¿Castigo a los servidores públicos que no cumplan?

Francisco Hurtado Delgado

Hemos observado la persecución e inicio de procedimientos administrativos y denuncias penales para algunos servidores públicos que han defraudado la confianza de la ciudadanía, ya sea por corrupción o peculado ¿Pero se considera suficiente el castigo para estos servidores públicos?

En primer lugar, habrá que preguntarse si la justicia se aplica con el mismo racero a los infractores o solo algunos cuantos. Para hacer un análisis preciso es conveniente partir del concepto que nos aporta la deontología, la cual corresponde al estudio de los deberes que debe cumplir el servidor público para generar con su actuación el mayor beneficio a la colectividad, porque basándonos en el filósofo Jeremy Bentham, quién describía a la “responsabilidad de los gobernantes” como un derecho de los ciudadanos a tener una explicación pública por cada acto de poder que es ejercido sobre ellos.

 El autor Bentham es uno de los más importantes pensadores del concepto de sanción, quien atribuía al  incumplimiento de la norma con la probabilidad de una sanción y que esta sanción fuera fuente de poderes obligatorios o motivos que pueden ser de dolores o placeres; en fin la idea de sanción de Bentham como teoría imperativa pura, consideraba a la sanción como una consecuencia del no-cumplimiento de los deberes, parte básicamente de los diferentes principios generales de la moral y de la legislación, fuentes que originan cuatro tipos de sanciones que son: física, política, moral y religioso.

Bajo el marco de esta reflexión, da pie a la pregunta cabezal del presente artículo: si son suficientes las sanciones o se requiere algún mecanismo adicional para frenar la corrupción e impunidad de los servidores públicos, especialmente, aquellos que pretenden un cargo de representación popular en nuestros sistemas de gobierno.

Me parece, que la sociedad debería poner especial énfasis en este tipo de servidores y deben ser señalados socialmente por los actos evidentes, simulados o flagrantes, cuyo comportamiento ofenden a la inteligencia de la ciudadanía y bajo esta circunstancia enfatizarse en la sanción política, la cual debe efectuarse al momento de votar en las urnas.

México merece más respeto y mejores gobernantes que cumplan con las cualidades aristotélicas de lealtad a la constitución establecida, capacidad y preparación para el puesto y; por último, virtud y justicia. El castigo debe ser entonces, el no votar por este tipo de servidores públicos.

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