Por Rocío García
Aunque Morelos no aparece oficialmente entre los Estados con mayores crisis de desplazamiento forzado en México, diversos indicadores oficiales comienzan a mostrar un fenómeno menos visible pero cada vez más perceptible; familias, comerciantes y trabajadores que modifican su lugar de residencia o actividad económica ante el aumento de la violencia, la extorsión y la falta de condiciones de seguridad.
A diferencia de entidades como Guerrero, Chiapas o Chihuahua, donde existen comunidades completas desplazadas por enfrentamientos armados, en Morelos el fenómeno parece desarrollarse de forma fragmentada y urbana. Especialistas lo describen como una movilidad silenciosa, donde las personas abandonan colonias, municipios o negocios sin que necesariamente exista un reconocimiento formal de “desplazamiento forzado”.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que el tema ya aparece dentro de las causas de movilidad poblacional. En el Censo de Población y Vivienda 2020 se incorporó la categoría “inseguridad delictiva o violencia” como motivo de migración, reconociendo oficialmente que la violencia puede influir en los cambios de residencia.
Aunque el porcentaje registrado en Morelos no es comparable con estados que viven conflictos armados abiertos, el dato confirma que la inseguridad ya forma parte de las causas que motivan movimientos poblacionales.
La percepción social también apunta en esa dirección, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) ha documentado durante años altos niveles de percepción de inseguridad en distintas ciudades del país, fenómeno que impacta hábitos cotidianos, movilidad, actividad nocturna y vida económica.
En Morelos, la expansión del delito de extorsión se ha convertido en uno de los principales indicadores de control territorial criminal. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y análisis de organizaciones civiles colocan al Estado entre las entidades con mayores tasas de extorsión del país.
Municipios como Cuautla, Yautepec, Yecapixtla, Ayala, Cuernavaca, Jiutepec y Emiliano Zapata aparecen recurrentemente en reportes relacionados con denuncias de cobro de piso, amenazas y presión criminal hacia comerciantes.
En paralelo, municipios de la región poniente y surponiente, como Tetecala, Mazatepec, Coatlán del Río, Coatetelco y Xoxocotla, han sido señalados en distintos reportes periodísticos por dinámicas de violencia asociadas a control territorial y extorsión.
El fenómeno no siempre se traduce en pueblos abandonados o desplazamientos masivos visibles. En muchos casos se refleja de manera más discreta, con cierres de negocios, viviendas deshabitadas, cambios de domicilio, reducción de actividad nocturna, mudanzas hacia zonas consideradas más seguras, o incluso migración hacia la Ciudad de México, Puebla o el Estado de México.
Investigadores y organismos civiles han advertido que gran parte del desplazamiento interno en México permanece invisibilizado porque ocurre a distancias cortas o se mezcla con migración económica y decisiones familiares.
En el caso de Morelos, la cercanía con la zona metropolitana del Valle de México facilita movimientos rápidos que difícilmente son registrados como desplazamiento forzado, aunque detrás exista un deterioro de las condiciones de seguridad y justicia.
El reto para las instituciones es reconocer que la violencia no solo se mide en homicidios. Delitos como la extorsión tienen efectos profundos sobre la vida cotidiana y pueden modificar la permanencia de familias, comerciantes y trabajadores en determinadas regiones.
Más allá de las cifras oficiales, el fenómeno comienza a dibujar una pregunta incómoda para Morelos ¿La violencia criminal está provocando un desplazamiento silencioso de población en distintas zonas del Estado?
