José Luis Garcitapia
En respuesta a la marcha convocada por el denominado Frente Amplio Morelense (FAM), el Gobierno del Estado precisó que respeta la libertad de expresión, pero no la violencia; y aseguró que la movilización, que fue encabezada por el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, “no fue pacífica.
Explicó que hubo actos que afectaron “de manera particular a los negocios: hubo pintas y agresiones verbales, e incluso obstruyeron la respuesta oportuna a emergencias médicas, al cerrar el paso a las ambulancias”. Y expresó su solidaridad con los comerciantes afectados; las pérdidas son significativas, agregó.
Y reiteró que serán revocadas las concesiones de los transportistas que participaron en los bloqueos y actos que afectaron a la población –como la suspensión del servicio público y las pérdidas al sector comercio.
Mediante un comunicado de prensa, el Gobierno del Estado demandó “una explicación detallada del costo que tuvo la manifestación; y del por qué se usaron los recursos públicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), incluyendo sus medios de comunicación”, para su realización y cobertura.
Añadió que “es evidente que las demandas sociales han sido sobre pasadas por las ambiciones políticas de un personaje que tomó la protesta como un inicio de campaña e insistió en polarizar el ambiente llamando a la toma de las instituciones”, sostuvo sin mencionar el nombre del rector Alejandro Vera Jiménez.
Por último, enfatizó que “hay respeto a la libre expresión de los ciudadanos, pero no a la violencia. Tomar las instituciones públicas es un acto de violencia. No podemos dejar que fines políticos pisoteen los derechos de terceros”.
Informó que Está documentado que en esta manifestación participaron 14 mil personas en los tres municipios: Cuernavaca, Cuautla y Jojutla. La gran mayoría coaccionada por representantes. Y con la presencia de seguridad pública y con notarios públicos se certificó qué unidades se movilizaron, sus placas y los daños a la circulación que provocaron, por lo que se actuará conforme a la ley, según fue anunciado un día antes por el secretario de Gobierno, Matías Quiroz.
Cabe señalar que el funcionario anunció que los bloqueos y actos de violencia de los transportistas serán sancionados con la revocación de sus concesiones.
