Por Rocío García
- Primero las mantas y luego las amenazas…y a despertarnos con otro muerto!
- El «enjambre» cayó para alcaldes, Harfuch movió el avispero…
- Pero el miedo sigue en la calle.
El asesinato de un empresario restaurantero afuera de City Market, en una de las zonas comerciales más transitadas de Cuernavaca, volvió a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda para Morelos, ¿que tan protegida se encuentra realmente la ciudadanía frente a la violencia y la extorsión?
El ataque ocurrió meses después de que circularan mantas con amenazas en distintos puntos de la ciudad, algunas de ellas relacionadas públicamente con el empresario asesinado, y aunque las autoridades nunca confirmaron el contenido ni la veracidad de los mensajes, su aparición formó parte de un ambiente de tensión que hoy, tras el homicidio, tiene mayor peso, por que no se trata únicamente de un crimen más, lo que inquieta es la percepción de que la violencia fue anunciada antes de concretarse.
Morelos atraviesa por una intensa narrativa política y de seguridad, ya que en semanas recientes, el Estado se ha convertido en el foco Nacional debido a las detenciones y órdenes de aprehensión contra Alcaldes y funcionarios señalados por presuntos vínculos criminales, a través de la intervención Federal, encabezada por Omar Garcia Harfuch y en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada realizó un Operativo «Enjambre», donde se capturó a Agustín «N», Presidente Municipal en Funciones de Atlahuacán; Irving «N», Expresidente Municipal de Yecapixtla, quien es investigado por la apropiación ilegal de un predio destinado a un pozo de agua potable; Horacio «N», Secretario Municipal de Cuautla y exaspirante a la alcaldía de dicha demarcación; Pablo Adrián «N», Empresario y Oficial Mayor del ayuntamiento de Cuautla; Jonathan «N», Tesorero municipal de Cuautla; y ya como prófugo de la justicia, el actual presidente Municipal de Cuautla, Jesús «C»; estrategia a gran escala que busca limpiar las instituciones, pero también enviar un mensaje de control del Gobierno.
Sin embargo, mientras el aparato del Estado despliega capacidad operativa para ejecutar acciones de alto impacto político y criminal, comerciantes, empresarios y ciudadanos continúan enfrentando amenazas, extorsiones y ataques directos en la vida cotidiana.
Por un lado, existe una narrativa oficial de combate frontal contra estructuras criminales infiltradas en el poder político, pero por el otro, persiste una sensación social de indefensión entre quienes sostienen diariamente la economía local.
La pregunta no necesariamente es si las investigaciones contra actores políticos son legítimas o no, eso le corresponde determinarlo a las autoridades y tribunales. La verdadera interrogante es otra, ¿por qué la ciudadanía percibe que la protección efectiva frente a delitos como la extorsión sigue siendo insuficiente?
La violencia no solamente se expresa cuando ocurre un homicidio, también se manifiesta cuando las amenazas se normalizan, cuando denunciar parece inútil y cuando abrir un negocio comienza a sentirse como una actividad vulnerable.
En ciudades como Cuernavaca, donde corredores comerciales como Teopanzolco, Río Mayo o Vista Hermosa concentran parte importante de la vida económica y social, cada ataque de alto impacto deja consecuencias más profundas que el hecho policiaco en sí mismo, cada día se erosiona la confianza, se instala el miedo y se debilita el sentido de seguridad colectiva.
Ahí es donde algunos especialistas ubican el concepto de violencia estructural, una dinámica en la que la incapacidad institucional, la impunidad y la descomposición social terminan creando condiciones permanentes de vulnerabilidad para la población.
Morelos parece vivir hoy entre dos narrativas simultáneas, la del combate político criminal visible y mediático, y la de una ciudadanía que todavía se pregunta quién protege realmente la vida cotidiana de quienes trabajan, emprenden y sostienen la economía de la ciudad.
Si el Estado tiene capacidad para desplegar operativos de alto impacto político y criminal, ¿por qué esa misma capacidad no logra traducirse en protección efectiva para quienes sostienen la vida económica cotidiana de Morelos?
