No es difícil anticipar cuál será la respuesta de Andrés Manuel López Obrador a los reveses que padece y padecerá el llamado Plan B de su reforma electoral. Dirá que va a acatar las determinaciones de los tribunales, pero al mismo tiempo, los fustigará diciendo que son cómplices de quienes desean que regrese el régimen de corrupción y privilegios. Insistirá en que su objetivo era abaratar el costo de las elecciones y repetirá una y otra vez las mentiras y los ataques que le hemos escuchado en los últimos meses.
Los seguidores a ciegas de AMLO retomarán los argumentos de su líder, para reproducirlos como loros, sin la más mínima reflexión, sin leer siquiera las sentencias y sin darse cuenta de que la ideología y el adoctrinamiento los tienen obnubilados. Con un fanatismo desbordado, que impulsa el presidente desde las mañaneras, atacarán a las instituciones judiciales y a las personas involucradas. Seguirán, simplemente, la ruta que trazaron para ellos: la división, el ataque, la descalificación, el encono, la discordia y la estigmatización.
Hace falta, pues, destacar también algunas verdades para que el pueblo no se crea, así como así, ese discurso falaz. Por un lado, lo que buscan los recursos de impugnación a las nuevas normas que cobraron vigencia no son que regresen la corrupción y los privilegios -que, por cierto, ni siquiera se han ido y en algunos casos hasta caen en los mismos de siempre-, sino que se respete la ley y se restituya el orden constitucional vigente, que no pudo cambiar Andrés Manuel a su antojo, porque no contó con los votos suficientes para hacerlo.
Los jueces, magistrados y ministros están aplicando la ley no para favorecer a alguna persona en lo particular, ni a un grupo político, sino para que no se tuerza la aplicación de la norma, provocando efectos perniciosos que vulneran los derechos civiles y políticos de las miles de personas que al verlos afectados hacen uso de los medios que las mismas leyes ponen a su alcance.
Si esto enfurece al presidente y a sus seguidores, si su fanatismo no los hace darse cuenta de que las normas aprobadas violan otras normas superiores y, con ello, derivan en actos de injusticia, no es problema de los juzgadores. Restituir la legalidad y evitar o revertir los daños que provoquen y puedan provocar esas reformas, eso es lo que corresponde hacer a los juzgadores. No, entrar a la polémica sobre los argumentos ideológicos.
Y, claro, retomarán temas que sean de utilidad para desviar la atención de los graves problemas nacionales y regionales que no han logrado resolver. Como ejemplo, el mismo día de hoy, en que el presidente López Obrador dedicó buena parte del inicio de su mañanera para hablar de un partido de béisbol, su deporte favorito, hacer la crónica, felicitar a los jugadores, reproducir un fragmento del video y demás comentarios que, aunque no le guste al presidente, son de interés para él y para quienes gustan de ese deporte, pero que en realidad no son ni de interés general, ni ayudan a solucionar ninguno de los problemas que viven decenas de millones de mexicanos.
Por otro lado, está usando recursos públicos, que no son pocos, porque se trata no nada más de los que se ocupan para la transmisión, sino del propio tiempo del presidente, que nos cuesta ya de por sí, mucho. Y de eso, nada que lo reflexionan ni lo cuestionan, al contrario, seguro lo aplaudirán como focas.
Y para iniciados
Mónica Boggio Tomazas Merino, jefa de la oficina de la gubernatura de Cuauhtémoc Blanco, evadió responder los cuestionamientos y señalamientos de legisladoras y legisladores en su reciente comparecencia. Sus silencios revelaron que la administración de Blanco atraviesa por su peor momento. Mucho ojo: No transparentar el uso de los recursos públicos puede ser motivo de un juicio político y un argumento suficiente para llevar a cabo una serie de auditorías especiales, que sirvan para saber qué hicieron con los dineros del erario.
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