Por Alejandro Corona Markina

INSÓLITA, por decir lo menos, resultó la fallida audiencia de formulación de imputación, donde una de las consentidas de GRACO RAMÍREZ, la ex coordinadora de Relaciones Públicas y Eventos Gubernamentales, STEPHANIE GUZÓN ANDRÉ, sería sometida a proceso por los delitos de uso de documento falso, fraude procesal y abuso de autoridad, derivados de la pensión dorada que recibió de la innombrable LIII Legislatura Local del Estado.

POR PRINCIPIO DE CUENTAS, salió con el chicanero “recurso” de presentar justificante médico para no comparecer, mismo que muy quitados de la pena presentaron sus abogados particulares. Así, aunque la Fiscalía Anticorrupción buscó que se le tuviera por sustraída de la acción, la juez YAREDY MONTES RIVERA consideró que ¡no estaba notificada del juicio!

A PESAR DE QUE EXISTE abundante jurisprudencia en el sentido de que si una persona es emplazada indebidamente a un juicio, pero sin embargo se hace sabedora del mismo y concurre a defender su causa, se convalida la deficiencia que pudo existir en la práctica de la notificación, a la juez le valió gorro y dijo que aunque la susodicha haya llevado a sus abogados a decir que estaba convaleciente y presentaran justificante médico, ordenó a la Fiscalía Anticorrupción investigar el domicilio exacto de la ex funcionaria y otra vez volver a practicar la notificación.

NO PUDO morirse de risa la mencionada STEPHANIE GUZÓN ANDRÉ pues según sus abogados tuvo una cirugía estética y no se le vaya a deformar su carita de tanta carcajada.

¡ASÍ NO SE PINCHES PUDE! Dijo el representante de la Fiscalía Anticorrupción en el asunto, RODOLFO NÚÑEZ URQUIZA.

POR CIERTO, ahora que están las peras a peso en el Tribunal Superior de Justicia, donde la presidenta MARÍA DEL CARMEN VERÓNICA CUEVAS LÓPEZ y el magistrado CARLOS IVÁN ARENAS, se acusan con todo y hasta denuncian ante la Fiscalía General de la República posibles actos de corrupción, no vaya a ser que comiencen por señalar el sospechoso actuar de YAREDY MONTES RIVERA.

Y TAMBIÉN el asunto le da credibilidad a la afirmación del gobernador CUAUHTÉMOC BLANCO, en el sentido de que una mano obscura protege a GRACO RAMÍREZ y su gente, para que no caiga sobre ellos el peso de la ley.

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