Perspectiva

Por Marcos Pineda

Muy lejos quedó la época en que los funcionarios públicos corruptos tenían a su alcance múltiples formas de esconder sus fechorías. Allá por el sexenio de Carlos Salinas de Gortari todavía con simples mecanismos de facturación, licitaciones y contratos amañados era posible que se justificaran importantes erogaciones presupuestales, ilegales, cuyos montos iban a parar a cuentas bancarias abultadas dejando con pocas o ninguna posibilidad a quienes intentaran investigar algún tipo de irregularidad, peculado, desvío de fondos, en fin, con el objeto de castigar a los responsables.

Además, la red de complicidades, los famosos moches, el contubernio entre delincuentes con nombramiento y clave en nómina del sector gubernamental, hacía que el combate a la corrupción fuera a lo mucho un elemento del discurso político, una aspiración de los críticos estudiosos de la administración pública y una sentida demanda de la sociedad gobernada. Pero muy poco más que eso. Los resultados en concreto eran casi nulos.

En nuestros días la situación es diferente. Se han desarrollado instrumentos de seguimiento e investigación capaces de detectar las irregularidades financieras y el mal uso de los recursos públicos. Incluso existen capacitaciones muy profundas y profesionales sobre la Prevención de Lavado de Dinero (PLD), que incluyen la detección y seguimiento de los dineros que provienen del crimen organizado.

Las burdas maquinaciones de ex legisladores y ex funcionarios para hacerse de recursos de manera irregular, dicho coloquialmente, de robarse dinero, ya no son tan difíciles de señalar y llevarse a proceso judicial. Al contrario, a veces hasta con la expedición de cheques, el incumplimiento de requisitos o trámites y hasta con el contraste entre los ingresos que perciben y el incremento en su patrimonio y el de sus cercanos, es fácil darse cuenta de que hay algo turbio que investigar y que sería objeto de sanción. De cárcel a esos funcionarios o ex funcionarios, según el caso.

Si todo esto ya es posible, y vistos los resultados de los casos más recientes, como el de Elba Esther Gordillo Morales y Javier Duarte de Ochoa, ¿de qué depende entonces que se proceda o no, que se investigue o no, que se castigue o no, que se sustenten correctamente las acusaciones judiciales o no, que vayan a la cárcel o no? Pues, de la voluntad política de quienes son los responsables de perseguir a los acusados. Lamentablemente la justicia (y ese es uno de los pendientes que tendrá que encarar la Cuarta Transformación de López Obrador) sigue estando supeditada a la política.

Para iniciados

Se presentaron ya 17 acusaciones formales, por José Manuel Sáenz y Samuel Sotelo, contra ex funcionarios del gobierno de Graco Ramírez, que se suman a las presentadas por los actuales legisladores locales, como José Casas González, por ejemplo. Y vendrán más entre los meses de diciembre y febrero del año que viene. Si los procesos tienen éxito y son castigados los delitos que se hayan cometido, será un éxito para quienes encabezaron la persecución. Pero si no, si no se comprueban las acusaciones y no se castiga a los responsables, van a quedar en el peor de los ridículos. Y todo esto, finalmente, será cuestión de voluntad política.

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