Por Rocío García
Mientras miles de maestros mantienen movilizaciones y paros en distintos puntos del país, vale la pena hacer una pausa para recordar cómo inició este conflicto que hoy vuelve a ocupar el centro del debate nacional.
Hagamos memoria que la discusión no nació ayer ni con el actual gobierno, tiene sus raíces desde que en el año 2007 se aprobó una reforma a la Ley del ISSSTE que modificó de manera profunda el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, metiendo en el mismo saco a los docentes, inicio del conflicto, donde gran parte de los trabajadores se encontraban bajo un sistema solidario, que era que las aportaciones de los trabajadores en activo ayudaban a financiar las pensiones de quienes ya habían concluido su vida laboral; aquella reforma impulsó un modelo basado en cuentas individuales administradas por las Afores, donde cada trabajador acumula recursos para financiar su propio retiro, esquema que se ha ido aplicando desde entonces, a pesar de que una parte importante del magisterio ha sostenido que ese cambio les pasó la responsabilidad de garantizarles una pensión digna, responsabilidad que el Estado le pasó al trabajador.
Por esta razón, cuando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sale a las calles, la discusión y la exigencia no se queda en hablar de un aumentos salarial, sino que exigen que se deroge la reforma de 2007, se vuelva al sistema solidario de pensiones, y mejores condiciones para la jubilación y el reconocimiento de años de servicio que consideran fundamentales para quienes han dedicado su vida en las aulas…
Y es aquí donde la discusión se radicaliza, pues hablando de los dineros, aparece la pregunta que toca los bolsillos de las arcas gubernamentales, ¿Debemos regresar al anterior sistema solidario financiado por el Estado o conservar el esquema actual de cuentas individuales, y que el docente planee con sus ahorros como se quiere jubilar y pensionar?
Los maestros tienen argumentos legítimos para exigir certeza sobre su retiro, después de todo, hablamos de mujeres y hombres que durante años han sostenido el sistema educativo e México y que muchas veces lo hacen en condiciones difíciles, en comunidades rurales, indígenas o zonas con carencias sociales históricas, y el peor caso, en comunidades donde ha ganado terreno el crimen organizado, razones suficientes y de peso para defender una pensión digna, que no solamente es defender un derecho laboral, también representa que se les reconozca su trabajo como formadores de miles de niños y adolescentes.
La otra visión que toca ver es la del gobierno, pues el reto real y crudo es la sostenibilidad financiera, por que regresar al esquema anterior implicaría destinar grandes recursos públicos durante los siguientes décadas, una mejor distribución y administración para esta partida ¿será posible para el actual gobierno? El debate no es si los maestros merecen una mejor pensión, sino cómo administrativamente estas pensiones se van a sostener con el tiempo.
La CNTE enfrenta hoy un reto importante, que es mantener la unidad del movimiento en un escenario político donde abundan las descalificaciones y los discursos simplificados, el respaldo social suele ganarse explicando con claridad qué se demanda, por qué se demanda y cuáles serían los beneficios para las futuras generaciones de trabajadores.
También conviene recordar que la relación entre los sindicatos y los gobiernos nunca ha sido sencilla. Durante décadas han existido acuerdos, negociaciones, desencuentros y pactos políticos. Los sindicatos representan una fuerza social importante, pero también una fuerza electoral que distintos gobiernos han buscado acercar a sus proyectos, aun así, el magisterio ha mantenido un peso propio dentro de la vida pública del país.
Porque invertir en educación no significa únicamente construir escuelas también implica garantizar condiciones sociales y económicas dignas para quienes enseñan.
