De la Redacción del Avance de Morelos
• Cuando la ley no protege a los que no tienen voz…
En una colonia popular de Cuernavaca, Morelos, el sufrimiento de una perrita llamada Bayleis se convirtió en símbolo de una indignación social que no cesa. Golpeada brutalmente por su propio dueño, Roberto “N”, la pequeña mascota fue trasladada de urgencia a una clínica veterinaria, pero las lesiones eran irreversibles. Bayleis murió el 23 de junio de 2025, días después de haber sido agredida. El caso rápidamente se viralizó y generó indignación no solo entre defensores de animales, sino en amplios sectores de la sociedad civil.
El 30 de junio, la Fiscalía de Morelos logró detener al agresor, luego de que se difundieran videos y fotografías que documentaban la violencia con la que actuó. A pesar de que la imputación formal por maltrato y crueldad animal agravada marcaba un avance en la aplicación de la justicia, la historia dio un giro desconcertante.
Durante una audiencia reciente, un juez del Tribunal Superior de Justicia de Morelos otorgó a Roberto “N” una suspensión condicional del proceso. Le impuso restricciones mínimas, no salir del país, someterse a tratamiento psicológico y pagar poco más de cinco mil pesos en croquetas, a manera de reparación del daño, para ser donadas a asociaciones protectoras. El agresor quedó en libertad.
La decisión judicial fue recibida con incredulidad, activistas y asociaciones defensoras de animales han calificado el fallo como una burla a la justicia, una resolución simbólica que minimiza el sufrimiento de seres vivos sintientes. A juicio de muchos, es un reflejo de una cultura institucional que aún no comprende la gravedad del maltrato animal ni sus implicaciones más profundas.
El aumento de casos de violencia contra animales en Morelos, como en muchas otras regiones del país, hace evidente la urgencia de medidas más estrictas. Si bien las reformas al artículo 327 del Código Penal local representan un avance, al establecer penas de prisión de hasta cuatro años y multas significativas, el problema es la aplicación laxa de la ley sugiere una desconexión entre el marco legal y su ejecución. La sanción impuesta en este caso no solo fue insuficiente, sino que parece premiar la crueldad con una dádiva simbólica, unas cuantas bolsas de croquetas.
Detrás del maltrato animal no solo hay indiferencia. La crueldad, definida como la obtención de placer o la total indiferencia ante el sufrimiento ajeno, es un síntoma clínico asociado a trastornos de conducta, entre ellos los desórdenes antisociales. No es casualidad que muchos agresores de animales también sean responsables de violencia intrafamiliar, dirigida comúnmente hacia los más vulnerables: mujeres, niños, adultos mayores.
En palabras de especialistas, “el dolor de los animales no es un asunto menor ni ajeno. La manera en que los tratamos es un reflejo de nuestros valores más profundos”. La convivencia con ellos ofrece a la infancia y a la sociedad en su conjunto la posibilidad de desarrollar empatía, compasión y responsabilidad. Cuando se tolera o minimiza el maltrato, se abre la puerta a una violencia más amplia, más compleja y más arraigada en lo social.
Por ello, la respuesta de las autoridades judiciales no solo resulta absurda; raya en la complicidad. Sea por negligencia o por intereses ocultos, la resolución emitida transmite un mensaje peligroso: que la violencia tiene un precio bajo, casi simbólico. Que matar a un ser vivo puede saldarse con croquetas.
Más allá del caso de Bayleis, este hecho evidencia una deuda estructural del Estado mexicano:
El reconocimiento pleno del sufrimiento animal como un asunto de interés público, como un problema de salud social y mental, y como un campo en el que el derecho y la justicia aún están lejos de garantizar una verdadera protección.
Mientras tanto, en las calles de Cuernavaca, las asociaciones siguen recogiendo animales heridos, y los tribunales siguen despachando violencia con recetas de comida para perros.
