Por Rocío García
A partir del 26 de mayo de 2026 entró en vigor una reforma al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal que amplía formalmente las facultades de la Guardia Nacional en las vías federales del país.
Aunque en redes sociales comenzó a circular la versión de que la corporación “tomó el control de todas las carreteras de México”, la realidad es más concreta, las modificaciones aplican principalmente en carreteras y puentes de jurisdicción federal, donde la Guardia Nacional ya operaba desde hace años tras la desaparición de la Policía Federal.
La diferencia ahora es que el nuevo decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación establece de manera explícita atribuciones que anteriormente estaban dispersas o que eran heredadas de la antigua División Caminos.
Entre las nuevas facultades destacan:
- Aplicar multas e infracciones.
- Inspeccionar vehículos y documentación.
- Verificar condiciones físico-mecánicas.
- Dirigir el tránsito en carreteras federales.
- Elaborar dictámenes técnicos en accidentes.
- Ordenar el retiro de vehículos y enviarlos a depósitos federales.
- Aplicar revisiones médicas y toxicológicas.
- Actuar en casos de flagrancia y coadyuvar con autoridades ministeriales.
Uno de los puntos que más ha llamado la atención entre automovilistas y transportistas es precisamente la posibilidad de que elementos de la Guardia Nacional puedan imponer sanciones económicas mediante boletas de infracción.
Las multas contempladas en el reglamento incluyen desde incumplimientos administrativos hasta faltas relacionadas con seguridad vial y condiciones mecánicas de los vehículos.
De acuerdo con las modificaciones difundidas por distintos medios nacionales, algunas sanciones podrían aplicarse por:
- Negarse a obedecer indicaciones de la autoridad.
- Circular con fallas mecánicas.
- No utilizar medidas preventivas ante una avería.
- Incumplir revisiones en transporte de carga o pasajeros.
- No portar documentación obligatoria.
Incluso el reglamento contempla descuentos si el conductor reconoce la infracción y realiza el pago dentro de los primeros días hábiles.
Otro aspecto relevante es que las indicaciones de los elementos de la Guardia Nacional prevalecerán sobre señales de tránsito o dispositivos viales durante operativos o controles carreteros, lo que convierte a la corporación en la máxima autoridad operativa en vías federales.
Las reformas también endurecen los controles relacionados con alcohol y drogas. Conductores podrían ser sometidos a pruebas toxicológicas o de alcoholemia y, en determinados casos, negarse a una inspección podría derivar en una puesta a disposición ante el Ministerio Público.
El nuevo marco legal también amplía la supervisión sobre el autotransporte federal de carga y pasajeros, incluyendo revisión de bitácoras, documentación y condiciones de seguridad.
La medida abre además un debate entre especialistas, automovilistas y usuarios de carreteras federales: si estas nuevas atribuciones realmente contribuirán a generar una mayor percepción de seguridad para quienes viajan por las autopistas del país.
Durante años, las carreteras federales han enfrentado problemas relacionados con robos al transporte, asaltos, accidentes y falta de vigilancia en distintos tramos del país. En ese contexto, el Gobierno federal sostiene que la reforma busca fortalecer la seguridad vial y mejorar el control operativo en las vías federales.
Sin embargo, también surgen cuestionamientos sobre la necesidad de garantizar protocolos claros, evitar abusos y asegurar que las nuevas facultades se ejerzan con transparencia y respeto a los derechos de los ciudadanos.
Más que una presencia nueva, la reforma parece consolidar jurídicamente un proceso que comenzó desde la desaparición de la Policía Federal y la transferencia gradual de funciones hacia la Guardia Nacional.
Ahora, el verdadero reto será que estas atribuciones se traduzcan no sólo en más revisiones o multas, sino en carreteras más seguras para millones de conductores y transportistas que diariamente recorren el país.
