Francisco Hurtado Delgado

En nuestro sistema democrático electoral, regularmente participa la ciudadanía en dos procesos electorales, el primero denominado “Concurrente” que es cada seis años y el segundo “Intermedio” que es cada tres años, tomando como parámetro y punto de referencia las elecciones federales presidencial y de senadores; de lo anterior surge el siguiente cuestionamiento ¿Qué autoridades se eligen respectivamente en cada uno de los procesos electorales señalados?

En el año 2018 fue celebrada la elección concurrente más grande de la historia posrevolucionaria y democrática de México, una elección con muchas expectativas, con resultados determinantes, con diferencias significativas de la votación entre el ganador y el segundo lugar, con muchas coincidencias y diferencias de la ciudadanía y también entre las propuestas de los partidos políticos contendientes, pero como citaba Norberto Bobbio, así son las reglas del juego democrático y de una democracia representativa. 

Estamos a menos de un año para que inicie el proceso electoral intermedio, en donde se elegirán en algunos Estados congresos locales y alcaldías, será una prueba de fuego para los partidos políticos que quieran mantenerse en el poder. Un desafío para las candidaturas independientes en el caso de lograr triunfos sin el respaldo de un partido político.

Por otra parte, las autoridades electas tendrán el reto de cumplir con las promesas de campaña. Pero el caso que me parece oportuno destacar, es el relativo a la parte parlamentaria, aún es incógnita si se realicen reformas, ya que en estos días se ha iniciado un foro denominado “Reforma con y para el Poder Judicial” representado por los tres poderes, en la que probablemente modifiquen la Ley de Amparo, reglas de designación de Ministros de la SCJN, sin subestimar la ley electoral que provocará un entorno de interpretaciones y especulación que se genera cada vez que hay procesos electorales.

En fin, estas elecciones intermedias pondrán a prueba las nuevas figuras jurídico-electorales que con seguridad traerá consigo la reforma electoral en su caso, como la urna electrónica, el juicio en línea entre otras; y las jurídicas que están en ciernes, como la admisibilidad o no del matrimonio homosexual, la permisión o no del aborto (y en qué casos), la permisión o no de la eutanasia y del suicidio asistido, el discurso de odio como parte o no de la libre expresión, la licitud o ilicitud de la experimentación genética o el uso de redes sociales para promover o atacar a adversarios políticos etc.

Pero lo más importante es que se postulen y elijan personas capaces con valores éticos y morales para sacar el Estado y País adelante.

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