los electores.

En el caso de Andrés Manuel López Obrador, las revelaciones del caso lo podrían obligar a salir de la zona de confort de su discurso de la amnistía y la “República Amorosa”. No hay que olvidar que hace apenas unos meses habría declarado su intención de “perdonar” a sus enemigos políticos, incluido el propio ex presidente Carlos Salinas, en pos de una necesaria “reconciliación nacional”.

Véalo así: si los ex presidentes Calderón, Peña o incluso Fox (como reclaman sus malquerientes) pudieran ser sometidos a algún tipo de proceso legal, esto tendría que ocurrir durante el gobierno obradorista, con fiscalía federal y legislatura obradorista. Si bien esto le podría significar el reconocimiento de la población que padeció las malas decisiones de los tres últimos sexenios, también implicaría el inicio de una guerra política sin antecedentes en la historia reciente del país. Y hasta donde se ve, AMLO está más enfocado a sus proyectos -Santa Lucía, Tren Maya, programas asistenciales- que a comprar pleitos de gran magnitud. Muestra de ello fue su decisión de frenar la reforma contra las comisiones bancarias y de llamar como asesores a los grandes barones del dinero: el nuevo presidente necesita aliados poderosos y AMLO lo sabe bien.

Y como también mucho se ha señalado, fue evidente el silencio que los grandes medios de comunicación mexicanos mantuvieron de manera inmediata a las severas acusaciones de Jeffrey Lichman. Eso sólo muestra algo más aterrador: el suprapoder que se mueve detrás de la narcopolítica. Un golpe certero a dicha estructura podría tener consecuencias graves para la frágil economía mexicana, tan dependiente de capitales de dudosa procedencia, o de negocios al amparo del poder.

Veremos y comentaremos.

Twitter: @miguelisidro